La situación de comunidades y pequeños productores es cada vez más crítica, a pesar de la abundancia de leyes que deberían garantizar sus derechos.
Antes de que hubiera rutas para cortar, desmontes para denunciar o títulos que le pusieran nombres a la tierra, los pueblos originarios habitaron territorios que hoy tienen que demostrar que son suyos. En tierras abandonadas, campos deshabitados, durante varias generaciones, decenas de familias campesinas de Morillo criaron sus ganados, cosecharon sus cultivos y construyeron sus familias y pertenencias en miles de hectáreas de las que están a punto de ser echados. El chaco salteño, asolado por sequías y por inundaciones con la misma frecuencia, pone a prueba la capacidad de adaptación y la resistencia de los pastores que sostienen la actividad en la región.
Organizados en movimientos y asociaciones civiles que los propulsan, los originarios, los campesinos y los pastores dieron cuenta de su situación en una jornada de encuentro en la UNSa, donde el reclamo imperante volvió a ser la de políticas públicas que validen los derechos consagrados en las leyes. “Argentina reconoce muchos derechos. El tema es el cumplimiento de esas leyes”, dice Roberto Ñancucheo, representante del pueblo mapuche en el encuentro. “Escuchamos que el presidente dice que todos somos descendientes de europeos. Nos causa gracia, pero son las realidades que mostró la dirigencia durante muchos años”, agrega durante su exposición en Salta.
La organización de comunidades y productores es parte de la estrategia política de los grupos y Ñancucheo resume la identificación en pocas palabras: “pertenecemos al espacio de los negros, de los pobres y el campesinado, pero antes que todo eso somos pueblos originarios”.
"Lo que necesitan comprender los gobernantes y los consumidores es que se trata también de reflexionar sobre quiénes y cómo administran nuestra soberanía alimentaria, quién gobierna nuestra nutrición” María Teresa Álvarez, Alianza de Pastores.
En todo el país hay 39 pueblos, de los cuales 14 se encuentran en Salta. Sin embargo, hay cinco que no fueron reconocidos por el estado provincial: el Tastil, el Atacama, el Iogys, el Weenhayek y el Lules. “El pueblo Tastil por ejemplo, son 14 comunidades que tienen personería jurídica pero siguen peleando por el reconocimiento como pueblo”, explica David Pastrana, delegado de la Unión de Pueblos Diaguitas de Salta.
Pastores en la orilla
Otra realidad es la de las comunidades pastoriles del chaco salteño, reunidos en una Alianza de Pastores que participó con la presentación de María Teresa Álvarez, de Pozo del Tigre, en Formosa. “No nos reconocen como productores sino como ocupadores. Nos califican de inviables y lo que están haciendo es un desalojo de guante blanco, porque están desprestigiando nuestras prácticas y la gente se está yendo del territorio”, dice la pastora.
La marginalidad del oficio es también parte de las condiciones a las que se adaptaron a través de generaciones de aprendizaje. “Aprendimos a manejar el ambiente en la explotación y las prácticas ganaderas y creemos que los sistemas pueden convivir. Lo que necesitan comprender los gobernantes y los consumidores es que se trata también de reflexionar sobre quiénes y cómo administran nuestra soberanía alimentaria, quién gobierna nuestra nutrición”, agrega Álvarez y agrega que en el campesinado se distribuye un gran porcentaje de la producción destinada al consumo familiar de las poblaciones en zonas no urbanizadas.
“Lo poco que se hace con los pueblos originarios es desde el asistencialismo... ayudar al indiecito a salir de la pobreza", David Pastrana, Unión de Pueblos Diaguitas.
El camino del campesinado
Diego Montón, representante del movimiento Vía Campesina, plantea una estrategia de lucha a partir de tres ejes: la reflexión sobre el impacto de la Organización Mundial del Comercio en la vida campesina, el reclamo por la tierra y la lucha por la agricultura campesina como alternativa a las imposiciones de la producción que definen las corporaciones.
“El derecho siempre va a ser una lucha y se trata de generar el escenario para luchar por esos derechos. Hay que construir unidad y fuerza”, arenga Montón y hace foco en los movimientos locales como espacios de legitimación. “La agricultura campesina tiene un tercio de la tierra agrícola y alimenta al 75% de la humanidad. Los otros dos tercios de la tierra lo tiene la agroindustria, que abastece al 25% de las personas”, resume, y el mapa del desequilibrio queda a la vista.
La agenda postergada
En la lista de cuestiones pendientes, originarios, campesinos y pequeños productores encuentran en común la ausencia del Estado. Unos por el derecho a un territorio colectivo, otros por la autonomía y la autodeterminación, las causas se unifican delante de lo que definen como la falta de políticas para la convivencia en paz. “Lo poco que se hace con los pueblos originarios es desde el asistencialismo. El diálogo con nosotros es en términos antropológicos, denotando la inferioridad de condiciones, es ayudar al indiecito a salir de la pobreza, pero no vamos a salir si nos siguen avasallando el territorio”, dice Pastrana.
Del lado de los campesinos, Antolín Soraire, de la comunidad campesina de Morillo, representa el reclamo de 12 familias que perdieron juicios en primera y segunda instancia por la posesión veinteañal de tierras en Rivadavia Banda Norte, en riesgo de ser desalojadas por el vencimiento del artículo 9 de la Ley 7658. “Somos 58 familias de poseedores, y 12 que perdimos en la justicia, pero vamos a resistir. No vamos a entregar así nomás lo que es nuestro”, dice, y nombra a su padre y su abuelo, que desde 1892 trabajaron la tierra que está muy cerca de perder.
“Según el fallo del juez, el titular registrado es una mujer de Buenos Aires, que tiene 17.000 hectáreas a su nombre y nunca las usó”, se queja Soraire y pide la posibilidad de una mediación para acordar nuevos términos y evitar el destierro.
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