ENOTPO 2009 – 2021

La gestión indígena en manos de los Pueblos Originarios

“Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado Argentino: una política de Interculturalidad para la construcción de un Estado Plurinacional"

Mayo 2010

PROPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES ORIGINARIAS EN EL MARCO DEL BICENTENARIO

Esta propuesta se enmarca en los derechos políticos a la libre determinación como expresamente lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el excepcional marco jurídico federal que instaura la Constitución Nacional de 1994 y el Convenio 169 de la OIT.


Propuestas de Política Pública Intercultural

• Restitución de los Territorios indígenas tradicionales. Ley de la Propiedad Comunitaria e implementación de la Ley 26160.
• Reglamentar el Libre Consentimiento Previo e Informado que reconozca a las Organizaciones indígenas mediante la apertura del registro de organizaciones de segundo grado, como interlocutores para la participación y consulta según lo establece el Convenio 169 de la OIT.
• Crear un Ministerio Intercultural de Pueblos Originarios con participación real y legítima de los Pueblos Originarios, sus organizaciones territoriales y comunidades, con facultades para aplicar el LCPI y para articular en forma transversal con otras áreas del Estado que tengan políticas para Pueblos Originarios.
• Reconocer los territorios indígenas tradicionales como espacios culturales y con soberanía sobre el subsuelo, suelo y espacio aéreo.
• Planificar y ejecutar un programa de “Planes del Buen Vivir” para las organizaciones de los Pueblos Originarios.
• Reconocimiento y Fortalecimiento de la Educación Indígena Autónoma de los Pueblos Originarios.
• Crear una Universidad Autónoma de Pueblos Originarios con planes de formación de conocimientos ancestrales, cosmovisión, culturas, historias, costumbres, espiritualidad.
• Articular programas de Salud Intercultural respetando la medicina tradicional de los Pueblos Originarios.
• Propiciar la participación indígena en el poder ejecutivo, legislativo y judicial a través de una ley de cupo.
• Incorporar la agenda legislativa de los Pueblos Originarios incluyendo la creación de fondos para estas iniciativas que se incorporen en el tratamiento de la Ley de Presupuestos anual.
• Crear un área de desarrollo del derecho indígena a la Comunicación con Identidad en articulación de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
• Restitución de la palabra pública a través de la implementación de la Ley de medios Nº26522. Radios AM, FM y Canales de Tv en los Territorios
  

Propuestas de reconocimiento cultural e histórico

• Propiciar el reemplazo de los símbolos, nombres de calles, monumentos, billetes, etc. que exalten el genocidio cometido contra nuestros pueblos y reemplazarlos por otros que representen la diversidad cultural, nuestros/as héroes, nuestros/as mártires.
• Eliminar todo monumento o nombre, que glorifique a los invasores genocidas españoles y sus crímenes sin par.
• Instituir calendarios indígenas en el que se respeten las fechas ceremoniales, con igualdad de derechos que el calendario católico u occidental.
• Incorporar los símbolos de los Pueblos Originarios en las Instituciones estatales.
• Igualdad de status de las cosmovisiones, creencias y religiones de los pueblos originarios.
• Otorgar a los idiomas originarios el mismo nivel que al castellano, oficializando y legalizando su uso en provincias donde existe el pluralismo lingüístico.
• Crear espacios de la memoria por el genocidio y etnocidio a nuestros pueblos como Política transversal de DDHH.
• Generar programas de derechos humanos que investiguen y reparen el genocidio hacia los pueblos originarios.

COLOMBIA: Urge apoyo internacional para asegurar garantías para la vida, la protesta social y los Derechos Humanos en Colombia

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA- ONIC

por Willander Pushaina
en Comunicados ONIC 06 Mayo 2021


Bakatá, 5/05/2021. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia - Autoridad Nacional de Gobierno Indígena después de 8 días de iniciados el Paro Nacional, hacemos un llamado URGENTE a la comunidad internacional, a los hermanos y hermanas del Abya Yala y a los demócratas del mundo, para que continúen manifestando públicamente y a través de los canales diplomáticos respectivos su preocupación por los hechos que constatan los múltiples hechos de violencia e intercedan ante el gobierno colombiano, para que cese el tratamiento de guerra que se le está dando a la protesta social, al tiempo que solicitamos se refuercen las misiones de verificación que permitan levantar información veraz sobre la vulnerabilidad y las múltiples afectaciones a los Derechos Humanos a la vida y la integridad de todas y todos los colombianos y convocarlos a que apoyen los esfuerzos que nos permitan fortalecer y nutrir la articulación y coordinación entre diferentes procesos sociales, hoy, en resistencia.

Diferentes plataformas de Derechos Humanos y también el informe de la Defensoría del Pueblo dan cifras escalofriantes, en la mayoría de los casos producto del abuso de la fuerza contra los manifestantes: 19 personas fallecidas, 18 de ellas civiles por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD y más de 400 personas heridas, además se reporta un millar de personas detenidas que han denunciado agresiones, tortura, violencia sexual y de género entre otras vulneraciones a los derechos humanos, 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Hemos sufrido desde hace más de 60 años los rigores de la guerra, además de las afectaciones que, en todos los sentidos deja la pandemia, ahora vemos con dolor como todo el país se convierte en víctima, porque lo que está amenazada es la democracia.

Colombia es una sociedad que le ha apostado a la paz, los hechos de vandalismo que se han presentado durante la protesta no nos representan, pero tampoco podemos aceptar la falta de empatía de este gobierno y su incapacidad para entender que la desigualdad, el hambre y la pobreza conllevan también a la desesperación y a la desesperanza y mucho menos naturalizar que la respuesta a estos hechos sea la violencia estatal. Siendo los pueblos y naciones indígenas uno de los actores más decididos en la construcción inequívoca de una sociedad en paz, incluyente, democrática y con justicia social y así como uno de los sectores más violentados desde la firma de los acuerdos de paz a la fecha, tenemos la autoridad moral y la legitimidad social para:

EXIGIR la desmilitarización de las ciudades como requisito indeclinable para que se abra un verdadero diálogo social, que debe convocar a todas las organizaciones y sectores que han participado en este Paro y que conlleve a lograr que este gobierno escuche a quienes hoy levantamos reivindicaciones justas contra la reforma tributaria, la reforma a la salud, la implementación de los acuerdos de paz y el desmonte de los derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada y las consultas populares con las cuales muchos territorios están defendiendo el agua y la biodiversidad del país, entre otras.

DENUNCIAR la brutalidad policial y el conjunto de las violaciones de derechos humanos que se están presentado durante el Paro Nacional, exigiendo al Congreso de la República, a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que actúen en el marco de sus deberes constitucionales y legales, e investiguen todos los hechos que enlutan la vida de los colombianos y colombianas y que corroboran la urgencia de una profunda reforma que desmonte la Doctrina de Seguridad Militar según la cual el pueblo es un enemigo interno.

RECHAZAR la anunciada declaratoria por decreto de un “Estado de Conmoción Interior” que sólo refleja la incapacidad del gobierno para construir un verdadero proceso de paz y favorecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, es la guerra y la crisis social, ambiental, económica, humanitaria y política lo que está en la base del profundo descontento social que mantiene al pueblo movilizado a pesar de la incertidumbre que pesa sobre nuestros derechos democráticos y civiles



ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA- ONIC

¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ NUNCA PARA LA GUERRA!
#5MParoNacional
#SOSPueblosIndígenas

Publicado: https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4228-urge-apoyo-internacional-para-asegurar-garantias-para-la-vida-la-protesta-social-y-los-derechos-humanos-en-colombia

ES NECESARIO UN ESTADO PLURINACIONAL NO UN ESTADO COLONIZADOR

 ENOTPO - Argentina, Abril 2021.

A 529 años de la llegado del usurpador y colonizador a nuestros territorios, refrendamos nuestra condición de Pueblos Naciones Originarias, Sujetos de derecho colectivo, preexistentes a las colonias y a los Estados.

Lxs colonizadores y la oligarquía pretende continuar llamándonos “indígenas”, “aborigenes”, “campesinos/as”, “indios/as”, “pobres”, “marginales”, para no reconocer nuestra preexistencia  milenaria como pueblos y naciones originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, territorialmente organizados en más de 2000 bases y comunidades comunitarias, representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias.

Denunciamos la violación sistemática de nuestros derechos como pueblos originarios preexistentes por parte del Estado argentino.

El Estado argentino a través de su gobierno nacional y popular pretende violar nuestros derechos constitucionales a la Consulta y a la Participación, este accionar nos demuestra que continúan sosteniendo una política racista y discriminatoria hacia los pueblos y naciones originarias.

Hoy se continúa profundizando una política colonial y paternalista de  vulneración de nuestros derechos colectivos como pueblos preexistentes, la cual implica un alto grado de discriminación, racismo y xenofobia hacia nuestros Pueblos, hacia nuestras instituciones ancestrales y nuestras culturas milenarias, donde se invisibiliza la base plurinacional de nuestro país y la realidad de los Pueblos Originarios, la cual es transversal a todas las instituciones y áreas del Estado (salud, educación, ambiente, agricultura, economía, desarrollo, cultura, comunicación, etc).

El Estado con su accionar inconsulto y arbitrario, ataca la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias, replicando prácticas colonialistas, feudales, xenófobas y discriminatorias, actuando de manera totalitaria con los Pueblos Originarios, negando al Sujeto de Derecho Colectivo.

Que el Estado argentino designe a un NO Originario u Originaria a cargo de la aplicación de los derechos y las políticas públicas de los Pueblos Originarios es racismo y discriminación, es perpetuar la colonización, es poner al zorro en el gallinero o un puma en el corral de ovejas, es resucitar y replicar las políticas de lxs Colón, lxs Cortéz, lxs Pizarro, lxs Roca, lxs Videlas, , , en desmedro de los derechos colectivos de los Pueblos.

No se nos ocurre ver al gobierno nacional y popular designando a un/a represor/a a cargo de las políticas de derechos humanos, o a un “machirulo” a cargo de las políticas de género, o a un esclavista a cargo de las cuestiones afrosdescendientes, es URGENTE REPARAR de una vez y para siempre esta práctica racista hacia nosotrxs los Pueblos Originarios.

Resulta urgente atender los conflictos emergentes en los territorios y superar las pandemias de la gestión anterior, que ha desguazado y paralizado la política intercultural indígena desde diciembre de 2015, pandemia que violó sistemáticamente nuestros derechos, persiguiendo, hostigando y atropellando a nuestrxs referentxs, persiguiendo y desapareciendo a nuestro wenvy Santiago Maldonado, reprimiendo y matando a mansalva al weichafe Rafael Nahuel.  Con la complicidad de lxs servicios, del consultivo de turno y de un sector elitista de la justicia que multiplico por cientos las causas persecutorias a nuestras familias y miembrxs. La derecha no fue tibia para avanzar en el saqueo de nuestros territorios, el desguace, el endeudamiento y la entrega del País.

Desde el ENOTPO sostenemos que la reparación histórica hacia los Pueblos Originarios, para que sea real, concreta y efectiva, debe incluir indefectiblemente:

LA RESTITUCIÓN Y TITULACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS COLECTIVOS

1. La promulgación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Sólo a través de una ley como esta se hará efectiva, en forma de título de propiedad comunitaria, la posesión reconocida a través de los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160. Hay dos aspectos clave que debe tener en cuenta una ley como esta. Una es la diferencia entre tierra (entendida como una extensión o porción de suelo, como un inmueble alienable y factible de ser negociado) y territorio (entendido como un espacio vital cargado de sentidos, memorias y vínculos históricos, culturales y espirituales). Los Pueblos Originarios y nuestras comunidades tenemos derecho a obtener la propiedad de nuestros territorios, que son estos espacios cultural e históricamente significativos. En segundo lugar, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena debe enfatizar que las tierras tituladas no serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.  Es de suma importancia y urgencia llevar adelante la titulación de los territorios comunitarios a fin de resolver las injusticias históricas que se han cometido contra los Pueblos Originarios. La titulación de las tierras no sólo evitará los conflictos, sino que permitirá a nuestros pueblos y comunidades desarrollarnos con identidad y alcanzar el ideal del Buen Vivir.

2. El otorgamiento de otras tierras aptas y suficientes. Los Pueblos Originarios somos pueblos dinámicos y, como cualquier otro colectivo social, nuestros intereses y necesidades van cambiando con el tiempo. Es por esto que un proceso de reparación histórica debe tener en cuenta la necesidad de otorgar, tal como lo estipula la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 17, otras tierras aptas y suficientes que nos permitan sostenernos y desarrollarnos.

3. La lucha activa contra los prejuicios y la discriminación a los que somos sujetos los Pueblos Originarios. El Estado debe realizar una campaña educativa orientada a sus áreas, funcionarios y a la sociedad civil a fin de que se conozca y concientice sobre el marco de derecho indígena en Argentina y se trabaje en pos de eliminar los estereotipos y estigmas que existen en nuestro país sobre los Pueblos Originarios, tal como que somos pueblos extintos, campesinxs, extranjeros, o subversivos. A través de un trabajo como este se reducirán las persecuciones, la negación de nuestros derechos y la violencia simbólica, jurídica y física que aún se ejerce sobre nosotros, y alcanzaremos el reconocimiento de nuestras voces e identidades, tal como lo afirmó el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones en el parlamento.

4. La elaboración y promulgación de una ley de consulta. La consulta es el derecho que tenemos los Pueblos Originarios a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de nuestras instituciones representativas, cada vez que se planifiquen y se piensen tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarnos directamente. Es decir, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten de alguna manera nuestros derechos en aspectos como nuestras condiciones de vida, instituciones, desarrollo económico, social y cultural y nuestro bienestar espiritual, así como las tierras y territorios que ocupamos o utilizamos de alguna manera, el Estado debe garantizar que se realice un proceso de CONSULTA con los Pueblos Originarios, a través de nuestras instituciones representativas.

5. Garantizar nuestra participación. Los Pueblos originarios debemos ser incluidos como participantes activos en todos aquellos aspectos que nos incumben y nos afectan, tal como la elaboración leyes y políticas públicas y la gestión de los recursos naturales y culturales que se encuentran en nuestros territorios.

Por ello, como organizaciones territoriales de Pueblos Originarios, EXIGIMOS LA DEROGACIÓN del Decreto simple del PEN Nº 672/16 y que el Estado a través de los organismos correspondientes garantice una CONVOCATORIA real, con la PLENA PARTICIPACIÓN de los más de 40 PUEBLOS ORIGINARIOS en el país, a través de sus instituciones representativas con sus Autoridades territoriales, para restablecer el diálogo entre el Estado y los Pueblos Originarios, estableciendo una agenda de política pública para los pueblos originarios basada en las prioridades reales de nuestros territorios.

Reafirmamos nuestra Preexistencia Identitaria, Cultural y Territorial, la cual se refleja en el Derecho Colectivo y en la jurisprudencia, el Estado tiene la obligación de respetarlo, hacerlo cumplir y no puede omitirla bajo ningún punto de vista.

Somos los Pueblos Originarios los únicos interlocutores válidos para definir nuestros destinos y nuestro devenir cultural, nuestra voz y nuestra institucionalidad es irreemplazable.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio.

ENOTPO

 

Contacto Prensa: 2604657071

Acompañamientos - Adhesiones: encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

 

Pueblos Originarios y ecología

Existen profundas diferencias entre la manera en que la sociedad moderna occidental, capitalista y los Pueblos Naciones Originarios nos relacionamos con la Naturaleza. En el primer caso, la Naturaleza ha sido vista como algo externo y separado de las personas, posicionándose a las personas, sus ciudades y su “civilización” por un lado y a la Naturaleza por otro. La Naturaleza fue transformada así en un objeto o una fuerza que era necesaria conocer a través de la ciencia positiva, para así poder controlar, o al menos predecir su comportamiento, y sacar provecho de ella. Desde la perspectiva de la modernidad occidental, la Naturaleza es una fuente de recursos necesarios para sostener el sistema en funcionamiento y, simultáneamente, generar cuantiosas ganancias. En este contexto, el término que caracteriza la relación entre los humanos y la Naturaleza es el de explotación. La Naturaleza es algo que se explota ilimitadamente a fin de obtener sus variados recursos y, de este modo, beneficios monetarios para las arcas de algunos pocos. Esta idea y este sistema nos han llevado a una crisis ecológica sin precedentes en la historia de la humanidad, la cual muchos se niegan a ver. ¡La Madre Tierra está exhausta y se manifiesta!

Los Pueblos Originarios consideramos que no hay una separación entre las personas y su entorno natural. Lo que existe es una totalidad territorial en la que conviven personas y una variedad de entidades y fuerzas no-humanas, entre las que se incluyen la Madre Tierra (Pachamama, Mapu, Paata Hoyri, Mapu, etc.), las montañas tutelares, los árboles, los animales, el guardián del río, el guardián del bosque, los ancestros, entre otros. Cada una de estas fuerzas animadas debe ser tratada con respeto, cuidado y afecto ya que contribuye con la dinámica del territorio y aporta sus bienes para el desarrollo de la vida humana. Los Pueblos Originarios siempre hemos sido considerados con los otros seres con los que convivimos en el territorio y que la sociedad moderna occidental generaliza como Naturaleza. Estos seres no son considerados objetos a disposición de las comunidades indígenas y sus necesidades, sino que son vistos como sujetos de derecho con los cuales se debe mantener una relación armónica y de respeto. Es por ello que ofrendamos, agradecemos y pedimos permiso para obtener algo del territorio, ya sea leña para calentarnos o para cocinar, sedimento para confeccionar ladrillos de adobe, una planta medicinal en las alturas de los cerros o agua para nuestros campos de cultivo. A diferencia de la relación de explotación que el sistema capitalista ha entablado con la Naturaleza, los Pueblos Originarios hemos desarrollado ancestralmente una relación de reciprocidad con el entorno natural en el que habitamos o, desde nuestra cosmovisión, con las fuerzas no-humanas que residen en los territorios y que son nuestras benefactoras. Para obtener se debe dar. Para sacar se debe pedir. Para disfrutar se debe agradecer.

Nuestra búsqueda siempre ha sido el equilibrio y la armonía del territorio, y nunca la explotación desmedida. Es este el principio de Buen Vivir que reivindicamos los Pueblos Originarios: proyecto colectivo y solidario de conexión con la Naturaleza a fin de mantener el fluir armónico de la energía vital del territorio y alcanzar el beneficio de todos, humanos y no-humanos, y no el de unos pocos. Para convivir bien y no para vivir unos mejor que los otros, o en detrimento de los otros, ya sea otras comunidades humanas o nuestra Madre Tierra. Es por esto que desde el Buen Vivir los Pueblos Originarios rechazamos la visión utilitarista dominante de la Naturaleza como subordinada al humano y como una entidad fragmentada y reducida a recursos naturales, y proponemos una ética basada en el respeto, cuidado, armonía, complementariedad y reciprocidad como principios que guíen nuestra relación con la Madre Tierra. Sólo así lograremos el bienestar colectivo.

Tod@s los/las Pueblos Naciones Originarias en América hemos construido sistemas productivos propios, de acuerdo a los mandatos filosóficos y a una propia cosmovisión, en una relación territorial armónica, recíproca y comunitaria con el territorio que se habita, donde tiempo y espacio se unifican para la siembra, cosecha y acopio. Desarrollando sistemas diversificados de cultivo mediante el aprovechamiento de los suelos, terrazas o subsuelos. El acto de sembrar y cosechar, así como también el de cazar o pastorear, está ligado a una relación espiritual que se nutre de conocimientos y saberes milenarios.

Hoy nuestras actividades están vivas en cada territorio, con las distintas formas de preparación del suelo, nutrición, siembra, cultivo, raleo, la actividad de trashumancia y reposo de un determinado espacio en época de verano a otoño donde cada familia lleva adelante la práctica de la medicina, la cosecha y la recolección de frutos, que son alimento para el cuerpo y el espíritu, ofrecidos también para la celebración de cada ciclo agrícola. Esto es lo que nos distingue y nos da identidad como Pueblos Naciones preexistentes a los Estados.

El proceso de producción es colectivo, es comunal, y parte de acuerdos entre quienes mayor conocimiento tienen sobre los frutos o semillas y sus diferentes usos, y tienen la capacidad de identificar y disponer si estos frutos o semillas serán empleados para el alimento, la resiembra o el almacenamiento en periodos largos, o si serán orientados al uso ceremonial. Los frutos adquieren importancia alimentaria comunal y sagrada, pues se ofrendan a los protectores de cada elemento natural, en cada sitio, para el equilibrio corporal, emocional, mental y espiritual de las familias en el territorio.

La capacidad de producir, almacenar e intercambiar semillas propias para mejorar la alimentación y nutrición de nuestra gente está asociada al concepto de Buen Vivir, el cual se nutre de principios y normas propias que provienen del territorio. Estos principios y normas están indicadas para no enfermar el territorio o a las personas; es decir, para no entrar en desequilibrio ni con el territorio, ni con la familia, ni con la comunidad, ni con el pueblo. Nuestra medicina vive en el territorio, por lo tanto, parte del proceso de sanación o alivio de los padecimientos de las personas se relaciona proporcionalmente con el tipo de alimentación que provee el territorio. Es necesario que las semillas sean patrimonio colectivo y no de las grandes multinacionales y/o laboratorios, entendiendo a la semilla como un bien cultural y de soberanía alimentaria para los pueblos.

Es necesario que el Estado y sus gobiernos apliquen de manera inmediata y responsable el Derecho Indígena para la restitución de lo nuestro en los términos establecidos por la Constitución Nacional y el Convenio 169 OIT. En cumplimiento del marco de Derecho Indígena vigente, el Estado y sus gobiernos deben garantizar: 

1. nuestra participación en la gestión de todo aquello que nos afecte directa e indirectamente, 

2. el acceso a territorios aptos y suficientes para el Buen Vivir de los Pueblos Originarios, 

3. la protección y resguardo de nuestros bosques, nuestras vertientes y ríos, nuestros cerros y salares, nuestro alimento y nuestra medicina; y, por sobre todas las cosas, 

4. la restitución, posesión y propiedad comunitaria de nuestros espacios territoriales ancestrales y vitales, espacios que nos garantizan poder continuar desarrollando nuestras prácticas ancestrales y sustentables en el tiempo.

Nuestra madre tierra nos habla desgarradoramente. Este alarido debe despertar conciencias, movilizar espíritus y convocarnos colectivamente para construir juntos nuevos paradigmas de vida. En estos tiempos de caos que Occidente nos impone, es necesario caminar hacia un mundo de equidad, de hermandad y respeto por cada elemento de la naturaleza, conviviendo recíproca y complementariamente. En estos tiempos de pandemias, crisis social, política y económica que desmoronan los paradigmas impuestos por el mundo occidental, tenemos la oportunidad de frenar el saqueo, la contaminación y la explotación territorial, retomando caminos y legados ancestrales, para retornar a tiempos de libertad, de paz y de Buen Vivir, promoviendo el infinito circular de las vidas.

Desde lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, seremos nuevamente los Pueblos Originarios los guardianes de la vida planetaria, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio

¡Restitución de nuestros Territorios!

¡Consulta Libre, Previa e Informada!

¡Ley de Propiedad Comunitaria Indígena!

¡El Agua es Vida! Protección de nuestros humedales, lagunas, lagos y ríos.

Fortalecimiento de los usos ancestrales de las semillas frente a las pandemias.

Delimitar Territorios del Buen Vivir, libres de transgénicos y agrotóxicos.

encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

http://enotpo.blogspot.com/2020/06/hacia-el-buen-vivir.html

 

PUBLICADO EN REVISTA IMPRESIONES: https://drive.google.com/file/d/12H4vkUU8muP931ZkJm_9T4ay3TjHRC8S/view

Revista de la editorial de la imprenta del Congreso de la Nación.

Tartagal, Salta: Pueblo Wichí denuncia desmonte ilegal en sus territorios

La comunidad Territorios Originarios Wichi se ubica en Tartagal, al norte de la provincia de Salta, específicamente a 3 kilómetros hacia el interior de la ruta nacional 86, a la altura del kilómetro 6.
Esta comunidad de monte presenta una forma de vida caracterizada por la cercanía con su entorno natural, siendo sus habitantes, en especial, el cacique Juan de Dios López, un sabio conocedor y guardián del monte nativo.
Mediante una huerta comunitaria se abastecen de alimentos y recorren cotidianamente el monte, desarrollando acciones de reforestación, injertos, entre otras, que son manifestaciones del cuidado e importancia que le brindan a cada especie de árbol que se encuentra en su territorio comunitario.
La problemática del desmonte en la zona se remonta a fines de la década de 1990, cuando comienza un paulatino proceso de ampliación de los emprendimientos agrícolas y forestales.
Puntualmente, en el caso de la comunidad Territorios Originarios Wichi, desde 2017 comenzaron a sufrir un intenso proceso de tala y depredación del monte, estando en la actualidad al borde de ser cercados por emprendimientos sojeros y/o madereros.
Desde ese momento, la comunidad dio inicio a un proceso de resistencia, mediante diferentes acciones, tanto jurídicas como comunicacionales, con el acompañamiento de la organización de mujeres indígenas ARETEDE y Radio Comunitaria La Voz Indígena.
Han presentado denuncias a la policía en diferentes ocasiones desde 2017, llegando en 2018 a presentar una denuncia incluso en la Fiscalía Penal. Ese mismo año se solicitó la intervención de la Secretaría de Ambiente, la cual constató la tala a través de una visita y la elaboración de un acta.
El acta de inspección N° 042-000942 realizada por la Secretaría de Ambiente el 6 de septiembre de 2018 manifiesta lo siguiente: “la Policia Rural y Ambiental N°4 de la localidad de Tartagal, habiendo constatado la existencia de ejemplares cortados de cébil y palo blanco en las coordenadas geográficas referidas”. De este modo, se pudo verificar la existencia de tala en el territorio comunitario.
La comunidad fue relevada por el Equipo Técnico Territorial previsto por la Ley de Ordenamiento Territorial 26.160 en diciembre de 2016, a fin de reconocer sus territorios comunitarios. Finalmente, luego de una larga espera, el 10 de marzo de 2021, técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hicieron entrega de la carpeta técnica territorial, mediante la resolución 2019/58, que reconoce 593 hectáreas de posesión comunitaria correspondiente al uso tradicional, actual y publico del territorio.
La mencionada resolución resuelta por el INAI, establece que “se reconoce la ubicación actual, tradicional y pública, de la comunidad Territorios Originarios Wichi, perteneciente al pueblo Wichi, ubicada en el departamento San Martín, provincia de Salta, respecto de la superficie georeferenciada”.
Como consecuencia de la intensa resistencia de la comunidad y del acompañamiento brindado por la organización ARETEDE y el equipo de apoyo técnico de dicho colectivo, se inició un proceso de litigio judicial contra el desmonte, el cual el 30 de diciembre de 2019 arrojó su primer resultado positivo: la medida cautelar de prohibición de innovar.
Esta medida tomada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Tartagal, establece “hacer lugar a la medida cautelar, y, en consecuencia, ordenar, previa caución personal, la prohibición de innovar, debiendo los demandados y/o a quienes estuvieran realizando los actos turbatorios, suspender la ejecución de los mismos, y de todas aquellas actividades, acciones que alteren o modifiquen la situación de hecho en el territorio”.
Asimismo, se deja sentado que los actos turbatorios denunciados consisten en la “tala del bosque nativo, colocación de alambrado, ingreso de ganado vacuno”.
A pesar de todas estas medidas y denuncias realizadas, la situación en el monte no ha mejorado. En el año 2020, una comunidad que se asienta en las 593 hectáreas reconocidas se vio amenazada por una empresa sojera, la cual busca instalarse en el mismo territorio.
Este año, la comunidad Territorios Originarios se enfrenta nuevamente a la tala del monte y al ingreso de camiones que se llevan gran cantidad de especies consideradas invaluables para la comunidad, puesto que los árboles, animales y demás componentes del monte, son para ellos integrantes de sus vidas como comunidad wichi. Es decir, que no son un ente inanimado, todo lo contrario, son seres con los que comparten la vida y que tienen una existencia más allá de la separación entre naturaleza/cultura.
Debido a la resistencia que la comunidad y el equipo de acompañamiento oponen a la depredación del monte, tanto los integrantes de la comunidad como una compañera antropóloga han sido amenazados por diferentes personas cercanas a los emprendimientos madereros y sojeros. Estos hechos han sido denunciados también ante la policía.
La tala indiscriminada y el perjuicio ocasionado en la comunidad puede resumirse en los siguientes aspectos:
1- En la consecuencia directa sobre la producción comunitaria y actividades tradicionales, para las que el monte es elemental en función de la continuidad de los mismos. Teniendo en cuenta la intensidad de la actividad maderera, la comunidad se ha dedicado a tareas de reforestación, pero cada vez más talan arboles pequeños que la misma comunidad ha sembrado.
2- Por la importancia cultural y simbólica de los alimentos del monte que impactan en la reproducción socio- organizativa del pueblo Wichi.
3- Por el acceso al conocimiento de medicina tradicional, asociado a antiguos conocimientos de los Wichi.
4- La presencia del monte resulta fundamental para la producción de oxígeno en zona de alta producción de monocultivos, así como para impedir los movimientos de suelos y las inundaciones que se verifican cada vez con más intensidad en la ruta 86.
5- Finalmente los miembros de la comunidad sufrieron grandes padecimientos espirituales al ver que extraños habían ingresado a sus tierras con motosierras, tractores y camiones, a destruir sus árboles, arbustos, campos de cultivo, modificando definitivamente el paisaje natural y tradicional en los que sus ellos y sus abuelos crecieron y se desarrollaron de acuerdo a sus propias pautas culturales.
6- Los ancianos, niños y niñas, jóvenes y adultos de la comunidad sufrieron los efectos del accionar ilícito, que se tradujo en angustias, tristeza, impotencia, y sentimientos de humillación y avasallamiento de su cultura.

 
FM Comunitaria La Voz Indígena
#Vivimosconelmonte
#Vocesdelaresistencia

 

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