El debate necesario para la Plurinacionalidad
Entre los días 17 y 19 de junio, más de 300 referentes de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios nos reunimos en Junín de los Andes, Neuquén, para reafirmar la necesidad urgente de resguardar nuestros territorios comunitarios, aquellos que nuestros hermanos y hermanas han defendido con su sangre desde la invasión europea hasta nuestros tiempos.
Junín de los Andes hoy es una localidad turística de la provincia de Neuquén, ubicada a pocos kilómetros del Volcán Lanín, conocida generalmente por sus paisajes paradisíacos y cabañas de lujo, y destino preferido de los amantes de la pesca, la naturaleza y el turismo aventura. Lo que no se dice con tanta frecuencia, es que Junín de los Andes es un lugar histórico del Territorio ancestral Mapuce (Wallmapu) ya que en el año 1885, el fortín que antecedió a dicha localidad fue escenario de la resistencia armada de los Pueblos Mapuce y Tehuelche/Günuna kuna, aún libres, contra el avance del ejército argentino de Roca y sus cómplices militares y civiles, en lo que se conoce como la “campaña del desierto”, que constituyó el primer genocidio del actual Estado Argentino.
Los lonkos Inakayal, Foyel, Sayweke, Wenchunekul, Nawel, Pichi Kurruwinka y Kumilao pelearon junto a su gente hasta el último momento, pero el ejército los contuvo. Sayweke, comprendió que era una cuestión de tiempo y entregó su lanza. Sin embargo la resistencia no terminó. Nuestros antepasados nos dejaron un legado irrenunciable de lucha por nuestra Libertad, Identidad y Territorio. Hoy los Pueblos Originarios hemos fortalecido nuestras organizaciones políticas propias y recuperamos la voz en primera persona, entendiendo que el diálogo y la palabra son las nuevas armas para la defensa de nuestros Territorios. En este camino los Pueblos Originarios hemos iniciado un diálogo intercultural con el Estado Nacional a través de nuestras organizaciones territoriales, asumiendo el desafío de participar activamente de la transformación del Estado, levantando como bandera las demandas históricas de nuestros pueblos y asumiendo el compromiso de responder al mandato colectivo de los territorios.
A lo largo de estos años de organización, hemos trabajado incansablemente sobre diversas propuestas para la implementación de políticas públicas y de participación efectivas, algunas de ellas se fueron concretando, como es el caso de la Ley 26.206 de EIB, la Ley 26160 y sus prórrogas, la inclusión del Derecho a la Comunicación con Identidad en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ley 26.552; la inclusión del derecho Indígena en la Reforma del Código Civil y Comercial, Art. 18 que comienza a regir en agosto de 2015; la nueva Ley Agricultura Familiar Ley 27.118. Del mismo modo hemos promovido la gestión Intercultural en el marco del Estado, que desencadena la creación de la Dirección de Pueblos Originarios en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena en el marco del INAI y la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agricultura. Pasos que si bien NO SON LA REPARACIÓN HISTÓRICA, entendemos que son los caminos que debemos dar como sociedad hacia el verdadero reconocimiento de la plurinacionalidad.
En este camino, aún hay deudas por parte del Estado y de sus gobiernos, y es nuestro deber y responsabilidad como sujetos de derecho instalar en la agenda pública nuestras demandas y reclamos, como lo es una Ley que titule nuestros Territorios Comunitarios, una Ley de Consulta y Participación y la necesidad de convocar a una constituyente de Pueblos Originarios que plasme y visibilice nuestra plurinacionalidad como Estado.
La asamblea de las Organizaciones Territoriales
En la asamblea participaron delegados y autoridades de más de 29 Pueblos de todas las regiones del país, desde Tartagal (Salta) hasta Tierra del Fuego. La Confederación Mapuce de Neuquén como organización local, recibió a las restantes organizaciones con un afafan, ceremonia del Pueblo Mapuce propiciatoria para los buenos pensamientos, la hermandad y la reafirmación cultural e identitaria como pueblos preexistentes.
Las autoridades territoriales dieron apertura a la asamblea con un posicionamiento político, espiritual y filosófico sobre la trascendencia del debate sobre la titularización de los Territorios Originarios y de la importancia de este encuentro. Entre los temas e ideas expresadas, se estableció que la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena es un proyecto en el cual está en juego el territorio y el futuro de los Pueblos Originarios en Argentina es, por lo tanto, una ley para las futuras generaciones.
Las primeras observaciones que se realizaron a este proyecto de ley tuvieron que ver con la necesidad de participación de las Organizaciones Territoriales Indígenas en su elaboración. Se reclamó que el gobierno nacional debe garantizar el proceso adecuado de consulta. Los propios pueblos con autodeterminación deben establecer cómo se constituye esta norma: “El derecho a la Consulta es lo que nos permite ejercer este derecho a participar en las elaboraciones de la ley”. Al respecto, se dejó en claro que “esta reunión no es parte del proceso de consulta, sino que se trata de una reunión informativa”, ya que la consulta debe ser realizada respetando los tiempos de los Pueblos Originarios y “los tiempos del Estado Nacional no deben arrinconar a los Pueblos Originarios (…) La versión 2 del anteproyecto presenta a la consulta como una audiencia pública, y eso no es consulta porque sabemos que las audiencias son no vinculantes”.
En este sentido, los Pueblos Originarios deben decidir cómo es el camino propio y para ello desde el ENOTPO se desarrolló un Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada que establece los principios y procedimientos adecuados. Si el Estado quiere avanzar, debe garantizar el debido proceso de consulta, dando los tiempos necesarios, junto con los recursos necesarios: económicos, logísticos, administrativos y técnicos para la realización de todas las asambleas que se deban hacer.
Sumado a esto, se observó que “el borrador de la ley no hace mención a la necesidad de tierras aptas y suficientes, tal como lo establece el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional. Hay que tener en cuenta que varios Pueblos Originarios estamos reducidos a espacios pequeños en los márgenes de los poblados o arrinconados en el territorio a vivir en pedrerías”.
Además se planteó que el anteproyecto habla de “tierra” y “hábitat”, que no son conceptos relacionados con los Pueblos Originarios. El sujeto de derecho es el Pueblo y eso no queda claro en el borrador de propuesta en lo que respecta al territorio y la relación que se establece con el mismo y su significación. Dicha relación la define cada Pueblo de acuerdo a su cultura y forma de vida. La ley debe incorporar la noción de “tierras aptas y suficientes”, tal como lo establece la Constitución Nacional. Asimismo se debe debatir sobre el tema bienes naturales y explotaciones a gran escala de esos recursos, para construir un nuevo modelo de desarrollo que incorpore la filosofía de los Pueblos Originarios de reciprocidad y complementariedad en relación con el Territorio.
Se concluyó que el proyecto de ley que se está intentando impulsar no representa los intereses de los Pueblos Originarios. Por lo tanto los Pueblos Originarios debemos estar movilizados y ocupados sobre qué es lo que quiere hacer el Congreso Nacional con el territorio y el derecho indígena. “Sabemos que la ley no va a garantizar automáticamente la propiedad comunitaria y los territorios. Lo único que lo va a garantizar es la unión y la lucha. Entonces debemos juntar la fuerza de todos para tener cada vez mayor capacidad de resistencia”.
Participaron de la asamblea autoridades, delegados y miembros de las organizaciones territoriales: Confederación Mapuce de Neuquén, Coordinadora del Parlamento Mapuce de Rio Negro, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - UPNDS (Salta), Pueblo Tolombón de la Nación Diaguita (valle de Choromoros, Tucuman), Ocastafe (Santa Fe), Organización Identidad Territorial Malalweche de Mendoza, Organización Ranquel Mapuce de la Pampa, Agrupación de Comunidades Indígenas dto. San Martín (Salta), Agrupación Comunidades Wichi Ruta 81, 34, 53 - Embarcación (Salta), Organización Mapuche- Tehuelche Nor Feleal (cordillera, meseta y zona sur, Chubut), Consejo del Pueblo Tastil. Quebrada del Toro (Salta), Org. Territorial Huarpe Pinkanta (Mendoza, San Juan y San Luis), OTPOC (Córdoba), Organización Identidad Territorial Chew Mapu Selk (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), Pueblo Lule - Comunidad Las Costas (Salta), Red de Comunidades del Pueblo Atacama (Salta), Consejo Indio Pueblo Nación Charrua (Entre Ríos), Org. Pueblo Chorote (Salta), Org. Territorial Mapuce Tehuelche de Cushamen, Org. del Pueblo Weenayek Embarcación (Salta), Org Mapuce de San Rafael (Mendoza), Org. de la Nación Guaraní de Corrientes, entre otros espacios territoriales.
Ejercicio de diálogo intercultural con el Estado
En virtud del diálogo intercultural que proponemos como base para la transformación del Estado monocultural hacia un Estado Plurinacional, se convocó al segundo día del debate al Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, quién expresó la voluntad del INAI de participar de manera activa para dar respuestas y evacuar inquietudes sobre el anteproyecto de Propiedad Comunitaria Indígena.
Fernández planteó que “a partir de agosto comienza a regir el Nuevo Código Civil. En el Código Civil de Vélez Sarsfield omitió a los Pueblos Originarios y a la propiedad comunitaria. El código civil rige para todo el país y para todas las provincias, y esto es lo importante. El Nuevo Código dice que se va a hacer una ley que va a instrumentalizar la propiedad comunitaria indígena. Y esta Ley va a ser parte del código civil, por lo que deberá ser aplicado en todas las provincias”.
Además agregó que se está dialogando con las provincias para explicar el proyecto de ley que se va a llevar adelante buscando establecer consensos básicos. Del mismo modo, se está trabajando con la Secretaría de Minería, con la mesa nacional de CPI, y con otros actores e instituciones involucrados. Se aspira a que el proyecto tenga entrada en el mes de agosto cuando comienza a regir el Nuevo Código Civil, y que la ley sea aprobada este mismo año.
El presidente del INAI afirmó que “se va a hacer la consulta a los Pueblos Originarios y no va a tener sanción si no hay consulta (…) estamos en una etapa de elaboración. Esta jornada es informativa y la relación no se agota acá. Se van a hacer más de estas jornadas y luego un proceso de consulta”.
Desde las organizaciones se manifestó la preocupación por el relevamiento ya que el mismo no permite a los Pueblos Originarios y sus comunidades acceder a tierras aptas y suficientes para su desarrollo tal como lo estipula la Constitución Nacional. Se aclara que si bien en el contexto en el que se aprobó la Ley 26.160 se buscaba principalmente frenar la ola de desalojos que sufrían los Pueblos Originarios, en el nuevo contexto político y social que estamos viviendo, eso no es suficiente ni se corresponde con el texto de la Constitución que establece que deben garantizarse tierras aptas y suficientes. Ante esta situación Fernández aclaró que “no trajimos el texto para decir esto se aprueba sí o sí. Es un borrador. Puede ser modificado, enriquecido. Como dijeron acá, otras tierras aptas y suficientes tienen que estar y estamos de acuerdo a que se amplíe y que forme parte de un título dentro de la ley”. Además, “necesitamos articular con las provincias para llegar a una ley nacional que obligue a las provincias. El Código Civil dice que se deben adecuar los registros inmobiliarios de las provincias al nuevo código”.
Fernández enfatizó que el Gobierno Nacional y el INAI creen firmemente en el diálogo, y uno de los ámbitos más importantes para este diálogo es el espacio de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, afirmando la voluntad política y se comprometió, en nombre del Estado Nacional, generar las condiciones para que los Pueblos Originarios contemos con la debida participación en la elaboración del proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. La propuesta es entonces seguir el diálogo pero también establecer definiciones con equipos de trabajo. Estas jornadas recorrerán los territorios dando marcos para la discusión y consensos necesarios para las políticas públicas interculturales.
La propuesta del ENOTPO para la Ley de titularización de los Territorios Originarios
En el año 2010, a partir de la lucha y organización de los Pueblos Originarios, el Gobierno Nacional ha impulsado un anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y en los últimos meses se ha retomado la discusión, en la cual los Pueblos Originarios debemos ser los actores principales. Es por ello que, desde el ENOTPO se establecieron 9 puntos de carácter irrenunciable que una ley de titularización de nuestros Territorios debe garantizar:
1. Cualquier actividad que se desarrolle en territorio indígena deberá ser sometida a un proceso de consulta y al consentimiento libre previo e informado.
2. La posesión tradicional será definida por cada pueblo en relación con su cosmovisión.
3. Dentro del marco territorial los pueblos originarios tenemos derecho a ejercer autónomamente el uso, la posesión, la administración de nuestros territorios y bienes naturales para el desarrollo del buen vivir.
4. El proceso de auto-reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios es dinámico, permanente y ascendente, es por ello que toda norma debe contemplar esta realidad y bajo ningún motivo podrá limitar la recuperación de la identidad, y por ende la incorporación permanente de territorios al instituto de la propiedad comunitaria indígena.
5. La constitución establece la obligación del estado de entregar tierras aptas y suficientes para el desarrollo de los pueblos originarios. Estas tierras deberán incluirse en el instituto de la propiedad comunitaria indígena.
6. La forma en que debe realizarse la titulación debe ser mediante procedimientos sencillos y se debe garantizar su gratuidad.
7. Los pueblos originarios tenemos derecho a definir desde nuestra propia cosmovisión las formas de uso, aprovechamiento, posesión y administración del territorio y sus recursos.
8. El sujeto de derecho es el pueblo originario a través de sus instituciones representativas, sus organizaciones y comunidades.
9. La propiedad comunitaria indígena es parte de la integralidad territorial de un pueblo originario determinado. Debe respetarse el territorio ancestral y tradicional.
La lucha por el territorio es histórica y tiene como antecedentes recientes, el caso de recuperación del territorio Mapuce de Pulmarí en Neuquén, la lucha del Pueblo Mapuce contra Benetton en la patagonia, el asesinato de Javier Chocobar por la defensa del territorio del Pueblo Chuschagasta, la resistencia de la Nación Diaguita en Las pailas provincia de Salta, la recuperación del espacio territorial de la comunidad Pencolé del Pueblo Pilagá en Formosa, la lucha del Pueblo Tastil contra el Rally Dakar y la patrimonialización de su territorio ancestral, la resistencia del pueblo Colalao ante los desalojos en Montebello, la lucha de los pueblos Wichi, Chorote, Qom, Guaraní, Weenhayek, Iogys, Chane, Chulupi en la zona Tartagal contra los desmontes ilegales, entre otros.
El reconocimiento de los territorios ancestrales es la base para el fortalecimiento de nuestra identidad y la seguridad jurídica es fundamental para afianzar nuestros derechos y dejar a las futuras generaciones una base para una nueva sociedad donde puedan desarrollarse desde nuestras propias cosmovisiones, en los Territorios donde estamos desde siempre.
Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios convocamos a los actores políticos que conducen los destinos del país a tener el coraje y la decisión política necesaria para dar el debate y profundizar las transformaciones que necesitamos como sociedad. Esperamos que estén a la altura de este momento histórico que vive la región, para dar un paso real de reivindicación identitaria y cultural hacia un Estado Plurinacional. La historia así lo juzgará.
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