ENOTPO: ENOTPO: Manifiesto desde Campo Quijano, Territorio del Pueblo Tastil

6, 7 y 8 de Junio de 2014

Desde el Territorio ancestral del Pueblo preexistente Tastil, en Campo Quijano, provincia de Salta, con las fuerzas naturales de la Madre Tierra y siguiendo los caminos marcados por nuestros ancestros, que hoy confluyen en este espacio y en este tiempo, con la claridad y tenacidad de nuestras autoridades originarias, la fortaleza y compromiso de nuestros jóvenes, con las fuerzas naturales que componen nuestros Territorios, los ríos, las montañas, el viento, el sol, con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza que hacen a nuestra cosmovisión y espiritualidad, elementos que son la fuente fundamental de nuestros pensamientos, base de nuestra propia ideología y proyecto político, los Pueblos Originarios hermanados y organizados en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, decimos:

Nos convocamos en Salta, Territorio Originario, para hacernos parte de las situaciones de atropellos, maltratos y violaciones a los derechos de los Pueblos Originarios que se repiten sistemáticamente en la provincia. Acá estamos en Territorios Tastil las organizaciones territoriales que formamos este espacio político propio, el ENOTPO, conformado en la actualidad por 45 organizaciones que nuclean a 27 pueblos preexistentes y más de 1000 comunidades, con representatividad en 20 provincias, fortaleciéndonos de la lucha territorial que el Consejo de Pueblo Tastil sostiene en cada uno de sus espacios comunitarios.

Nos constituimos como un espacio propositivo de articulación de la política territorial indígena a nivel nacional con un objetivo fundamental: salir de la mera resistencia para hacernos parte con propuestas propositivas de las definiciones referentes al presente y futuro de nuestros Pueblos y sus bases comunitarias.

Tras largos años de colonización, invisibilización y paternalismos, hemos retomado la voz en primera persona y nunca más dejaremos que nuestra voz la tomen otros espacios que han oprimido y sojuzgado a nuestros Pueblos, sectores como la Iglesia que aún insisten en continuar siendo amos de nuestra espiritualidad, nuestros pensamientos y prácticas culturales. No permitiremos que partidos políticos, organizaciones sociales, gremios, sindicatos, corporaciones mediáticas, ONG’s, se apropien de nuestras demandas, propuestas y logros, interfiriendo en nuestras orgánicas. Nuestra voz colectiva emana del territorio y no permitiremos su manipulación y tergiversación.

Somos por historia y destino un Estado Plurinacional, que se nutre y se enriquece de su propia diversidad. Así como no se entiende un Estado sin territorio, en la cosmovisión de los Pueblos Originarios no existe la posibilidad de vida sin Territorio. El equilibrio de la vida reside en los conocimientos y sabidurías de nuestras culturas.

Durante siglos, nuestra identidad cultural reservada tuvo como fin la supervivencia, en resistencia pasiva, a una sociedad que no entendía los reclamos de las mayorías silenciosas, mientras esperábamos pacientemente un proceso histórico que trajera la reparación para nuestras culturas y nuestros territorios. Fuimos las multitudes sin nombre las que construimos ciudades, caminos, puentes y fuimos parte de las luchas libertarias por la Patria Grande.

Fuimos objeto de políticas proteccionistas y asistencialistas. Hoy en pleno siglo XXI, nos presentamos como sujetos de derecho público, a la luz de una Constitución Nacional que reconoce la preexistencia de los Pueblos Originarios tras años de devastación por quienes practicaban la apología de la propiedad privada, en desmedro de la libertad, y sobre todo de la dignidad humana.

Desde tiempos inmemoriales habitamos nuestros territorios, estamos ligados a la tierra que nos da la vida, nos alimenta, que nos da la fuerza espiritual que nos une de manera individual y colectiva a la misma naturaleza. Somos la historia, el presente y el futuro de un Estado que debe reconocerse así mismo como Plurinacional y diverso en razón de una realidad innegable de su propia población.

Denunciamos ante la sociedad en general un hecho más de atropello y avasallamiento de nuestros derechos comunitarios, ocurrido en la Comunidad Valle del Sol del Pueblo Tastil, contra nuestra hermana Andrea Quipildor de Sara, quien sufrió el desalojo forzoso y la demolición de su casa, en la que vivió siempre y donde nacieron sus hijos. Este hecho de violencia fue perpetrado por el terrateniente francisco jovanovics quien ha realizado diversas acciones de atropello contra doña Andrea y su familia, entre ellas el desmonte del territorio, la instalación de una casilla en un espacio que desde siempre fue destinado al pastoreo de los animales, la obstrucción de caminos internos y la destrucción de acequias dejando a la familia sin agua. jovanovics se apoya en sus vínculos políticos y judiciales a nivel local y provincial, que le dan cobijo y protección, y se pasea impunemente con armas de guerra por el territorio Tastil. Estos hechos son algunos ejemplos de los tantos que violan y desconocen los derechos fundamentales de los Pueblos Originarios por parte del Estado provincial y el poder judicial.

Denunciamos la desprotección de nuestros derechos y la complicidad de los distintos poderes del Estado con los intereses especuladores y mercantilistas de empresas y particulares, saqueadores de nuestros bienes naturales, haciendo negocio en nombre del “desarrollo y el progreso” y destruyendo nuestros territorios mediante la imposición de un modelo ajeno a la idiosincrasia y cultura de nuestros pueblos.

Denunciamos la explotación turística sistemática, la especulación inmobiliaria, los mega-proyectos mineros y los emprendimientos de patrimonialización de nuestros territorios y sitios sagrados. La pretendida Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Qapaj Ñan (conocido también como camino del inca o camino andino), involucra a seis Estados que pretenden avanzar sobre nuestros Territorios Comunitarios sin un procedimiento correspondiente de Consulta a los Pueblos Originarios. Ya conocemos la experiencia de lo sucedido en la Quebrada de Humahuaca luego de su patrimonialización, donde la ganancia económica de unos pocos primó en detrimento de nuestros derechos territoriales y desarrollo local.

De la misma manera denunciamos la actividad pseudo deportiva del Rally Dakar, responsabilizando a los organizadores del evento y a los organismos que avalan esta actividad. Denunciamos la destrucción y contaminación ambiental de los territorios y los sitios sagrados ante la intromisión violenta de motos, cuatriciclos, autos y camiones de los distintos equipos que se hacen parte de esta actividad. A esta invasión se debe sumar como agravante en el deterioro de los territorios, el séquito de auspiciantes, patrocinantes, corresponsales y seguidores que acompañan esta elitista y exótica carrera.

Exigimos a los poderes ejecutivo y legislativo la adecuación y actualización de la Ley provincial Nº 7121, mediante el reconocimiento formal de los Pueblos preexistentes Atacama, Tastil, Iogys, Lules y Weenhayek, quienes antes de la conquista de la actual Provincia de Salta, ya habitaban en estos territorios ancestrales. Desde nuestras identidades hemos aportado a la diversidad, a la solidaridad, a la esencia misma de la identidad del salteño, del argentino, como así también desde nuestras voces y toponimias que hoy señalan una región, una tonada y una identidad amalgamada de culturas originarias y criollas. El Estado debe reconocer, no solo la existencia de los Pueblos Tastil, Lules, Atacama, Iogys y Wennhayek, sino también su derecho a participar en las políticas públicas, indígenas y no indígenas, a ser consultados y participar de todos los asuntos que influyan en su vida, sus instituciones tradicionales y entidades jurídicas, su derecho a la autonomía y libre determinación, de poder decidir hacia donde dirigir su desarrollo integral, en salud, educación, buen vivir.

Denunciamos la ejecución inconsulta de la Ley Nº 26331 de protección de Bosques Nativos y exigimos el inicio inmediato de un proceso de consulta legítimo con la participación de los Pueblos Originarios, principales afectados por dichas políticas. Estas acciones niegan nuestros derechos constitucionales y violan el mismo derecho de preexistencia de nuestros Pueblos en tanto sujetos de derecho. Exigimos a la Secretaría de Ambiente de la Nación el freno de los desmontes hasta que se garanticen los procesos de consulta y obtención del libre consentimiento previsto por leyes superiores.

Entendemos que es urgente profundizar la reforma del Poder Judicial y la democratización de cada de uno de sus órganos para poder así efectivizar nuestros derechos. Para tener una justicia plural, que permita el acceso real, nuestra voz debe ser escuchada, y los cambios en el sistema judicial deben ir acompañando el reconocimiento de nuestra cultura e institucionalidad. ¿Cómo es posible que después de cinco años aún no haya justicia por Javier Chocobar y que sus asesinos sigan libres hostigando a la comunidad? ¿Cómo es posible que los atacantes de Andrea Quipildor gocen de total impunidad y recorran libremente el territorio cargados con armas de guerra? ¿Cómo es posible que las fuerzas de “seguridad” encubran a estos asesinos? No es justo que los Pueblos Originarios tengamos que recorrer los pasillos de una justicia conservadora y homogeneizante. Nuestra diversidad y pluralidad cultural debe ser reconocida y respetada en los procesos y en las decisiones del Poder Judicial.

Reafirmamos como Pueblos y Naciones Originarias la vigencia y el reconocimiento de nuestro derecho consuetudinario y la posesión territorial, el vínculo y las prácticas de respeto y armonía con nuestros Territorios, buscando reestablecer el equilibrio natural de nuestros espacios ancestrales. Esta acción es la base fundamental de nuestras definiciones políticas culturales. Es imprescindible que las leyes se adecuen a este proceso y garantizar la posibilidad de desarrollarnos en nuestra institucionalidad propia, en nuestra relación con la naturaleza, con nuestros valores económicos y sociales, en un equilibrio con el entorno, respetuoso de la fuerza de nuestra madre naturaleza y con todos los seres vivos, garantizando el Buen Vivir de los Pueblos en reciprocidad y complementariedad.

Asumimos en el marco de este diálogo intercultural la responsabilidad de tomar los espacios en los órganos de gobierno en donde la presencia indígena es esencial en el camino de la construcción de un Estado Plurinacional. Resultado de esto es la presencia indígena en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas en el INAI y la Dirección de Pueblos Originarios en la Secretaria de Agricultura Familiar. En este sentido para poder avanzar el INAI debe ser una institución política, económica e institucionalmente jerarquizada, con un gobierno pluricultural y con plena participación indígena garantizada a través de la presencia de los representantes legítimos de los Pueblos Originarios en la conformación de las áreas que lo integran.

Tenemos que se parte de la reconfiguración de los actores políticos en la estructura del Estado, en este sentido las provincias no pueden seguir constituyéndose en un dique que impide el efectivo cumplimiento de nuestros derechos en los territorios. Los Pueblos Originarios somos sujetos políticos preexistentes, las provincias están obligadas por la Constitución y el marco normativo a reconocernos como tales y ser los garantes de nuestros derechos.

Reconocemos y valoramos los avances generado por el Gobierno Nacional en materia de Derechos Humanos, asignación universal por hijo, búsqueda de la distribución de la riqueza. Esta política nos ha permitido identificar a los grupos económicos del “campo terrateniente”, las oligarquías y los feudalismos provinciales quienes han arrebatados nuestros territorios y los medios que operan generando falsas informaciones, mintiendo y pretendiendo confundir a la opinión pública sobre nuestra realidad territorial.

Declaramos como Pueblos Originarios que hemos acompañado este proceso incluyente, pluralizando la participación, sin embargo apostamos a que este proceso tenga el coraje de profundizar el modelo y avanzar hacia un Estado Plurinacional. Que establezca reales relaciones de reciprocidad y complementariedad que nos contemple y participe plenamente a todos los sujetos políticos del país, por ello es primordial que haya un diálogo fluido y permanente entre los Pueblos Originario y el Estado.

Nuestro desafío es construir juntos lo que falta, para lo cual es perentorio profundizar el diálogo político con nuestras organizaciones territoriales, la plena aplicación del derecho a la consulta previa y participación, y establecer la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, entre otras medidas urgentes.

Somos Sujetos Colectivos y tenemos la capacidad de construir las políticas de Estado necesarias para nuestras demandas y derechos territoriales. Nuestras organizaciones profundizarán sus acciones en defensa de nuestros territorios con la firme decisión de asegurar nuestra presencia en las agendas políticas de los gobiernos. Queremos vivir en paz en nuestros territorios y para ello necesitamos las herramientas jurídicas, la fortaleza política y el apoyo de toda la sociedad y el Estado.

Por una construcción colectiva que NUNCA MÁS, en ningún territorio del país, un originario tenga que sufrir lo que vivió Andrea Quipildor.

Una vez más exigimos JUSTICIA por Javier Chocobar, asesinado por un terrateniente el 12 de octubre de 2009 por defender su Territorio ancestral en la provincia de Tucumán.

¡JAVIER CHOCOBAR VIVE EN LA LUCHA DE NUESTRAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES!

¡POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!