miércoles, 8 de febrero de 2017

Ya hay seis detenidos en Salta por defender territorio indígena

César Arias, integrante de la comunidad guaraní Raíces Nuevas, lleva nueve días preso. La policía reprimió un corte en reclamo de su libertad. Dos mujeres fueron golpeadas y un periodista detenido.

La disputa entre terratenientes y pueblos originarios se agudizó en el norte de la provincia de Salta. El foco del conflicto está en Embarcación, departamento de San Martín. En horas del mediodía de este martes 7 de febrero los integrantes de la comunidad guaraní Raíces Nuevas, que son acompañados por comindades wichi, fueron desalojados violentamente de la media calzada que ocupaban sobre ese camino. Reclamaban la libertad de su hermano, César Arias, a quien consideran un preso político. No les mostraron ninguna orden ni les dijeron quién había dado la orden. El resultado son cinco nuevas detenciones. Y una sucesión de violaciones a los derechos humanos muy preocupante.

Los eventos recuerdan a lo acontecido recientemente en Cushamen, Chubut. En este caso el empresario no es italiano, sino francés. Y los reprimidos no son mapuches, sino guaraníes y wichis. Pero la actuación de la policía y del poder político es la misma: del lado de los poderosos.

Este caso tiene una particularidad: a diferencia del magnate Luciano Benetton, en este caso el terrateniente es una “estrella” del twitter, donde se dedica a difamar a las comunidades originarias que reclaman las tierras de las que asegura ser el dueño. Se trata de Huberto Bourlon, gerente de la firma Almanzor SA. Este empresario sojero, ganadero y maderero de nacionalidad francesa pero su acento es bien argentino. Estudió en la Universidad Di Tella, en Buenos Aires. Integra la Sociedad Rural local y junto a otros terratenientes de la zona, como Julio y Jorge Ortega Velárdez, está enfrentado con la comunidad guaraní Raíces Nuevas por la propiedad y el uso de unas 6000 hectáreas, en el oeste de Embarcación, sobre el Río Bermejo.

Alcanza con leer la cuenta de Twitter de Bourlon, donde se presenta como “amante de los buenos vinos y la buena música” para conocer el desprecio que tiene por los pueblos originarios. Y sus posiciones políticas en virtud de las cuales desconoce la vigencia de la Ley 26.160. Sus contactos en Buenos Aires y en la capital provincial le permitieron montar una campaña mediática donde acusa a los indígenas de “usurpadores”.

“El usurpador es Humberto Bourlon y los Ortega Velardez: nosotros vivimos toda nuestra vida acá”, dijo el cacique Luis Situé en conversación telefónica con Veintitrés, desde la vera de la ruta 34.

“Estábamos cortando media calzada, esperando que las autoridades liberen a nuestro hermano César Arias que está preso por defender el territorio en General Ballivian, a media hora de acá. Se presentó de repente el comisario de apellido Tapia con una cuadrilla de policías y la Infantería de Tartagal. No nos mostraron ninguna orden, cuando le preguntamos quién lo ordenaba no nos sabían responder”, detalló Situé, que es cacique de una comunidad de 120 familias, mayormente muy numerosas, dedicadas desde hace generaciones al cultivo de alimentos para su subsistencia.

“Nos desalojaron empujándonos, golpeando a niños. Se llevaron detenido a la hija de César, Brenda Arias, menor de edad. A Aníbal Correa, un changuito de 16 años. A dos de mis hijos, Arnaldo y Diana, que es vocera de la comunidad también los detuvieron. Diana fue golpeada y detenida por personal policial masculino. Al periodista Jacinto Acerí lo detuvieron por estar filmando”, denunció el cacique que detalló su reacción: “Nosotros no hemos ofrecido resistencia, nos han atropellado como han querido”. Al cabo de unas horas, Acerí fue liberado. 

Brenda y Aníbal tuvieron que ser hospitalizados por los golpes recibidos por el personal policial. Los dos estaban en la carpa, al lado de la ruta, cuando fueron detenidos a los golpes. Los tuvieron sin darles ni un vaso de agua. Brenda no podía respirar y presenta golpes en el cuello. Tiene siete hermanos. “Ahora no tienen para comer”, comentó el cacique.


“Estos terratenientes se denominan dueños del territorio en el que nosotros hacemos uso ancestral, actual y público. Las comunidades, los hermanos que me acompañan, nacimos ahí dentro del territorio. Sembramos y trabajamos nuestro alimento, para nuestras familias, y lo que podamos comercializar para comprar pan y azúcar. Sembramos choclo, sandia, zapallo, un porotito que en idioma guaraní se llama cumanda, batata. Hemos pedido al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas un territorio amplio y apto para el desarrollo de nuestra comunidad. El 12 de noviembre de 2015 se realizó el relevamiento territorial”, informó el cacique.

Según recordó Situé hace unos siete años “aparecieron estos terratenientes extractores de maderas que dicen que no hay pueblos originarios y que arriendan los campos a un aserradero de la Ciudad de Orán, de la firma Nicoletti. Como somos nativos, somos un estorbo para ellos. Anteriormente las tierras estaban a nombre de una empresa maderera con la que no habíamos tenido conflictos. Desde que llegaron estos terratenientes, que compraron las tierras con los indígenas adentro, no nos dejan pasar al río, nos destruyen los sembrados y nuestras chozas, ponen alambrados impidiéndonos el paso. No nos dejan pasar por los caminos vecinales. Como no nos dejan transitar libremente por nuestro territorio, hace unos cien días decidimos no dejarle entrar ganado”.

El cacique lamentó que otras comunidades hayan acordado con el terrateniente: “Nosotros no vamos a aceptar una libertad condicional, estas tierras nos pertenecen, aquí vivimos y aquí vamos a morir”, afirmó.

“Bourlon nos amenaza de muerte con armas de fuego. Nos dijo que nos iba a matar, mostrando un arma de fuego. Y está libre. Se ríe de los pueblos originarios. En cambio, al hermano César, está preso por supuestas amenazas de muerte, aunque nunca salieron de su boca esas palabras. Sólo se quejó porque los hombres de Bourlon le destruyeron el cerco donde cultiva. Para la justicia y los gobernantes de Salta los indígenas no existimos”, reflexionó el cacique. “Vamos a seguir al lado de la ruta 34 hasta que nos den una respuesta”, aseguró.

“Hace nueve días que no sabemos nada del hermano César, sigue preso injustamente. Es un preso político. Estamos indignados con todos los funcionarios. Ninguno se acercó a hablar con nosotros”, agregó Daniel Gómez, integrante de la comunidad wichi El Matadero, quienes acompañan a la comunidad Raíces Nuevas en su reclamo. Ellos también hacen uso ancestral de las tierras en disputa. “Es muy triste, a mí el personal de los terratenientes me rompió todo mi cultivo de zapallo. Nos atropellan permanentemente. La policía nos dijo que despejemos el camino, como si fuéramos animales. Sabemos que les caemos mal y los fastidiamos por ser indígenas. No respetan la ley que nos ampara. Somos marginados. Es muy triste lo que está pasando”, relató Gómez

“Bourlon sale por todos los medios diciendo un montón de mentiras. Este es la primera vez que un medio nos está tomando en cuenta. Nosotros casi no entendemos todo lo de internet, recién ahora estamos queriendo entender un poco. En Salta los indígenas estamos sufriendo mucho, estamos haciendo un grito de auxilio para que nos atienda alguien del gobierno. Ahora no tenemos ni dónde sembrar. ¿Dónde van a quedar los derechos de nuestros hijos? ¿Dónde va a quedar nuestra cultura? Bourlon nos dejó sin comida pero prefiere andar subiendo cosas en internet que son mentiras”, se quejó Gómez.

Al igual que en la Patagonia, el conflicto entre terratenientes acompañados por policías y gobernantes adictos versus pueblos originarios que defienden sus territorios ancestrales, recién empieza. 


Por Tomás Eliaschev
LECTORES@VEINTITRES.COM

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