Las demandas históricas de los pueblos originarios son el reconocimiento del derecho a la identidad, a la libre determinación y al territorio como base para el desarrollo desde la propia cosmovisión. El derecho a la Consulta y Participación abre un camino para reparar años de colonización e invisibilización.
Tiempo Argentino, 6 de octubre de 2013» ENOTPO | Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios
La ambición de saqueo y explotación de las riquezas naturales de nuestros territorios en nombre de la "civilización y el progreso" desembocó en el genocidio de más de 100 millones de hermanos. Nuestros bienes naturales se convirtieron en mercancías puestas a disposición del "progreso", quedándonos con la contaminación y el pasivo ambiental. El modelo neoliberal impuesto en los años ‘90 fue la continuidad de este avasallamiento.
Los contra-festejos por los "500 años de la conquista de América" se constituyeron en un hito histórico y político de resistencia. En la última década, con el surgimiento de gobiernos populares y progresistas en la región y las políticas de reparación y ampliación de derechos sociales, los pueblos originarios tuvimos la posibilidad de fortalecer nuestras organizaciones y reorganizar nuestra lucha para salir de la mera resistencia y elevar una propuesta política intercultural necesaria para la construcción de Estados Plurinacionales.
Sin embargo, el derecho Indígena aún carece de una implementación plena y efectiva. La deuda es grande y a pesar del reconocimiento de los derechos indígenas por parte de los Estados, en los últimos tiempos tuvimos que lamentar hechos como la "Masacre de la Amazonía" en Perú (2009) o la violación de Derechos Humanos en Guatemala. Asimismo, se plantean conflictos como el del Tipnis en Bolivia o el caso Sarayaku vs. el Estado de Ecuador. Por otro lado, las iniciativas internacionales como los procesos de patrimonialización de Unesco, por ejemplo el Proyecto "Qapaj Ñam", irrumpen en los territorios.
Estos conflictos tienen en común el avance impune de un amplio abanico de actores sobre nuestros territorios. En todos los casos, la respuesta de las organizaciones indígenas es la misma: exigir la implementación de la Consulta y la Participación efectiva respecto de las acciones que se desarrollen en nuestros territorios, como así también de los beneficios que se desprendan de estas.
Parte de las dificultades existentes para la implementación de políticas acordes al derecho indígena están vinculadas con la vigencia actual de las estructuras coloniales con las cuales se fundaron las bases de los Estados y el lugar de poder en el que se enquistaron las oligarquías terratenientes, la Iglesia, los altos funcionarios de la justicia, los monopolios de la comunicación y las empresas multinacionales.
Estamos en un momento histórico decisivo y debemos asumir el desafío de construir una nueva relación entre los pueblos originarios y los Estados, basada en el respeto y en la equidad, que permita desarrollar políticas públicas interculturales hacia una Patria Grande Libre, Soberana y Plural.
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