martes, 21 de diciembre de 2021

Perú: Nace Gobierno Awajún con la conducción de Gil Inoach Shawit

Foto: Corpi SL

Mientras el Perú celebra el reconocimiento de la cerámica del pueblo Awajún como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad una nueva noticia remarca el protagonismo de este originario pueblo ancestral: la conformación del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) y la elección de Gil Inoach Shawit como su representante, un reconocido abogado indígena de larga trayectoria como asesor y dirigente del movimiento indígena peruano.

Servindi, 19 de diciembre, 2021.- El viernes 17 y sábado 18 de diciembre será recordado como una fecha de gran significado histórico pues se efectuó la Gran Asamblea de constitución del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).

Fue el hito esperado de un proyecto colectivo incubado hace años y que se concretó con la entusiasta participación de representantes de organizaciones indígenas de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín.

El evento resulta de un proceso de articulación, diálogo y consenso de varios años para aprobar el estatuto y constituir el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) que representa a 70 000 personas awajún.

Gil Inoach Shawit fue designado como el primer pamuk del Gobierno Awajún, el más alto cargo de representación de esta nueva modalidad de autogobierno que pone en práctica el derecho a la libre determinación.

La elección de Inoach es celebrada por diversas organizaciones e instituciones a medida que conocen su nombramiento. Y es que Gil Inoach es un dirigente y asesor de connotada trayectoria en el movimiento indígena peruano.

El pamuk del pueblo Awajún

Gil Inoach Shawit fue presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) –la más grande e importante organización indígena amazónica de Perú– en dos periodos consecutivos, de 1996 al 2002.

Salió con las manos limpias gracias a una gestión administrativa transparente e impecable; y aprovechó su tiempo para estudiar la carrera de Derecho y graduarse como abogado.

Es uno de los dirigentes que conoció de cerca y aprovechó las enseñanzas del gran Pedro García Hierro, el popular "Perico", abogado español arraigado en Perú, quien influyó en la comprensión de los derechos indígenas.

En los últimos años, Gil se dedicó a capacitar y asesorar diversos procesos orientados a gestar gobiernos territoriales autónomos (GTA) y en perfilar una nueva agenda indígena acorde a la evolución de los derechos indígenas.

Fruto de sus reflexiones es el extraordinario libro de memorias “Entre la dependencia y la libertad. Siempre Awajún” que Gil presentó el 25 de febrero de 2021 con un destacado panel de comentaristas.

La eleccion

La Gran Asamblea se realizó en la localidad de Chiriaco, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento Amazonas. Fue una muestra de madurez, civismo, democracia y transparencia en todos sus actos.

La Gran Asamblea fue organizada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) y por la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), dos regionales de la nacional AIDESEP.

El primer día se aprobó el Estatuto del GTAA y se conformó el comité electoral que estuvo integrado por Otoniel Danducho (presidente), Santiago Jesús Manuin (secretario), Eler Antuash (primer vocal) y Gerardo Tsamash (segundo vocal).

El segundo día se procedió a la elección del consejo directivo siendo Gil Inoach elegido por una decisión ampliamente mayoritaria de 127 votos frente a 54 votos obtenido por Zebelio Kayap Jempekit.

La Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL) presidida por Jamner Manihuari Curitima saludó la decisión adoptada y auguró muchos éxitos al pamuk awajún.

“(...) con su experiencia y sapiencia sabrá enrumbar el desarrollo y hacer llegar las oportunidades que necesita nuestro pueblo Awajún, pueblo que por muchos años estuvo olvidado” dijo Manihuari.

Derecho a la libre determinación

El pueblo Awajún aspira al «tajimat pujut» (bien vivir/vida plena) en su territorio integral, con acceso a todos sus derechos, tanto de territorio, identidad, autodesarrollo, autogobierno, como a la libre determinación.

El modelo de desarrollo extractivista promovido por el Estado y las actividades ilegales amenazan su territorio ancestral, que abarca tres millones de hectáreas a lo largo de 23 cuencas y afluentes del río Amazonas.

Entre 2014 y 2019, las organizaciones trabajaron el estatuto de su autogobierno, el cual fue consensuado y revisado por los sabios y sabias de los cuatro departamentos y sus organizaciones territoriales representativas.

El estatuto del GTAA estructura, organiza y regula el sistema de gobierno awajún en el marco de sus derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política del Perú y el Convenio N° 169 de la OIT.

Asimismo, por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y otros tratados internacionales y jurisprudencia que favorezcan su desarrollo autónomo.

miércoles, 1 de diciembre de 2021

Decreto 805/2021 - Ley N° 26.160. Prorróganse plazos.

COMUNIDADES INDÍGENAS
Decreto 805/2021
DECNU-2021-805-APN-PTE - Ley N° 26.160. Prorróganse plazos.

Ciudad de Buenos Aires, 17/11/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-110880313-APN-INAI#MJ, las Leyes Nros. 26.160, 26.554, 26.894 y 27.400 y el Decreto Nº 1122 del 23 de agosto de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 26.160 se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de CUATRO (4) años, y se suspendió por el plazo de la emergencia declarada la ejecución de sentencias, de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras.

Que el plazo de la emergencia declarada por la referida Ley Nº 26.160 fue prorrogado mediante las Leyes Nros. 26.554, 26.894 y en último término, por la Ley Nº 27.400.

Que la citada Ley Nº 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que reconoce, entre otros aspectos, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Que dicha sanción implicó el cumplimiento de compromisos asumidos mediante la ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES aprobado por la Ley N° 24.071, específicamente en lo dispuesto por el artículo 14.2 del referido instrumento internacional, el cual prevé que “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente...”.

Que el Decreto Nº 1122/07 designó al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS como Autoridad de Aplicación de la citada Ley N° 26.160 y le encomendó la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y/u organismos provinciales competentes.

Que, de conformidad con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPyV) del año 2001, la Encuesta Complementaria de Pueblos Originarios 2004-2005 arrojó la cantidad de SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE (600.329) habitantes que se adscriben como descendientes de pueblos originarios, mientras que, en el censo de 2010, los descendientes de pueblos originarios ascienden a NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS (955.032), registrando una tasa de crecimiento del TREINTA Y SIETE COMA CATORCE POR CIENTO (37,14 %).

Que ante un universo de MIL SETECIENTAS SESENTA (1760) comunidades indígenas identificadas a la fecha, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS ha finalizado el proceso de relevamiento de SETECIENTAS CUARENTA Y SEIS (746) comunidades indígenas. Asimismo, ha iniciado el proceso de relevamiento en otras DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS (246), que se encuentra en distintos grados de avances de ejecución; restando relevar SETECIENTAS SESENTA Y OCHO (768).

Que el vencimiento de la última prórroga de la Ley N° 26.160, dispuesto por la Ley N° 27.400 opera el 23 de noviembre de 2021.

Que en la actual gestión del Gobierno Nacional, a pesar de la pandemia declarada por el COVID-19, se han culminado SETENTA Y TRES (73) relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron SIETE (7) convenios interjurisdiccionales con las provincias del NEUQUÉN, de SAN JUAN, de MISIONES, de SANTA FE, de CHACO, de SALTA y de JUJUY.

Que ante el inminente vencimiento de los plazos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley N° 26.160, dispuesta por la Ley Nº 27.400, el 28 de octubre del corriente año, el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN aprobó un nuevo proyecto de ley disponiendo la prórroga de los plazos establecidos en los artículos 1º y 2º y modificatorio del artículo 3º de la mencionada Ley de emergencia territorial, que fue girado a la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, para su tratamiento.

Que mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025, de conformidad con las pautas previstas en el proyecto de ley aprobado por el HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN.

Que las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad.

Que, en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.160, prorrogados por las Leyes Nros. 26.554, 26.894 y 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025.

ARTÍCULO 2º.- Suspender por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° de la presente medida. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 26.160 por el siguiente texto:

“ARTÍCULO 3°.- Durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y en caso de corresponder a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, organismo descentralizado en el ámbito de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y promoverá las acciones que fueren menester con el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.

ARTÍCULO 4º.- Dispónese la asignación para cada uno de los CUATRO (4) ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al presente decreto de un crédito de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES ($290.000.000) destinados a la atención del Fondo Especial creado por el artículo 4° de la Ley N° 26.160.

ARTÍCULO 5º.- Instrúyese al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

ARTÍCULO 6º.- El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto es de Orden Público.

ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 9°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Julian Andres Dominguez - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo Fernández - Carla Vizzotti - Juan Zabaleta - Elizabeth Gómez Alcorta - Jaime Perczyk - Tristán Bauer - Daniel Fernando Filmus - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio Ferraresi

e. 18/11/2021 N° 88846/21 v. 18/11/2021

Fecha de publicación 18/11/2021

 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/253065/20211118

jueves, 21 de octubre de 2021

Ciclo de charlas virtuales "Pueblos Originarios: luchas, derechos y propuestas interculturales de políticas públicas"

Desde #UNLaMSocioculturales queremos presentarles los diversos cursos, seminarios y charlas que se realizarán desde el Depto. de Derecho y Ciencia Política de UNLaM


Charla Pueblos Originarios: Luchas, derechos y propuestas interculturales de políticas públicas.
Objetivos: Informar, visibilizar y reflexionar sobre las luchas de pueblos originarios, el cumplimiento de derechos territoriales y su participación en políticas públicas de forma intercultural.
Cursada del 22/10 al 5/11
Día y horario: viernes de 17 a 18 hs.
Duración: 3 charlas de 1 hs.
Modalidad de cursada: virtual a través de Meet


🗓️ Viernes 22/10 - 17 hs. Derecho a la libre determinación y a la Consulta Previa, Libre e Informada.

🗓️ Viernes 29/10 - 17 hs. Derecho al territorio y luchas territoriales.

🗓️ Viernes 05/11 - 17 horas. Participación y políticas públicas interculturales. Soberanía alimentaria y Buen Vivir.

Todos son GRATUITOS
La inscripción se realiza on-line a través de (links en bio) https://cursosextracurriculares.unlam.edu.ar/

 
#unlam #derecho

martes, 19 de octubre de 2021

Encuentro Federal de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal en Tecnópolis.


El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) con el fin de impulsar acciones solidarias a favor de la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En este marco, el Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nación, realizó el Encuentro Federal de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal en Tecnópolis, Buenos Aires. 
Participaron más de 1500 productores y productoras de los distintos territorios y de las 5 regiones de nuestro país: NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia. 
El mismo contó con más de 200 puestos donde se ofrecieron la diversidad de alimentos y productos que identifica al sector: mieles, dulces y conservas, chacinados, tejidos, arte, frutas y hortalizas, entre otros.
Los sistemas agroalimentarios emplean a 1000 millones de personas a nivel planetario. Productoras/es de la agricultura familiar, campesina, pueblos originarios y de la pesca artesanal producen más del 33% de los alimentos del mundo y construyen procesos de producción organizada desde la perspectiva del cuidado de nuestra casa común.
Estuvieron presentes las instituciones INTA, SENASA, INASE, FAO, IICA, INAES, MDS, Ministerio de Cultura, Gobiernos Provinciales, con materiales informativos tanto para los y las productoras como para los y las asistentes al evento. 
Se desarrollaron conversatorios temáticos sobre el Dia Mundial de la Alimentación, actividades de recreación para niñas y niños, radio abierta y actividades culturales.

El Encuentro contó con la precencia del Ministro Julián Domínguez quien recorrió los puestos saludando y dialogando con lxs productores y productoras.
En su vocería remarco:
"Tenemos un enorme desafío por delante: producir más y mejores alimentos, pero con más productores cuidando de nuestra madre tierra."  

"Desde Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Argentina, vamos a trabajar en la reparación histórica con nuestros Pueblos Originarios: el cumplimiento del artículo 75 inciso 17 que reconoce la posesión y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon",  "Esto no es un regalo" "Es un derecho constitucional"
 
"Tampoco podemos permitir que quienes nazcan en este país no tengan derecho a una alimentación digna. Los alimentos sanos y de calidad que produce la agricultura familiar deben llegar a la mesa de las y los argentinos"
 
"Ayer los escuché y me comprometo a ser instrumento para alcanzar sus sueños y aspiraciones: el cuidado y la preservación de la tierra, la defensa de las y los productores, lograr que el trabajo individual alcance escala productiva... En definitiva, garantizar el bien común"


jueves, 14 de octubre de 2021

CONSEJO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA Y DE LA PESCA ARTESANAL


CONSEJO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR,

CAMPESINA E INDÍGENA Y DE LA PESCA ARTESANAL

“José Luis Livolti”

21 y 22 de Septiembre de 2021

El primer encuentro presencial del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, post pandemia, se llevó adelante en el Centro Cultural Kirchner los días 21 y 22 de septiembre de 2021. Participaron del mismo las 21 organizaciones de todo el territorio nacional que integran el Consejo. Durante los dos días se debatió respecto a cuatro ejes centrales para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI), y la Pesca Artesanal: “Comercialización y Valor Agregado”; “Agroecología, Semillas y Recursos Genéticos”; “Arraigo”; y “Tierra y Territorio”.

Participaron de la apertura del encuentro: el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Julián Dominguez, la Presidenta del INTA, Susana Mirassou, el Vicepresidente del SENASA, Carlos Milicevic, el Presidente del Instituto Nacional de Semillas, Joaquín Serrano, el Presidente del INASE, Alexander Roig, y el Secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez.

También se hicieron presentes funcionarios y funcionarias del Ministerio de Cultura, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Desarrollo Productivo, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Banco Nación y Diputados Nacionales.

A continuación, se describen las principales demandas del sector elaboradas durante el encuentro:

Comisión: Comercialización y Valor Agregado

  • Presupuesto y reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
  • Desarrollo de normas, reglamentación y habilitaciones para el sector de la AFCI y de la Pesca Artesanal.
  • Coordinación entre les productores y organizaciones en territorio para llevar a cabo la comercialización.
  • Necesidad de programas y financiamiento orientados a desarrollar procesos de valor agregado, logística y acopio. Acompañamiento para sostener lo que se desarrolle.
  • Acceso a la conectividad y medios digitales para facturar.
  • Acceso al monotributo social.
  • Compre estatal de los productos del sector a nivel municipal, provincial y nacional.
  • Asistencia directa a les productores que hoy se encuentran en situaciones de pobreza y emergencia.
  • Créditos adecuados a las realidades del territorio.
  • Disminución en tiempos de aprobación y ejecución de programas.
  • Visibilización del sector y mayor llegada a productoras y productores no organizados.
  • Financiamiento para dispositivos vinculados al marketing.
  • Articulación entre los equipos técnicos de la SAFCI, INTA y SENASA en territorio con el sector, para el acompañamiento, organización, coordinación en el trabajo en territorio.

Comisión Agroecología, Semillas y Recursos Genéticos

  • Financiamiento de infraestructura para acondicionamiento y acopio de semillas criollas y nativas.
  • Reconocimiento de guardianas y guardianes de semillas.
  • Investigación participativa junto a INTA, Universidades y otros. Desarrollo de variedades e híbridos nacionales.
  • Compra estatal de nuestras semillas y fomento de circuitos de comercialización con mercados de cercanía.
  • Armado de los CEPROSENA (1 por región al menos) para facilitar la infraestructura.
  • Reglamentación de Semillas Criollas en INASE.
  • Ley Nacional de Semillas Nativas y Criollas, relanzamiento del Encuentro Nacional de Semillas y construcción de la Mesa Nacional de Semillas Nativas y Criollas.
  • Tener una o un representante del Consejo en la CONASE.
  • Difusión y concientización de consumidores y consumidoras, y en los ámbitos educativos y hacia la juventud, en torno a la importancia de la agroecología.
  • Participación como “miembros informantes” en las comisiones del Congreso, para contar de primera mano nuestras experiencias y explicar la ley de agroecología.
  • Pasantías e intercambios para compartir experiencias concretas en nuestros territorios.
  • Abordaje intercultural y respetando idiomas y culturas de los pueblos originarios.

Comisión Tierra y Territorio

  • Pleno ejercicio de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena 27.118.
  • Reglamentación del Banco de tierras, de semillas y acceso a financiamiento ante la emergencia agropecuaria a productores y productoras.
  • Suspensión y/o freno total de desalojos para las familias de la Agricultura Familiar, Campesina y Pueblos Originarios en todo el territorio nacional. Prorroga del Articulo 19 de la Ley 27.118.
  • Revisión y adecuación de la Ley de Límite a la Extranjerización de la Tierra Rural. Evaluación en aquellos territorios donde incluso se ha superado lo que la ley estipula.
  • Presupuesto acorde a la Ley de Reparación Histórica para las organizaciones, incluyendo aquellas pequeñas, más allá de los sectores políticos o pertenencias de las mismas.
  • Desarrollo de un Instituto de Tierras que establezca como política permanente el derecho a la tierra de las productoras y los productores.
  • Seguridad jurídica a los territorios indígenas Instrumentando la “Propiedad Comunitaria Indígena”.
  • Mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno a fin de establecer políticas eficaces en cuanto a la distribución y acceso a tierras.
  • Consulta pública respecto a los registros catastrales nacionales, provinciales y municipales poniendo a disposición estos registros para las agricultoras y agricultores familiares.
  • Titularización de la tierra en posesión histórica de las familias y comunidades.
  • Acceso universal a tierras fiscales para las campesinas y campesinos, principalmente pequeños arrendatarios. Disponer para esta política de tierras expropiables a empresas con deudas o que hayan realizado fraude fiscal.
  • Perspectiva de género y priorización de las mujeres como sujeto principal en las políticas que se desarrollen para garantizar el acceso a la tierra de las familias productoras, pescadoras artesanales y pueblos indígenas.
  • Subsidios directos de emergencia a las productoras y productores familiares, y a pescadoras y pescadores artesanales, post pandemia. Asignación universal para las y los productores y pescadores artesanales.
  •  Relevamiento de tierras fiscales, ociosas y disponibles para ser asignadas a las familias de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal.
  • Equipos legales litigantes para las familias agricultoras, e inclusión de gastos adicionales devenidos de los procesos de defensa y titulación de la tierra.
  • Instrumentos de fortalecimiento productivo para inversiones intraprediales, acceso al agua, conectividad, vivienda, energía para las familias.
  • Descentralización territorial a partir del acceso a la tierra de familias de la Agricultura Familiar, de la Pesca Artesanal y Pueblos Originarios.
  • Controles a la dolarización de los precios de los insumos para los productores familiares, ya que torna imposible la producción.
  • Eliminación del requerimiento de titulación de la tierra para el financiamiento de proyectos.
  • Políticas públicas orientadas a campesinos/as, pescadores/as artesanales y pueblos originarios en manos de los campesinos/as, pescadores/as artesanales y pueblos originarios.
  • Participación del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal en el INTA, SENASA y toda otra institución que corresponda.
  • Espacio propio y periódico de las organizaciones sin funcionarios en el Consejo.

Comisión: Arraigo

  • Mecanismos para frenar los desalojos – prórroga de la Ley 26.160.
  • Fortalecimiento de proyectos productivos con disminución en tiempos de ejecución.
  • Acceso a las semillas nativas y criollas y acceso al agua para su uso integral.
  • Funcionamiento del Consejo con los fondos suficientes para su funcionamiento –pasajes, alojamiento, viáticos, etc. con una agenda propia.
  • Simplificación de los formularios de presentación de proyectos productivos.
  • Acceso a la conectividad en todo el territorio.
  • Interacción interministerial con el fin de abordar las problemáticas especificas del consejo con las áreas pertinentes.
  • Ejecución de proyectos que ya se encuentran en funcionamiento–En Nuestras Manos, PROTAAL, etc.
  • Adecuación de las currículas en todos los niveles para todos los sectores de la Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal, con perspectiva agroecológica y de género.
  • Adecuación de bajadas para las embarcaciones para la pesca artesanal con urgente reglamentación de las zonas de la pesca comercial.
  • Prohibición de pesca de arrastre–necesidad de fiscalización con veedores del Estado-.
  • Fortalecimiento de la gobernanza de las organizaciones en el territorio.
  • Fondo universal de reposición ante las pérdidas ocasionadas por casos fortuitos, emergencias climáticas y sanitarias.
  • Promoción del cooperativismo de las juventudes rurales.
  • Ingreso de emergencia para las juventudes rurales y las familias de la Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal.
  • Correcta aplicación de la Ley de Bosques con la respectiva actualización de los OTBN a través de mecanismos participativos.
  • Correcta implementación de la ley 26.737, Ley de Tierras, evitando la extranjerización.
  • Mecanismos de acceso a la tierra –propuesta de un Procrear y Banca Rural-
  • Reglamentación de la Ley de Educación Ambiental y de cambio climático.

Organizaciones participantes del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal

ACINA- Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino

AGA- Agrupación Grito de Alcorta

AMRAF- Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federadas

CANPO- Corriente Agraria Nacional y Popular

ENCONA- Encuentro de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Argentino

ENOTPO- Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios

FAA- Federación Agraria Argentina

FAE- Frente Agrario Evita

FECOFE- Federación de Cooperativas Federadas

FNC- Federación Nacional Campesina

FNC- Frente Nacional Campesino

FONAF- Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar

MAELA- Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe

MCL- Movimiento Campesino de Liberación

MNCI ST- Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra

MNCI VC- Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina

MOELT- Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio

MTE Rural- Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural

ONPIA- Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina

UAPA- Unión Argentina de Pescadores Artesanales

UTT- Unión de Trabajadores de la Tierra

MATRIA- Mesa de Articulaciòn Territorial Indìgena en Argentina



martes, 12 de octubre de 2021

¡¡POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!!

"En el momento de la llegada de los españoles a América, hacia el año 1492, nuestros antepasados ya poblaban el continente, de norte a sur y de este a oeste, desde tiempos inmemoriales" (ENOTPO)



domingo, 25 de julio de 2021

ENOTPO 2009 – 2021

La gestión indígena en manos de los Pueblos Originarios

“Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado Argentino: una política de Interculturalidad para la construcción de un Estado Plurinacional"

Mayo 2010


PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES ORIGINARIAS EN EL MARCO DEL BICENTENARIO

Esta propuesta se enmarca en los derechos políticos a la libre determinación como expresamente lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el excepcional marco jurídico federal que instaura la Constitución Nacional de 1994 y el Convenio 169 de la OIT.


Propuestas de Política Pública Intercultural

  • Restitución de los Territorios indígenas tradicionales. Ley de la Propiedad Comunitaria e implementación de la Ley 26160.
  • Reglamentar el Libre Consentimiento Previo e Informado que reconozca a las Organizaciones indígenas mediante la apertura del registro de organizaciones de segundo grado, como interlocutores para la participación y consulta según lo establece el Convenio 169 de la OIT.
  • Crear un Ministerio Intercultural de Pueblos Originarios con participación real y legítima de los Pueblos Originarios, sus organizaciones territoriales y comunidades, con facultades para aplicar el LCPI y para articular en forma transversal con otras áreas del Estado que tengan políticas para Pueblos Originarios.
  • Reconocer los territorios indígenas tradicionales como espacios culturales y con soberanía sobre el subsuelo, suelo y espacio aéreo.
  • Planificar y ejecutar un programa de “Planes del Buen Vivir” para las organizaciones de los Pueblos Originarios.
  • Reconocimiento y Fortalecimiento de la Educación Indígena Autónoma de los Pueblos Originarios.
  • Crear una Universidad Autónoma de Pueblos Originarios con planes de formación de conocimientos ancestrales, cosmovisión, culturas, historias, costumbres, espiritualidad.
  • Articular programas de Salud Intercultural respetando la medicina tradicional de los Pueblos Originarios.
  • Propiciar la participación indígena en el poder ejecutivo, legislativo y judicial a través de una ley de cupo.
  • Incorporar la agenda legislativa de los Pueblos Originarios incluyendo la creación de fondos para estas iniciativas que se incorporen en el tratamiento de la Ley de Presupuestos anual.
  • Crear un área de desarrollo del derecho indígena a la Comunicación con Identidad en articulación de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
  • Restitución de la palabra pública a través de la implementación de la Ley de medios Nº26522. Radios AM, FM y Canales de Tv en los Territorios


Propuestas de reconocimiento cultural e histórico

  • Propiciar el reemplazo de los símbolos, nombres de calles, monumentos, billetes, etc. que exalten el genocidio cometido contra nuestros pueblos y reemplazarlos por otros que representen la diversidad cultural, nuestros/as héroes, nuestros/as mártires.
  • Eliminar todo monumento o nombre, que glorifique a los invasores genocidas españoles y sus crímenes sin par.
  • Instituir calendarios indígenas en el que se respeten las fechas ceremoniales, con igualdad de derechos que el calendario católico u occidental.
  • Incorporar los símbolos de los Pueblos Originarios en las Instituciones estatales.
  • Igualdad de status de las cosmovisiones, creencias y religiones de los pueblos originarios.
  • Otorgar a los idiomas originarios el mismo nivel que al castellano, oficializando y legalizando su uso en provincias donde existe el pluralismo lingüístico.
  • Crear espacios de la memoria por el genocidio y etnocidio a nuestros pueblos como Política transversal de DDHH.
  • Generar programas de derechos humanos que investiguen y reparen el genocidio hacia los pueblos originarios.

viernes, 7 de mayo de 2021

COLOMBIA: Urge apoyo internacional para asegurar garantías para la vida, la protesta social y los Derechos Humanos en Colombia


ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA- ONIC

por Willander Pushaina
en Comunicados ONIC 06 Mayo 2021


Bakatá, 5/05/2021. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia - Autoridad Nacional de Gobierno Indígena después de 8 días de iniciados el Paro Nacional, hacemos un llamado URGENTE a la comunidad internacional, a los hermanos y hermanas del Abya Yala y a los demócratas del mundo, para que continúen manifestando públicamente y a través de los canales diplomáticos respectivos su preocupación por los hechos que constatan los múltiples hechos de violencia e intercedan ante el gobierno colombiano, para que cese el tratamiento de guerra que se le está dando a la protesta social, al tiempo que solicitamos se refuercen las misiones de verificación que permitan levantar información veraz sobre la vulnerabilidad y las múltiples afectaciones a los Derechos Humanos a la vida y la integridad de todas y todos los colombianos y convocarlos a que apoyen los esfuerzos que nos permitan fortalecer y nutrir la articulación y coordinación entre diferentes procesos sociales, hoy, en resistencia.

Diferentes plataformas de Derechos Humanos y también el informe de la Defensoría del Pueblo dan cifras escalofriantes, en la mayoría de los casos producto del abuso de la fuerza contra los manifestantes: 19 personas fallecidas, 18 de ellas civiles por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD y más de 400 personas heridas, además se reporta un millar de personas detenidas que han denunciado agresiones, tortura, violencia sexual y de género entre otras vulneraciones a los derechos humanos, 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Hemos sufrido desde hace más de 60 años los rigores de la guerra, además de las afectaciones que, en todos los sentidos deja la pandemia, ahora vemos con dolor como todo el país se convierte en víctima, porque lo que está amenazada es la democracia.

Colombia es una sociedad que le ha apostado a la paz, los hechos de vandalismo que se han presentado durante la protesta no nos representan, pero tampoco podemos aceptar la falta de empatía de este gobierno y su incapacidad para entender que la desigualdad, el hambre y la pobreza conllevan también a la desesperación y a la desesperanza y mucho menos naturalizar que la respuesta a estos hechos sea la violencia estatal. Siendo los pueblos y naciones indígenas uno de los actores más decididos en la construcción inequívoca de una sociedad en paz, incluyente, democrática y con justicia social y así como uno de los sectores más violentados desde la firma de los acuerdos de paz a la fecha, tenemos la autoridad moral y la legitimidad social para:

EXIGIR la desmilitarización de las ciudades como requisito indeclinable para que se abra un verdadero diálogo social, que debe convocar a todas las organizaciones y sectores que han participado en este Paro y que conlleve a lograr que este gobierno escuche a quienes hoy levantamos reivindicaciones justas contra la reforma tributaria, la reforma a la salud, la implementación de los acuerdos de paz y el desmonte de los derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada y las consultas populares con las cuales muchos territorios están defendiendo el agua y la biodiversidad del país, entre otras.

DENUNCIAR la brutalidad policial y el conjunto de las violaciones de derechos humanos que se están presentado durante el Paro Nacional, exigiendo al Congreso de la República, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen en el marco de sus deberes constitucionales y legales, e investiguen todos los hechos que enlutan la vida de los colombianos y colombianas y que corroboran la urgencia de una profunda reforma que desmonte la Doctrina de Seguridad Militar según la cual el pueblo es un enemigo interno.

RECHAZAR la anunciada declaratoria por decreto de un “Estado de Conmoción Interior” que sólo refleja la incapacidad del gobierno para construir un verdadero proceso de paz y favorecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, es la guerra y la crisis social, ambiental, económica, humanitaria y política lo que está en la base del profundo descontento social que mantiene al pueblo movilizado a pesar de la incertidumbre que pesa sobre nuestros derechos democráticos y civiles



ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA- ONIC

¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ NUNCA PARA LA GUERRA!
#5MParoNacional
#SOSPueblosIndígenas

Publicado: https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4228-urge-apoyo-internacional-para-asegurar-garantias-para-la-vida-la-protesta-social-y-los-derechos-humanos-en-colombia

miércoles, 28 de abril de 2021

ES NECESARIO UN ESTADO PLURINACIONAL NO UN ESTADO COLONIZADOR

 ENOTPO - Argentina, Abril 2021.

A 529 años de la llegado del usurpador y colonizador a nuestros territorios, refrendamos nuestra condición de Pueblos Naciones Originarias, Sujetos de derecho colectivo, preexistentes a las colonias y a los Estados.

Lxs colonizadores y la oligarquía pretende continuar llamándonos “indígenas”, “aborigenes”, “campesinos/as”, “indios/as”, “pobres”, “marginales”, para no reconocer nuestra preexistencia  milenaria como pueblos y naciones originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, territorialmente organizados en más de 2000 bases y comunidades comunitarias, representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias.

Denunciamos la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios preexistentes por parte del Estado argentino.

El Estado argentino a través de su gobierno nacional y popular pretende violar nuestros derechos constitucionales a la Consulta y a la Participación, este accionar nos demuestra que continúan sosteniendo una política racista y discriminatoria hacia los pueblos y naciones originarias.

Hoy se continúa profundizando una política colonial y paternalista de  vulneración de nuestros derechos colectivos como pueblos preexistentes, la cual implica un alto grado de discriminación, racismo y xenofobia hacia nuestros Pueblos, hacia nuestras instituciones ancestrales y nuestras culturas milenarias, donde se invisibiliza la base plurinacional de nuestro país y la realidad de los Pueblos Originarios, la cual es transversal a todas las instituciones y áreas del Estado (salud, educación, ambiente, agricultura, economía, desarrollo, cultura, comunicación, etc).

El Estado con su accionar inconsulto y arbitrario, ataca la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias, replicando prácticas colonialistas, feudales, xenófobas y discriminatorias, actuando de manera totalitaria con los Pueblos Originarios, negando al Sujeto de Derecho Colectivo.

Que el Estado argentino designe a un NO Originario u Originaria a cargo de la aplicación de los derechos y las políticas públicas de los Pueblos Originarios es racismo y discriminación, es perpetuar la colonización, es poner al zorro en el gallinero o un puma en el corral de ovejas, es resucitar y replicar las políticas de lxs Colón, lxs Cortéz, lxs Pizarro, lxs Roca, lxs Videlas, , , en desmedro de los derechos colectivos de los Pueblos.

No se nos ocurre ver al gobierno nacional y popular designando a un/a represor/a a cargo de las políticas de derechos humanos, o a un “machirulo” a cargo de las políticas de género, o a un esclavista a cargo de las cuestiones afrosdescendientes, es URGENTE REPARAR de una vez y para siempre esta práctica racista hacia nosotrxs los Pueblos Originarios.

Resulta urgente atender los conflictos emergentes en los territorios y superar las pandemias de la gestión anterior, que ha desguazado y paralizado la política intercultural indígena desde diciembre de 2015, pandemia que violó sistemáticamente nuestros derechos, persiguiendo, hostigando y atropellando a nuestrxs referentxs, persiguiendo y desapareciendo a nuestro wenvy Santiago Maldonado, reprimiendo y matando a mansalva al weichafe Rafael Nahuel.  Con la complicidad de lxs servicios, del consultivo de turno y de un sector elitista de la justicia que multiplico por cientos las causas persecutorias a nuestras familias y miembrxs. La derecha no fue tibia para avanzar en el saqueo de nuestros territorios, el desguace, el endeudamiento y la entrega del País.

Desde el ENOTPO sostenemos que la reparación histórica hacia los Pueblos Originarios, para que sea real, concreta y efectiva, debe incluir indefectiblemente:

LA RESTITUCIÓN Y TITULACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS COLECTIVOS

1. La promulgación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Sólo a través de una ley como esta se hará efectiva, en forma de título de propiedad comunitaria, la posesión reconocida a través de los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160. Hay dos aspectos clave que debe tener en cuenta una ley como esta. Una es la diferencia entre tierra (entendida como una extensión o porción de suelo, como un inmueble alienable y factible de ser negociado) y territorio (entendido como un espacio vital cargado de sentidos, memorias y vínculos históricos, culturales y espirituales). Los Pueblos Originarios y nuestras comunidades tenemos derecho a obtener la propiedad de nuestros territorios, que son estos espacios cultural e históricamente significativos. En segundo lugar, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena debe enfatizar que las tierras tituladas no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.  Es de suma importancia y urgencia llevar adelante la titulación de los territorios comunitarios a fin de resolver las injusticias históricas que se han cometido contra los Pueblos Originarios. La titulación de las tierras no sólo evitará los conflictos, sino que permitirá a nuestros pueblos y comunidades desarrollarnos con identidad y alcanzar el ideal del Buen Vivir.

2. El otorgamiento de otras tierras aptas y suficientes. Los Pueblos Originarios somos pueblos dinámicos y, como cualquier otro colectivo social, nuestros intereses y necesidades van cambiando con el tiempo. Es por esto que un proceso de reparación histórica debe tener en cuenta la necesidad de otorgar, tal como lo estipula la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 17, otras tierras aptas y suficientes que nos permitan sostenernos y desarrollarnos.

3. La lucha activa contra los prejuicios y la discriminación a los que somos sujetos los Pueblos Originarios. El Estado debe realizar una campaña educativa orientada a sus áreas, funcionarios y a la sociedad civil a fin de que se conozca y concientice sobre el marco de derecho indígena en Argentina y se trabaje en pos de eliminar los estereotipos y estigmas que existen en nuestro país sobre los Pueblos Originarios, tal como que somos pueblos extintos, campesinxs, extranjeros, o subversivos. A través de un trabajo como este se reducirán las persecuciones, la negación de nuestros derechos y la violencia simbólica, jurídica y física que aún se ejerce sobre nosotros, y alcanzaremos el reconocimiento de nuestras voces e identidades, tal como lo afirmó el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones en el parlamento.

4. La elaboración y promulgación de una ley de consulta. La consulta es el derecho que tenemos los Pueblos Originarios a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de nuestras instituciones representativas, cada vez que se planifiquen y se piensen tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarnos directamente. Es decir, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten de alguna manera nuestros derechos en aspectos como nuestras condiciones de vida, instituciones, desarrollo económico, social y cultural y nuestro bienestar espiritual, así como las tierras y territorios que ocupamos o utilizamos de alguna manera, el Estado debe garantizar que se realice un proceso de CONSULTA con los Pueblos Originarios, a través de nuestras instituciones representativas.

5. Garantizar nuestra participación. Los Pueblos originarios debemos ser incluidos como participantes activos en todos aquellos aspectos que nos incumben y nos afectan, tal como la elaboración leyes y políticas públicas y la gestión de los recursos naturales y culturales que se encuentran en nuestros territorios.

Por ello, como organizaciones territoriales de Pueblos Originarios, EXIGIMOS LA DEROGACIÓN del Decreto simple del PEN Nº 672/16 y que el Estado a través de los organismos correspondientes garantice una CONVOCATORIA real, con la PLENA PARTICIPACIÓN de los más de 40 PUEBLOS ORIGINARIOS en el país, a través de sus instituciones representativas con sus Autoridades territoriales, para restablecer el diálogo entre el Estado y los Pueblos Originarios, estableciendo una agenda de política pública para los pueblos originarios basada en las prioridades reales de nuestros territorios.

Reafirmamos nuestra Preexistencia Identitaria, Cultural y Territorial, la cual se refleja en el Derecho Colectivo y en la jurisprudencia, el Estado tiene la obligación de respetarlo, hacerlo cumplir y no puede omitirla bajo ningún punto de vista.

Somos los Pueblos Originarios los únicos interlocutores válidos para definir nuestros destinos y nuestro devenir cultural, nuestra voz y nuestra institucionalidad es irreemplazable.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio.

ENOTPO

 

Contacto Prensa: 2604657071

Acompañamientos - Adhesiones: encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

 

jueves, 22 de abril de 2021

Pueblos Originarios y ecología

Existen profundas diferencias entre la manera en que la sociedad moderna occidental, capitalista y los Pueblos Naciones Originarios nos relacionamos con la Naturaleza. En el primer caso, la Naturaleza ha sido vista como algo externo y separado de las personas, posicionándose a las personas, sus ciudades y su “civilización” por un lado y a la Naturaleza por otro. La Naturaleza fue transformada así en un objeto o una fuerza que era necesaria conocer a través de la ciencia positiva, para así poder controlar, o al menos predecir su comportamiento, y sacar provecho de ella. Desde la perspectiva de la modernidad occidental, la Naturaleza es una fuente de recursos necesarios para sostener el sistema en funcionamiento y, simultáneamente, generar cuantiosas ganancias. En este contexto, el término que caracteriza la relación entre los humanos y la Naturaleza es el de explotación. La Naturaleza es algo que se explota ilimitadamente a fin de obtener sus variados recursos y, de este modo, beneficios monetarios para las arcas de algunos pocos. Esta idea y este sistema nos han llevado a una crisis ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad, la cual muchos se niegan a ver. ¡La Madre Tierra está exhausta y se manifiesta!

Los Pueblos Originarios consideramos que no hay una separación entre las personas y su entorno natural. Lo que existe es una totalidad territorial en la que conviven personas y una variedad de entidades y fuerzas no-humanas, entre las que se incluyen la Madre Tierra (Pachamama, Mapu, Paata Hoyri, Mapu, etc.), las montañas tutelares, los árboles, los animales, el guardián del río, el guardián del bosque, los ancestros, entre otros. Cada una de estas fuerzas animadas debe ser tratada con respeto, cuidado y afecto ya que contribuye con la dinámica del territorio y aporta sus bienes para el desarrollo de la vida humana. Los Pueblos Originarios siempre hemos sido considerados con los otros seres con los que convivimos en el territorio y que la sociedad moderna occidental generaliza como Naturaleza. Estos seres no son considerados objetos a disposición de las comunidades indígenas y sus necesidades, sino que son vistos como sujetos de derecho con los cuales se debe mantener una relación armónica y de respeto. Es por ello que ofrendamos, agradecemos y pedimos permiso para obtener algo del territorio, ya sea leña para calentarnos o para cocinar, sedimento para confeccionar ladrillos de adobe, una planta medicinal en las alturas de los cerros o agua para nuestros campos de cultivo. A diferencia de la relación de explotación que el sistema capitalista ha entablado con la Naturaleza, los Pueblos Originarios hemos desarrollado ancestralmente una relación de reciprocidad con el entorno natural en el que habitamos o, desde nuestra cosmovisión, con las fuerzas no-humanas que residen en los territorios y que son nuestras benefactoras. Para obtener se debe dar. Para sacar se debe pedir. Para disfrutar se debe agradecer.

Nuestra búsqueda siempre ha sido el equilibrio y la armonía del territorio, y nunca la explotación desmedida. Es este el principio de Buen Vivir que reivindicamos los Pueblos Originarios: proyecto colectivo y solidario de conexión con la Naturaleza a fin de mantener el fluir armónico de la energía vital del territorio y alcanzar el beneficio de todos, humanos y no-humanos, y no el de unos pocos. Para convivir bien y no para vivir unos mejor que los otros, o en detrimento de los otros, ya sea otras comunidades humanas o nuestra Madre Tierra. Es por esto que desde el Buen Vivir los Pueblos Originarios rechazamos la visión utilitarista dominante de la Naturaleza como subordinada al humano y como una entidad fragmentada y reducida a recursos naturales, y proponemos una ética basada en el respeto, cuidado, armonía, complementariedad y reciprocidad como principios que guíen nuestra relación con la Madre Tierra. Sólo así lograremos el bienestar colectivo.

Tod@s los/las Pueblos Naciones Originarias en América hemos construido sistemas productivos propios, de acuerdo a los mandatos filosóficos y a una propia cosmovisión, en una relación territorial armónica, recíproca y comunitaria con el territorio que se habita, donde tiempo y espacio se unifican para la siembra, cosecha y acopio. Desarrollando sistemas diversificados de cultivo mediante el aprovechamiento de los suelos, terrazas o subsuelos. El acto de sembrar y cosechar, así como también el de cazar o pastorear, está ligado a una relación espiritual que se nutre de conocimientos y saberes milenarios.

Hoy nuestras actividades están vivas en cada territorio, con las distintas formas de preparación del suelo, nutrición, siembra, cultivo, raleo, la actividad de trashumancia y reposo de un determinado espacio en época de verano a otoño donde cada familia lleva adelante la práctica de la medicina, la cosecha y la recolección de frutos, que son alimento para el cuerpo y el espíritu, ofrecidos también para la celebración de cada ciclo agrícola. Esto es lo que nos distingue y nos da identidad como Pueblos Naciones preexistentes a los Estados.

El proceso de producción es colectivo, es comunal, y parte de acuerdos entre quienes mayor conocimiento tienen sobre los frutos o semillas y sus diferentes usos, y tienen la capacidad de identificar y disponer si estos frutos o semillas serán empleados para el alimento, la resiembra o el almacenamiento en periodos largos, o si serán orientados al uso ceremonial. Los frutos adquieren importancia alimentaria comunal y sagrada, pues se ofrendan a los protectores de cada elemento natural, en cada sitio, para el equilibrio corporal, emocional, mental y espiritual de las familias en el territorio.

La capacidad de producir, almacenar e intercambiar semillas propias para mejorar la alimentación y nutrición de nuestra gente está asociada al concepto de Buen Vivir, el cual se nutre de principios y normas propias que provienen del territorio. Estos principios y normas están indicadas para no enfermar el territorio o a las personas; es decir, para no entrar en desequilibrio ni con el territorio, ni con la familia, ni con la comunidad, ni con el pueblo. Nuestra medicina vive en el territorio, por lo tanto, parte del proceso de sanación o alivio de los padecimientos de las personas se relaciona proporcionalmente con el tipo de alimentación que provee el territorio. Es necesario que las semillas sean patrimonio colectivo y no de las grandes multinacionales y/o laboratorios, entendiendo a la semilla como un bien cultural y de soberanía alimentaria para los pueblos.

Es necesario que el Estado y sus gobiernos apliquen de manera inmediata y responsable el Derecho Indígena para la restitución de lo nuestro en los términos establecidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 OIT. En cumplimiento del marco de Derecho Indígena vigente, el Estado y sus gobiernos deben garantizar: 

1. nuestra participación en la gestión de todo aquello que nos afecte directa e indirectamente, 

2. el acceso a territorios aptos y suficientes para el Buen Vivir de los Pueblos Originarios, 

3. la protección y resguardo de nuestros bosques, nuestras vertientes y ríos, nuestros cerros y salares, nuestro alimento y nuestra medicina; y, por sobre todas las cosas, 

4. la restitución, posesión y propiedad comunitaria de nuestros espacios territoriales ancestrales y vitales, espacios que nos garantizan poder continuar desarrollando nuestras prácticas ancestrales y sustentables en el tiempo.

Nuestra madre tierra nos habla desgarradoramente. Este alarido debe despertar conciencias, movilizar espíritus y convocarnos colectivamente para construir juntos nuevos paradigmas de vida. En estos tiempos de caos que Occidente nos impone, es necesario caminar hacia un mundo de equidad, de hermandad y respeto por cada elemento de la naturaleza, conviviendo recíproca y complementariamente. En estos tiempos de pandemias, crisis social, política y económica que desmoronan los paradigmas impuestos por el mundo occidental, tenemos la oportunidad de frenar el saqueo, la contaminación y la explotación territorial, retomando caminos y legados ancestrales, para retornar a tiempos de libertad, de paz y de Buen Vivir, promoviendo el infinito circular de las vidas.

Desde lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, seremos nuevamente los Pueblos Originarios los guardianes de la vida planetaria, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio

¡Restitución de nuestros Territorios!

¡Consulta Libre, Previa e Informada!

¡Ley de Propiedad Comunitaria Indígena!

¡El Agua es Vida! Protección de nuestros humedales, lagunas, lagos y ríos.

Fortalecimiento de los usos ancestrales de las semillas frente a las pandemias.

Delimitar Territorios del Buen Vivir, libres de transgénicos y agrotóxicos.

encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

http://enotpo.blogspot.com/2020/06/hacia-el-buen-vivir.html

 

PUBLICADO EN REVISTA IMPRESIONES: https://drive.google.com/file/d/12H4vkUU8muP931ZkJm_9T4ay3TjHRC8S/view

Revista de la editorial de la imprenta del Congreso de la Nación.