El conflicto por los territorios comunitarios correspondientes a los lotes fiscales 14 y 55 en Santa Victoria Este, conocido también como "Caso Lhaka Honhat", está atravesado por diversos intereses, algunos más evidentes que otros, que continúan invisibilizando y acallando a los Pueblos Originarios como sujeto de derecho.
Siempre que se menciona este caso, aparecen como actores principales el Estado (como responsable principal en el cumplimiento del derecho), los criollos y la Asociación Lhaka Honat, pero se acallan las voces y los derechos de los Pueblos Originarios de más de 70 comunidades que viven en ese territorio. El problema que se plantea como una diferencia entre comunidades indígenas, es en realidad un conflicto entre los Pueblos Originarios y la Iglesia, institución que desde los tiempos de la conquista se ha apropiado de territorios originarios, muchas veces disfrazándose de asociaciones u ongs pro-indigenistas.
A continuación compartimos una nota de El Tribuno donde se puede apreciar la postura y preocupación de los referentes de Pueblos Originarios que son parte del conflicto, en la cual denuncian a las instituciones OFC, Fundapaz y Lhaka Honhat por actuar de forma inconsulta junto al Estado (que debería ser el garante de su participación), y exigen que se avance en la titulación de los territorios comunitarios, a modo de un título por comunidad.
"Si quieren paz, que vayan adonde les corresponde", dicen aborígenes
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| Reunión de referentes originarios con El Tribuno, a mediados de febrero, en la comunidad Evenezer, en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. Juan Barthe |
14-03-2016 - La facción indígena que quemó alambrados de puesteros criollos expuso sus argumentos. Aseguran que nos son violentos y culpan al Gobierno por "no hacer respetar los acuerdos".
Todo conflicto tiene al menos dos caras. El conflicto de tierras más grande de la Argentina, en el que se disputan 643.000 hectáreas de Santa Victoria Este entre comunidades originarias y familias criollas, no es la excepción. La solución que se eligió es encontrar 400.000 hectáreas para las 72 comunidades aborígenes y 243.000 hectáreas para las más de 460 familias criollas. El primer obstáculo que encontró esa alternativa fue la realidad, ya que desde la creación de Nación esas dos facciones están en el mismo territorio. La solución a ese escollo se encaminó por la idea de "trasladar voluntariamente" a los criollos que estén dentro del territorio reclamado por los aborígenes. El problema ahí es que en 8 años, el Gobierno consiguió levantar a medias solo cinco puestos criollos nuevos, mientras que hay anotadas 120 familias para el traslado voluntario. Además, los puestos nuevos hoy están inhabitables por carecen de agua potable.
Esa demora generó inconvenientes. Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue el caso en los tribunales internacionales, se prohibió la instalación de nuevos alambrados en los puestos criollos existentes. Aborígenes denunciaron la instalación de nuevos cercos, pero ante la inacción del Estado formaron una comisión controladora y a finales de enero, en La Curvita, incendiaron el alambrado del criollo Cesar Quintana y el de varios otros puestos, como publicó ayer El Tribuno.
Los criollos, por su parte, dicen que necesitan esos corrales para sus animales y para cumplir con la vacunación que exige Senasa. El resultado por falta de soluciones es la violencia.
Así como El Tribuno publicó ayer la historia de Cesar Quintana, hoy se presenta la otra cara del conflicto: los aborígenes que quemaron sus alambrados. Muchos los identifican como "los duros", pero ellos niegan ser violentos y aseguran que nada de eso hubiera pasado si el Gobierno hubiera hecho respetar los acuerdos.
Patricio Tejerina RANCHO EL ÑATO "Donde vivimos hay alambrados por todos lados. Queremos recuperar los caminos de nuestros abuelos y que queden libres".
El Gobierno tiene que acelerar. Los criollos están viviendo dentro de nuestro territorio. Yo no voy a estar tranquilo mientras exista un alambrado y animales en nuestra tierra. Acá no va a haber paz. Hay criollos que hablan de armas de fuego. Nosotros no tenemos miedo, que vayan sabiendo. Ellos tienen a una familia adentro de nuestra comunidad y en una comunidad nosotros tenemos más de 1.000 personas. No somos solo Gervasio y Tito Constantino. Si los criollos quieren paz, tienen que ir a asentarse a donde les corresponde", soltó Gervasio Barbier, de Kilómetro 2 y delegado del pueblo wichi de Santa Victoria Este ante el INAI.
Tito Constantino es otro con postura intransigente, aunque tiene esperanzas de encontrar una vía pacífica. Explica que ante la lentitud del Gobierno y la propagación de nuevos alambrados se decidió en asamblea la creación de una comisión controladora. "La idea es tener información, porque la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) viene acá a tomar gaseosa y no le importan los actores verdaderos del conflicto. La comisión fue positiva, porque ahora tenemos información", explicó.
"No somos agresivos. De ninguna manera. Tenemos paciencia y ganas de seguir trabajando. Si nos dicen que tenemos que esperar 10 años más, esperamos, pero siempre y cuando se nos informe y notifique de la situación. Hay un nuevo ministerio y vamos a darle tiempo porque dicen que ellos van a hablar con los verdaderos actores del conflicto. Veo que partes de los criollos están cumpliendo, pero otros no. Hay nuevos alambrados... No sé sí van a haber nuevas quemas, pero sí queremos que se haga una vía de paz. Nosotros pedimos que la Justicia no esté ausente, porque si no toman nuestras denuncias pasa todo esto", reclamó.
"Queremos que se respete el decreto del año 2012 que ellos (los criollos) han firmado. El criollo tiene armas. Nosotros tenemos una sola arma que es el diálogo. Les pido que nos juntemos en una mesa a discutir y a buscar una solución. Pero que no nos digan que somos provocadores. Al Gobierno le pedimos que acelere todo. Van quedando pocos de los ancianos pioneros en la lucha por las tierras, hace poco falleció otro. Si no se levantan alambrados y se colocan animales, nos vamos a entender", agregó.
El aborigen Patricio Tejerina, de Rancho El Ñato, lugar donde vive el popular cantante Oscar Palavecino, pide liberar ese territorio de alambrados. "Donde vivimos hay alambrados por todos lados. Los caminos que han sido de los abuelos están totalmente cerrados y nosotros como jóvenes queremos que los caminos queden libres", dijo.
Gervasio Barbier REPRESENTANTE ANTE EL INAI "Nunca vamos a poder convivir con el criollo, porque tienen sus pistolas, animales y alambrados. Se tienen que ir y tienen que hacerlo urgentemente".
José Arturo Lorenzo, cacique de Pozo La China, estuvo presente cuando quemaron los alambrados del criollo don Ambrosio Romero, que aceptó relocalizarse, pero al que el Gobierno todavía no le entregó un nuevo puesto. "Tiene cerramiento y nosotros tenemos que ocuparlo. Decidimos desalojarlo", dijo firme el cacique.
"No consultaron cuando hicieron el decreto"
Dicen que el título único entregado por decreto no ayudó a resolver el conflicto. Lorenzo Urbano es de la comunidad de San Luis y dice que tiene "setenta y algo de años". No tiene muchas esperanzas de llegar a ver la solución. Una de las grandes polémicas del conflicto es la entrega de las 400.000, con más de 70 comunidades de 4 etnias distintas, en un solo título comunitario. Muchos pedían un título para cada comunidad y temen que el título quede a nombre de Lhaka Honhat, la asociación aborigen que inició la denuncia internacional contra el Estado salteño y argentino, con el asesoramiento del CELS, que dirige el periodista Horacio Verbitsky. En junio de 2014 el decreto provincial 1.498 transfirió 400 mil hectáreas en propiedad comunitaria a 70 comunidades indígenas, pero no definió donde se encuentra ese territorio. "No estábamos a favor del título único o comunitario. Pero nosotros dijimos que si ayudaba para apurar nosotros acompañábamos", dijo don Lorenzo Urbano.
Andrés Amaya, de la misma comunidad, también está en contra de la norma. "Hay un decreto que nos enteramos recién después de que se firmó. No se nos consultó. El decreto se firmó en Salta y no en la zona crítica. Las instituciones OFC, Fundapaz, Asociana y Lhaka Honhat firmaron con sus asesores y abogados. Es un decreto de las instituciones y nosotros estamos fuera de las organizaciones. Pedíamos titulo por comunidad y no título único. Esa era nuestra decisión y no se la tuvo en cuenta. Nosotros seguimos luchando para tener nuestra propiedad para cada comunidad... Si terminamos apoyando el título único fue porque vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos pidió que nos uniéramos para que progrese el bien para todos. Por eso apoyamos esa vez el decreto y título único, porque decían que había solución concreta. Pero hoy, todas esas instituciones ya no necesitan la ayuda de nosotros y cuando hay problemas no aparecen. Ahora que firmaron el decreto que sigan trabajando y que encuentren una solución, porque las organizaciones firmaron con el Gobierno", opinó.
Fuente: El Tribuno
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