martes, 30 de octubre de 2018

Condena de 22 años en Tucumán al terrateniente que mató a Javier Chocobar

“Ahora puede descansar en paz”

El fallo sorprendió en la provincia porque fue más duro que el pedido por los fiscales y llevó tranquilidad a la comunidad Chuschagasta, acosada por el usurpador de tierras que mató a su líder en 2009 e hirió a dos muchachos.
Por Carlos Rodríguez


Los Chocobar saliendo del tribunal el día de la condena a Amín. Imagen: Gentileza Jimena Montenegro

“Ahora mi padre puede descansar en paz”, es lo primero que dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, luego de escuchar la sentencia condenatoria de los tres responsables de la muerte del líder de la comunidad Los Chuschagasta, de San Miguel de Tucumán, el 12 de octubre de 2009. Aunque sus abogados habían pedido la condena de prisión perpetua, la comunidad se manifestó conforme con la pena de 22 años contra el terrateniente Darío Luis Amín, autor material del homicidio, más los 18 y 10 años que recibieron los ex policías Luis Humberto Gómez y José Valdivieso como partícipes del crimen. “Las condenas nos dejan más tranquilos en nuestro territorio, porque si ellos seguían en libertad, sabíamos que podían volver a hostigarnos”. De esa forma, Audolio recordó que Amín, luego del episodio en el que murió baleado Javier Chocobar, volvió a ingresar al territorio donde está asentada la comunidad, en la cantera de Laja, en Trancas, en el norte de la provincia. 

En un mensaje ante los miembros de la comunidad, Audolio Chocobar insistió en que “con estos asesinos sueltos, sabíamos que podían volver a atacarnos, porque durante todos estos años, desde la muerte de mi padre, siguieron las provocaciones, las amenazas e incluso hicieron un asado a cincuenta metros de donde lo habían asesinado”. En diálogo con PáginaI12, un contacto que se mantuvo en forma permanente durante los 58 días que duró el juicio, Nancy Chocobar, sobrina de Javier, puntualizó que siguieron el debate “con dolor, muy movilizados, porque estuvimos reviviendo todo lo que ocurrió” ese 12 de octubre de 2009 cuando Amín y los dos policías ingresaron armados al territorio donde la comunidad vive desde siempre. 

“Lo que pensamos es que con la sentencia se cerró una etapa y que con el fallo empieza a concretarse un poco de reparación histórica, territorial, identitaria y humana para todos nosotros”, dijo Nancy Chocobar. Agregó que el hecho de que “el usurpador Amín y sus dos sicarios vayan a la cárcel es un reconocimiento al derecho que tenemos a vivir en paz, en nuestro territorio”. Ese derecho había sido usurpado por Amín y los dos policías, quienes habían sido integrantes del Comando Atila, un grupo terrorista de extrema derecha, cuyo jefe fue el fallecido comisario Mario “Malevo” Ferreyra, quien en su momento fue condendo por homicidios reiterados. 

Durante el ataque a balazos en el que murió Javier Chocobar, resultaron heridos de gravedad Emilio y Andrés Mamaní, integrantes de la comunidad. Emilio pudo prestar declaración testimonial en el juicio, mientras que Andrés fue excusado de hacerlo, en razón de las secuelas físicas y psicológicas que todavía padece por la gravedad de las heridas que recibió durante la agresión. Emilio Mamaní dijo estar “muy emocionado” por la sentencia condenatoria, a nueve años de los hechos. “Lo que queremos ahora es seguir adelante, vivir en paz, como lo hemos hecho siempre”. Todos los consultados por este diario coincidieron en señalar que están conformes con las penas aplicadas, aunque sus abogados, Carlos Garmendia, Julia Albarracín, Pablo Gargiulo y Belén Leguizamón, habían solicitado la pena de prisión perpetua para los tres imputados, por entender que habían actuado de manera premeditada al concurrir al territorio de la comunidad llevando consigo armas de grueso calibre. 

Delfin Cata, otro de los integrantes de la comunidad que estuvo presente cuando ocurrió el asesinato de Javier chocobar, consideró que “la condena fue justa y llegó porque hubo muchas pruebas”, a la vez que se manifestó en desacuerdo con el pedido de la fiscal Marta Gerez de Rivadeneira, quien desechó el cargo de “premeditación” planteado por la querella, motivo por el cual había pedido 18 años para Amín y 10 para los policías. Finalmente, el tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Carlos Romagnoli, aplicó una pena intermedia, pero superior a lo planteado por la titular del ministerio público. 

En el fallo también se hizo lugar, en forma parcial, al pedido de reparación por el daño moral contra Antonia Hortensia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar, quien recibirá la suma de 735.000 pesos, mientras que Andrés Mamaní contará con 847.550 pesos que ayudarán a procurar su recuperación de los daños sufridos, y Emilio Mamaní tendrá a su disposición la suma de 509.160 pesos. En todos los casos, cuando lo cobren, recibirán la actualización correspondiente fijada por el Banco Nación, que correrá a partir del día de la sentencia. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el miércoles 7 de noviembre. 

Nancy Chocobar recordó que durante “los nueve años que pasaron desde el asesinato de mi tío Javier, la comunidad vivió con miedo, recibiendo el mensaje de que el que asesina a su familiar, su tío, su papá, puede seguir viniendo al territorio, se puede parar frente a tu casa, entrar con impunidad o hacer un asado custodiado por un grupo de hombres de la Gendarmería a metros de donde mataron a mi tío Javier, como escuchamos contar a un testigo” del juicio. Por esa razón, en la comunidad “hay chicos que crecieron con miedo”, agregó Ismael Chocobar. 

Esa situación de dolor, de temor, se hizo presente en algunos tramos del juicio oral, cuando los testigos de la comunidad tuvieron que declarar ante los jueces. “Hay que tomar en cuenta que hablamos dos lenguajes diferentes. Uno, el del Poder Judicial, occidentalizado, y el nuestro, que no es el mismo”, subrayó la sobrina de Chocobar. Por esa razón, fue para ellos dificultoso “ponernos de acuerdo, dado que tratamos de entender que el que nos está tomando la declaración es diferente a nosotros, cuando también sabemos que el poder estatal es muy fuerte, o hasta violento, como ocurre con algunas intervenciones de la defensa hacia los comuneros”. A pesar de todo, pudieron exponer sus razones y el juicio terminó con una condena que algunos medios de prensa de Tucumán consideraron “ejemplar” y hasta en cierto modo sorprendente, porque los jueces aplicaron penas superiores a las solicitadas por la Fiscalía, al que no es habitual en la provincia.

lunes, 22 de octubre de 2018

Javier Chocobar a un paso de la sentencia

Este miércoles, el veredicto por el asesinato del comunero Javier Chocobar  
A un paso de la sentencia

El juicio es contra el empresario Darío Amín y dos ex policías. La fiscalía pidió 18 años para Amín y 10 para los uniformados. La querella, tres perpetuas. Javier Chocobar era autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta, de Tucumán.
Por Carlos Rodríguez

Un día de reconstrucciones del crimen de Javier Chocobar, en Chuschagasta de Tucumán. Imagen: La Gaceta Tv

Entró en su etapa decisiva el juicio por el homicidio de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, con los pedidos de condena por parte de la fiscalía y los querellantes. Mientras la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira pidió 18 años para el empresario Darío Luis Amín, y 10 para los expolicías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, los querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres. Los abogados defensores, por su parte, plantearon que los acusados deben ser absueltos porque actuaron en “legítima defensa”. Pablo Gargiullo, uno de los querellantes, sostuvo que “hay elementos que acreditan la existencia de una planificación” por parte de los autores del ataque a balazos contra miembros de la comunidad, en el que resultó muerto Chocobar y sufrieron heridas graves Andrés y Emilio Mamaní. En su alegato, Gargiullo recalcó que “los imputados se representaron la posibilidad de recurrir a la violencia letal en caso de ser necesario y fueron preparados para eso”, dado que portaban armas de guerra. 

El querellante argumentó que los tres imputados “fueron armados por una razón, la de llevar una acción que podía claramente desembocar en un resultado mortal y eso no fue casual, no fue espontáneo, y es por eso que nosotros hicimos un planteo distinto al de la Fiscalía, y solicitamos que se aplique la pena de prisión perpetua porque esta gente ha cometido homicidio agravado por haber premeditado su accionar sin ninguna duda”. Carlos Garmendia, otro de los querellantes, se manifestó crítico hacia la actuación de la fiscal Rivadeneira porque “estuvo permanentemente cuestionándonos a nosotros, cuando estábamos esperando que nos cuestionen las defensas, no la fiscal, porque estamos del mismo lado”. 

Otra de las querellantes, Julia Albarracín, dijo que en el juicio “se ha demostrado que se cometió un daño contra la comunidad”, para la que demandó una reparación económica, además de las condenas. En ese sentido, mencionó la declaración de uno de los testigos “el doctor Nieva, que dijo que la comunidad es ‘una cadena cuyos eslabones se rompieron’ y que están representados por Emilio, por Andrés, por la familia de Javier Chocobar. Por eso es necesario reparar la cadena rota, que es la comunidad”. 

Albarracín, a cargo de la demanda civil, pidió una indemnización por daños físicos, psicológicos y morales para Andrés Mamaní, herido de gravedad en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009, para Emilio Mamaní y para Antonia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar. La abogada recordó que a Andrés “le practicaron una traqueotomía y una colostomía” por las heridas recibidas. Por lo vivido “le quedaron secuelas físicas y psicológicas y para poder seguir adelante necesita que se haga justicia, para que él pueda volver a pensar en su salud”.

Los imputados, ese 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012. 

En esa oportunidad, según relató en el juicio el querellante Carlos Garmendia, llegaron al paraje El Chorro, en el territorio que pertenece a la comunidad, un camión con 20 gendarmes y la misma camioneta que usaron los imputados en 2009. Amín, su madre y una escribana, llevaban un oficio firmado por el conjuez Mario Leiva Haro, que los autorizaba a entrar a la cantera de los comuneros. Lo que hicieron, en realidad, fue “meterse en las casas de los comuneros y pedirles los datos, en un claro acto de intimidación”, precisó Garmendia. “Cuando nos estábamos yendo, veo que en el mismo lugar donde habían asesinado a Javier Chocobar habían hecho un asado”, señaló el querellante, que había sido convocado de urgencia, ante la presencia de Amín y los suyos. 

El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amín, señalado como autor de los disparos mortales, y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió la prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado del que hicieron responsable principal al empresario, mientras que señalaron que los otros dos imputados fueron “participes necesarios”. También pidieron que se los condene por portación ilegal de armas de fuego. 

Los defensores, a su turno, afirmaron que los tres imputados ejercieron “la legítima defensa” para responder a la “agresión” que sufrieron de parte de los miembros de la comunidad, que sólo arrojaron algunas piedras. 

El juicio finalizará este miércoles, cuando los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados, para luego pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde.


miércoles, 10 de octubre de 2018

NO A LA PATRIMONIALIZACION DE NUESTROS TERRITORIOS



NACIÓN DIAGUITA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA UNESCO 

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, reunidos en Asamblea en nuestro Sitio Sagrado “El Tero”, en el marco del Proyecto de Extensión, “Fortalecimiento jurídico de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta, en un marco interdisciplinario e intercultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta, Resol. N° 1047/17, en ejercicio pleno del derecho a la Libre Determinación como pueblos preexistentes, nos PRONUNCIAMOS en CONTRA de la PATRIMONIALIZACION de nuestros TERRITORIOS, y en REPUDIO a las pretensiones de organismos e instituciones estatales que pretendan hablar y decidir sobre nuestros bienes culturales y naturales, nuestros espacios territoriales son el resguardo ancestral que nuestros mayores cuidaron y preservaron por miles de años para nuestro Buen Vivir como Pueblos Libres. 

Los Pueblos Originarios ante la patrimonialización de nuestros Territorios decimos que nuestros espacios y sitios sagrados NO son patrimonializables, nuestra Cultura y Territorios ancestrales NO son recursos mercantiles NI comerciables. 

Denunciamos la NO CONSULTA y la falta de PARTICIPACIÓN de las innumerables actividades llevadas a cabo por los entes gubernamentales en la ejecución de programas nacionales e internacionales como el Qapac Ñan, Plan estratégico de turismo sustentable de la Provincia de Salta, Paisaje y/o Áreas Protegidas, entre otros. Las aéreas que impulsan estas actividades han desconocido y violado el derecho de los Pueblos Originarios a la Consulta Libre Previa e Informada. Rechazamos todo lo avanzado en materia de patrimonialización en nuestros territorios. 

Es por eso que, como pueblos originarios entendemos al territorio como la memoria que nos cohesiona y nos une en una relación umbilical, es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve todo, es un ámbito espacial de nuestras vidas donde nacemos y nos desarrollamos. Territorio que debe ser protegido por nuestros pueblos, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad, en una relación de reciprocidad entre nuestra madre naturaleza y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que nos permite un aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos que nos provee. Equilibrio que debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones un espacio libre, sano y diverso en bienes naturales y culturales, llenos de memoria e identidad. 

Los Estados deben reconocer nuestros territorios y nuestras culturas preexistentes pues son ellos los que se instalaron en nuestros espacios territoriales. Nuestra preexistencia se traduce en estar desde siempre en nuestros lugares y en el uso cotidiano que hacen nuestras familias de cada uno de los espacios ancestrales que nos legaron nuestros mayores. 

Desde la “ciencia” se justifica y se pretende avalar el DESPOJO una vez más. Se desconoce e invisibiliza el gravísimo daño ambiental, los impactos sociales, económicos y políticos que se producen con la patrimonialización de nuestros territorios. 

Las instituciones internacionales, estatales, ONG y “especialistas”, contextualizan el término patrimonio desde una mirada hegemónica con una visión esencialista como la apropiación material con el énfasis en el objeto, grandioso y espectacular, en la búsqueda de la conservación de la autenticidad, definida desde ópticas externas a la de los sujetos de derechos que nos constituimos como Pueblos Originarios. 

Para nuestro Pueblo Nación Diaguita el término Patrimonio es la puesta en valor de cada uno de nuestros espacios territoriales, resguardando nuestros bienes naturales y culturales en una relación recíproca y continua; desde un conocimiento milenario trasmitido de generación en generación por nuestros ancestros, en clara pertenencia identitaria y cultural. 

La patrimonialización en pos del “desarrollo y el progreso” de unos pocos, pone en riesgo nuestros bienes culturales y naturales, ataca y atropella nuestras formas de vida que por siglos nuestros mayores supieron preservar y resguardar para nuestra continuidad como Pueblos preexistentes. 

¡¡¡ NO A LA PATRIMONIALIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS !!! 

¡¡¡ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN !!! 

¡¡¡ JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO !!! 


UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA SALTA

sábado, 6 de octubre de 2018

COMIENZA LA INSTANCIA FINAL DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE NUESTRA AUTORIDAD COMUNITARIA JAVIER CHOCOBAR





Este vídeo refleja nuestro pensamiento colectivo, la búsqueda de justicia y el proceso que atravesamos Los Chuschagasta durante estos 40 días desde que inició el juicio oral. 

Convocamos a las organizaciones y comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas y organizaciones de DDHH y a la sociedad en general a acompañarnos en el día de los alegatos (martes 9 de de octubre a las 9hs) como así también el día de la sentencia. Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. Calle España 430 piso 5. San Miguel de Tucumán. 

Contactos Comunidad Los Chuschagasta:


3815999189 Audolio Chocobar (Presidente de la Comunidad Los Chuschagasta)

1158396726 Nancy Chocobar (Vocera de la Comunidad Los Chuschagasta)

1133777684 Ismael Chocobar (Vocero de la Comunidad Los Chuschagasta)