domingo, 2 de abril de 2017

Pueblo Wichi: sobrevivientes, superhéroes sin poderes



El verano se devoró 21 niños wichis en las fronteras salteñas con la nada. Por ahí asoma Santa Victoria Este, como cayéndose en el Paraguay. Donde las comunidades wichis y criollas comparten la desgracia de la pobreza extrema. Pero los criollos hablan una lengua que se entiende en los hospitales y en las oficinas públicas. Y a veces toman a las chiquitas wichis como objetos. Que se usan y se tiran, aunque en poquito tiempo les empiece a crecer algo en la panza que a veces se convierte en una vida. Y otras, no llega. Como los doce bebés que en este verano brutal de Santa Victoria Este nacieron muertos porque sus madres languidecían de hambre y de sed, echadas en la tierra de sus chozas, cercadas por criollos y abandonos. Por desidias y alimañas.

“Caciques y dirigentes de las comunidades wichis y criollas” de Santa Victoria cortaban la ruta provincial 54 esta semana pidiendo que se fuera la jefa de enfermería del Hospital, dice El Tribuno de Salta. Hablaban de las 26 muertes que dejó el verano. Cinco adultos y 21 niños de menos de dos años. Muertes absolutamente evitables. Es decir, muertes con responsables. 21 niños de la comunidad que se murieron entre el 16 de diciembre y el 7 de enero.

Sin leche buena ni agua segura. Sin cuna en casa ni cama de hospital. En un viaje sin paradas desde el infierno de acá a un cielo que nadie les garantiza. Sin nombres ni documentos ni partidas de nacimiento. Ni son ni fueron. No existieron. Por lo tanto no murieron. Un eficaz método del gobierno de Urtubey Macedo para reducir los índices de mortalidad. Aun en los 23 días más inflamados del chaco salteño. Cuando el futuro se reduce a una brasa humeante.

Mientras un folclorista, un diputado amarillo y un empresario francés se van quedando con las porciones de tierra donde moraban los espíritus, se abastecían los chamanes y crecían las semillas, ellos son arrinconados en tierras yermas y escasísimas. Donde no hay lugar para la sacralidad atávica ni para la huerta que mate el hambre.

A su lengua ni siquiera se la quitan: la vuelven baldía. No hay un traductor bilingüe en los hospitales. Y tantas veces no se entiende qué duele ni cómo se sufre. “Hay comunidades que no tienen agua potable. Nada. Ni un pozo”. Algunos compran centenares de metros de manguera “para traer agua de otra comunidad que tiene; es un recurso escaso”. Pero “cuando juntan a dos o tres chicos para llevarlos al hospital lo primero que le dice la doctora a la madre es por qué no le lavaste la cara. Es difícil responder. No tienen agua y no pueden usarla para el aseo. Sufren mucho, son muy maltratados y no confían en el sistema de salud”, dice Susa Peralta a APe. Es periodista en la FM Noticias 88.1 y conoce profundamente el dolor y el olvido.


Con el verano encendiendo mediodías de 40 grados, la falta de agua fue un criminal que se cargó, con una eficacia sistémica, a los más débiles. Consciente de su impunidad, eligió 21 niños en 23 días. Un niño por día en Santa Victoria Este. En una alteración escandalosa del 11,5 por mil que exhibe la mortalidad infantil en el país.

Caciques y dirigentes discuten los nombres de los funcionarios a los que se debería expulsar. Algunos son funcionales a Urtubey. Y la cizaña partidaria termina horadando la fuerza de un reclamo que debería ser aluvional.

Son doce bebés que nacieron muertos de madres atravesadas por las bacterias, los virus, los parásitos y el desamparo.

“Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichis, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas”. Dijo Francisco Marinaro Rodó, secretario de Servicios de Salud.

Son decenas de comunidades salpicadas en treinta parajes de Santa Victoria Este. La mayor parte no acceden al agua potable. “Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”, dijo el funcionario, entre la docencia y la impudicia. “Cuando hay una muerte por desnutrición al primero que se culpa es al padre o a la madre porque no lo llevaron al hospital”. Susa Peralta sabe que la culpa se desmorona sobre los fáciles. Los que no tienen palabra ni medio para defenderse. Y se van muriendo de a poquito, extinguidos, por responsabilidad propia.

Pero no sólo son hambre, sed, virus y bacterias. Es también la violencia por niñas, por mujeres, por vulnerables, por cuerpos apropiados, por objetos en basural. Se convierten en madres en plena infancia, nadie las asiste ni las cuida. “Las chicas de 10, 11 años son traídas silenciosamente en el avión sanitario a realizar partos. Que son de alto riesgo porque no están en condiciones de parir. Esto no trasciende. Nosotros –relata Susa Peralta- nos enteramos por los vuelos sanitarios, que llegan y parecen que no trajeran a nadie. Pero sí: traen a las chiquitas que paren y se las llevan de vuelta al paraje, ya madres, sin siquiera el trámite de documentación. Muchas no cobran la asignación porque los niños están indocumentados y no tienen ni partida de nacimiento”.


De todas maneras, el gobierno salteño suele no discriminar en estos casos: los criollitos que viven en los barrios periféricos suelen seguir la misma suerte que los niños wichis. “Las salitas están desmanteladas, los chicos llegan a la escuela y se desmayan si no hay copa de leche porque no cenaron a la noche; si no desayunan a las diez de la mañana no aguantan. A la leche la retacean y en realidad le llaman copa de leche pero generalmente es mate cocido porque leche hay dos veces por semana. Y con suerte, acompañada por anchi”, un dulce de maíz con azúcar que suele ser la golosina barata de los niños en descarte.

Los chicos de la Salta profunda, de las comunidades devastadas, de los barrios que se caen de las agendas ministeriales, suelen pasar por las escuelas públicas. Pequeñas aulas satélite al aire libre y con bolsas como techo, donde un profesor se toma alguna chata ocasional o una paloma o su par de piernas para llegar a la nada. Donde sus alumnos están dispuestos a esperarlo los años que les dure la vida. Donde no hay privadas para optar ni matrículas carísimas que garanticen educación de excelencia.

Aquí el que sobrevive es un superhéroe sin poderes. Que pudo asomar la cabeza en el pantano que tira para abajo. Con una resiliencia que sólo transformará cuando sea colectiva. Y marche riéndose sin dientes ante la pavura de los funcionarios.


*Por Silvana Melo para Pelota de Trapo

lunes, 27 de marzo de 2017

Salta: Evitaron el paso de máquinas topadoras por territorio Lule

CONFLICTOS TERRITORIALES
Los integrantes de la Comunidad Lule de Finca Las Costas decidieron frenar ayer el paso de tres máquinas que ingresaron a desmontar en el territorio que reclaman como ancestral haciendo el desmonte de una presunta senda.

Una mujer decidió sentarse en la pala de una topadora para detener su paso por el territorio Lule.

Así lo indicó uno de los voceros de la comunidad, David Torres, al indicar que las acciones fueron realizadas por el empresario Carlos Bellini, quien también tiene parte de sus tierras en la zona, aunque a 100 metros de los catastros que la comunidad reclama como territorio.

Los problemas con Bellini se arrastran desde 2014, cuando este quiso disponer una casilla de madera en las tierras de los Lules. En aquel momento se logró una medida de no innovar que prohibía a Bellini y a los Lules a generar acto posesorio alguno.

Ayer cerca del mediodía los problemas resurgieron cuando el empresario, que tiene un loteo en las tierras que le pertenecen, dispuso dos retroexcavadoras y una pala para “voltear el monte”, dijo Torres.

El vocero Lule indicó que se hicieron las consultas a la Secretaría de Ambiente, en donde se le negó haber autorizado el paso de las máquinas por el lugar, aunque sí dijeron que Bellini estaba autorizado a realizar ese tipo de apertura de senda, pero en otra parte del terreno.

En principio, los Lules entendieron que Bellini quiere una salida de su loteo por las tierras de ellos, pese a que tiene la salida de su propiedad que colinda con villa Santa Rita.

Denuncian amenazas

Ayer el presidente de la comunidad, Mario Tolaba, se encontraba en la Comisaría 104 del barrio Palermo realizando las denuncias por presunta usurpación y amenazas en contra de Bellini. En la denuncia sumaron la presunta desobediencia judicial, dado que entienden que la orden de no innovar dictada desde el Juzgado Penal 1 sigue vigente. 

Mientras, la comunidad seguía en asamblea permanente para evitar el avance de las máquinas, cuyo paso fue primero evitado por María Saravia, la secretaria de actas de la comunidad.


Fuente: Nuevo Diario

jueves, 23 de marzo de 2017

¡GENOCIDIO ORIGINARIO NUNCA MÁS!

“Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio”.
Los Pueblos Originarios como protagonistas de nuestra lucha, historia y proyección como Pueblos Libres no dejaremos nunca más en manos ajenas las decisiones sobre nuestras vidas y territorios.
En el día de invocar a la memoria colectiva, las organizaciones territoriales de Pueblos Originarios levantamos las banderas históricas de emancipación continental que defendieron nuestros héroes y mártires Kallchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, del mismo modo lo hicieran los héroes revolucionarios de mayo como Miranda, Belgrano, Güemes, Artigas, Castelli, Moreno, Juana Azurduy, Sucre, Bolivar, O´Higgins, y quienes reconocemos como hermanos indígenas y afrodescendientes, San Martín, Dorrego y Monteagudo. Todos ellos abrazaron el ideal de la libertad, la igualdad y la reparación histórica, dando su vida por nuestra Patria Grande Libre y Soberana.

Hoy más que nunca resulta fundamental profundizar en la revisión de la “historia oficial” con el fin de aclarar, condenar y reparar los actos que, en el marco de la conformación del Estado Argentino, atentaron y atentan contra los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.

El avance sobre nuestros territorios en la segunda mitad del siglo XIX y las campañas de exterminio y dominación contra los pueblos originarios llevadas a cabo por el Ejército argentino al mando de Roca y Victorica, fueron realizadas con la complicidad de la Iglesia, de la elite gobernante y cipaya, representada en la figura de Domingo F. Sarmiento, y financiadas por los terratenientes del norte bonaerense, encabezados por el titular de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz.

Estos sectores oligarcas son los mismos que replicaron el Terrorismo de Estado durante la última dictadura, a partir del Golpe cívico militar de 1976, con un resultado de 30.000 desaparecidos, asesinatos, torturas, saqueo, robo de bebés y de identidades; se beneficiaron con las políticas neoliberales de los ’90, y hoy se reciclan en frentes y alianzas  políticas, que asaltaron el poder engañando a un sector de la sociedad, para continuar enriqueciéndose con el saqueo de nuestros territorios y bienes naturales, con el apoyo de las corporaciones financieras y los monopolios mediáticos, que invisibilizan, tergiversan y criminalizan la lucha de nuestros pueblos.

Desde el ENOTPO denunciamos y condenamos el constante hostigamiento de las fuerzas represivas del estado nacional y los estados provinciales quienes, en una clara connivencia con un sector de la justicia, atacan nuestros territorios e intentan eliminar y desaparecer a nuestros hermanos, tal el caso de lo recientemente sucedido con la Lof Resistencia Mapuce de Cushamen y con la Comunidad Happo Pau del Pueblo Guaraní en Embarcación Salta. Todos estos hechos y actos son violatorios de los derechos fundamentales que nos asisten como Pueblos Originarios preexistentes y que el Estado debe garantizar.

Reiteramos la denuncia del estado de indefensión e inseguridad jurídica que vivimos los Pueblos Originarios en cada uno de los territorios en el país desde diciembre de 2015, ante la parálisis de las políticas públicas establecidas para los Pueblos en materia de Territorio, reconocimiento y fortalecimiento jurídico, biodiversidad, comunicación con identidad, educación intercultural, agricultura familiar, salud intercultural, desarrollo con identidad, con el agravante del cierre de los espacios propios de gestión.

Rechazamos todas las operaciones mediáticas llevadas adelante por seudo comunicadores públicos, serviles a la patronal corporativa, quienes con investigaciones falsas y marcos teóricos establecidos por la conquista hoy pretenden invisibilizarnos y desconocernos como Naciones milenarias para continuar replicando su modelo reaccionario, totalitario y oligárquico. Exigimos a los organismos del estado que tomen nota de esta constante persecución, hostigamiento, discriminación y xenofobia hacia nuestras familias y autoridades comunitarias.

Por nuestros hermanos perseguidos y desaparecidos en la última dictadura civil y militar y por el Genocidio sufrido por nuestros Pueblos desde la conquista.

Nos declaramos movilizados en cada territorio y en estado de alerta permanente ante la constante violación de nuestros derechos territoriales.

¡EN DEFENSA DE LA VIDA, LA IDENTIDAD Y EL TERRITORIO!
¡DEFENDER EL TERRITORIO NO ES TERRORISMO!
¡LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

ENOTPO

















lunes, 20 de marzo de 2017

Tartagal - Salta: Denuncian al juez Mariscal Astigueta por abuso de autoridad

CONFLICTOS TERRITORIALES

El abogado Hernán Mascietti denunció penalmente al juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por haber violado un proceso de mediación penal entre dos ganaderos y miembros de las 9 comunidades originarias que disputan 6033 hectáreas en la jurisdicción de Embarcación. 

Fernando Mariscal Astigueta, juez de Tartagal denunciado por haber violado un proceso de mediación penal en una disputa por tierras.

También denunció a los ganaderos Huberto Bourlon de Rouvre y Julio Ortega Velarde, por la violación de este proceso de mediación. Según precisó el abogado en la denuncia presentada el martes último en la Comisaría 43 de Embarcación, el 30 de enero, mientras seguía la mediación en la Fiscalía Penal de Embarcación, Bourlon de Rouvre hizo instalar tres portones en el camino de uso común y le pusieron candado, cuyas llaves solo tienen él y Ortega Velarde, con lo que, de hecho, prohibieron el paso en vehículos de cuatro ruedas a los habitantes originarios.

El abogado reseñó que a eso de las 18 del 30 de enero se llevó a cabo “un operativo policial de custodia de la camioneta VW modelo Amarok, con un acoplado de cuatro ruedas que transportaba elementos de construcción y un portón de hierro que fue instalado en el territorio de la Comunidad”. Se trataba de dos portones que “fueron efectivamente instalados por personal civil al mando de Huberto Bourlón de Rouvre”. 

Un oficio

Mascietti inquirió a los policías sobre el motivo del operativo y quién estaba a cargo, y se le informó que era “el comisario José Cruz,que existía un oficio que estaban cumpliendo por el expediente 76816/16”. Sin embargo no le exhibieron el escrito, a pesar de que lo solicitó. Y Cruz le dijo estar cumpliendo órdenes del juez Mariscal Astigueta.

Por esto, Mascietti consideró que el juez puede estar incurso en los delitos de “abuso de autoridad, prevaricato, violación de deberes de funcionario público y/o usurpación” por “ejecución de un convenio de mediación penal” y “ejecución de un convenio de terceros”. Sostuvo que el magistrado “habría dictado en el expediente una orden extralegal” de ejecución de un convenio de mediación penal y de ejecución de un convenio de terceros, “lo que significaría desconocer todas las reglas del derecho”.

En cuanto a los finqueros, consideró que pueden estar incursos en los delitos de “usurpación o usurpación por turbación de la posesión”, y pidió que el fiscal interviniente “investigue quién fue o dio la orden de instalar un portón y quién lo cerró con candado y quién tiene la llave”. Del operativo fueron testigos miembros de las comunidades, entre ellos el cacique Luis Situe, Diana Situe y Evelina Veliz, y los periodistas Franco Fortunato (Radio Mágica) y Claudio Rojas (Radio Panamericana).

En la mediación penal (expediente 175/2016) el 30 de noviembre de 2016 hubo un acuerdo parcial por el que cuatro comunidades aprobaron que se instalara un portón y se cerrara el acceso en vehículos de 4 ruedas a la Loma Azul, no para vehículos de dos ruedas. Pero, advirtió Mascietti, dado que se trata de una “propiedad indivisible como la comunitaria”, el acuerdo quedó trunco porque (aunque luego otra comunidad lo firmó), cuatro comunidades mantienen hasta hoy su negativa a firmarlo.


Fuente: Nuevo Diario

Nueva Zelanda reconoce a un río como persona jurídica

La iniciativa sobre el Whanganui es pionera en el mundo. Los maoríes llevaban 160 años pidiéndolo

El río Whanganui, en Nueva Zelanda. GETTY

Nueva Zelanda ha otorgado este miércoles el estatus de persona jurídica al río Whanganui, venerado por los maoríes en la Isla Norte. El Parlamento ha aprobado una ley que combina los precedentes legales en Occidente con el misticismo maorí. La iniciativa es pionera en el mundo. Los maoríes, los indígenas de Nueva Zelanda, llevaban 160 años pidiendo el reconocimiento del río como una entidad viva. 

El río, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro de la minoría whanganui iwi (maorí), ha informado el diario New Zealand Herald.

"Sé que la reacción inicial de algunos será [pensar] que es bastante extraño dar personalidad legal a un recurso natural, pero no es más extraño que una fundación familiar, una compañía u otro tipo de sociedad", ha afirmado Chris Finlayson, ministro para la Negociación de Tratados. No es la primera vez que Nueva Zelanda reconoce estatus de persona jurídica a un recurso natural, ya lo hizo en 2013 con el Parque Natural Te Urewera, en la Isla Norte. "Este acuerdo reconoce la profunda conexión espiritual entre la minoría whanganui iwi y el río ancestral", ha añadido Finlayson.

Un grupo de la minoría maorí presente en el Parlamento en Wellington ha celebrado con bailes y cantos tradicionales la aprobación de la ley, un hito histórico en el país. "Yo soy el río y el río es yo", reza un dicho maorí. A partir de ahora los derechos del Whanganui podrán ser defendidos en un tribunal como los de cualquier otra institución humana.

El acuerdo al que se ha llegado sobre el río, que transcurre parcialmente a través del parque natural Whanganui, incluye una compensación del Gobierno a la minoría whanganui iwi de 80 millones de dólares neozelandeses (52 millones de euros), así como de otros 30 millones (19 millones de euros) para mejorar la salud del río.


Fuente: El Pais