viernes, 26 de abril de 2019

¡¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y DESALOJOS AL PUEBLO TOLOMBÓN!!!

Pueblo De Tolombón Nación Diaguita
Valle de Choromoro (actual provincia de Tucumán)

La Comunidad Indígena Pueblo de Tolombón con personería jurídica Nº 0053 (RE.NA.CI – INAI) integrante del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

En el día de ayer 24 de abril de alrededor de las 10:00 hs irrumpieron con un fuerte operativo en nuestro Territorio Ancestral más de 80 efectivos de las fuerzas represivas. El operativo estuvo a cargo de la Regional Norte dirigido por el comisario general René Alberto Soria junto al comisario Sergio Fernando Padilla se hicieron presentes con la Jueza Subrogante en lo penal correccional de la segunda nominación del centro judicial Sra. ANA MARIA IACONO. Y demás jefes de las fuerzas con sus respectivos grupos a cargo: infantería URC, grupo cero, caballeriza, bomberos, ambulancia y personal femenino entre otros. Un despliegue de estas características con la sola intención de amedrentamiento y complicidad; muestra de ello fue la cercanía que se pudo observar entre el USURPADOR/ TERRATENIENTE JAVIER LOPEZ DE ZAVALIA Y dichos funcionarios.

Una vez más REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS EL ACCIONAR VIOLENTO QUE EJERCIERON hacia LA COMUNIDAD PUEBLO DE TOLOMBÓN realizando en reiteradas ocasiones DISPAROS QUE NO FUERON AL AIRE sino en contra de los comuneros y comuneras quienes nos encontrábamos TOTALMENTE DESARMADOS habiendo niños, niñas, mayores, jóvenes, hombres y mujeres en el marco de un “BRUTAL OPERATIVO” cuando nos ENCONTRÁBAMOS RESGUARDANDO A NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL. El operativo se llevo adelante de manera irregular violando todo el marco jurídico vigente en materia de Derecho Indígena, Art 149 Const Prov. Art 75 inc. 17 Const Nac. Ley 26160 Conv 169 OIT, Declaración de Naciones Unidas y la violación a los Derechos Humanos.

DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE UNO DE LOS PRINCIPALES DERECHOS QUE TENEMOS “EL DERECHO A LA VIDA”. Con practicas colonizadoras cargadas de violencia y discriminación hacia nuestra condición de originarios.

RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS la complicidad del personal docente y de la autoridad de LA ESCUELA Nº 385 REARTE SUR que deliberadamente se convirtió en “EL CENTRO DE OPERACIONES DEL USURPADOR JAVIER LOPEZ DE ZAVALIA Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD” vimos como tomaron el establecimiento con los niños adentro.
Niñas y niños que son de nuestra Comunidad, cabe señalar que la escuela se encuentra dentro del Territorio, violentaron los DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS causándoles secuelas irremediables y exponiendo la integridad física de cada uno de ellos. NOS ALARMA EL ROL QUE DESEMPEÑO LA ESCUELA en medio de la represión que sufrimos, ya que entendemos que su función es realizar las tareas pedagógicas en cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos en el marco de las normas establecidas. Más aún le corresponde a este establecimiento educativo aplicar la Ley 26.206. DERECHO A UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS A LA DOCENTE JUANA URUEÑA quién genero las condiciones para que NO PODAMOS PEDIR AUXILIO ANTE LA EMBESTIDA QUE ESTÁBAMOS SUFRIENDO cortando la señal de wifi existente en la escuela a sabiendas de lo que esto significaba para nosotros “la única vía de comunicación posible”.

CONTINUAMOS EN ASAMBLEAS PERMANENTES, ALERTAS con la firme convicción de seguir RESGUARDANDO NUESTRAS VIDAS Y LA PROPIA VIDA DE NUESTRO TERRITORIO AL QUE PERTENECEMOS DESDE TIEMPOS INMEMORIALES.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LA AUTODEFENSA SI FUERA NECESARIO.

LE DECIMOS BASTA A LOS USURPADORES HISTÓRICOS QUE SE QUIEREN APROPIAR DE NUESTRAS VIDAS Y ULTRAJAR A NUESTRA MADRE NATURALEZA.

SE ACABARON LOS PATRONCITOS DE ESTANCIA.
QUEREMOS VIVIR EN LIBERTAD Y EN PAZ EN NUESTRO TERRITORIO DE USO ANCESTRAL TRADICIONAL Y PÚBLICO

Territorio en el qué han vivido las generaciones que nos antecedieron y donde día día seguimos estando y así lo harán nuestras futuras generaciones. 

Nosotros PUEBLO NACIÓN DIAGUITA PREEXISTENTES a la creación del estado argentino y a la fundación de lo que hoy se conoce como provincia de Tucumán. 
Desde nuestro Territorio Ancestral seguiremos luchando con más fortaleza que nunca retomando el legado que nos dejaron nuestros mayores: RESGUARDAR LA VIDA, EL TERRITORIO Y LA IDENTIDAD ORIGINARIA.

¡¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN Y DESALOJOS AL PUEBLO TOLOMBÓN!!!

¡¡¡DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA!!!

¡¡¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!!

¡¡¡POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!!!

¡¡¡NI UN DIAGUITA MÁS DESPOJADO DEL TERRITORIO ANCESTRAL!!!

comunidadtolombon@yahoo.com.ar

domingo, 21 de abril de 2019

Pronunciamiento en Pikun Mapu, San Rafael Abril 2019


El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, con el mandato colectivo de cada uno de nuestros Territorios, organizados y convocados en Asamblea territorial en la Lof Pewel Katuwe, Territorio del Pueblo Nación Mapuce, San Rafael Abril 2019. 

REAFIRMANDO nuestro legado ancestral, nuestra herencia cultural, nuestra relación con nuestra madre tierra, expresamos y reafirmamos nuestras más profundas expresiones de luchas, resistencias y proyección como pueblos y naciones vivas, proyectadas con identidad cultural y política, las cuales nos encuentra hoy nuevamente en pie de lucha. 

En estos tiempos de despojo, judicialización, persecución y muerte que nos propone el imperialismo usurero, saqueador y colonizador, con sistemas que se reciclan, se perfeccionan y avanzan en la región de la mano de gobiernos neofascistas y de ultraderecha, una vez más, seremos los Pueblos Originarios la moneda de cambio, los “terroristas”, el estorbo del “progreso” de esos reconocidos oligarcas a quienes sólo los moviliza el robo, el saqueo, la explotación y muerte en pos de sus intereses individuales, sin considerar la expresión de vida en ninguna de sus formas, consecuencia de ello es el asesinato de Rafael Nahuel, la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado en el año 2017, entre muchos otros atropellos sistemáticos en manos de fuerzas represivas para callar. amedrentar y silenciar toda expresión en contra de este régimen, muchas de las cuales suceden inevitablemente en nuestros territorios. 

En este contexto, son nuestros territorios ancestrales los que se extranjerizan, se rifan y venden al mejor postor bajo la excusa del “progreso y el desarrollo”, cuando este “progreso y desarrollo” sólo nos trae despojo explotación, pobreza, contaminación y muerte. El elemento del agua, el aire, la tierra y el sol son claras manifestaciones de nuestras fuerzas y energías en nuestros diversos espacios territoriales, nos dan vida y equilibran nuestra relación como pueblos originarios. 

CONDENAMOS Y REPUDIAMOS el mecanismo sistemático de judicialización y persecución al que continuamos siendo sometidos en todos los territorios, con ataques, amenazas e intentos de despojos sufridos por el Pueblo Nación Diaguita en Salta, como es el caso de la Comunidad Diaguita Calchaquí Pucará Angastaco, como así también la persecución sistemática al Pueblo Tolombón con más de 73 causas judiciales en la provincia de Tucumán, a su vez, bajo el escudo de ayuda humanitaria como modo de operación servil al FMI con la invasión militarizada como garante del saqueo sistemático de nuestros bienes naturales se pone una vez más al pueblo Mapuce en el estrado, en la Lof Campos Maripe - Vaca Muerta, intentando negar el derecho a la preexistencia de los pueblos originarios, la persecución judicial y política al pueblo Tastil en Salta, dónde se continúa agobiando a sus autoridades ancestrales y referentes, vulnerando derechos humanos en pos de favorecer la entrega de los recursos naturales a manos inescrupulosas, con la complicidad de personajes mediáticos y taquilleros del futbol serviles a este gobierno usurero y saqueador del pueblo. Del mismo modo denunciamos el vaciamiento de la laguna Salinas del Diamante para el riego de campos privados en San Rafael – Mendoza, la patrimonialización y la puesta en venta de los territorios originarios en las áreas protegidas con intereses inmobiliarios y turísticos, los cuales ponen en riesgo la vida y la continuidad territorial de cada Pueblo preexistente. 

En este marco es NECESARIO y URGENTE reformar la justicia para transformarla en una herramienta plural, insobornable, que sea acorde a este contexto social de país, porque en este presente solo los pueblos originarios, junto al sector empobrecido de la sociedad, l@s trabajador@s, l@s referent@s sociales y luchador@s de los derechos humanos, somos objeto de persecución y muerte. Hoy estamos ante un contexto político donde la corrupción y la vulnerabilidad del estado dan impunidad a métodos de extorción, sobornos, escuchas ilegales, causas armadas, traducidas en operaciones siniestras que nos llevan a las épocas más oscuras del país, que privilegian a saqueadores y ladrones de guante blanco de renombre que asaltan al pueblo a plena luz del día, en una toma de deuda externa que solo beneficia a los mismos sectores que se quedan históricamente con lo nuestro, con impunidad mediática de aquellos que debieran comunicar e informar al conjunto social y no ser los cómplices del saqueo sistemático del país. 

Para que sea una justicia plural y democrática es necesario que los fiscales y jueces de la corte se sometan a las decisiones y mandatos del pueblo y no sean serviles al poder político y económico de turno. 

Es por ello que ACOMPAÑAMOS la irrefutable decisión y coraje de jueces como Ramos Padilla, quien, en ejercicio de su rol, resguarda los derechos humanos y los procesos establecidos, otorgando las garantías jurídicas. En un estado de democracia es al pueblo a quien se debe escuchar y no el ejercicio de la represión, persecución y militarización, ejecutada y convalidada por un conjunto de fiscales que se consideran estar por encima de toda institucionalidad. 

Por otro lado, ante un nuevo intento de avasallar con nuestros derechos colectivos REITERAMOS nuestro RECHAZO al proyecto denominado “Ley de Semilla” que pretende imponer el ejecutivo, por atentar contra nuestras vidas y nuestro Buen Vivir. Este proyecto inconsulto pretende patentar y apropiarse de nuestros sistemas ancestrales de vida, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, nuestros Territorios y nuestra continuidad como Pueblos Naciones Originarias. 

DENUNCIAMOS que esta medida legislativa atenta directa e indirectamente contra nuestros derechos fundamentales y colectivos, afecta nuestro Buen Vivir, nuestra Identidad Cultural y nuestros Territorios, vulnera nuestro derecho a la Propiedad Intelectual, Conocimientos y Saberes Tradicionales, viola el derecho a la Consulta y Participación, conforme a la normativa de base Constitucional, Tratados Internacionales, Pactos y normas concordantes. 

El derecho a la Consulta y la Participación es un derecho fundamental de los Pueblos Originarios y obligatorio para los estados, se encuentra refrendado en una variedad de instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. La Constitución Nacional, en su Artículo 75 Inciso 17 y 22, reconoce el derecho que los Pueblos Originarios y sus comunidades tienen a participar “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Sumado a esto, el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley 24.071, establece que es deber de los estados llevar adelante un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios y sus instituciones representativas, a través de un procedimiento culturalmente apropiado, cada vez que prevean medidas legislativas y/o administrativas que los afecten. Este mismo derecho está revalidado en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375- “Art.8J”), en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, ratificado por la Ley 27.246, en las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Como Pueblos Naciones Preexistentes, como sujetos de derecho colectivo ejerceremos plenamente nuestro derecho de accionar a través de las medidas administrativas y jurídicas que correspondan, en instancias nacionales e internacionales, a fin de dar cumplimiento a nuestros derechos fundamentales a la Vida y a nuestro Buen Vivir. 

¡Juntos por memoria, identidad y territorio!

¡Libertad a los pres@s políticos, libertad a la hermana Milagros Sala, Libertad al Lonko Facundo Jones Huala! 

¡Justicia por Javier Chocobar, Justicia por Rafael Nahuel!

¡NO al Patentamiento de nuestras Vidas!

¡Por una justicia plural y democrática!

¡Exigimos la Consulta Libre, Previa e Informada! 

¡Ley de Propiedad Comunitaria Ya!


viernes, 12 de abril de 2019

ATROPELLO E INTENTOS DE DESALOJO AL PUEBLO NACIÓN DIAGUITA EN LA PROVINCIA DE SALTA



En el día de la fecha se llevo en cabo un intento de desalojo a la familia Vilte Guaymas, habitantes preexistentes en nuestro territorio, miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki Pucara Angastaco. 

El atropello se llevó a delante por orden de la Jueza María Virginia Toranzo y el juez de paz Francisco Bravo, con el apoyo de la policía provincial, con intervención e intromisión de un tal "chicho" Aranda, Juan Cruz padre, Juan Cruz hijo y Pablo Cruz quienes aducen ser los titular registral, acompañados por otra persona desconocida, quienes sustrajeron las pertenencias de la familia amedrentando y amenazando a los miembros de la comunidad.

Reunidos en Asamblea denunciamos y repudiamos los graves hechos de violencia y atropello territoriales e intentos de desalojo con la intención de turbar la posesión ancestral y desalojar nuestras familias, rompiendo el vinculo identitario, destruyendo la memora colectiva que mantiene viva nuestra cultura y la continuidad histórica como pueblo preexistente

La Comunidad Diaguita Kallchaki Pucara Angastaco (Departamento San Carlos) personería jurídica resolución N° 009/13 Re-Na-CI – INAI y con la aplicación del Relevamiento técnico jurídico y catastral de la ley 26.160 y sus prorrogas de orden público que relevo la posesión actual tradicional y publica. Dicha ley suspende los actos administrativo y sentencia cuyo fin sea el desalojo de las comunidades de pueblos originario en el país.

Denunciamos públicamente y responsabilizamos los daños psicológicos a niños, mujeres, abuelos, daños materiales, la violación de los derechos de incidencia colectiva, a la Jueza Toranzo, quien ataca al Pueblo Diaguita y viola sistemáticamente nuestros derechos colectivos y no nos deja vivir en paz en nuestros territorios.

Responsabilizamos al Estado Nacional, Provincial y los organismos responsables de la aplicación del Derecho Indígena, la violación de Derechos de Nuestros Pueblos, reconocidos en la Constitución Nacional articulo 75 Inc. 17 y 22 y convenios internacionales supra legales vigentes para Pueblos Originarios.

Exigimos pleno y efectivo cumplimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios

Solicitamos el acompañamiento a las organizaciones de Pueblos Originarios, organizaciones sociales y a la sociedad que comprende respeta y acompaña nuestro proceso de lucha por nuestros derechos con conciencia de defender y proteger a nuestras familias y reguardar nuestros bienes naturales y culturales para nuestras futuras generaciones. 
Nos declaramos en asamblea permanente en resguardo de nuestros derechos.

Contactos:
Ester Rios: 3874750847
Liz: 3874750746
Juan Condorí: 3874520651
www.facebook.com/Comunidad-Diaguita-Pucara-Angastaco





sábado, 30 de marzo de 2019

NOSOTROS PUEBLOS NACIONES



Nosotros, Pueblos Naciones originarias preexistentes, poseedoras cada una de un idioma y una cultura milenaria, siempre subestimada y ninguneada por los conquistadores.

Declaramos nuestro más enérgico repudio a las opiniones y conceptos vertidos por parte del Ejecutivo argentino en la apertura del Congreso Internacional de la Lengua Española, el pasado 27 de marzo del corriente año. Estas expresiones solo demuestran una vez más el profundo odio y desprecio racial que nos tienen.

Repudiamos el circo lingüístico y la puesta en escena de convocatorias con el solo propósito de rendir pleitesías y eternizar un sistema monárquico anacrónico y acabado.

Nos encontramos en la actualidad gobernados por una oligarquía que, enquistada en el poder, condena al pueblo a la pobreza y a la miseria, nos niega a los Pueblos Originarios nuestra identidad y nuestro derecho al territorio, nos reprime y nos mata por el solo hecho de cuidarlo, protegerlo  y defenderlo, y nos aplica una justicia de y para blancos, demonizando y persiguiéndonos por ser originarios para justificar cada atropello.

A esta oligarquía le decimos que no aceptamos sus imposiciones lingüísticas, les exigimos restituir a cada nación originaria su identidad y territorio, que nos restituyan la palabra y el habla que nos fuera extirpada y prohibida como parte del proceso de conquista y colonización. La colonización no es parte del pasado, sino que está vigente en este tipo de actos y réplicas discriminatorias, como los que han tenido lugar recientemente en el llamado Congreso Internacional de la Lengua Española. El retomar la palabra en primera persona como actores políticos, colectivamente organizados no es más que la restitución de un derecho que nos fuera prohibido y un reconocimiento como Sujetos de derecho.

Los Pueblos Originarios exigimos que Occidente repare el daño y el ultraje perpetrado en América desde la colonización hasta estos días. Es necesario que los Estados blancos y los gobiernos de cada país se hagan cargo de los atropellos que infligieron e infligen a nuestras hermanas y hermanos en toda América, reconociendo ante el mundo el genocidio y etnocidio producido. Más de 90 millones de originarios asesinados por la usura y la ambición. El mayor genocidio de la historia.

Solo en ese reconocimiento podremos comenzar a reparar y sanar las heridas profundas que sufrimos a lo largo de la historia colonizadora, para retomar nuestro camino de libertad y de Buen Vivir en Interculturalidad y Plurinacionalidad.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio.

sábado, 16 de febrero de 2019

Represión a los Diaguitas en Salta

Crónica de una resistencia
Escribe Franco David Hessling
Fotos: Antonio Gaspar

La semana pasada la policía de Urtubey reprimió a miembros de la comunidad diaguita-kallchakí La Aguada, a quienes trató de usurpadores. No hace falta más que un recorrido de un día para subvertir el mantra que repitieron Lanata y Levinas: los usurpadores, en realidad, son los dueños de la bodega apañada por el Gobierno de Salta.

Un derrotero minado de cardones, que se surca en medio de los Valles Calchaquíes de Salta, conduce a un pequeño poblado donde la producción vitivinícola y el turismo son los engranajes capitalistas para aprovechar la fertilidad y la belleza paisajística. La altura sobre el mar genera sopor en quienes provienen del llano, no cuesta sumirse en una especie de letargo que torna todo un poco más pausado, que propicia los saludos entre desconocidos y que edulcora la contracara de lo estéticamente bello: la súper-explotación de las mayorías, la falta de infraestructura básica -pavimento y cloacas- y la desigualdad económica.
Comunidad La Aguada, en los valles calchaquíes.

A pocos kilómetros de los nevados, subiendo más allá de la plaza central de Cachi, se encuentra la comunidad diaguita-kallchakí La Aguada, que la semana pasada cobró relevancia nacional porque sus miembros fueron reprimidos por reclamar una usurpación de la Bodega Puna, propiedad de Javier Montero Alesanco, que sin ser necesariamente pariente de ninguno, lleva apellidos de dos ex funcionarios del gobernador Juan Manuel Urtubey (Javier Montero y Fernando Alesanco).

-Tamos hablando en primera persona, antes no existíamos. Nuestros abuelos estaban invisibilizados, en silencio -Jorge Burgos es representante de la comunidad El Algarrobal, unos 7 kilómetros más empinada que La Aguada y antes de Las Pailas, todas comunidades diaguitas-kallchakies.

-Claro, por eso este proyecto…-en referencia a la iniciativa de turismo sustentable que tienen en sus territorios, donde se recibe visitantes, se ofrece sitio para acampar, cabrito a la parrilla y producción local de especias y yuyos para el mate, como el cedrón o el burrito.

-No sólo eso -interrumpe Carolina Fabián, también miembro de la comunidad diguita de El Algarrobal-. Los hermanos tamos trabajando para mantener vivo lo que construyeron y nos enseñaron nuestros abuelos.

-¿Vio? Es como yo le decía -apunta Juan Condorí, delegado de la UPND-Salta (Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta).

En La Aguada viven unas 40 familias, según calcula Nemesio Fabián de 58 años, por estos días cacique de la comunidad que padece el intento de desalojo de la Bodega Puna. “El presidente-cacique lo elegimos en asamblea cada cuatro años, pero no es lo máximo, el poder mayor lo tiene la asamblea de toda la comunidad”, detalla Juan Condorí de 42 años, quien habla con una convicción digna de gran orador. A su lado está Manuela, también representante de la comunidad diaguita La Aguada, que de a ratos se le arrima al oído y le dicta partes que el entusiasta disertante se viene olvidando. Ella esquiva la mirada hasta que se le hace imposible y, entonces, devuelve una sonrisa que deja ver unos dientes que brillan con más fuerza por el contraste con su tez morena.

La mujer retraída de 35 años estuvo cerca de ser arrastrada por la policía el martes pasado, durante el accionar de la fuerza, que el precandidato presidencial de Alternativa Federal, Urtubey, defendió como garantizar la “seguridad jurídica”. El hermano de ella, Álvaro Casimiro, tiene baja estatura y el mismo contraste en el rostro que Manuela aunque en relación con sus ojos, redondeados, que se imponen como dos botones de contornos blanquecinos. Se acerca y no se apresura a contar lo que pasó el martes pasado, pese a que es evidente que los foráneos estamos en busca de ese relato.

Juan Condorí, en la radio comunitaria.


Entonces charlamos de fútbol, acaba de terminar la final de un campeonato corto de los valles que se hace durante el verano, unos conocidos -como casi todos- y amigos -como sólo algunos- se acaban de consagrar bicampeones. Aunque omite responder de qué jugaba cuando todavía iba seguido a la cancha, sus explicaciones técnicas conducen a pensar que corría por una de las bandas y que tiraba centros a la hoya como Sorín en sus mejores tiempos. Sin que haya que preguntárselo, recae en el tema de interés y comenta que a sus hermanas, Manuela y Lorena (25), fueron golpeadas y zamarreadas por los efectivos. El borde de sus ojos se achina y se le dibujan unas líneas irregulares color escarlata alrededor del iris -o tal vez es lo que observa quien llega desde el llano y está inmerso en el sopor al que invitan los 3000 mil metros sobre el nivel del mar-. Denota bronca. “Nosotros no estábamos respondiendo las provocaciones, pero cuando vi que a mi hermana la rameaban por el suelo -señala hacia el terreno entre pedregoso y terroso donde ocurrieron los hechos- y me puse como loco, ¿usté qué hubiera hecho?”.

Descarnado

-Estábamos nosotros ahí y vinieron así, rápido, y nos empezaron a agarrar para llevarnos -rememora Manuela.


-Se lo llevaron primero a Ulises, que estaba filmando, lo pillaron del cuello -Néstor Casimiro, uno de los que luego estuvo detenidos, se enrosca el cogote con su propio brazo-. Y bueno, ahí ya empezamos nosotros también pue.
Juan Condorí y Néstor Casimiro con el cronista.


Manuela asiente lo que afirma Néstor, con quien comparte apellido, pero no parentesco. Aprovecha que la relevan para llamarse al silencio otra vez. Los hombres vuelven a tomar la palabra, se superponen, están ávidos de contar lo ocurrido en la represión.

-¿Pero a vos qué te pasó? -un silencio se constituye en oportunidad para volverla a interpelar.

-Me agarraron los policías y me pisaron los pies para que me caiga, yo estaba con mi hermano y nos abrazamos bien fuerte para que no me pudieran arrastrar.

-¿Y las policías no pudieron tirarte?

-Eran varones, no me agarró ninguna mujer. A mi hermana sí, a ella la fueron a buscar las femeninas. Y a mi hermano lo apedrearon.

-Sí, hasta el comisario tiraba piedras. Y eso que ellos eran más que nosotros -acota Néstor.

A él lo capturaron y estuvo detenido unas seis horas, hasta las 3 de la tarde de aquel martes. Entre las vejaciones sufridas recuerda que lo tiraron al piso y se le pararon encima. En ningún momento dejaron de intimidarlo con amenazas, igual que a toda la comunidad, tal como resalta Lorena, docente de Cachi, quien admite que a una allegada suya la amenazaron con que le desaparecerían las dos hijas si iba a protestar contra la bodega. Néstor es menudo y de espalda angosta, como si nunca hubiese desarrollado la caja torácica a la manera en que lo han hecho todos los demás, acechados por la falta de oxígeno. No pasa el metro setenta y está por debajo de su peso normal.

Un video que muestra Miguel Plaza, delegado de comunicación con identidad, da cuenta de cómo uno de los jerarcas que manejó el operativo ordena avanzar tras salir de la Bodega Puna, apostada frente a los terrenos que la comunidad usa para secar pimientos. La combinación entre comunidades originarias y trabajadores con ideas progresistas posibilitó que los atacados manejaran mejor la situación: viralizaron los videos de modo rampante consiguiendo que medios nacionales recojan la noticia a las pocas horas, lo cual generó presión suficiente para que los presos fueran liberados el mismo día.

La institución azul no presentó ninguna orden judicial para ejecutar la represión, fundamentaron que actuaban de oficio porque el dueño de la bodega les había mostrado un título de propiedad sobre las tierras, por lo tanto, desde el prisma ortiva, las comunidades estaban cometiendo un delito flagrante.

La disputa

En el año 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) llevó a cabo un relevamiento de la zona para delimitar la posesión de las comunidades de Cachi, Salta. Se suponía que luego de eso se venían las titularizaciones comunitarias-jurídicamente no es lo mismo titularizar que poseer-, pero ese derecho no fue garantizado hasta ahora. Entonces, esos terrenos fiscales siguieron vendiéndose a espaldas de quienes los habitan ancestralmente.
Jorge Burgos y Carolina Fabián de El Algarrobal.


Así fue que en el año 2012 desembarcó la Bodega Puna en la zona de la comunidad La Aguada, con aval del Gobierno de la Provincia, durante el segundo mandato del esposo de Isabel Macedo. “Ellos [la bodega] se pusieron en 25 hectáreas que son nuestras, y nosotros no nos resignamos, sólo que en ese momento estábamos en conflicto con otras dos bodegas [Miraluna y El Molino de Cachi] y decidimos priorizar esas luchas”, reseña Juan Condorí y añade: “Esos terrenos son nuestros, como dice el relevamiento del INAI. En ese momento permitimos que la bodega use esos terrenos, pero nos prometimos que no iban a avanzar más allá del camino que va al Algarrobal [la comunidad diaguita-kallchaki que está pasando La Aguada]”.

Hasta fines del año pasado esa situación continuaba: la bodega ocupaba 20 hectáreas que estaban relevadas por el INAI como parte de La Aguada, sin extralimitarse más allá del camino al Algarrobal. Unas ocho familias del lugar trabajan para la Bodega Puna, la mayoría de ellas no se autodefinen como diaguitas-kallchakíes.

En las últimas semanas de 2018, la empresa vitivinícola empezó a ocupar el terreno de secado de pimientos de la comunidad, que además es un antigal, es decir, un lugar sagrado, milenario. El equivalente a expropiar el santo sudario o tener los derechos táctiles de la meca que todo buen musulmán debe querer tocar. El antigal es un espacio que se ha venido conservado por añares, con arraigo real en los pobladores y con un determinado modo de producción: comunitario con prioridad de auto-subsistencia. Las familias de La Aguada, Las Trancas y El Algarrobal, por sólo citar las de un sector en particular, enfatizan en la economía primaria -agricultura- de subsistencia, en primer lugar, y de intercambio, en segundo. En ese último grupo entran el pimentón -molienda del pimiento- y los porotos, por ejemplo.

Además de las 20 hectáreas que la Bodega Puna ya ocupa y que son de la comunidad según el INAI, la compañía empezó a trabajar con maquinaria en el antigal donde se secan los pimientos, que es una porción de tierra inmediatamente posterior al camino a Las Pailas. La firma de vid rompió el pacto que venía desde hacía un quinquenio. La bodega cuenta con un grupo de edificaciones que dan a la calle y que están rodeadas por viñedos. Son casas para ciertos administradores, oficinas comerciales y un espacio de atención al público, todas con fachada alta, columnas pronunciadas y un resonante blanco. Aunque las y los hermanos de La Aguada nunca atacaron esas construcciones, Lorena Proaño, delegada de educación intercultural, trae a colación que, como medida de amedrentamiento, en algún momento Puna había puesto reflectores para encandilar a los pobladores de la comunidad que viven al frente de sus instalaciones.

Tras la avanzada con máquinas de la bodega, allende al camino a Las Pailas, la comunidad presentó una denuncia por usurpación de su antigal para secar pimientos. Luego de ello, se abrió un proceso judicial -en la Fiscalía Penal de Cachi y en el Juzgado de Garantías 1 de Salta- que derivó en una convocatoria a mediación, el lunes antes de la represión, ya con la imposición “de no innovar” para ambas partes. Cuando regresaron de la audiencia, había custodia policial para topadoras de Puna que iban contra el antigal. Hubo una asamblea y se resolvió impedir pacíficamente la avanzada. Con esa actitud empezaron aquel martes de represión las comunidades diaguitas-calchaquíes.

Después de eso se interpuso una medida cautelar hasta una próxima audiencia que todavía no tiene fecha.

Comunidad

“Acá llega el diario y la AM-840 nomás”, indica Jorge de El Algarrobal. Un reciente editorial del diario El Tribuno, de la familia Romero, tuvo muchas repercusiones en Cachi. Jorge Cabral de 36 años es arqueólogo y la menciona mientras le pega un grito a su hijo para que no se baje de la vereda. Grita e igual mantiene la calma. Señala que La Aguada, contrariamente a lo que deduce El Tribuno, es una comunidad histórica y con mucha importancia en la preservación de restos milenarios. El investigador de Salta capital que lleva mucho tiempo trabajando en los Valles Calchaquíes, firma que si hay algo que destaca a esa comunidad es que ha podido imponer, a través de su propia práctica, leyes de protección del patrimonio cultural, social e histórico.
Nemesio Fabián, cacique de la comunidad La Aguada.


“Lo primero que tomamos es la herencia y la continuidad histórica de pertenencia ancestral -explica Juan Condorí de La Aguada-, eso se hace por un proceso de auto-reconocimiento”. Menciona que se auto-reconocen en función de pautas culturales propias que se están reorganizando bajo la concepción de una continuidad histórica.

Además de los caciques que se eligen cada cuatro años por asamblea, y pese a que ésta sea el máximo órgano de decisión, hay otras formas de organización, como el CPI (Consejo de Participación Indígena). “El CPI es reconocido ante el INAI, organismo responsable del derecho indígena. Nosotros como CPI somos el nexo entre el estado nacional y el pueblo diaguita”, menciona Juan Condorí, que es delegado CPI por el pueblo diaguita en ese ente del gobierno comunitario.

La principal palanca conceptual para estas comunidades es la “identidad”. La autodeterminación como nación diaguita-calchaquí convoca a pensar el Estado argentino como plurinacional y empuja a los integrantes de la comunidad a reivindicar una tradición que no se imita, sino que se reactualiza. No caben, entonces, los argumentos de Jorge Lanata, Gabriel Levinas y El Tribuno sobre la falta de legitimidad de estos diaguitas para decirse diaguitas. La referencia en sus antepasados milenarios, por parentesco y/o por herencia territorial, habilita la “reorganización de pautas culturales” que hacen a su “identidad”.

Son las doce de la noche y suena una cumbia ensordecedora en el Club Fuerte Alto, hace pocas horas se consagraron bicampeones del torneo de los valles, tal como nos había avisado Álvaro de La Aguada a la tarde. El vino se trae en bidones, la algarabía trae confesiones de todos los integrantes del plantel, desde los jugadores hasta el técnico y el presidente. Las instalaciones del club en gran parte todavía son mampostería, el sonido hace vibrar las estrellas -más cercanas que cuando se está en el llano- y varios se abrazan y hacen glosas alusivas al club. Monólogos de borrachos contentos. El ánimo colectivo es tan efusivo que sólo hace falta llegar con algún conocido para ser aceptado en la celebración. Como falta techo se ve una luna sonriente que evoca la Luna de Avellaneda de Campanella. Club social, ese otro vínculo de cercanía, tan anclado también en la identidad, que a veces sólo lo creemos posible en las urbes. Diaguitas-calchaquíes que se defienden de la usurpación por desposesión y un festejo de bicampeonato, todo en unidad, aún en las diferencias. ¿Vos qué les vas a venir a enseñar de lazos comunitarios, Jorge?