Nuevo golpe a la Justicia tucumana

Pronunciamiento ante la nueva intromisión terrateniente con intervención de la Gendarmería Nacional, en Chuschagasta, Territorio Diaguita 

21 de noviembre de 2012

El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, manifiesta su repudio ante la intervención en el territorio ancestral de la Comunidad Chuschagasta de la Nación Diaguita, por parte de la Gendarmería Nacional, en conjunto con jueces que desoyen las normas constitucionales y avalan los intereses personales de los terratenientes locales.

El día 20 de noviembre de 2012 se presentaron alrededor de 20 oficiales de la Gendarmería Nacional junto con el terrateniente, empresario tucumano Darío Amin con una orden judicial del Juzgado Federal Nº 2, firmada por el juez, Dr. Fernando Luis Poviña, en la que autorizaba a realizar una “inspección” en la actual localidad de El Chorro, Departamento de Trancas en Tucumán. Una vez más, las fuerzas de seguridad defienden intereses sectoriales (los privados) en lugar de velar por la defensa de todos los ciudadanos.

Darío Amín (aliado de Bussi -ex funcionario de la dictadura-) desde hace tiempo viene persiguiendo y hostigando a la comunidad Chuschagasta, dado los intereses económicos que tiene en la zona. Su objetivo es continuar con el saqueo de los bienes naturales, para lo cual obtuvo la venia de la justicia local para intervenir e inspeccionar el Territorio ancestral de la comunidad.

Los conflictos en esta zona, tienen larga data y los abusos cometidos por parte del terrateniente, llevaron a una escalada de violencia que culminó con el asesinato de Javier Chocobar el 12 de diciembre de 2009, autoridad de la Nación Diaguita, y varios heridos (entre ellos un menor de edad). Esta muerte se hubiera evitado si la justicia tucumana hubiese reconocido y aplicado el derecho vigente en nuestra Constitución Nacional. Pero el poder político y judicial de Tucumán decidió mirar para otro lado.

Desde hace tiempo, es frecuente encontrar en la zona grupos paramilitares de Darío Amín, que han abierto el fuego contra la comunidad, amedrentándolos cotidianamente para que desistan en su lucha legítima y constitucional por el derecho a la preexistencia en el Territorio. La comunidad debe convivir cotidianamente con esta violencia física y psicológica, que tiene por objetivo desmovilizar y desorganizarlos, para lograr que abandonen el Territorio que habitan desde tiempo inmemoriales.

En esta nueva intervención en Territorio Diaguita, ha quedado en claro, que la interpretación de las normas por parte de la Gendarmería Nacional es siempre funcional a las oligarquías provinciales y a los terratenientes locales, legitimando la invasión, el saqueo y el despojo de nuestros territorios. No es novedad el accionar autoritario de muchos miembros de estas fuerzas que haciendo uso y abuso de su lugar de poder han cometido cruentas intervenciones que persisten en la memoria de los Pueblos, tal como ha sido la “Masacre de Rincón Bomba” en 1947 (también conocido como Genocidio Pilagá).

Frente a esta situación, instamos a la Ministra de Seguridad Nilda Garré, a que intervenga y que exhorte a las Fuerzas de Seguridad bajo su mando a que cumplan con el rol de defensa y protección de la ciudadanía. Asimismo convocamos al Secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, para que vele por el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios, haciendo valer la política de Derechos Humanos promovida desde el gobierno nacional, garantizando la seguridad física y territorial de los Pueblos Originarios, sentando las bases de una reparación histórica por parte de las fuerzas de seguridad  para con los pueblos Originarios.

Frente a estos atropellos, la Nación Diaguita, junto con las organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios nucleadas en el ENOTPO nos encontramos hermanados, organizados, movilizados y en permanente alerta, con la férrea convicción y lucha por la reglamentación de nuestros derechos constitucionales. Por lo tanto ante una nueva intervención territorial que desconoce nuestros derechos como Pueblos preexistentes decimos que:

• Las 45 organizaciones nucleadas en el ENOTPO, hacemos propio el grito de justicia de la comunidad Chuschagasta. Nunca más el Estado debe manipular las normas al servicio de los terratenientes.

• Exigimos juicio y cárcel para los asesinos de Javier Chocobar y justicia para su familia y para el Pueblo-Nación Diaguita.

• Exigimos el pleno cumplimiento de los derechos de los Pueblos Originarios.

• Demandamos que la reparación histórica y el diálogo intercultural se conviertan en políticas públicas que impulsen la reflexión actual, cotidiana y permanente sobre el presente histórico de los Pueblos Originarios.