sábado, 30 de septiembre de 2017

Un fallo le prohíbe a Gendarmería entrar a un territorio mapuche sin orden judicial

La fuerza de seguridad había ingresado a la comunidad Raquituhue con la excusa de buscar a Santiago Maldonado.

La justicia federal de esta ciudad le ordenó a Gendarmería Nacional y a otras fuerzas de seguridad que se “abstengan de ingresar al territorio de la comunidad Raquituhue sin autorización judicial”.

Si bien se alude a la citada comunidad, se interpreta que los efectivos de las fuerzas también tienen impedido el ingreso a otra territorios mapuches.

La decisión de la jueza Silvina Domínguez, quien aceptó el habeas corpus presentado oportunamente por los mapuches, sienta un precedente en un contexto nacional signado por la desconfianza entre los protagonistas.

La resolución del expediente se definió en la noche del miércoles en el juzgado zapalino en una audiencia donde estuvieron presentes la magistrada federal, representantes de Gendarmería Nacional y miembros de la comunidad, junto al defensor oficial, Gonzalo Vergés.

La causa se dio en el marco de la intromisión que efectivos de Gendarmería Nacional realizaron semanas atrás en el campo que los Raquithue ocupan en cercanías de la ciudad de Junín de los Andes.

El operativo referido se desarrolló a las cuatro de la madrugada, sin orden judicial que lo posibilitara ni la aprobación de las autoridades de la comunidad, el lonko Hernán Cañicul y el werken, Fidel Collipan.

Oficialmente se explicó que el allanamiento, que incluyó la presencia de vehículos oficiales y el despliegue de efectivos de seguridad, se produjo en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado.

Ese episodio tuvo un fuerte impacto mediático y tras ser denunciado generó un repudio generalizado a la fuerza.

En ese sentido, entre otras organizaciones, se manifestó la Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén en un comunicado.

Fuentes judiciales revelaron que Gendarmería Nacional tenía datos aportados por la policía de la provincia de Neuquén que señalaban que una persona muy parecida a Maldonado había sido visto acampando en el interior de la comunidad mapuche.

Más allá del revés judicial que esta decisión representa para Gendarmería, trascendió que mantendrán abierto el canal de diálogo con la comunidad a fin de avanzar en la elaboración conjunta de un protocolo que permita resolver este tipo de situaciones a futuro.

En este sentido, la semana pasada se desarrolló un encuentro entre ambas partes en San Martín de los Andes y en los próximos días podría repetirse la experiencia.

En función de la conflictividad que se registra entre comunidades mapuches y fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la Patagonia, la resolución de la jueza Domínguez puede sentar un precedente en la materia. El caso Maldonado puso a Gendarmería en el centro del debate.
“Se debe garantizar la integridad física y la libertad de los miembros de la comunidad Raquituhue de Junín de los Andes”.
Silvina Domínguez,
jueza federal
de Zapala.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Senado argentino aprueba reclamo de pueblos indígenas y pasa a Diputados

Con decisión se suspende desalojo de sus comunidades

BUENOS AIRES

Los pueblos originarios de Argentina lograron este miércoles el voto favorable del Senado a su reclamo de prórroga de una ley que suspende los desalojos de sus comunidades, una demanda que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

"Por unanimidad la Cámara alta dio 'media sanción' a la prórroga de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que suspende los desalojos en tierras habitadas por los pueblos originarios", informó el Senado en un comunicado.

Si la prórroga es aprobada por la Cámara de Diputados, será por un plazo de 4 años.

Miembros de los pueblos originarios de Argentina protestaron este miércoles frente al Congreso Argentino, exigiendo una ley que prohíba los desalojos de pueblos originarios de sus tierras ancestrales.(AFP)

Los manifestantes buscan que el Congreso prorrogue por tercera vez la norma aprobada en 2006 y que preveía realizar en un plazo de tres años un estudio territorial de los lugares de Argentina en donde están establecidas las comunidades indígenas.

La norma ya fue prorrogada en 2009 y 2013 y vence en noviembre próximo.

"La ley lleva 11 años y de las 2.000 comunidades (indígenas) que existen en el país, solo han sido relevadas 400, nada más. Hay 1.600 que están esperando", dijo a la AFP Roberto Ñancucheo, un líder mapuche que participó de la protesta.

El objetivo no es solo la prórroga de la ley sino que se termine este estudio y se apruebe "una ley de propiedad comunitaria", explicó.

Ñancucheo insistió en que el Estado argentino "tiene una deuda de 200 años con los pueblos originarios" pero aclaró que en esta ocasión están "reclamando que paren lo que ocurrió en Argentina en los últimos 20 años".

"Existen conflictos en todo el país. Son territorios desalojados por los sojeros, las mineras, los empresarios", agregó.

Aseguró que "los indígenas no tenemos más dónde recular. Ni siquiera es una cuestión de valentía, coraje ni de resistencia".

"No puede haber esta injusticia de un empresario con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene donde vivir, como lo que vivimos con el empresario Benetton", insistió.

El empresario italiano Luciano Benetton es dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuches reclaman tierras ancestrales al sostener que ellos son pueblos preexistentes al Estado argentino.

El reclamo se renueva cuando todas las miradas del país se posaron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, instalada en terrenos que compró Benetton en los años 90, y donde desapareció el 1 de agosto el joven Santiago Maldonado, solidario con la causa de ese pueblo, durante un violento operativo de la gendarmería (policía militar).

El Senado votó la prórroga de la Emergencia Territorial para los pueblos originarios

Media sanción al freno de los desalojos

La Cámara alta aprobó por unanimidad prorrogar la ley 26.160, que suspende los desalojos en territorios indígenas en conflicto hasta noviembre de 2021. Ahora la norma deberá ser debatida en Diputados. En la sesión, Pichetto volvió a hablar de una supuesta “violencia extrema" en la Patagonia y resaltó la militarización de la región chilena de la Araucanía como un ejemplo a seguir.

En las afueras del Congreso hubo una concentración para reclamar la prórroga de la Emergencia Territorial. Imagen: DyN

Con 62 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, el Senado dio la media sanción a la reclamada prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos en los territorios de los pueblos originarios que están en conflicto. En las afueras del Congreso, un acampe de representantes de cuarenta comunidades originarias se concentró para seguir el debate.

La norma había sido aprobada en noviembre de 2006 y prorrogada en 2009 y 2013. Contempla la realización de un relevamiento territorial de los lugares en donde están establecidas comunidades indígenas, que no fue completado. A once años de la sanción de la ley, sólo 459 de 1532 de las comunidades fueron relevadas, por lo que sin la prórroga, más del 65 por ciento corrían el riesgo de ser desalojadas.

Durante la vigencia de la emergencia, que ahora durará hasta noviembre de 2021, se prohíbe todo tipo de acción legal que tuviera como objetivo despojar a los pueblos originarios de las tierras en donde están instalados hasta que se complete el relevamiento.

El oficialismo, que había anticipado que respaldaría extender la Emergencia Territorial, planteó su deseo de que la nueva prórroga fuera solo por dos años y medio, algo que fue rechazado por la bancada del PJ-FpV y otros bloques opositores. Finalmente los senadores de Cambiemos acompañaron el plazo de cuatro años.

“No era para entorpecer, era una oferta para intentar mejorar. No lo comparten, no hay problema, vamos a votar los cuatro años”, expresó Ángel Rozas, hasta hoy presidente del interbloque de Cambiemos. “A lo mejor, si el Ejecutivo cumple con lo que prevé, antes de los cuatro años se pueda completar”, añadió.

Antes de Rozas expuso el titular del bloque del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, quien expresó su respaldo a la prórroga pero volvió a dedicar su discurso a la supuesta amenaza de grupos violentos en la Patagonia, a los que vinculó con los mapuches. “Hay situaciones con un grupo identificado con la violencia extrema y con el no reconocimiento al territorio nacional”, sostuvo el senador rionegrino y se refirió escuetamente a la desaparición de Santiago Maldonado, tema que recorrió la mayoría de los discursos en la sesión.

Pichetto planteó “la necesidad de saber la verdad de lo que pasó con Maldonado” y lanzó una “opinión personal”. “Para mi no hay tierra sagrada. No puede haber ningún espacio de tierra en el territorio argentino que no esté bajo las autoridades de la Argentina”, afirmó. Pidió “buscar mecanismos de pacificación” y puso como ejemplo la situación de la región de la Araucanía en Chile, que “queda bajo jurisdicción militar del Ejército chileno”. “No quiero decir que hagamos lo mismo acá, vulneraríamos la Ley de Seguridad Interior”, aclaró rápidamente, pero insistió en que “la Argentina tiene que dejar de ser ingenua”.

Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras


Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.

Soledad Quiroga

Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territorios

La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.

Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”

En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.

Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.

Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”. 

El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Marchan en Argentina para pedir la prórroga a la ley que impide desalojar indígenas


© Agencia EFE Diversas organizaciones sociales marchan hacia el Congreso argentino hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, para reclamar la vigencia de la ley que suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas. EFE

Cientos de personas se movilizaron hoy en Buenos Aires para pedir al Congreso que prorrogue la ley de 2006 que obliga a suspender los desalojos en tierras de comunidades indígenas y exigir la "reparación histórica" de estos pueblos, que enfrentan desde hace medio siglo una dura disputa territorial.

"Vinimos a levantar la voz. Porque desde hace 500 años, los pueblos originarios venimos resistiendo la conquista. Primero del imperio español, después de los estados nacionales, y todavía estamos acá", dijo a Efe Orlando Carriqueo, portavoz del pueblo Tehuelche de Río Negro, al sur del país y representante de 120 comunidades de la Patagonia argentina.

Referentes de los Mapuches, Qom, Wichis, Villela, Sanavirones y Guaraníes, entre otros, se congregaron en el centro de la ciudad con pancartas, tambores y banderas de pueblos originarios para reclamar por sus derechos y destacar que la extensión de esta norma, que vence en noviembre, es un acto de "justicia".

En concreto, la ley 26.160, aprobada en 2006 y que ya tuvo diferentes prórrogas, declaró la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspendió la ejecución de sentencias que implicaran la desocupación de esos lugares.

© Agencia EFE Diversas organizaciones sociales marchan hacia el Congreso argentino hoy, miércoles 27 de septiembre de 2017, para reclamar la vigencia de la ley que suspende los desalojos a los pueblos y comunidades indígenas. EFE

Además, ordenaba realizar un estudio sobre todo el territorio para establecer qué tierras correspondían a cada comunidad y quedaban inmunizadas ante los desalojos, pero, según denuncian los pueblos originarios, una década más tarde sólo un 30 % de ellos tiene títulos de propiedad de sus tierras.

Acompañados de organizaciones sociales, partidos de izquierda y sociedad civil, las distintas comunidades indígenas conformaron una extensa columna y marcharon hacia la sede del Congreso argentino, donde realizarán una vigilia para pedir que se extienda la ley al menos otros cuatro años más.

Carriqueo destacó que no quieren la tierra "como una mercancía", ya que para ellos "no tiene precio" y el valor reside en que su cultura depende de la tierra para desarrollarse.

En su opinión, esto colisiona con un Estado capitalista y una sociedad que no asume que hay muchas identidades dentro de Argentina "que también han construido este país".

"'Petu mogueleiñ', dice nuestra bandera: todavía estamos vivos", apuntó.

Con él coincidió Sandra Silva, werkén (mensajera, portavoz) de los mapuches Pewel Katuwe de San Rafael, provincia de Mendoza (oeste), al apuntar en una entrevista con Efe que todos sus ancestros están en esas tierras.

"Somos pueblos preeexistentes, entonces toda la historia esta ahí, no te pueden correr (echar), es como que te vayan a correr de tu casa: es imposible que lo hagan, pero lo están haciendo", denunció.

A su juicio, lo ideal sería que la ley se prorrogase indefinidamente porque "cuesta mucho" que las 2.500 comunidades que existen en el país tengan los papeles al día.

La movilización se produce después de que diputados de los principales partidos políticos del país se reunieran este martes con representantes de pueblos originarios y se comprometieran a votar la prórroga de esta ley.

La sesión especial de la Cámara de Diputados que se celebrará el próximo 4 de octubre podrá dar el visto bueno a la Ley, pero para ello necesitará también la aprobación del Senado.