viernes, 27 de febrero de 2015

COLALAO EN ASAMBLEA PERMANENTE EN DEFENSA DEL TERRITORIO ANCESTRAL

Comuneros repudiando frente a la Comisaría de San Pedro de Colalao.-
PEDIMOS JUSTICIA POR NUESTROS HERMANOS COLALAO!!!

Colalao, 26 de Febrero de 2.015

“Denunciamos públicamente el atropello que sufrimos en nuestro territorio comunitario llamado Monte Bello, donde 21 familias fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año”

La Comunidad Indígena Colalao continúa en Asamblea permanente: 
El día 17 de febrero del corriente año las Autoridades y Comuneros de Colalao, movilizaron en el Territorio de la Comunidad, comenzando con una Ceremonia a la PACHAMAMA "Madre Tierra" en nuestra Apacheta (vientre de nuestra Madre), con el acompañamiento de hermanos del Pueblo Tolombón y las Organizaciones Nacionales ONPIA y ENOTPO; con presencia del Director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de la Nación - Hermano Roberto Ñancucheo; el Secretario de la Agricultura Familiar de la Nación Emilio Pérsico; Técnicos de la Delegación de la Agricultura Familiar de Tucumán y sociedad en general,

La Movilización se inició con un homenaje a la Pachamama y luego se realizo un Acto en la Plaza del Pueblo donde los comuneros damnificados expusieron con sus propias palabras lo sucedido el día del desalojo, cada una de las autoridades y delegados de Pueblos Originarios presentes dejaron su acompañamiento y palabra, de la misma manera que los referentes políticos.

La Movilización recorrió el pueblo de Colalao con paradas en:
  • La Comuna Rural de San Pedro de Colalao a cargo del Sr. Julio Cesar Contino y Sub-delegado Walter Ricardo Mamani, donde los comuneros damnificados al día de la fecha no recibieron ningún apoyo por parte de éstos representantes del Estado.
  • El Juzgado de Paz de la Localidad de San Pedro de Colalao a cargo del Juez Arandía, quién hace oídos sordos a los reclamos de los Pueblos Originarios.
  • Para terminar la manifestación terminó el recorrido en la Comisaría de San Pedro de Colalao Unidad Regional Norte Zona I, la cual está a cargo del Sub-comisario Juan José Alcocer, a quién los comuneros denuncian como "el mano derecha de la supuesta dueña ANA ALEJANDRA GARCIA MASCOFF, quién actúa en complicidad con un policía que trabaja de CIVIL llamado Carlos Darío Marcial alias “CHUPETE", sujeto acostumbrado a amenazar a comuneros y a COIMEAR de esto VIVEN, parece que el sueldo que cobran no les alcanza para que vengan hacer esto, por eso los REPUDIAMOS”.

A raíz de la masiva Movilización, y la repercusión de las denuncias nacionales en repudio al ataque sufrido, se abre una mesa de diálogo con el auspicio del Compañero Emilio Pérsico, quién convoca a las partes a una reunión en San Miguel de Tucumán. Llevada a cabo el día 18 de febrero del corriente año, las Autoridades de la Comunidad Indio Colalao el Cacique Manuel Cata y el Secretario asisten a la misma con el acompañamiento de las Autoridades de la Comunidad Indígena del Pueblo de Tolombon, el Cacique Rufino Morales; las Organizaciones Nacionales ENOTPO y ONPIA; el Delegado de la Unión de Pueblo de la Nación Diaguita de Salta (UPNDS). Además estuvieron presentes en la mesa de diálogo; el Secretario de la Agricultura Familiar de la Nación Emilio Pérsico; el Director de Pueblos Originarios y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente de la Nación - Roberto Ñancucheo; el Delegado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI Regional de Tucumán) el Sr. José Ramos; el Abogado de la Delegación de la Agricultura Familiar de Tucumán Dr. Bernardo Lobo; el Delegado Regional de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de la Agricultura Familiar de la Nación el Hno. David Pastrana, el subsecretario de la Agricultura Familiar Ramiro Fresneda, Técnicos de la Delegación de la Agricultura Familiar de Tucumán, la Abogada de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar de la Nación Dra. Victoria Gauna – Directora de Tierras; técnicos de DDHH, entre otros.

Las autoridades indígenas fueron firmes en exigir el cumplimiento pleno y efectivo del Derecho Indígena, con la obligación del Estado en intervenir inmediatamente para culminar en la Comunidad Indio Colalao el Relevamiento Territorial que manda la Constitución Nacional y la ley 26160 y sus prórrogas, respetando la Autodeterminación de los Pueblo Originarios y sus Comunidades.

De esta reunión, se acuerda y consensúa que una comisión conjunta con las áreas correspondientes realice de manera urgente las visitas y los relevamientos del estado de situación de cada una de las familias atropelladas y desalojadas en el territorio de Monte Bello para poner en resguardo el territorio y garantizar la seguridad social y jurídica a los hermanos de Colalao.

El día 19 y 20 comienzan los trabajos de relevamiento de la Comisión, llegando a territorio de Colalao los responsables del INAI y luego se suma el equipo de Agricultura Familiar, con las áreas correspondientes para respaldar el informe del estado de situación en la comunidad.

El trabajo se vio dificultado por la intromisión policial a pedido de Ana Alejandra García Mascoff, quién dice ser titular registral de los territorios comunitarios de los Colalaos, los cuales denuncian, “no nos dejan pasar a nuestro territorio comunitario llamado Monte Bello para que podamos darle de comer a nuestros animales y ver nuestros sembradíos, donde a nuestros comuneros ya se les murieron y perdieron varios animales, y a ella no le importa nada solo ve en sus ojos el signo pesos pero nosotros vivimos de nuestro territorio comunitario con las cosechas y el trabajo del campo, la cría de animales, con esto alimentamos a nuestras familias”

Muchos de los comuneros están sufriendo persecución por parte de la Policía LOCAL, siendo hostigados permanentemente, no pudiendo  retornar a su territorio comunitario y volver a sus viviendas para continuar con la vida cotidiana de apego a la tierra que los vio nacer, crecer y que los cobija desde siempre.

No es posible que en tiempos  democráticos aún pervivan en las comisarías locales, policías corruptos que son capaces de coimear y venderse al mejor postor, dejando de lado sus funciones y obligaciones que todo funcionario del Estado debe cumplir y que son principalmente el resguardo de la seguridad de las personas. Por eso repudiamos y condenamos totalmente la presencia de personajes como el llamado "chupete" ya que no hace mas que retrotraernos a los años mas oscuros de nuestro país, es necesario que los organismos de DDHH vean este tipo de atropellos y consideren las graves violaciones a los derechos humanos que sufrimos los Pueblos Originarios.


Se espera en el corto plazo la intervención del Estado Nacional para abordar la aplicación de la ley de Relevamiento Territorial (ley 26160 y sus prórrogas)



Comunera Mabel Vargas una de la damnificadas por el desalojo expresando su repudio contra la USURPADORA


Hnos. de la Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon ofrendando a la Madre Tierra junto a las Autoridades de la Comunidad afectada.




Autoridades comunitarias y comuneros pidiendo Justicia por los hermanos desalojados


REPUDIAMOS a la POLICIA DE TUCUMÁN y a la "USURPADORA  ANA ALEJANDRA GARCIA MASCOFF



Contactos comunitarios:  (0381)- 155483458/155276860/154478893 

E-mail: comunidadcolalao@gmail.com

miércoles, 25 de febrero de 2015

Pues Repechike no quiso, y TransCanada debe rediseñar su gasoducto

El proceso de consulta a los Pueblos Originarios es poner en práctica el diálogo intercultural y tiene como objetivo resolver conflictos en el marco de los Estados plurinacionales respetando la diversidad cultural y el derecho de los Pueblos Originarios de decir con autonomía sobre todo aquello que los afecta.

Un ejemplo en la Sierra de Chihuahua, México:

FUENTE: http://www.cronicadechihuahua.com/Pues-Repechike-no-quiso-y,33895.html


Pues Repechike no quiso, y TransCanada debe rediseñar su gasoducto



**La comunidad indígena de Repechike, en la Sierra de Chihuahua, se negó a que el gasoducto El Encino- Topolobambo pasara por su territorio, y es definitivo.


25 de febrero, 10:13 am

Chihuahua.- Pues Repechike no quiso, y TransCanada debe rediseñar su gasoducto. Esta comunidad indígena de la Sierra de Chihuahua, se negó a que el gasoducto El Encino- Topolobambo pasara por su territorio, y es definitivo.

Ahora, TransCanada deberá resolver su problema, una vez que se concluyó con el proceso de consulta al que obligan leyes internacionales, y al que se llegó porque varias comunidades interpusieron un amparo colectivo ante el empuje arbirtrario de l empresa, que había decidido pasar por donde le pluguiera.

Fueron sólo dos las comunidades que presentaron una negativa a la construcción del gasoducto por sus territorios, especificó el funcionario estatal. Estas fueron Santa Matilde, con una representación de mestizos, y Repechike.

La empresa realizó desde un inicio negociaciones con particulares, es decir, los dueños de tierras y ejidatarios mestizos que accedieron a dejar la construcción pasar por su propiedad, pero en las comunidades indígenas hay leyes internacionales que dictan realizar una consulta previa, detalló Miguel González, titular de la Coordinación Estatal de la Tarahumara.

El pasado 21 de febrero la mayoría de los gobernadores indígenas firmaron el acuerdo para permitir la construcción del gasoducto, por lo cual se dio por terminado el proceso de la consulta que dicta la ley.

A excepción de las comunidades mencionadas, todos estuvieron de acuerdo con los términos a los que se comprometió la empresa, que incluyen reforestación de los árboles que se talaron, recuperación de plantas nativas, arreglo de caminos, puentes colgantes y adiestramiento en artes, entre otras.

La comunidad de Santa Matilde exigía 7 millones de pesos anuales por los 30 años que durará el gasoducto como pago por las afectaciones de su construcción, petición que se calificó como inviable.

Mientras tanto, la comunidad de Repechike hizo una exigencia de 12 mil hectáreas de territorio como reintegración por la construcción del gasoducto en esa comunidad, por lo tanto no permitirán la construcción del mismo.

Tras esta decisión, la empresa TransCanada deberá hacer un rediseño de la obra para rodear la comunidad de Repechike, o bien llegar a un acuerdo con ellos para poder continuar con el proyecto original, aunque desde el inicio de la consulta la posición de ellos fue no permitir la construcción, aseveró el titular de CET.

A pesar de los beneficios sociales, la posición de esa comunidad en particular fue la negativa a la construcción del gasoducto y por parte de Gobierno del Estado se concluyó lo que establece la Ley, por lo cual tocará a la empresa decidir el siguiente paso.

A las otras comunidades se llevarán diferentes acciones como garantizar el alimento para 2 mil niños y el pago de instructores para capacitación de música, danza, teatro, manualidades, valores, protección de sus vestimentas tradicionales y el cuidado de la lengua materna.



DAKAR: ZONA LIBERADA

EL PUEBLO TASTIL EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS COMO PUEBLO PREEXISTENTE


Relevamiento realizado en el 2013 tras el paso del Rally Dakar en territorio Tastil.

Relevamiento realizado en el 2013 tras el paso del Rally Dakar en territorio Tastil.

El Consejo del Pueblo Tastil viene denunciando los desastres ocasionados por el Rally Dakar desde el año 2013, año en que se incluyó de forma inconsulta el territorio del Pueblo Tastil como parte del circuito.

El 9 de enero de 2015 publicamos en el blog del ENOTPO el manifiesto "Posicionamiento del Pueblo Tastil ante el Dakar 2015" mediante el cual las autoridades Tastil denuncian la violación por parte de los organizadores del Rally Dakar de su derecho como Pueblos Originarios a la Consulta y Participación, y la omisión por parte del Estado Argentino que debe garantizar ese derecho.

Asimismo manifestaban los lamentables resultados que arrojó el relevamiento realizado por el Pueblo Tastil de los daños ambientales y culturales ocasionados por dicho evento, y repudiaban la promoción del mismo por parte del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta y el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Turismo de la Nación, agravando la desidia del Estado. 

Ante tal situación de desprotección el Consejo del Pueblo Tastil envió dos cartas documento a los organismos mencionados con intención de ser atendidos para dar solución al problema planteado. 

Las respuestas del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta y del Ministerio de Cultura de la Nación, publicadas a continuación, se desligan de los daños y perjuicios ocasionados por el evento que los mismos auspiciaron y promocionaron.

Ante estas respuestas el Pueblo Tastil se reserva el derecho de seguir la vía legal de reclamo por la violación del Derecho Indígena, tal como lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT a través de la Ley Nacional Nº 24.071.




miércoles, 18 de febrero de 2015

Tucumán: Movilización de la Comunidad Indio Colalao por el desalojo de 21 familias

Imágen del desalojo ocurrido el día 6 de febrero de 2015.
MANIFIESTO DE LA COMUNIDAD INDIO COLALAO

Colalao, 17 de febrero de 2015


La Comunidad Indio Colalao - Pers. Juríd. 33/11 Re.Na.CI - Valle Choromoro - Pueblo Nación Diaguita Dpto. Trancas - Localidad de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.


Reunidos en Asamblea permanente y movilizados para denunciar públicamente el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año.

A 11 días del brutal desalojo sufrido por nuestra comunidad y pueblo, nos movilizamos por el pueblo de Colalao con el acompañamiento de la Autoridades, delegados y miembros de la Comunidad del Pueblo Tolombón Nación Diaguita, de comuneros de la comunidad del Pueblo Chuschagasta, de autoridades y delegados de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios ENOTPO, de referentes de La ONPIA, Referentes de la Red del Pueblo Atacama de Salta, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita UPND Salta, referentes de la Comunidad Aukajkuna del Pueblo tonokoté de Santiago del Estero, Werken de la Confederación Mapuce de Neuquén, con la presencia del referente del movimiento Evita y secretario de la Agricultura Familiar Emilio Pérsico, técnicos de la Agricultura Familiar Tucumán, junto a medios locales y sociedad en general, para denunciar el violento atropello sufrido en nuestro territorio ancestral.

El viernes a las 07 hs de la mañana llegaron al territorio comunitario denominado Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al:

• GRUPO CERO;
• GRUPO DE LA REGIONAL NORTE;
• GRUPO INFANTERIA (en motos, caballería y camionetas)
• GRUPO de POLICIAS LOCALES (agentes).

Esta orden de entrega provisoria llegó por una resolución del Juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, Fiscal Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, sujeto que pretende usurpar parte de nuestro Territorio y desalojar a nuestras familias de los lugares que habitaron desde siempre. El desalojo lo llevó a cabo la fuerza policial de Tucumán con presencia de infantería y policía montada los cuales no tuvieron piedad por los niños/as, mujeres y ancianos que se encuentran en nuestro territorio desde siempre.

Como Pueblos Originarios preexistentes repudiamos y denunciamos la violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y en especial la ley 26.160 y sus prórrogas la cuál establece: 

  • Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que ocupan las comunidades indígenas 
  • Se suspende los desalojos de las comunidades indígenas. 
  • El INAI deberá realizar un Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación de los Territorios de las Comunidades Indígenas 



Los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales.

Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de Española en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados el día 6/2/2014.

Esta más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios. 

En Colalao, luego del desalojo, la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodó en el mejor hotel de San Pedro (Los Arcos) y montó su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazo con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción.

Las familias desalojadas a la fecha se encuentran en casas de familiares y de vecinos que viven cerca. Han perdido mucho de sus pertenencias por las lluvias ocasionadas después del desalojo porque los policías les vaciaron sus casas, dejándoles las cosas tiradas a la intemperie. Las familias son de 9 a 11 integrantes con varios niños pequeños, mujeres y ancianos. 

A causa del violento ataque policial, varios abuelos se descompusieron, algunos de ellos están en tratamiento permanente por su frágil estado de salud por la edad y los achaques de los años, en medio del desalojo tuvieron que ser llevados en ambulancias hacia el centro médico del pueblo.

El negocio inmobiliario y la avaricia humana son tan grandes que los terratenientes no respetan nada. A nadie le gustaría ser desalojado del lugar que vivió desde siempre, ni ser sacado del territorio que vivieron los abuelos, los bisabuelos y todas las generaciones anteriores, hombres y mujeres que trabajaron la tierra para mejorarla para que nos provea de los alimentos necesarios sin molestar ni pedir nada a nadie, para que hoy aparezca una aterrizada, bajada de los barcos, y pretenda quedarse con nuestro territorio comunitario.

EXIGIMOS a los organismos nacionales responsables de la política indígena a intervenir de manera inmediata para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.

Solicitamos la urgente intervención del ReTeCI para culminar el relevamiento territorial que manda la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la ley 26160 y sus prórrogas, iniciado en el año 2010, nuestra emergencia territorial los hace responsables de este incumplimiento.

Convocamos a los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de nación a velar por cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestro territorio.

Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.

¡RELEVAMIENTO TERRITORIAL YA!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA YA!

















viernes, 13 de febrero de 2015

DESALOJO EN COLALAO: ASAMBLEA PERMANENTE EN RESGUARDO DEL TERRITORIO COMUNITARIO

La Comunidad Indio Colalao - Pers. Juríd. 33/11 Re.Na.CI-Valle Choromoro - Pueblo Nación Diaguita Dpto. Trancas - Localidad de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán


Denunciamos públicamente el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año.

El viernes a las 07 hs de la mañana llegaron al territorio comunitario denominado Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al:

• GRUPO CERO;

• GRUPO DE LA REGIONAL NORTE;

• GRUPO INFANTERIA (en motos, caballería y camionetas)

• GRUPO de POLICIAS LOCALES (agentes).

Esta orden de entrega provisoria llegó por una resolución del Juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, Fiscal Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, sujeto que pretende usurpar parte de nuestro Territorio y desalojar a nuestras familias de los lugares que habitaron desde siempre. El desalojo lo llevó a cabo la fuerza policial de Tucumán con presencia de infantería y policía montada los cuales no tuvieron piedad por los niños/as, mujeres y ancianos que se encuentran en nuestro territorio desde siempre.

Como Pueblos Originarios preexistentes repudiamos y denunciamos la violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y en especial la ley 26.160 y sus prórrogas la cuál establece: 
  • Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que ocupan las comunidades indígenas 
  • Se suspende los desalojos de las comunidades indígenas. 
  • El INAI deberá realizar un Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación de los Territorios de las Comunidades Indígenas 
Los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales.

Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de Española en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados el día 6/2/2014.

Esta más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios. 

En Colalao, luego del desalojo la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodo en el mejor hotel de San Pedro y monto su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazo con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción.

Las familias desalojadas a la fecha se encuentran en casas de familiares y de vecinos que viven cerca. Han perdido mucho de sus pertenencias por las lluvias ocasionadas después del desalojo porque los policías les vaciaron sus casas, dejándoles las cosas tiradas a la intemperie. Las familias son de hasta 11 integrantes con varios niños pequeños, mujeres y ancianos. 

A causa del violento ataque policial, varios abuelos se descompusieron, algunos de ellos están en tratamiento permanente por su frágil estado de salud por la edad y los achaques de los años, en medio del desalojo tuvieron que ser llevados en ambulancias hacia el centro médico del pueblo.

"El negocio inmobiliario y la avaricia humana son tan grandes que los terratenientes no respetan nada. A nadie le gustaría ser desalojado del lugar que vivió desde siempre, ni ser sacado del territorio que vivieron los abuelos, los bisabuelos y todas las generaciones anteriores, hombres y mujeres que trabajaron la tierra para mejorarla para que nos provea de los alimentos necesarios sin molestar ni pedir nada a nadie, para que hoy aparezca una aterrizada, bajada de los barcos y pretenda quedarse con nuestro territorio comunitario".

La situación es de extrema emergencia de todas las familias desalojadas, con el agravante de que los animales como las vacas, cabras, caballos, chanchos, gallinas quedaron abandonadas a su suerte y se están muriendo de hambre porque han quedado encerrados en los corrales y los sembradíos sin poder cosechar ni cuidar.

Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.

¡JURY DE ENJUICIAMIENTO A LOS JUECES CORRUPTOS QUE VIOLAN NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS!

¡RELEVAMIENTO TERRITORIAL YA!

¡POR LA TIERRA Y EL TERRITORIO - LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

CONTACTO: 0381 155276860

Las imágenes del ataque policial: