Junio de 2024
El Consejo de Agricultura Familiar,
Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal repudia enérgica y rotundamente las
declaraciones del gobierno nacional, mediante su vocero presidencial y
encargado de instalar el relato cargado de racismo y cinismo, de violencia y de
un discurso falaz.
Asimismo, este Consejo repudia los
dichos discriminatorios y de violencia de género, en contra de nuestras
compañeras mujeres y disidencias, son innumerables las mentiras que repite el
gobierno con el fin de desmantelar el Instituto Nacional de Agricultura
Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal (INAFCI), que tantos años
ha llevado construir, gracias al sacrificio sostenido en el tiempo de las
organizaciones del sector. Pareciera que el Gobierno Nacional desconoce cuándo
comenzó en nuestro país la institucionalización de las políticas públicas hacia
la agricultura familiar. Le informamos para su conocimiento: el Programa Social
Agropecuario se creó en 1993, con acompañamiento del Estado nacional. Sí,
durante el gobierno de Menem, aquel que la actual gestión tanto venera. Así,
las políticas públicas en nuestro sector transitaron un largo camino de
institucionalización, que ha sido fruto de la lucha de sus organizaciones. Ese
camino tuvo dos nuevos hitos en el año 2014 con la conformación de la
Secretaría de Agricultura Familiar y con la aprobación de la ley 27.118 de
Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una
nueva ruralidad. Y luego se consolidó en el 2022 con la creación del INFACeI,
como Autoridad de Aplicación de la mencionada ley 27.118.
Por lo tanto, el INAFCI no es fruto
de un capricho, sino que existe como tal luego de mucho tiempo de desarrollo de
políticas públicas hacia el sector, con un trabajo continuado desde hace más de
30 años, y luego de ocupar el rango de Secretaría de Estado hasta el año
2022.
El Gobierno Nacional justifica la
acción de vaciamiento del INAFCI con falsos argumentos cuando dice que se han
destruido vehículos para no ser entregados. Por el contrario, hemos sido
testigos de la destrucción y abandono de vehículos por parte de la actual
gestión. Ello muestra su desidia e ignorancia, considerando lo necesaria que es
en las instituciones públicas la movilidad para recorrer el vasto territorio
argentino en la tarea de llevar las políticas estatales a todos los rincones de
la patria.
A su vez, el Gobierno Nacional y su
intervención frente al INAFCI deberían aclarar que el 85% del presupuesto
destinado a sueldos es producto de la ausencia de presupuesto para el cumplimiento
de la citada ley 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar y
sus respectivos programas. Le informamos al vocero presidencial: dicha ley, que
se encuentra vigente, contempla el abordaje integral de la agricultura
familiar, pero aún no ha tenido presupuesto para su aplicación. Por ende, en
lugar de cuestionar a nuestras organizaciones mediante su vocero, el gobierno
debería encargarse se hacer efectivo el cumplimiento de la ley 27.118. Ese es
su deber como funcionarios públicos.
También le informamos al vocero
presidencial y al gobierno en su conjunto, que el amplio y diverso sector de la
Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal garantiza la
provisión de alimentos para la sociedad, la defensa de los bienes naturales y
territorios productivos frente al avance del agronegocio y la especulación
inmobiliaria. El sector existe de forma anterior a la existencia del Estado tal
como lo conocemos hoy, y aun así sus familias han sido invisibilizadas e
ignoradas durante décadas. Hemos sido atacadas de manera permanente por los
grupos económicos concentrados y la oligarquía terrateniente, que se asume como
la única versión de la producción agropecuaria en nuestra patria. Pese a ello,
seguimos de pie sosteniendo las luchas del sector, incluso ante la presencia de
gobiernos entreguistas y frente a políticas de saqueo, recorte y vaciamiento
del Estado, tal como la que estamos viviendo en la actualidad.
Desgraciadamente, hoy somos víctimas de un ataque permanente a las organizaciones
y a la tarea militante que, con tanto compromiso y sacrificio, ha reclamado y
sostenido las políticas necesarias para la vida en los territorios, la
producción y el acceso seguro a los alimentos para toda la sociedad. En ese
sentido, la política del gobierno desoye un aspecto estratégico en materia
territorial: para construir un país que posibilite el acceso de los alimentos a
todos los habitantes de nuestra patria, resulta fundamental repensar cómo
ocupamos nuestro territorio, considerando que somos unos de los países de la
región y del mundo con mayor porcentaje de población urbana. Los datos son
abrumadores: ya en 2020 teníamos una exagerada porción de población viviendo en
las ciudades, que llega al 92,5% del total. Eso significa que solo el 7,5 % de
la población es rural.
Hacemos público de esta manera el
repudio al gobierno actual, que autoriza y promueve la importación de
alimentos, perjudicando a nuestro sector y poniendo en riesgo la soberanía
alimentaria de la sociedad en su conjunto. De la misma manera, denunciamos que
las políticas propuestas por el gobierno actual atentan contra los territorios,
cuando entrega sin controles los recursos mineros y energéticos al mercado
global, generando además grandes pérdidas económicas al país en favor de las
corporaciones globales, que pretenden desembarcar y recrear una nueva embestida
extranjera de apropiación de nuestras riquezas.
Por todo esto el Consejo de
Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal repudia la
persecución y hostigamiento de la interventora Inés Liendo, acompañamos las
luchas de los trabajadores y trabajadoras despedidas del INAFCI, Nos declaramos
en estado de alerta permanente. No cesaremos en la construcción de propuestas
para la defensa del sector y de la soberanía nacional. Hacemos un llamado a la
unidad del pueblo para detener el avance de las políticas actuales de saqueo,
entrega y represión contra las familias argentinas.
No al Cierre del INAFCeI
No al DNU
No a la ley Bases
No al RIGI
Si a la soberanía alimentaria
Si a la reforma agraria integral y
popular
Si al trabajo y cuidado de nuestros
territorios y nuestros bienes naturales
Organizaciones:
ACINA
AMRAF
ENOTPO
FNC
Federación
Rural
FONAF
F.A.
EVITA
Grito
de Alcorta
MAELA
MCL
ONPIA
CANPO
Frente
N.C.
MTE
rural
UAPA
MNCI
VC
ENCONA
F.A.
Octubres
MOELT
Las mujeres del pueblo kukama, del distrito de Parinari, se organizaron en la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana (mujeres trabajadoras). Foto: Mari Luz Canaquiri.
Las comunidades indígenas, entre ellas el pueblo kukama, sufren por la contaminación constante del río Marañón por los derrames de petróleo. Foto: Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana.
Vista de la Comunidad de Cuninico desde el río Marañón. Foto: Copyright © Amnistía Internacional.
Derrame de petróleo en la quebrada Cuninico llega al río Marañón. Foto: Comunidad Nativa Shapajilla.
Integrantes del pueblo kukama. Foto: Mari Luz Canaquiri.
Las mujeres del pueblo Kukama decidieron levantar la voz y se organizaron para participar activamente en talleres y capacitaciones junto a la parroquia del distrito. Foto: Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana.
Mari Luz Canaquiri dice que la conexión con el río Marañón es inquebrantable para el pueblo kukama. Foto: Mari Luz Canaquiri.
Las mujeres del pueblo Kukama no van a parar en la batalla legal para defender los derechos del río. Ahora, son ellas quienes lo protegen.. Foto: Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana.
