Saludamos la aprobación de la prórroga de la LEY DE EMERGENCIA Y RELEVAMIENTO TERRITORIAL pues es una herramienta indispensable para ejercer nuestros derechos.
Creemos que el relevamiento debe ser una política pública de carácter permanente y que la emergencia territorial es necesaria en tanto y en cuanto persistan las estructuras represivas que no quieran asumir pasivamente el cambio democrático.
Este proceso deberá complementarse con instrumentos legales fundamentales que garanticen la aplicación plena y efectiva del Derecho Indígena a la posesión y propiedad comunitaria de los territorios.
El Poder Judicial debe aplicar la ley en los términos en que esta es sancionada, en el marco de un entendimiento constitucional y amplio de los derechos que les son reconocidos a los Pueblos Originarios.
Hasta la fecha hemos visto más avances en la aplicación del derecho indígena gracias a la lucha y movilización territorial de los Pueblos Originarios, que por las decisiones judiciales. Salvo raras y valiosas excepciones, nuestra experiencia nos muestra que los jueces desconocen el derecho indígena, por simple ignorancia o por torva decisión. La justicia debe respetar una ley nacional de orden público. Hasta ahora en la mayoría de los casos, somos los Pueblos quienes con nuestra sangre y con nuestras luchas venimos resistiendo los desalojos y los embates contra nuestras vidas y territorios. Es fundamental profundizar la reforma judicial para poder contar con un Poder Judicial democrático que respete la ley y no opere en resguardo de los intereses de los poderosos.
Hasta la fecha hemos visto más avances en la aplicación del derecho indígena gracias a la lucha y movilización territorial de los Pueblos Originarios, que por las decisiones judiciales. Salvo raras y valiosas excepciones, nuestra experiencia nos muestra que los jueces desconocen el derecho indígena, por simple ignorancia o por torva decisión. La justicia debe respetar una ley nacional de orden público. Hasta ahora en la mayoría de los casos, somos los Pueblos quienes con nuestra sangre y con nuestras luchas venimos resistiendo los desalojos y los embates contra nuestras vidas y territorios. Es fundamental profundizar la reforma judicial para poder contar con un Poder Judicial democrático que respete la ley y no opere en resguardo de los intereses de los poderosos.
El Código Civil de Vélez Sarsfield sirvió como una sofisticada y fina herramienta de negación de la diversidad cultural, y de apropiación “legal” de nuestros territorios, de materialización simbólica del triunfo de un Sistema Opresor de Ideas centrados en el Individuo y la Propiedad Privada por encima de nuestra preexistencia como Pueblos Originarios. Es necesario contar con un Código Civil que responda a la construcción política de Estado intercultural que ya ha sido receptada en nuestra constitución y que debe desplegarse en todos los ámbitos de lo público.
La deuda histórica del Estado para con los Pueblos Originarios es muy grande y las tensiones crecen rápidamente. En nuestros territorios sufrimos todos los días en carne propia los conflictos que surgen de las indefiniciones políticas. Por lo tanto, en esta coyuntura, es necesario avanzar con celeridad en la elaboración de legislación y normativas orientadas a profundizar el desafío de saldar y reparar esta herida histórica.
ENOTPO
¡DEFENDER EL TERRITORIO ES DEFENDER LA VIDA!
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