Territorios comunitarios originarios, Argentina, 5 de octubre de 2017.
Diputados Nacionales
S / D
De nuestra mayor consideración,
Las autoridades, referentes y miembros de más de 26 Pueblos Originarios nucleados en el ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios), con representación en 20 provincias de Argentina, desde cada uno de nuestros territorios, a una semana de que se cumplan 525 años del inicio del despojo territorial a nuestros pueblos y a 8 años del asesinato impune de la autoridad Diaguita Javier Chocobar en el marco de un conflicto territorial, nos dirigimos a Uds. en su carácter de representantes del pueblo argentino en el Poder Legislativo, con el objetivo de manifestar nuestra preocupación por la situación de emergencia en nuestros territorios y a fin de exigir la prórroga de la Ley 26160, con vigencia hasta el 23 de noviembre de 2017.
La misma resulta imperativa en función de las razones que se detallan a continuación:
- La Ley 26160 es el único instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Si bien esta ley no detiene la violencia física, verbal y las persecuciones judiciales, políticas, mediáticas que sufrimos de forma cotidiana, la misma permite poner freno o volver atrás los desalojos hasta que el Poder Ejecutivo regularice la situación dominial de nuestros territorios.
- Esta ley instrumenta el mandato del Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce a los Pueblos Originarios la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
- La ejecución del relevamiento territorial por parte de las provincias y el INAI se encuentra demorado a causa de diferencias respecto a su implementación y a su financiamiento.
- El programa de fortalecimiento jurídico del INAI se encuentra paralizado y el presupuesto sub-ejecutado.
- El diálogo entre el INAI y las instituciones representativas de los pueblos originarios fue suspendido.
- La no aprobación de una prórroga implicaría un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los Pueblos Originarios y, en materia política, sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio.
Asimismo, requerimos que de forma urgente se dé inicio al tratamiento del anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, presentado en el año 2015 mediante expediente Nº 5985-D-2015 e ingresado nuevamente en el año 2017 mediante expediente Nº 5137-D-2017, y al anteproyecto de Ley de Consulta y Participación a pueblos originarios presentado en el mes de julio de 2014. Estas leyes son una deuda histórica del Congreso Nacional, constituyen la base de la reparación histórica a los pueblos originarios y son la condición fundamental para poner freno a los conflictos y garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.
El cumplimiento de nuestros derechos es total responsabilidad del Estado, en todos sus poderes. Su incumplimiento también.
Saludamos atentamente,
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