viernes, 8 de diciembre de 2017

Declaración de las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

Declaración de las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

Considerando el actual contexto político y económico de nuestra región, caracterizado por sucesivos retrocesos en derechos y garantías históricamente conquistadas por nuestros pueblos y en políticas públicas vinculadas al combate del hambre y a la reducción de la pobreza en el campo, las Organizaciones de la Agricultura Familiar, reunidas en la XXVII REAF MERCOSUR PPTB, en Florianópolis, Brasil, declaramos:
Que la REAF es un espacio de diálogo político del MERCOSUR de recomendación para la implementación de políticas públicas para la AFCI. Recibimos con beneplácito la decisión de extensión del FAF, garantizando su pleno funcionamiento con amplia y equitativa participación social, asegurando la presencia efectiva de jóvenes y mujeres de las organizaciones de la AFCI. A su vez, reiteramos la importancia de la aprobación de un nuevo periodo del FAF para dar continuidad a ese proceso. 
Que la AFCI es el principal responsable de la producción de alimentos saludables, del desarrollo rural sostenible de nuestros territorios, de la soberanía alimentaria y nutricional, y el Buen Vivir de nuestros pueblos. Seguiremos luchando por nuestra autonomía y mejor calidad de vida en el campo, para alcanzar estos objetivos es necesario contar con políticas de acceso a la tierra y al agua, a mercados diferenciados, al financiamiento e innovaciones tecnológicas, así como el fortalecimiento de las organizaciones con enfoque de género y juventud.
Que condenamos toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, reafirmamos la necesidad de adoptar políticas y acciones estructurales de protección que fortalezcan el rol y la autonomía de las mujeres rurales. Es necesario construir políticas específicas para la juventud rural, como forma de permanecer en el campo y fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena en nuestros territorios.
Que repudiamos y condenamos la criminalización, en especial a los pueblos originarios, así como la persecución política e ideológica que vienen sufriendo nuestros principales líderes y lideresas populares, víctimas de repetidos ataques en el campo y en las ciudades. Instamos a nuestros gobiernos a restablecer los diálogos y garantizar el respecto a la diversidad cultural, a la libertad de expresión, y la garantía de los derechos históricamente conquistados por nuestros pueblos y naciones.   
Que es urgente tomar medidas de protección a los bienes naturales, suelo, agua, y la formulación de políticas estructurales que garanticen el acceso a la tierra y territorio, como forma de preservación del Medio Ambiente a través de la reproducción de prácticas y saberes tradicionales que caracterizan nuestro modo de vida, teniendo por base la agroecología como organización productiva y alternativa para la protección de los recursos naturales, enfrentar los efectos del cambio climático, y la producción de alimentos saludables, libres de agrotoxicos.
Que reconocemos los avances producidos a partir del diálogo con las Naciones Unidas, y la importancia de la implementación de las DVGT, de los ODS 2030, de la Declaración del Año Internacional de la Mujer Rural-2018, y de la iniciativa de la Declaración del Decenio de la Agricultura Familiar cuya aprobación que está a punto de concretarse, así como la construcción de directrices regionales de políticas públicas para la AFCI en el marco de la REAF. Debemos impulsar esas agendas con el objetivo de sensibilizar nuestros gobiernos y sociedades sobre la importancia del rol desempeñado por la AFCI en la soberanía alimentaria y la promoción del desarrollo sostenible como forma de eliminar la pobreza y el hambre en nuestros territorios.  
Que manifestamos nuestra preocupación y condenamos la ausencia de transparencia y del debido proceso de consulta y participación de la AFCI en las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales que ponen en riesgo la soberanía y la autonomía política y económica de nuestros pueblos.
Frente a la concreción del acuerdo MERCOSUR-UE en el marco de la 11ª Conferencia Ministerial da OMC en Buenos Aires, las Organizaciones de la AFCI rechazan la firma del mismo, el cual provocará la profundización del hambre, el desarraigo del campo, el subempleo, la concentración y extranjerización de tierras y recursos naturales, aumentando los conflictos y la violencia en los territorios. Por lo tanto, exigimos la salvaguardia de la AFCI en toda y cualquier negociación comercial internacional.  
Por lo expuesto, y para avanzar en el proceso de diálogo democrático, respetuoso y plural en la REAF, instamos a los gobiernos que consideren las recomendaciones de esta declaración como propuesta para saldar y reparar la deuda histórica que tienen con nuestros pueblos. 

Florianópolis, 7 de Diciembre de 2017. 

lunes, 4 de diciembre de 2017

ASÍ HABLABA SANTIAGO



Santiago Maldonado habla a través de su obra. Habla y actúa y se moviliza y crea, tal vez como miles y miles de jóvenes de otros pueblos donde ocurren las mismas cosas.
Estos son los murales que pintó en su ciudad, 25 de Mayo, con su amigo Gastón, quien explica para purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis, paso a paso las obras.


FUERA MONSANTO

Pintado con pocos recursos una tarde fría de julio 2016. La idea previa era clara: un sujeto con máscara intentando resistir frente la contaminación. A partir de ahí, todo lo demás.
En 25 de Mayo utilizan muchos agroquímicos ya que hay miles de hectáreas de campo.

…de ahí la referencia al Roundup y el juego de palabras con PESTI-SIDA, para reflejar las enfermedades que causa el uso de estos productos (obviamente no el H.I.V).

El Sol y el ave, las plantas poseídas, la viscosidad verde.

MASACRE AMERICA
El recordatorio sobre la masacre que aún continúa


La mirada mapuche
La tristeza y la fuerza de resistencia

MASA INERTE

“Arrastrar una masa inerte de carne y huesos no es vivir, es solamente vegetar”- Representa claramente la esencia de vida de Santiago: la creatividad

No parar de hacer y pensar movimientos, para precisamente, mantenerse vivo cuando sabemos que nos morimos a cada segundo, en cámara lenta y muchas veces, dormidos.
Arrastrar la masa inerte es estar muerto en vida, por eso la urgencia de estar en estado de creación constante.

Hacia la nada creadora (el principio) la ruptura total, el quiebre con lo pre-establecido, el encuentro con nuestro ser.
El sujeto acostado por el sistema que a pesar de eso, vomita un arcoíris. La resistencia encarnada en transformar el malestar de la vida en algo con sentido. Desembarazándose y dejando en claro que la dignidad no se transa.
SKATE

El pibe skater transitando la ciudad en medio de fábricas tóxicas, acompañado por un gato negro

En el fondo una iglesia con su cruz ardiendo. Debajo el símbolo mapuche con el nombre HUETEL MAPU, que significa TIERRA DE MULITAS, el nombre original de la ciudad de 25 de Mayo.
La frase SOUL REBEL, reflejando la intensidad del espíritu del amigo, rebelado contra el sistema permanentemente.

RATAS

La presencia de ratas refleja un poco la suciedad incluida en el bello paisaje. La suciedad presente y no escondida.
La muerte en llamas tocando su canción.
El árbol seco. La telaraña que enreda al sujeto que apunta a su propia cabeza de TV (BANKSY).

La ardilla en el centro de la escena, dorada y luminosa con su alimento vital. Concentrada en medio del hermoso caos que la rodea.
Este mural, el más colorido y con muchas imágenes, fue el último que hicimos con Santiago.

Un especial agradecimiento a Marta Ticera, secretaria de Gobierno y Hacienda del Municipio de 25 de Mayo, por la cesión de las fotos de los murales.

sábado, 2 de diciembre de 2017

¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!

Foto: Euge Neme

Ante los hechos de violencia estatal cometidos contra la Lof Lafken Winkul Mapu que derivaron en el asesinato del kona Rafael Nahuel, desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios queremos manifestar nuestro repudio, dolor y profunda preocupación por la escalada de criminalización, estigmatización y violencia que nuevamente amenazan nuestras identidades y nuestras culturas como pueblos preexistentes.

Rafael Nahuel, el Rafa, quien fue asesinado el sábado 25 de noviembre a manos del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional, era un joven de 21 años que, como relatan los más cercanos, estaba en un proceso de recuperación de su identidad mapuce. Recuperar… ¿Por qué un joven necesita “recuperar” su identidad?

El pueblo Mapuce, como todos los pueblos originarios, fuimos y seguimos siendo víctimas de un genocidio que inició en 1492 y se profundizó con el proceso de conformación del “Estado-Nación” (“nación” en singular) en el cual se pretendió negar y aniquilar la existencia de otras naciones y culturas milenarias preexistentes al Estado, a través de diversos mecanismos como el despojo territorial, la desarticulación de los lazos comunitarios, la apropiación de niños, el sometimiento a la esclavitud; dispositivos disciplinarios como la prohibición de nuestras culturas, la imposición religiosa y la educación occidental; como así también métodos de violencia física como violaciones sexuales, privación de la libertad y asesinato de nuestras autoridades políticas y espirituales.

Una vez más, los pueblos originarios volvemos a revivir y a sentir el dolor profundo del genocidio originario, no sólo como parte de nuestra memoria colectiva, sino como parte de nuestro presente y en nuestras vidas cotidianas, en las oportunidades de trabajo, en el acceso a la educación, en los barrios que vivimos, en esa necesidad de volver a encontrarnos con nuestras raíces que fueron negadas y ocultadas detrás de una nube de prejuicios y estigmas sociales que nos siguen lacerando.

Esa política genocida hoy se manifiesta en un contexto de violencia institucional y ensañamiento contra el Pueblo Mapuce, en las operaciones mediáticas de estigmatización que pretenden mostrarnos como violentos y en las campañas políticas del gobierno nacional que buscan encuadrarnos como terroristas para negar la posibilidad de un proceso de diálogo real y el reconocimiento de nuestros derechos, establecidos en un amplio marco normativo nacional e internacional.

No es menor el hecho de que el operativo represivo contra la Lof Lafken Winkul Mapu se dio en un momento de gran sensibilidad e importancia para el Pueblo Mapuce ya que la recuperación de ese espacio territorial ancestral, está relacionada con el levantamiento de una Machi, una autoridad espiritual, lo cual implica un hecho de fortalecimiento identitario y cultural para el Pueblo Mapuce.

En este contexto de desarrollo cultural y espiritual, el gobierno tomó la decisión consciente de usar la vía de la fuerza, violando nuestros derechos humanos y derechos fundamentales como Pueblos Originarios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.

Cabe recordar, además, que el asesinato de Rafael el 25 de noviembre, fue el punto culmine de toda una secuencia de hechos violentos por parte de las fuerzas policiales y militares que incluyeron el desalojo a los miembros de la Lof, el día 23 de noviembre, con maltratos físicos y psicológicos, agravados por la captura de bebés y menores, los cuales fueron separados de sus madres y padres, y precintados, en una peligrosa violación a los derechos básicos de los niños y las niñas.

Nos preguntamos ¿qué peligro pueden ver en un pueblo que se establece en su territorio para desarrollarse espiritualmente, una cultura que desde tiempos ancestrales mantiene una relación de equilibrio y armonía con la madre tierra? ¿Qué peligro ven en un joven que recupera su identidad, una identidad que defiende el territorio y los recursos naturales? ¿Qué intereses defiende el gobierno para justificar la cacería contra el Pueblo Mapuce?

La autopsia, el allanamiento en la comunidad y las declaraciones de los testigos, echan por tierra la mentira del terrorismo y el enfrentamiento que quisieron imponer desde el gobierno a través de los medios adictos.

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NO SOMOS VIOLENTOS, NO USURPAMOS NUESTROS TERRITORIOS, NI SOMOS TERRORISTAS. Nos quieren poner en ese lugar para negarnos nuestros derechos como pueblos preexistentes y dar vía libre a los Lewis, los Benetton y tantos otros empresarios usureros para la explotación y saqueo de los bienes naturales de nuestros territorios, un derecho ancestral de nuestros pueblos y de todo el pueblo argentino, porque la naturaleza es la base de la vida y del Buen Vivir.

En este escenario de persecución, criminalización y confusión impuesto desde los medios de comunicación hegemónicos, y digitado desde el gobierno nacional y sus empresarios amigos, las organizaciones territoriales nucleadas en el ENOTPO queremos convocar a toda la sociedad a que no se conforme con el discurso de los medios dominantes. Los invitamos a informarse a través de medios alternativos, a escuchar nuestra voz en primera persona, a la comunidad académica, y en especial animarse a conocer a los más de 40 pueblos originarios que preexistimos y vivimos en esta Argentina, a relacionarse con nuestras organizaciones, comunidades, autoridades  y referentes, hermanos y hermanas que todos los días trabajamos desde nuestros territorios para construir un Estado soberano y plurinacional.

Abrazamos y acompañamos a la familia de Rafael Nahuel, asesinado por las fuerzas homicidas del Estado, saludamos al Pueblo Mapuce en la defensa del Territorio y de la vida.

¡Rafael Nahuel continúa vivo en la memoria y en la lucha de los Pueblos Originarios!


¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL! 

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO MAPUCHE!

¡JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡RESTABLECIMIENTO DEL DIÁLOGO, CONSULTA Y PARTICIPACION!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

¡MARICIWEW MARICIWEW MARICIWEW!

jueves, 30 de noviembre de 2017

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!


Territorio Chuschagasta, 28 de noviembre de 2017

Pueblo - Nación Diaguita (Actualmente provincia de Tucumán. Valle de Choromoro, Dto. Trancas)

Desde nuestro Territorio Ancestral, nosotros, Los Chuschagasta (Pers. Jurídica N°03 Re.Na.Ci/INAI) Pueblo Originario preexistente a la creación del Estado Argentino, expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución que vienen padeciendo nuestros hermanos y hermanas de la NACIÓN MAPUCHE, esta escalada de violencia que fue incrementándose en este último tiempo y que dio como resultado despojos territoriales, persecuciones, encarcelamientos y muertes.

Enviamos toda nuestra fuerza a la familia del hermano Rafael Nahuel, asesinado el pasado sábado 25 de noviembre, en el marco de una fuerte represión sufrida en territorio del LOF LAFKEN WINKUL MAPU (actualmente provincia de Río Negro, lago Mascardi, Bariloche) a manos del grupo especial de Prefectura Albatros, Gendarmería Nacional y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), donde más de 400 efectivos participaron de la inhumana cacería que dio como resultado hermanas y hermanos mapuches heridos de gravedad y el asesinato de nuestro hermano Rafael Nahuel.

Desde nuestro territorio nos unimos en un pensamiento colectivo para rechazar y repudiar el accionar violento de las fuerzas de "seguridad" que nuevamente actúan avasallando nuestros derechos humanos colectivos consagrados en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, Convenios y Declaraciones Internacionales. Asimismo violan los derechos que tenemos por ser ciudadanos argentinos.

Hacemos público nuestro repudio a los dichos cargados de discriminación, ignorancia y xenofobia expresados por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quién calificó el "accionar de las fuerzas de seguridad como legal y legítimo". Al respecto, de más está decir que el accionar llevado a cabo carece de "legalidad" y que, por el contrario, es totalmente inconstitucional, ya que va en contra de todos los derechos antes mencionados. También cabe aclarar que la Constitución Nacional contempla en su artículo 75 inciso 17 nuestros derechos colectivos que no sólo reconocen nuestra preexistencia sino que también reconoce nuestra identidad originaria y el derecho a vivir en nuestros territorios, entre otros derechos.

Le comunicamos a la Ministra de Seguridad Bullrich que los Pueblos Originarios no tenemos resuelto el "problema" territorial de ninguna manera. Muestra de ello es el asesinato de nuestra autoridad Javier Chocobar, quién fue asesinado a quemarropa por defender nuestro territorio el 12 de octubre de 2009. No sólo asesinaron a nuestra Autoridad sino que también dispararon indiscriminadamente hacia nuestros comuneros, comuneras y nuestros niños, hiriendo a tres de los nuestros. Los asesinos Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso (estos dos últimos ex policías) al día de hoy gozan impunemente de libertad.

Para que cesen los conflictos territoriales el Estado Argentino debe reconocer en primera instancia que se estableció sobre territorios habitados por nuestros pueblos desde hace miles de años, a fuerza del genocidio de nuestros antepasados. Es obligación y responsabilidad de este Estado garantizar que esa historia de violencia no se repita y establecer mecanismos de diálogo intercultural, para hacer efectivos nuestros derechos como Pueblos Originarios y también como ciudadanos argentinos.

La titularización de nuestros territorios comunitarios es parte de la deuda de reparación histórica hacia los pueblos.

Enviamos fuerza y acompañamiento para los hermanos y hermanas del Lof Lafken Winkul Mapu.

Por último reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable en defensa de nuestro territorio ancestral.


¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!

¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!!

¡¡BASTA DE PERSEGUIR A LA NACIÓN MAPUCHE!!

¡¡ PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!

El juicio de la Historia



La Megacausa ESMA llegó a sentencia, con un saldo de 29 prisiones perpetuas, 19 condenas de 6 a 25 años, y 6 absoluciones. Astiz, Acosta, Pernías y todos los otros nombres. La represión ilegal, el terrorismo de Estado, el sistema de desaparición y muerte pudo ser juzgado de un modo inédito en el mundo. La emoción del fallo vivida en Comodoro Py.

Al pronunciar su alegato de defensa ante la Cámara Federal porteña en el primero de los juicios al terrorismo de Estado, en 1985, el almirante Emilio Eduardo Massera emitió un augurio: “Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la Historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final”.

Este 29 de noviembre aquel delirio de grandeza de quien comandó la Armada durante la dictadura comenzó a tener respuesta.

¿Qué significan la historia, la crónica y la búsqueda de justicia? 789 víctimas y 54 genocidas eran las primeras cifras que figuraban en el volante que se repartía en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py, donde se leyó la sentencia del mayor de los juicios realizados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) o la Unidad 3.3.2. Modos técnicos de nombrar al infierno.

La llamada Megacausa ESMA, por el volumen y la intensidad del crimen, fue llevada adelante por el Tribunal Oral Federal número 5, duró 5 años entre desarrollo y testimonios. Pero tal vez fue llevada adelante, en mayor medida aún, por más de 40 años de memoria y reconstrucción de la verdad por parte de las victimas sobrevivientes y familiares que convirtieron a esa memoria en un hecho colectivo.

“Todos y cada uno de estos juicios empezaron en los lechos de tortura, en las noches , encapuchados. Cuando estábamos encadenados y veíamos con dolor e impotencia que se llevaban a nuestros compañeros los días de traslado (el término que se usaba en la ESMA para referirse a los vuelos de la muerte). Desde ahí nos comprometimos y sobrevivimos para esto. Los compañeros que hoy no están , si hubieran estado, hubiesen luchado con nosotros por la justicia. Por justicia por los crímenes de la dictadura y por la justicia en todo terreno para nuestro pueblo. La lucha que nos hizo ser desaparecidos”, dice Graciela Daleo, una de las tantas sobrevivientes que aportó su testimonio en cada juicio, desde 1985, en busca de condena y justicia.

Y algo que había dicho en 2011, en una de las causas previas seguidas por los crímenes de la ESMA: “Hubo organizaciones que tuvieron innegablemente una dinámica profunda para que esto ocurra, como las organizaciones de derechos humanos. Pero esto es colectivo. Ojalá lo viva como una victoria todo nuestro pueblo”.

Una “X” junto a 29 fotos

Un Comodoro Py rodeado de mujeres y hombres de las más variadas generaciones. Se respiraba al comienzo un clima de atención y preocupación. Nietos, hijos, sobrevivientes y las infaltables Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sentadas con sus pañuelos blancos de siempre, y sus bastones de ahora. Todas piezas fundamentales para entender el festejo del logro histórico, y mundial, que implicó esa sentencia.

La lectura del fallo se iba viendo en una pantalla entre el silencio, los chiflidos y los gritos de festejos ante cada condena.

Unas jóvenes anotaban sobre un papel con las fotos de cada genocida: “X” era perpetua, “0” era absuelto, o anotaban el número de años de prisión.

La lectura de los números de la muerte pareció infinita. Cada foja de cada causa significaba cifras desmesuradas. Cifras de los crímenes, vejámenes y torturas cometidos por cada uno de los 54 genocidas:

Privaciones ilegítimas de la libertad agravada.

Imposición de tormentos.

Homicidios agravados.

Sustracción de menores de edad.

Y en el medio del desglose del horror se escuchaba algún grito desgarrado: “Hijos de puta”, o “Queremos todas perpetuas”, como gritó una hija de desaparecidos al aire con la foto blanco y negro de su padre en la mano.

“Esto es para las Madres”, fue uno de los muchos gritos que se escucharon cuando dijo finalmente el juez dijo “Alfredo Astiz: perpetua”. Fue uno de los casos que recibió como respuesta una ovación que también pareció infinita. Varios de los presentes comenzaron a recordar en voz alta que fue el culpable, entre muchas otras atrocidades, de la

desaparición de tres de las Madres fundadoras: Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Careaga, Mary de Bianco, en diciembre de 1977.

Mabel Careaga, una de las hijas de Esther, con las voz quebrada dice: “Después de que secuestró a las tres Madres, ellas fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Me consta que las madres volvieron al jueves siguiente a la Plaza de Mayo con miedo y con temor y con esa vuelta a la Plaza derrotaron a la dictadura. A esa vuelta a la Plaza le debemos la democracia de hoy. Las perpetuas de Astiz, los pilotos y todos los genocidas son también gracias a que volvieron aquella vez, y siempre”.

Otras dos condenas ovacionadas fueron la de Adolfo Donda y Jorge “Tigre” Acosta. Los jóvenes seguían escribiendo la “X”.

Cada tanto el juez Daniel Obligado interrumpía la lectura para pedir silencio en la sala porque algunos familiares de genocidas gritaban que no estaban de acuerdo con la condena.

El resultado final de la sentencia de la Mega Causa fue:

29 perpetuas, 19 condenas de 6 a 25 años, 6 absoluciones.

Todos los nombres

Es imposible memorizar tantos nombres, pero conviene el registro:

Jorge Eduardo Acosta (prisión perpetua), Alfredo Astiz (perpetua), Juan Antonio Azic (perpetua), Randolfo Agusti Scacchi (prisión perpetua), Juan Alemann (absuelto), Ricardo Miguel Cavallo (perpetua), Adolfo Miguel Donda (perpetua), Antonio Pernías (perpetua), Juan Carlos Fotea (25 años), Rubén Oscar Franco (20 años), Miguel Ángel García Velasco (perpetua) y Pablo García Velasco (perpetua), Juan Arturo Alomar (13 años), Carlos Guillermo Suárez Mason (perpetua), Paulino Oscar Altamira (8 años), Mario Daniel Arru (perpetua), Daniel Humberto Baucero (10 años), Julio César Binotti (8 años), Carlos Octavio Capdevilla (15 años), Miguel Enrique Clements (8 años), Daniel Néstor Cuomo (perpetua) y Rodolfo Cionchi (perpetua). Juan de Dios Daer, Alejandro Domingo D’Agostino (perpetua), Hugo Enrique Damario (perpetua), Carlos Eduardo Daviou (12 años), Jorge Manuel Díaz Smith (12 años), Francisco Di Paola (perpetua), Alberto E. González (perpetua), Orlando González (perpetua), Ricardo Jorge Lynch Jones (absuelto), Jorge Luis Magnacco (24 años), Roque Ángel Martello

(absuelto), Rogelio José Martínez Pizarro (perpetua), Luis Ambrosio Navarro (perpetua), Víctor Roberto Olivera (14 años), Rubén Ricardo Ormello (absuelto), Eduardo Aroldo Otero (17 años), Mario Pablo Palet (8 años), Guillermo Pazos (16 años), Antonio Rosario Pereyra (10 años), Claudio Orlando Pittana (perpetua), Julio Alberto Poch (absuelto), Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Rádice (perpetua), Francisco Lucio Rioja (perpetua), Miguel Ángel Alberto Rodríguez (8 años), Juan Carlos Rolón (perpetua), Néstor Omar Savio (perpetua), Hugo Sifredi (perpetua), Emir Sisul Hess (absuelto), Gonzalo Torres de Tolosa (perpetua), Eugenio Vilardo (perpetua) y Ernesto F. Weber (perpetua).
No pudieron

En cuanto terminó la lectura del fallo el canto fue general: “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar” y no tardó mucho en llegar el grito de 30 mil detenidos desaparecidos presentes.

Sobre la avenida Comdoro Py muchos de los miembros de organismos de Derechos Humanos hablaron desde el escenario dijeron las mismas palabras: “Apelaremos las sentencias insuficientes pero sobre todo sepamos que somos capaces de conseguir esto porque luchamos y hay que festejarlo”.

Lita Boitano unía pasado y presente: “Creo que es una gran jornada porque muchos jóvenes van a poder ver que muchos por lo menos la pagan. Por Santiago y por Rafita tenemos que pensar que por lo menos la pagan. Será la policía, será la prefectura, pero la impunidad no la vamos a volver a permitir. El único lugar donde se logran estas cosas es en la calle. Con la cara, el cuerpo y la palabra todo el tiempo”.

En una gran pantalla instalada en la calle se proyectaron en blanco y negro las fotografías de los detenidos desaparecidos de la ESMA, que todos se quedaron mirando y aplaudiendo.

Graciela Daleo, Vicky, leyó dos fragmentos de poemas que hicieron emocionar a la mayoría de sus compañeros de juicio:

“Y cuando finalmente llegue ese día,

cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver,

y ahí me veas,

y una voz te diga lo matamos,

se nos escapó en tortura,

está muerto,

cuando te digan absolutamente,

definitivamente muerto,

no les creas,

no les creas,

no les creas”.

Agregó: “No les creamos porque somos capaces de hacer vivir a nuestros compañeros en la memoria y en estos juicios que construyamos cada día de un país más justo para todos”.

Y volvió a leer:

“Ellos saltan las rejas,

ellos salen del río,

y derriban los muros,

van contigo y conmigo,

más allá del silencio,

más allá del olvido,

los compañeros nuestros,

nuestros seres queridos,

van contigo y conmigo,

no pudieron con ellos,

no pudieron conmigo,

no pudieron con nosotros,

con todos nosotros”.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Muerte del joven mapuche: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”



Días atrás se conoció la muerte de un joven mapuche quien fue baleado por la espalda por efectivos de Prefectura Naval durante operativo de desalojo y represión en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Esta situación se enmarca en las crecientes críticas a la lucha de las comunidades originarias y la justificación de las represiones constantes a las que son sometidas por parte de los gobiernos nacional y provincial. La abogada Verónica Huber habló al respecto y dejó en claro cuáles son las normativas constitucionales que protegen a los pueblos originarios y que son violadas permanentemente por el Estado. Denunció, además, que lo ocurrido en Bariloche no es ni más ni menos que un homicidio.

Para comenzar a conocer sobre los derechos de los pueblos originarios y sus comunidades, recomendó leer el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, en donde se habla sobre las comunidades y sus derechos, principalmente a la posesión y propiedad comunitaria. Luego, sugirió la lectura del inciso 22, el cual enumera una serie de tratados de derechos humanos y los equipara con la Constitución Nacional. “Esa lista no es cerrada, los distintos tratados de derechos humanos que se vayan ratificando por el Estado nacional a través de leyes tienen las mismas características, tienen el mismo rango que la Constitución”, explicó.

“En función de eso vayan y busquen la ley 24071- continuó- en la que el Estado argentino, a través del Congreso de la Nación, ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen los derechos de los pueblos originarios. No solamente a la propiedad comunitaria sino a la protección por parte del Estado a través de todos sus poderes”.

Así, al analizar la situación actual remarcó: “Lo que uno escucha en los medios es: ‘La propiedad privada está en la Constitución’, ese es el primer argumento, porqué usurpan, y no están usurpando, están reclamado”.

Al respecto, recordó que la semana pasada el Congreso ratificó la ley 26160, que dispone la emergencia territorial y la suspensión de los desalojos de las comunidades que están siendo relevadas o que han solicitado relevamiento, y cuestionó: “No escuché a nadie que pregunte, en particular en los reportajes que se han dado a los funcionarios públicos, que pregunte sobre las normativas indígenas, y no son normativas que pusieron los indios, son normativas del Estado argentino que protegen a las comunidades indígenas, que además han sido declarados por las Reglas de Brasilia como sujetos especialmente vulnerables, por lo cual requieren una protección superior del Estado a la de cualquier ciudadano común”.

“El Estado no está haciendo más que violar los derechos, en este caso, de una comunidad mapuche específica, igual que lo hizo con la Pu Lof Cushamen”, aseveró la abogada sobre la situación que se vive en el sur del país y agregó. “Son comunidades que están en proceso de relevamiento, son comunidades que están cumpliendo con las normativas del Estado, a la espera de que el Estado cumpla alguna vez con las que tiene a su cargo”.

Asimismo, sostuvo: “Acá tenemos comunidades que ya tienen resolución de relevamiento y el Estado no tiene ni miras de empezar a comenzar el trabajo para titularizar las tierras”, y enfatizó: “El Estado está en un incumplimiento constante”.

Un homicidio

“¿En qué parte de la Constitución Nacional o de las leyes argentinas está habilitado el asesinato o la pena de muerte por la comisión de algún supuesto delito?”, cuestionó la abogada respecto a lo ocurrido en Bariloche y subrayó que “lo que debiera ser la noticia en todos los medios nacionales es que Prefectura mató a una persona por la espalda con una bala de plomo que no debía estar utilizando”.

En esta línea, criticó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, sentada al lado del Secretario de Derechos Humanos de Nación, “dijo que ellos no iban a cumplir órdenes que ellos entiendan que no corresponden”. “Dijeron que no van a cumplir la orden de un juez, y quién tiene autoridad sobre la fuerza de seguridad es el juez, no es la Ministra de Seguridad. El juez es el que tiene la autoridad en cada actuación específica respecto a la fuerza de seguridad”, explicó la abogada.

“Están peleando por la tierra, están resistiendo dentro de su casa, de su territorio, para que no ingresen quienes son ajenos a él”, enfatizó sobre la situación de las comunidades y, comparando lo ocurrido con los casos del periodista Baby Echecopar y del juez Claudio Bonadío, quienes asesinaron a personas que intentaron robarles, lamentó: “Según quién sea el que mata parece que está habilitado, y no sería de extrañar que en cuanto se diluya toda esta situación esto prescriba”.

Continuando con su análisis, puntualizó: “Actuando una fuerza de seguridad estando un operativo bajo supervisión del Estado y existiendo un muerto, la presunción es en contra del Estado, que debe probar que no fue su responsabilidad y que no se está soslayando por la vía de la represión la aplicación de una pena de muerte no permitida ni por la ley ni por los tratados internacionales”. “La responsabilidad directa es de quien disparó, pero la responsabilidad más importante para mí es del Estado que está avalando estas conductas represivas violentas y que ha decidido prácticamente exterminar a aun sector social a fuerza de represión”, aseveró.

Remarcó que “ninguna argumentación justifica la muerte de una persona, más cuando se da en una situación en la que intervienen fuerzas de seguridad que no deberían utilizar armas de fuego porque las normativas dicen que no deben utilizarlas, y además cuando le disparan a una persona por la espalda”, y dijo: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”.

Cuestionó también: “No veo que me estén contando que ya se han requisado las armas de todos los efectivos que intervinieron para determinar cuál de ellas fue la que disparó, se está obviando esto”, y alertó respecto a que “están circulando fotos de supuestos mapuches armados y son fotos de otros hechos que no se corresponden con lo que pasó en Bariloche”.

La situación en Salta

La abogada se refirió a lo que ocurre con el desmonte en la zona de Corralito, autorizado por el gobierno provincial con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques a pedido de los titulares registrales, y acorralando a las comunidades wichi que habitan esos territorios.

“¿Cómo puedo zonificar y decirles a los titulares registrales que pueden o no utilizar esas tierras si todavía estoy resolviendo acerca de la propiedad?”, cuestionó Huber para quien “lo que hicieron fue otorgar una serie de permisos a aquellos que estaban dentro de las áreas que se podían explotar y les dieron la libertad de hacer lo que se les cantara, mientras tanto en los mismos lugares hay distintos pueblos”.

La abogada recordó que “Salta es la provincia que tiene mayor cantidad de pueblos y cada pueblo tiene, algunos más y otros menos, comunidades”, por lo que subrayó: “Hay un montón de ciudadanos salteños que tienen la situación de su territorio, de su casa, sin resolver. El mismo Estado dice que es su casa y al mismo tiempo les da permiso a otras personas para que hagan lo que quieran con ese territorio, con esa casa”.

Para la abogada, “no debió haberse hecho esa distribución de la Ley de Bosques porque fue solamente para soslayar que estaba el relevamiento en la provincia recién poniéndose en marcha”.

Siguiendo esta línea, cuestionó el accionar de la justicia frente a las necesidades de los originarios. “Mientras tanto las comunidades denuncian los atropellos que se comete contra ellas, los fiscales nunca hacen ni siquiera una indagación mínima”.

Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 Mhz.

martes, 28 de noviembre de 2017

“La cuestión indígena ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada”

Mariana Lorenzetti, antropóloga, y la salud pública en los pueblos originarios

“Desde el sistema público de salud, más que contener a la persona, lo que hay es un rechazo, una discriminación más de las que se viven en forma cotidiana”, sintetiza Lorenzetti para referirse a la atención de salud a pueblos originarios.
Por Verónica Engler


De acuerdo con el mapa elaborado en 2013 por el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (Enotpo), en la Argentina existen treinta y nueve pueblos indígenas distribuidos en las distintas provincias del país. Luego del genocidio acontecido durante la Conquista española, la consolidación del Estado-nación en el siglo XIX se llevó a cabo, entre otras acciones, mediante diferentes conquistas territoriales que incluían el exterminio o el control de la población indígena. Desde entonces, la cuestión indígena estuvo atravesada por políticas que procuraron incidir en la vida de este colectivo a través del despliegue o retracción del Estado, como la atención médica y los programas sanitarios. De la actualidad de estas cuestiones trata La salud pública y los pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad (Ed. Unsam), un libro editado recientemente por la antropóloga Mariana Lorenzetti, junto a su colega Silvia Hirsch. 

Lorenzetti emigró desde Buenos Aires hace dos años para instalarse en Puerto Iguazú, donde trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT). Allí se dedica a la investigación en el proceso de salud-enfermedad-atención de poblaciones indígenas junto a biólogos, veterinarios, biotecnólogos y genetistas.

–Las investigaciones sobre poblaciones indígenas marcan la antropología desde sus orígenes, cuando este conocimiento estaba muy ligado a proyectos colonialistas. ¿De qué manera se posiciona hoy como antropóloga frente a las poblaciones indígenas de Argentina?

–Se ha tratado de hacer una revisión crítica a esos comienzos de la antropología y a ese tipo de propuesta de trabajo. En base a esas discusiones y debates de la misma disciplina, lo que se busca o se propone es hacer un trabajo con las comunidades indígenas. Que la investigación esté ligada también a las inquietudes y los procesos que están haciendo las mismas comunidades en relación a lo que es defender y poder dar efectividad a sus derechos. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que parece muy importante es pensar que las personas con las cuales estamos trabajando son nuestros interlocutores, hay un ida y vuelta, uno va acumulando sus inquietudes en función de esa permanencia, de ese estar y poder entender ese otro punto de vista. Y la perspectiva de ellos, en este sentido, es fundamental. Cuando uno se acerca con un proyecto, el proyecto siempre está sujeto a revisiones, al vínculo que se establece con el otro, y en función de ese vínculo se va construyendo el camino de poder hacer cosas de manera conjunta. Es un trabajo conjunto y se trata de poder dar visibilidad a ciertas temáticas que quizás no están en la agenda pública. El proceso que han dado los movimientos indígenas hace que hoy estén en otra situación.

–¿Cómo es la relación que se fue dando en la historia de Argentina entre la salud pública y los pueblos indígenas?

–Es importante poder historiar ese vínculo para entender cuál es el carácter que hoy asumen los programas dirigidos a la población indígena, sobre todo porque la cuestión indígena en Argentina ha sido sistemáticamente relegada e invisibilizada. En un primer momento, post Conquista del Desierto, dada la campaña que inició (Julio Argentino) Roca hacia la Patagonia (en 1879), o (Benjamín) Victorica hacia el norte (en 1884, en lo que se conoce como “la conquista del Chaco”), lo que fueron las incursiones militares, la apropiación del territorio, tuvo un gran impacto. A fines del siglo XIX y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, con una fuerte impronta del higienismo, la población indígena en sí misma no era vista como objeto–sujeto de interpelación, se intervenía en casos de brotes, de epidemia. Entonces, las actividades que se hacían, como las vacunaciones, no eran tanto porque interesara la población indígena en sí misma, sino como un medio de defensa, porque representaba un peligro en términos de salud para el resto de la población, criolla o blanca. Después, quienes tuvieron un papel importante en relación a lo que fueron las primeras postas de salud, o las primeras atenciones, fueron los misioneros, que llevaron algún médico o una enfermera dentro de las misiones. Ese acercamiento desde la biomedicina era como una actividad más en sus actividades de evangelización, era como un medio de “alcanzarles” lo que en ese momento se consideraba el progreso y la civilización a estas poblaciones. Y al mismo tiempo, creo que el acercamiento de esos servicios de salud fue lo que legitimó su propia tarea de evangelización. Por otra parte, aquellos dirigentes indígenas que habían sobrevivido a las campañas militares eran convertidos en mano de obra barata para los ingenios azucareros, para las fincas, para los obrajes madereros, en condiciones tan deplorables y de tanta explotación que, de alguna manera, las misiones se convirtieron en un espacio de refugio para las propias comunidades.

–Y este esquema se mantiene más o menos hasta la década del cuarenta y cambia con el primer peronismo, ¿verdad?

–Sí, en la década del 40 hay un cambio en el sentido de que empieza a fortalecerse un sistema público de salud con un claro tinte de corte sanitarista. La posibilidad de ampliar la cobertura de salud a las zonas rurales implicó también un nuevo acercamiento, y una nueva posibilidad de acceso a servicios y atención médica que hasta ese momento no llegaba de ningún modo. Luego, en la década del 70 se plantea la cuestión de la Atención Primaria de la Salud (APS), reforzar esto de que alcance a zonas rurales, esta idea de empezar a trabajar la salud comunitaria de manera que reduzca la práctica misma asistencial, para trabajar en otra dirección que tenía que ver con fortalecer la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades. Esto a nivel programático, eran como directrices, después lo que sucedió en cada contexto fue distinto.

–Por eso en la década del 80 hay un fuerte cuestionamiento a todo lo que se planteaba como Atención Primaria de la Salud y sobre todo en relación a poblaciones precarizadas, como podían ser las comunidades indígenas. El sanitarista Mario Testa escribe en esa época un texto en donde se pregunta si se trata de Atención primaria o Atención primitiva de la salud.

–Claro, justamente, planteaba que administrar esos mínimos recursos no resolvía la cuestión si no se encaraba el problema de tipo estructural, además se cuestionaba si esta atención no era también una práctica para responsabilizar a las propias personas de su situación de salud. Porque este supuesto enfoque comunitario terminó siendo un enfoque bastante individualizador, o solamente focalizado con la familia, pero no trabajando sobre esas condiciones estructurales que hacen a la salud y a los desencadenantes en relación a las enfermedades. El tema de la atención podía verse como ir tapando baches, pero que no terminaba de resolver la cuestión de fondo. Entonces, en la década del 80 fue uno de los nudos de discusión, uno de los tópicos a partir de los cuales empezó la necesidad de revisar. Pero creo que lo de la Atención Primaria de la Salud tuvo una cuestión que es importante rescatar, que era la posibilidad de aprender los procesos de salud–enfermedad–atención in situ, en terreno. Me parece que justamente a partir de ese trabajo en terreno se pudo empezar a discutir desde el sistema público de salud qué es lo que se está problematizando, cómo se está problematizando, de qué cosas se discute y de qué cosas no se discute. En ese sentido creo que la línea de la Atención Primaria de la Salud empezó a ser como el emergente de un montón de cuestiones que quizás ni se planteaban, ni se advertían, estaban silenciadas.

–Para analizar la relación entre salud pública y pueblos indígenas, usted trabaja con el concepto de salud intercultural. ¿Me puede explicar de qué se trata?

–Lo que resulta interesante para trabajar es ver cuáles son las paradojas que acarrea el paradigma intercultural en tanto modalidad constructora de las diferencias, teniendo presente de qué modo las atribuciones y los sentidos otorgados a las diferencias no pueden analizarse por fuera de los usos sociales que los distintos actores implicados van construyendo dentro de un espacio determinado y en función de esas trabas sociales que se van construyendo. Entonces, la interculturalidad toma cuerpo, textura, a partir justamente de los sentidos que los mismos actores y los programas socio–sanitarios le van a dar. No hay una interculturalidad por fuera del hacer de los actores sociales, de los sujetos, de los profesionales, de los antropólogos. Me parece que lo rico es poder ver qué es lo que se piensa y qué se hace en nombre de la interculturalidad. Por ejemplo, la incorporación dentro de la salud pública del enfoque intercultural dio la posibilidad de ver cómo las políticas de reconocimiento indígena se expresan en el campo sanitario, y cómo las diferencias son tratadas, concebidas, dentro del campo de la salud. A mí me parece que lo más rico es que no se trata de dar una definición de interculturalidad, sino de poder ver que la interculturalidad es un proceso en construcción en donde hay momentos de tensión y hay momentos de consenso. En todo caso, me parece que el desafío es desnaturalizar ciertas cosas, deconstruir ciertos presupuestos, y ver justamente en qué términos se aborda el trabajo con el otro.

–En el caso de los pueblos indígenas, pareciera que siempre son ellos el “otro” cultural…

–Claro, por eso me parece importante remarcar que la interculturalidad no es algo unidireccional en donde es el “otro” el culturalmente distinto. Porque hay muy poco ejercicio de revisión de los propios marcos culturales, de las propias prácticas culturales, es como un proceso de demarcación, es el “otro” el que tiene cultura, pero no hay una revisión de nuestras propias prácticas culturales como académicos o profesionales de la salud, por ejemplo. Eso nos encierra, nos encapsula, perdemos la posibilidad de poder generar un intercambio. Las personas con las cuales se trabaja son muy valiosas, tenemos que poder empezar a respetar las formas organizativas indígenas, a entender que hay múltiples miradas y perspectivas de los procesos de salud-enfermedad-atención. Creo que es fundamental que el enfoque intercultural reconozca y trabaje sobre las asimetrías, sobre esas condiciones institucionales que restringen o limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto, con identidad y con capacidad de actuar, que dejemos de subestimarlos.

–Y en esta situación en la que hay evidentes asimetrías y predomina un modelo biomédico que excluye el saber del paciente o que rápidamente medicaliza sus problemas, ¿qué lectura hace de la situación de las mujeres indígenas de Susques, en la Puna jujeña, en la que el parto hospitalario va ganando lugar en detrimento del parto domiciliario, que es el tradicional en esa comunidad?

–Una de las cuestiones para mí fundamentales del trabajo de Raquel Drovetta (que es el que investiga este caso: “Intervenciones de la salud pública en los procesos reproductivos de mujeres indígenas de la Puna argentina”, en Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina) es esta disyuntiva, y qué posibilidades hay de que, por ejemplo, este parto hospitalario pueda incluirse en la posibilidad de las mujeres a decidir cómo parir, con quiénes estar acompañadas, y que no es un hecho individual de la mujer, sino que es un hecho que tiene una significación comunitaria, colectiva, importante. Ahí se ven las desigualdades, porque hoy hay una tendencia, para determinados grupos sociales, de promover el parto domiciliario, el parto con cuidado, con la posibilidad de que si el parto se complica habrá un centro de salud o un hospital cerca al que recurrir. Y ahí las opciones están. Pero ¿qué pasa cuando las poblaciones indígenas en las condiciones en las cuales se encuentran deciden parir en sus hogares? Para las comunidades indígenas eso todavía está denegado, no existe. Porque el parto hospitalario, en las actuales condiciones, reduce la morbi-mortalidad materno-infantil, porque quizás en la situación en la cual se encuentran hoy por hoy las comunidades, los partos domiciliarios pueden ser riesgosos. Entonces, para algunos sectores el parto domiciliario, cuidado, es posible, y en las comunidades esa posibilidad no existe, porque el parto domiciliario termina siendo más riesgoso.

–Es que finalmente el tema de la salud parece no dirimirse en el terreno cultural sino más bien en el político y social…

–Es que cuando los pueblos indígenas están discutiendo cuestiones de salud, están hablando de reconocimiento territorial, de deterioro ambiental, del avasallamiento de sus derechos y de no poder decidir en lo que tiene que ver con políticas indigenistas, por ejemplo. La salud es como un barómetro, muy indicativo de las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Entonces, me parece que la salud, en ese sentido, es como la puerta de entrada para trabajar un montón de cosas: las relaciones con el entorno, con el territorio, los vínculos interétnicos entre indígenas y no indígenas, la articulación entre saberes y prácticas, o cómo es el proceso de salud–enfermedad–atención. Esos creo que son temas que necesariamente se tienen que instalar en la agenda pública, que tiene que ver , por ejemplo, con cómo es el currículo de los profesionales de la salud, de esos médicos, esos enfermeros, que quizás no cuentan con las herramientas para poder trabajar en estos contextos interétnicos.