ECUADOR: Los 10 puntos planteados por las organizaciones indígenas son viables

Por Pacto Ecosocial del Sur | 29/06/2022 | Ecuador

Fuentes: Rebelión

LOS 10 PUNTOS PLANTEADOS POR LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS SON VIABLES, 

ABRAMOS UNA DISCUSIÓN MÁS PROFUNDA SOBRE ELLOS

Tenemos la oportunidad de trabajar en la plurinacionalidad, la interculturalidad, los Derechos Humanos y de la Naturaleza, los derechos de género e intergeneracionales.

1 - Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el Diésel a $1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores. 

POR QUÉ ES PRIORITARIO 

El país demanda una estrategia de transición energética democrática, popular y realmente sustentable. Por un lado, es necesario focalizar subsidios en beneficio de agricultores, transporte público y energías renovables descentralizadas. Por otra parte, se debe planificar una alternativa a los combustibles fósiles, lo cual requiere dejar de subsidiar el uso de esos combustibles por parte de varias grandes industrias. Habrá que trabajar también en el uso eficiente de la energía, entendida como un derecho y no como una simple mercancía. Es necesario, entonces, combinar la política de combustibles con una política de transición energética.

ACCIONES CONCRETAS 

• Mínimo innegociable: alcanzar un precio de diésel de 1,50 dólares por galón.
• El costo del subsidio adicional al diésel no sería de más de 300 millones de dólares (en 2021 todo el subsidio al diésel sumó 511 millones).
• Elaborar de un plan de focalización del subsidio en beneficio de los siguientes sectores:
• o transporte público de personas y de carga
• o transporte empleado por unidades de la economía popular y solidaria
• o combustible empleado por agricultores, campesinos, pescadores, y otros sectores productivos pequeños y medianos, incluyendo a pueblos indígenas y afrodescendientes
• Impulsar un plan de uso eficiente de las energías disponibles, sin mantener subisidos a quienes no merecen ese apoyo estatal.
• Alcanzar un precio de Extra-Ecopaís de $2,10 por galón para sectores populares.
• Parte/todo el subsidio a la Extra podría financiarse con un mayor impuesto al rodaje a vehículos de alta gama y sectores de altos ingresos según datos del SRI.
• Construir de manera participativa y democrática de un plan de transición energética justa y descentralizada (no en la lógica de mega-proyectos corporativos) enfocado a un mayor empleo de la hidroelectricidad y energías renovables, alentando el uso eficiente de la energía en todos los segmentos, con un fortalecimiento sustantivo y subsidiado del transporte público.
• Crear con parte del sobreprecio del petróleo (en comparación al precio que fundamenta el presupuesto del Estado) un fondo sustancial para financiar transformaciones estructurales, tanto proyectos de transición energética como una reorientación de las políticas agrarias (igualmente dependientes actualmente de los combustibles fósiles) en el siguiente sentido:
• Fondos no reembolsables, preferenciales para mujeres, para desarrollar fuentes de energía autónomas, descentralizadas y de bajo impacto en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en los barrios y en edificios de uso comunal o colectivo.
• Fondos no reembolsables para transitar de las cadenas de producción corporativas a la agricultura ecológica, preferenciales para las mujeres del campo, y para financiar la infraestructura necesaria para la comercialización directa del producto en las ciudades.
• Fondos no reembolsables para comprar tierras de uso colectivo o comunal, inembargables e invendibles, para producción agrícola, con garantía de participación de las mujeres
• Exigir la creación de un espacio de planificación económica democrático en donde se aborden todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo en especial el energético y aleimentario, y se asegure la participación de varios sectores sociales a la vez que el Estado se comprometa a otorgar toda la información necesaria para dicha planificación. El espacio no debería ser dependiente del poder Ejecutivo sino poseer un carácter autónomo.

1 - Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
Las deudas asfixian a la población más aún por los impactos de la crisis económica y la pandemia del coronavirus. Tanto los sectores populares como la clase media necesitan reducir sus deudas para ampliar su capacidad de consumo y reactivar la demanda. Hay que terminar la tendencia de la banca a incentivar el endeudamiento, cobrar intereses desmedidos, engañar a la gente e incautar bienes. Por otro lado, es necesario revisar las políticas de crédito para democratizar su acceso en cuanto a requisitos, tanto en la banca privada como en el sistema cooperativo y evitar así la usura informal. 

ACCIONES CONCRETAS

• El gobierno ya abrió la puerta de esta reestructuración de deudas para los créditos de hasta 3 mil dólares en Banecuador. Además, el movimiento exige que se amplíe esta moratoria/condonación/refinanciación de créditos para la banca privada y sistema cooperativo, con énfasis en las familias que fueron afectadas durante la pandemia, así como en sectores productivos pequeños y medianos, con especial énfasis en mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes.
• Exigir una reducción inmediata de las tasas de interés en todo el sistema financiero sobre todo en microcréditos y créditos productivos para PYMES.
• Cambiar los marcos legales para que el sistema financiero pueda entregar créditos a sujetos comunitarios/colectivos y a los sectores más empobrecidos.
• Disminuir la tasa de interés para el crédito hipotecario.
• Eliminar todo beneficio injustificado de la banca como las comisiones por servicios bancarios.
• Crear una comisión especial para investigar las denuncias de abusos y cobros indebidos de la banca y las deudas de los hogares en mercados informales de crédito (chulco, agiotistas).
• Elaborar un plan para ayudar a la población vulnerable asfixiada por deudas ilegítimas fruto del poco acceso al crédito formal (p.ej. agricultores/as, migrantes)

1 - Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. 

POR QUE ES PRIORITARIO Los campesinos alimentan el país. Por ende, merecen protección y reconocimiento a su trabajo. Adicionalmente, hay un marco constitucional que obliga a la construcción de políticas públicas en el marco de la Soberanía Alimentaria. La producción local, diversificada en el marco de la agroecología es una política pública especialmente importante para la economía de las mujeres y la recuperación del medio ambiente y de la biodiversidad. 

ACCIONES CONCRETAS

• Crear una secretaría nacional de producción campesina y aumentar las inversiones en el campo (ver propuesta de fondo especial en el punto 1).
• Establecer, coordinando sobre todo con las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, una política de precios de sustentación para los productos agrícolas de la canasta básica.
• Implementar políticas adicionales de protección a la producción agrícola nacional desde un enfoque de soberanía alimentaria y que garantice una rentabilidad mínima a los productores pequeños y medianos.
• Implementar un subsidio agrícola, de insumos, herramientas y tecnologías para el desarrollo y fortalecimiento de la producción campesina en todos sus niveles (en combinación con el fondo especial planteado en el punto 1).
• Generar un régimen especial que permita a las comunas y comunidades ser proveedores de los mecanismos de compras públicas para programas de alimentos y otros. Es decir, las compras públicas deben ampliar los mercados de la economía popular, comunitaria y solidaria.
• Retomar y fortalecer programas estatales de alimentación escolar donde los proveedores sean campesinos, productores indígenas y afrodescendientes, así como pequeños y medianos productores locales.
• Crear centros de acopio y procesamiento de alimentos populares así como ferias urbanas en los barrios que conecten directamente a productores y consumidores y reduzcan el efecto de la especulación y la intermediación; la administración de estos centros debe quedar en las comunidades locales. Esto puede ser inicialmente apoyado por el fondo especial mencionado en el punto 1.
• Impulsar el desarrollo de la producción orgánica/agroecológica, sobre todo campesina, como estrategia para la reducción de los costos de producción, condiciones de salud ambiental de los trabajadores y conservación del medio ambiente.
• Eliminar a Agrocalidad como una agencia de regulación de los mercados campesinos.
• Exigir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado que regule/limite legalmente los márgenes de rentabilidad en aquellas industrias y cadenas de comercialización donde exista una excesiva concentración de mercado.
• Regulación del cobro de regalías por el derecho de patentes en el sector floricultor según la realidad de los pequeños y medianos productores.
• Plantear soluciones al problema del precio de la leche, sobre todo en defensa de los pequeños productores quienes a veces no logran ni siquiera cubrir sus costos.
• Establecer un cupo fijo de exportación bananera que le corresponda a pequeños y medianos productores. Desarrollo de mecanismos directos para el control efectivo de regalías por patente a partir de los principios de redistribución y reconocimiento a sectores productivos y patentes genéticas.
• Establecer nuevas líneas de crédito de 20 y 30 mil dólares a 10 años plazo con 5% de interés a pequeños productores bananeros de hasta 10 hectáreas.
• Plantear soluciones a las principales problemáticas de los productores de arroz, incluyendo un auténtico respecto al precio oficial para pequeños y medianos productores, así como la asignación de cuotas de exportación propias.
• Impulsar una política para el fomento de la producción de cereales en la perspectiva de lograr el abastecimiento nacional de harinas para la producción de pan.
• Ampliar la cobertura de los seguros agrícolas para la pequeña economía campesina y comunitaria, con perspectiva de género e intergeneracional.
• Exigir la elaboración de un programa de reforma agraria, redistribución de la tierra, fomento al acceso al agua, acceso a los mercados y a la tecnología, con énfasis en el sector agrícola rural antes que en la agroexportación.
• No dar paso a más tratados de libre comercio, que no son libres y tampoco solo de comercio.
• Para generar recursos que permitan enfrentar retos como la desnutrición crónica infantil, alentando sobre todo la producción campesina, exigir el incremento del impuesto a la renta a los grandes grupos económicos identificados por el SRI. Por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta a un 30 o 35% para estos estratos.

1 - Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS. POR QUÉ ES PRIORITARIO 

La falta de trabajo y su precarización es una situación crítica en todo el país que incluso tiene varios impactos sociales (p.ej. violencia, seguridad, migración). 

ACCIONES CONCRETAS

• Reforzar o crear políticas para la formalización del empleo en el campo, en especial en sectores agroexportadores que basan sus ingresos en la sobre explotación informal de los y las trabajadoras.
• Facilitar la emisión de permisos al comercio autónomo en las calles de los espacios urbanos para terminar con su hostigamiento por las policías municipales y con la dependencia de asociaciones que cobran para tramitar estos permisos.
• Reactivar la inversión pública –especialmente en infraestructura– para incentivar la creación de empleo a corto plazo junto con todos sus efectos multiplicadores.
• Exigir al gobierno que presente un detalle de las principales obras de infraestructura pública que se ejecutarán en los próximos años, así como una estimación del impacto que dichas obras tendrán a nivel de empleos directos.
• Aclaración, cuantificación y pago inmediato de las deudas al IESS.
• Fortalecer al seguro social campesino y analizar un posible incremento de pensiones.
• Presentar un plan de crecimiento del salario básico que garantice los ofrecimientos de campaña del propio gobierno a la vez que se garantice un incremento en la capacidad de consumo con respecto a la canasta básica.
• Derogar la política antiobrera y antisindical, reglamentando el derecho a la huelga y la organización obrera tanto en el ámbito público como privado.
• Establecer mesas de diálogo con organizaciones de trabajadores formales e informales para discutir los cambios laborales que sean necesarios, sin dar paso a formas de flexibilización que conduzcan a la precarización del trabajo.
• Desistir de más despidos en el sector público y exigir el reintegro a todos los profesionales de la salud y educación despedidos en el contexto de la pandemia del coronavirus.
• Transformar el bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario de mayor monto y atado al emprendimiento de actividades productivas.

1 - Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151. 

POR QUÉ ES PRIORITARIO 

Los proyectos extractivos generan una multiplicidad de problemas socioambientales. Una verdadera pacificación debe incluir a los territorios afectados por tales proyectos. 

ACCIONES CONCRETAS

• Definir que, en períodos de crecimiento excepcional del precio del petróleo, una proporción de los ingresos extraordinarios por exportaciones de los hidrocarburos siempre se use para saldar la deuda social sobre todo en poblaciones históricamente excluidas (ver propuesta de fondo especial en el punto 1).
• Establecer mesas para analizar la situación de cada uno de los conflictos socioambientales para encontrar respuestas concretas y efectivas a cada uno de ellos.
• Dar paso a una auditoría constitucional, legal y ambiental de todos los proyectos mineros para constatar el cumplimiento de las normas establecidas, en particular de la consulta ambiental y/o de la consulta previa libre e informada según los estándares internacionales establecidos.
• Dar paso a una auditoría económica de todos los proyectos mineros para conocer el real beneficio que percibe el Estado en cada caso concreto, tomando en cuenta el costo social y ambiental que realmente generan.
• Definir políticas concretas de reparación integral de los ecosistemas y a las comunidades. Es indispensable para la recuperación de la salud, la soberanía alimentaria, la dignidad de los pueblos, además la reparación integral de los ecosistemas, la protección de los territorios, agua y ecosistemas frágiles es un derecho de la Naturaleza, garantizado en la Constitución del país.
• Exigir la prohibición de toda actividad extractiva -petrolera o minera- en zonas de recarga hídrica: páramos, ríos, humedales y similares.
• Exigir que se garantice las condiciones para que se realicen todas las consultas populares sobre actividades extractivas (p.ej. explotación o no explotación del Yasuní, consultas mineras en marcha).
• Detener los proyectos mineros Panantza San Carlos, Río Blanco, Ferro Urcu y Loma Larga, debido a sus potenciales efectos sobre fuentes de agua.
• Derogar los decretos ejecutivos 95 (Plan de Acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero) y 151 (Plan de acción para el sector minero).
• Declarar a los territorios originarios amazónicos como territorios libres de extractivismo.
• Establecer controles efectivos para impedir el ingreso de actividades mineras, palmicultoras y fumigaciones en los territorios de las comunidades afrodescendientes, especialmente en los de la Cuenca Santiago Cayapas y Mira Mataje.
• Evaluar una posible reversión al estado de todas las concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas en todas sus fases.
• Compensación y reparación inmediata e integral de los daños y perjuicios ambientales, psicológicos, culturales y económicos causados por proyectos extractivos.
• Iniciar un proceso de transformación de la EP PETROECUADOR, en una empresa de las energías alternativas, con participación comunitaria, para bloquear el avance de la frontera extractiva.

1 - Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. POR QUÉ ES PRIORITARIO 

La construcción de un Estado Plurinacional requiere participación y representación indigena en los diferentes poderes del Estado. Para que esta representación pueda ser efectiva en términos de plurinacionalidad, puede ser necesario en algunos casos la lógica que rige actualmente en la toma de decisiones, dando lugar a la democracia asamblearia y directa. El racismo es una constante en los escenarios públicos que debe ser superado.

ACCIONES CONCRETAS

• Urge una política pública para combatir todas las formas de racismo y xenofobia en todos los ámbitos de la gestión pública y los espacios de comunicación masiva.
• Garantizar la autonomía administrativa y financiera para la educación intercultural bilingüe (aquí ya hay un avance con el incremento del presupuesto para la educación intercultural bilingüe que merece reconocerse).
• Sin embargo, no solo se trata de un tema de presupuesto, que debería llegar por lo menos al 6% del PIB para educación (sin considerar la educación superior, tal como manda la Constitución) sino también de fomento en otras áreas. Por ejemplo, se puede pedir una adjudicación equitativa y directa de frecuencias para comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales.
• Garantizar una distribución más equitativa entre medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y garantizar una mayor producción y difusión de contenidos con enfoque intercultural y plurinacional.
• Incluir el cumplimiento de las demandas del magisterio, así como la exigencia de ningún recorte presupuestario a la educación en general, incluyendo la educación universitaria.
• Cese a la criminalización de las autoridades indígenas por ejercer jurisdicción indígena.
• Cumplimiento de los convenios internacionales y la Constitución que reconoce el derecho a la autonomía y la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias.

1 - Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras. 

POR QUÉ ES PRIORITARIO 

No se puede dar paso a la privatización/concesión/delegación/monetización/bursatilización de empresas rentables y menos aún de empresas de los sectores estratégicos, así como tampoco de los servicios públicos. 

ACCIONES CONCRETAS

• Exigir un compromiso escrito y notarizado en donde se indique que el Banco del Pacífico no será vendido a ningún banco privado local ni extranjero y se mantendrá como propiedad del Estado.
• Constituir un solo frente de banca pública estatal y no estatal (BIESS) con las cooperativas de ahorro y crédito para romper el oligopolio de la banca privada.
• Presentar un compromiso escrito y notarizado en donde se indique que ninguna empresa estatal (p.ej. CNT) ni la seguridad social (IESS) serán privatizadas (delegadas, concesionadas, monetizadas, bursatilizadas) ni tampoco su administración será privada.
• Fortalecer a la CNT para enfrentar el monopolio de las dos transnacionales de la telecomunicación.
• Impedir la privatización/concesión/delegación/monetización/bursatilización de los servicios públicos y de otros activos estratégicos y rentables del Estado. Igualmente exigir un compromiso escrito en los casos más emblemáticos.
• Retirar al Ecuador del CIADI para evitar arbitrajes internacionales que pongan en jaque las políticas públicas y el interés general
• Exigir una auditoría legal a todos los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que se encuentren en proceso de negociación.

1 - Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. 

POR QUÉ ES PRIORITARIO 

En complemento al punto 3, es crucial que el gobierno nacional demuestre su capacidad de tomar políticas para enfrentar a los procesos inflacionarios que tienen incluso orígenes externos. 

ACCIONES CONCRETAS

• El gobierno emitió un decreto simbólico para controlar los precios. Ya hay un marco jurídico para combatir la especulación: exigir su aplicación inmediata, así como exigir una recuperación de las capacidades institucionales el Estado en el control de prácticas especulativas y de abuso de poder de mercado.
• Exigir un estudio técnico para identificar los niveles de concentración de poder de mercado para los productos de la canasta básica familiar. Desde los resultados de ese estudio, emprender políticas anti-oligopólicas.
• Realizar un estudio técnico que identifique los principales factores tanto de oferta como de demanda que influyen en el incremento de los precios a nivel local, al menos para los productos de la canasta básica familiar. Estimar, dentro de ese estudio, al efecto que tiene la especulación.
• Habría que controlar en los puntos de origen de los precios sobre todo en los grandes grupos económicos. Eso exige romper con los oligopolios.
• Hay que bajar los costos de producción de los alimentos de primera necesidad, reduciendo las tasas de interés para abaratar los créditos (detalles en punto 2).
• Implementar medidas que disminuyan la intermediación (detalles en punto 3).
• Hay que ampliar el subsidio y demás políticas de fomento a la agroecología familiar y campesina (detalles en punto 4).

1 - Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. 

POR QUÉ ES PRIORITARIO 

Siendo los temas prioritarios, realmente han sido los más sacrificados. Se requiere un tratamiento prioritario a ambos temas. 

ACCIONES CONCRETAS

• Presentar un plan de ampliación de cupos para el acceso a la educación superior al menos para todo el período de gobierno. Asimismo, planificar una ampliación del acceso a cursos de nivelación.
• Presentar un plan que permita garantizar, facilitar y terminar con todas las dificultades que impiden la ejecución presupuestaria a plenitud en los sectores de educación y salud.
• Garantizar un mínimo de cupos de acceso a la educación superior a pueblos y nacionalidades, afros, así como a demás poblaciones históricamente excluidas.
• Impulsar políticas para impulsar la información técnica y tecnológica ya que no toda la juventud puede ingresar a la universidad. En las nacionalidades y pueblos se debe potenciar los sistemas de capacitación técnica que ya poseen para que accedan a la certificación.
• Restituir el presupuesto a las universidades ecuatorianas con fondos extras para que puedan ampliar la oferta educativa y absorber la demanda de los estudiantes.
• Cumplir con el mandato constitucional del 6% del PIB para la educación, sin considerar allí a la educación superior.
• Exigir una política pública que garantice el acceso a educación a la vez que facilite el pago de las deudas de becarios, incluyendo un decreto que permita condonar/aliviar las deudas de becarios de hasta diez mil dólares con la banca pública.
• El gobierno se vio forzado, por la movilización popular, a declarar la emergencia de la salud; emergencia que deberá ser de forma permanente hasta superar la crisis hospitalaria y de salud Se esperan resultados inmediatos, incluyendo un detalle de los recursos económicos que se destinarán para atender la emergencia, incluyendo la correspondiente dotación de insumos y personal.
• Incrementar sustantivamente la inversión en salud cumpliendo el mandato constitucional del 4% del PIB (habría que ampliar el piso mínimo al 5%).
• Simultáneamente hay que sacar las mafias del sistema de salud.

1 - Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crímen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador. 

POR QUÉ ES PRIORITARIO 

El país tiene ya los índices más altos de inseguridad y violencia. En vez de negar o minimizar esa realidad, es momento de que el gobierno busque soluciones. 

ACCIONES CONCRETAS

• Reabrir el ministerio de justicia y derechos humanos.
• Exigir que se presente un plan integral para enfrentar la crisis carcelaria, con participación de los sectores de la sociedad civil que se han especializado en el tema, y que garantice la seguridad de las poblaciones carcelarias, que en su mayoría provienen de las poblaciones despojadas, estigmatizadas y criminalizadas.
• Negar cualquier aplicación de un Plan Ecuador o similar, que provoque resultados nefastos como fue el Plan Colombia. Más bien, diseñar una estrategia integral (y con participación de la sociedad civil local) para enfrentar el narcotráfico, que no se puede combatir solo con más represión policial y militar.
• Mejorar las condiciones sociales de los segmentos más marginados de la población, sobre todo de la juventud. Por ejemplo, presentar un plan detallado que contribuya a modificar los sistemas de atención a jóvenes con adicciones.
• Convocar a una gran MINGA por la seguridad, la justicia social y la justicia ecológica, que permita plantear los principios de una cultura de paz.
• Convocar a una comisión de la verdad para que investigue todas las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante la represión a las protestas de junio de 2022. Exigir que la comisión esclarezca las condiciones en las que se dieron los fallecimientos durante las protestas, definiendo con claridad todas las responsabilidades de los respectivos funcionarios gubernamentales.
• Exigir el esclarecimiento de la detención de los 8 guevaristas, anterior a las protestas de junio, así como su libertad, tanto como el fin de la criminalización de movimientos políticos disidentes.
• Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo estatal y de la sociedad, en él deberían tener un papel las universidades para hacer un seguimiento de los acuerdos del dialogo propuesto por el movimiento indígena y popular. Elaborar indicadores concretos para ir monitonerando semestralmente a fin de verificar los avances, estancamientos y hacer ajustes para efectivizar el cumplimiento.

Fuentes: Rebelión: https://rebelion.org/pacto-ecosocial-del-sur/

Ecuador: levantamiento indígena y neoliberalismo

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a la sociedad ecuatoriana al abismo. En ese contexto, la nueva dirigencia de la CONAIE, conducida por Leonidas Iza, adoptó un tono más radical

POR PABLO DÁVALOS

- 16 DE JUNIO DE 2022

A partir de la elección de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador y miembro numerario de la secta del Opus Dei, como Presidente en el año 2021, se produjo una situación política sui géneris en el Ecuador. Lasso tenía que cohabitar con un Parlamento que, en sus dos terceras partes, era dominado por fuerzas de izquierda y de centro izquierda.

Empero, Lasso apenas se posesionó como Presidente puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales. En los primeros meses había avanzado de forma agresiva en su programa de privatizaciones y casi sin ninguna oposición; de hecho, había desmantelado la principal empresa de seguros del Estado, Seguros Sucre, para repartir el mercado del aseguramiento, sobre todo de la infraestructura pública, entre sus socios financieros.

Había creado, asimismo, un mercado para la comercialización de hidrocarburos que tenía en la empresa estatal Petroecuador su principal soporte, a través del incremento de los precios de los combustibles, de tal manera que se convierta en un mercado rentable para los inversionistas privados. Los importadores de combustibles podían utilizar la infraestructura del Estado sin pagar un centavo por ello. Emitió varias regulaciones para crear un mercado para la distribución de la energía eléctrica en el que transfería capacidades regulatorias a las empresas privadas.

También, desde la Presidencia, pudo bloquear cualquier intento de regular más a la banca por varios sectores que pedían un alivio financiero para una economía que aún estaba en shock por la pandemia del Covid-19. A finales del año 2021, su banco, el Banco de Guayaquil, tendría sus mejores utilidades de las últimas dos décadas. Como horizonte de mediano plazo, Guillermo Lasso se había propuesto la privatización del segundo banco más grande del país, el Banco del Pacífico, que pertenecía al Estado desde la quiebra bancaria de 1998-1999. Si lo lograba pasaba a disputar el primer lugar con su competidor más importante, el banquero Fidel Egas del grupo económico Banco del Pichincha.

Sin embargo, Lasso necesitaba ampliar el horizonte de las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía y la flexibilización laboral. En el último trimestre del año 2021 envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con más de 400 artículos para reformar más de treinta leyes. El epítome de las reformas propuestas por el gobierno lo constituían las reformas laborales.

En estas reformas, el Presidente Lasso planteaba que cuando un trabajador era despedido de forma intempestiva tenía que ser él quien debía indemnizar al empresario que lo había despedido. En la misma ley retomaba el trabajo infantil y adolescente a pesar que el Ecuador había suscrito instrumentos internacionales de derechos humanos que prohibían el trabajo infantil. Esa reforma legal se quedó en el intento porque la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue presionada por la sociedad, rechazó de forma mayoritaria estas reformas que llevaban al país al siglo XIX.

“El movimiento Pachakutik […] nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno”

En ese contexto, el movimiento indígena pudo bloquear, de forma tímida por lo demás, el incesante incremento de los precios de los combustibles y logró arrancar un compromiso de mantener congelados los precios del diésel y el gas licuado de petróleo.

Ahora bien, aquello que llama la atención es que las reformas neoliberales de Guillermo Lasso se procesaban de manera independiente y en un andarivel distinto del sistema político y del debate político. Los partidos y movimientos políticos no pudieron hacer mucho por evitarlo, salvo oponerse a leyes demasiado radicales.

En el primer año de gobierno, el debate político siguió inscrito dentro de las coordenadas entre los partidarios del ex presidente Rafael Correa, que quieren convertirse en la única oposición, y la derecha de Guillermo Lasso. En este juego de espejos, la representación política del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, a pesar de haber captado la presidencia de la Asamblea Nacional, nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno.

A fines del año 2021, el gobierno envió nuevamente un paquete de reformas neoliberales que incluían la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias a través de cambios en el cálculo para el impuesto a la renta, un nuevo marco regulatorio para los contratos petroleros, entre otras reformas.

Lo paradójico y contradictorio es que estas reformas neoliberales finalmente fueron aprobadas por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de último minuto que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso de sus aparentemente acérrimos opositores, el movimiento político del ex Presidente Rafael Correa, denominado UNES (Unión por la Esperanza). No obstante, aquello que casi termina de forma abrupta con el gobierno de Guillermo Lasso fueron las denuncias de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Ahí se demostraba de forma absolutamente clara que Guillermo Lasso no podía incluso inscribirse como candidato a la Presidencia porque las leyes se lo prohibían habida cuenta de sus propiedades en fideicomisos en paraísos fiscales. Curiosamente, pudo salvarse gracias al apoyo, esta vez, del movimiento Pachakutik.

Mientras tanto, el país se derrumbaba. El desempleo y subempleo se elevaron dramáticamente. De cada diez personas en capacidad de trabajar, apenas tres de ellas tenían trabajo. La pobreza, que en el año 2017 se situaba en el 23%, se estimaba para el 2022 en el 32%. La inversión pública en salud, educación, inclusión social cayó a sus peores indicadores desde décadas atrás. Para que pueda tenerse una idea, el gobierno de Guillermo Lasso había reducido para el año 2022 la inversión pública a 1,8 mil millones de dólares (su promedio era de 4 mil millones de USD); empero de ello, en el primer trimestre de ese año apenas había invertido 67 millones de USD (el 0,37% de lo planificado).

Curiosamente, la economía vivía una bonanza: las remesas de migrantes alcanzaron por vez primera el 4% del PIB, el precio del petróleo se había casi duplicado con relación a lo calculado para la proforma presupuestaria, las recaudaciones fiscales se habían elevado de forma importante. El gobierno pudo, apenas en los primeros tres meses del año 2022, eliminar el déficit fiscal calculado en el 2,5% del PIB. La pobreza, el deterioro social, no se debían a ninguna crisis, sino a políticas deliberadas y asumidas directamente desde el gobierno en contubernio con el FMI.

“En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país”

La situación del sector público era cada vez más dramática. Un trámite tan sencillo como cambiar el documento de identidad u obtener un pasaporte, que en términos generales demoraba algunos minutos, llegó a demorar meses porque no existían recursos ni personal para hacerlo. El presupuesto para rehabilitación social para el sistema penitenciario se redujo en un 80%. El conflicto de los centros de rehabilitación penitenciaria desbordó hacia la sociedad y se convirtió en un problema de salud pública por la cantidad de asesinatos por sicariato.

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país y se empeñó cada vez más en reformas neoliberales más agresivas que todas aquellas que hasta ese entonces se habían aprobado. La popularidad y credibilidad del Presidente Lasso, que en sus primeros momentos rebasó el 70% por su exitosa gestión en las vacunas contra el Covid-19, disminuyó a menos del 30% en su primer año.

Es en ese contexto que el movimiento indígena insiste en los compromisos que había asumido el Presidente Lasso en sus primeros días de gobierno, de frenar el incremento de los precios de los combustibles y apoyar a la pequeña economía campesina.

A pesar de sus múltiples insistencias, el Presidente Lasso siempre dio largas a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y pensó que con sus acuerdos con el movimiento Pachakutik (que es el partido político de la CONAIE), tenía más que suficiente para tener controlado al movimiento indígena.

La nueva dirigencia de la CONAIE, dirigida esta vez por el líder indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza Salazar, adoptó, ante Guillermo Lasso, un tono más radical que aquel que habían tenido hasta ese momento los asambleístas del movimiento Pachakutik con respecto al gobierno.

“Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización”

Leonidas Iza se dedicó en sus primero meses como presidente de la CONAIE a recorrer el país y visitar cada una de sus filiales y poner el dedo en el pulso del movimiento indígena y de la sociedad, y comprendió que el país estaba en ebullición. Cuando planteó a sus propios asambleístas que sean más radicales con respecto al gobierno neoliberal del Lasso, pudo constatar que la mayoría de su bloque de asambleístas (que representan el 18% de toda la representación parlamentaria), decidió más bien apoyar al gobierno de Lasso que a su propia organización matriz.

En esos momentos, Leonidas Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización. Realizó asambleas en todas las regionales y en cuantas comunidades de su organización existían y ahí prendió la chispa de la movilización nacional.

Luego de casi un año de recoger la voz de su pueblo, en un Congreso de su organización, la CONAIE, se decidió ir a una movilización nacional para el 13 de junio de 2022 con diez puntos: (1) el congelamiento de los precios de los combustibles; (2) el alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero agobiado por las deudas y por las coactivas; (3) precios justos para los productos del campo (leche, arroz, banano, papas, etc.); (4) políticas de empleo y derechos laborales; (5) moratoria a la frontera extractiva; (6) respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución; (7) evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; (8) políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; (9) presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; y, (10) políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.

Como puede apreciarse, la plataforma de la CONAIE, construida desde el consenso, el diálogo y la participación comunitaria, popular y social, plantea un mínimo de políticas públicas que puede suscribirlas cualquier gobierno con un mínimo de sensatez. Se trata de una plataforma plausible, coherente y que se debía al momento y las circunstancias. No planteaba ningún extremismo ni tampoco cuestiones ideológicas sobre la política económica (como por ejemplo, suspender los acuerdos con el FMI).

Leonidas Iza sabía que una plataforma como esta tenía que construirse de a poco y que la presión al gobierno para que pueda sensibilizarse y cambiar en algo la agresiva política neoliberal, tenía que ser fuerte a nivel social, porque se trataba de un gobierno altamente ideológico y extremadamente conservador y racista.

Por ello, la CONAIE fue prudente y planteó una movilización nacional, territorial e indefinida. Nacional porque abarcaba a todo el país y abría el paraguas para que puedan incorporarse poco a poco nuevos actores sociales conforme avance la lucha social; territorial porque la movilización empezaba en los territorios, se mantenía en ellos y se consolidaba en ellos (es decir, no se planificaban marchas hacia la capital como en un levantamiento); e indefinida porque era una lucha de largo plazo.

Un régimen neoliberal tan fundamentalista como aquel de Guillermo Lasso difícilmente cambiará sus ejes ideológicos aunque las circunstancias le sean imposibles para él mismo. Por eso la estrategia de la CONAIE era situar la lucha política en el largo plazo, apelar a la organización y recuperar a su bloque legislativo, al tiempo que cambiar los ejes del discurso político para sacarlo del binarismo (falso por lo demás) entre correísmo y anticorreísmo.

Era una apelación a la misma estrategia de 1990 cuando se produjo el primer levantamiento indígena desde el retorno a la democracia. Se trataba de una posición prudente y que partía del reconocimiento de las propias fortalezas pero también de las debilidades. Si la movilización se sostenía en los territorios, entonces podía durar mucho tiempo y el gobierno, ante esa extensión, tarde o temprano tendría que ceder.

Empero, para la burguesía y para el gobierno, había un fantasma que había que exorcizar, se trataba de las movilizaciones de octubre de 2019, las movilizaciones más fuertes en toda la historia reciente del país. Ahora bien, una movilización de la CONAIE, de cualquier magnitud que sea, apelaba a esos fantasmas que tenían que ser exorcizados. Por ello, la estrategia del gobierno fue utilizar a Pachakutik para dividir y desgastar al movimiento indígena. De hecho tenía aliados importantes dentro del movimiento Pachakutik para esa estrategia.

Pero Leonidas Iza cambió el tablero del juego y le obligó al gobierno a cambiar de estrategia, pero el problema es que Lasso y su cohorte no tenían un plan B ante ese cambio de estrategia. Como si se tratase de una batalla clásica, el gobierno pensó que si decapitaba el movimiento indígena y lo dejaba sin su referente y líder más importante, Leonidas Iza Salazar, entonces, y sin su general más valioso, el movimiento indígena podía implosionar y la movilización podía morir apenas nacida.

Para el régimen, había que evitar a toda costa que las movilizaciones de la CONAIE se conviertan en otro Octubre-19. Si eso se producía el gobierno no podía resistir una movilización tan contundente, su capital político era muy escaso para eso.

Empujado por el miedo a sus propios demonios, el gobierno de Guillermo Lasso comete su error más estratégico y fatal, decide en la madrugada del 14 de junio de 2022, a apenas un día de empezada la movilización de la CONAIE: detener a Leonidas Iza Salazar en la provincia de Cotopaxi.

Pero lo detiene sin ningún tipo de argumento jurídico, porque Leonidas Iza está amparado por el artículo 98 de la Constitución que protege el derecho a la resistencia. Al no tener argumentos jurídicos para legalizar esa detención, y ante la posición de la Fiscalía General del Estado de abstenerse en acusar a Leonidas Iza, el apresamiento al líder indígena se convierte en un secuestro, es decir, en un delito de Estado.

Pero el secuestro es una figura jurídica demasiado fuerte porque puede llevar directamente al juicio político al Presidente de la República (el numeral 3 de artículo 129 de la Constitución establece que el Presidente puede ser sometido a juicio político: “por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia”).

Apenas conocida la noticia del apresamiento del máximo líder del movimiento indígena, Leonidas Iza Salazar, las comunidades indígenas deciden radicalizar sus posiciones y aquello que solo era una movilización territorial e indefinida, de pronto, se transforma en levantamiento indígena.

La misma noche que es detenido en la provincia de Cotopaxi, los comuneros y dirigentes de las filiales de la CONAIE deciden pasar a una nueva etapa de lucha y una nueva consigna: la toma de Quito para liberar a su líder. En pocas horas cambia el sentido y la estrategia de la movilización.

El apresamiento del líder indígena convoca la solidaridad de tirios y troyanos y el gobierno prácticamente se queda solo con el apoyo de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad. El gobierno sabe que no se han cumplido con las formalidades de rigor y establecidas en la Constitución y la ley, y decide improvisar. En ese improvisación decide secuestrar al presidente de la CONAIE en una base militar hasta que la situación se resuelva por sí misma.

La indignación es creciente y motiva a otros sectores sociales a reclamar por la libertad del líder indígena y sumarse a la movilización que, esta vez, es ya un levantamiento. Maestros, obreros, ecologistas, feministas, intelectuales, profesores universitarios, entre otros, empiezan a sumarse al levantamiento. En la madrugada del 15 de junio los comuneros indígenas llegan a Quito y empieza la toma de Quito. A 32 años del levantamiento indígena de 1990, otra vez se produce un levantamiento indígena en pleno Inti Raymi, la fiesta del sol.

“La CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases”

Ante estas circunstancias, la dirigencia del movimiento Pachakutik que se había dividido en una fracción a favor del Presidente Lasso y otra a favor del Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, decide reunirse nuevamente y formar un solo frente en la Asamblea y se solidarizan con su principal líder político.

Pero hay otro hecho que es necesario indicar y es que la CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases. Obliga a tomar posición y plantea una línea divisoria con la estrategia neoliberal del gobierno de Lasso y, de esta manera, permite que la política respire por fuera de la falsa dicotomía entre correístas y anticorreistas.

En menos de un día, y gracias a los gruesos errores del Presidente Lasso que, por lo que puede apreciarse no tiene la más remota idea de cómo funciona el movimiento indígena, cambia de forma radical la coyuntura y somete al Presidente Lasso a una situación de debilidad extrema.

Las opciones para Guillermo Lasso son pocas. Si decide mantenerse en su proyecto neoliberal tendrá que confrontar un levantamiento indígena y popular que podrá parecerse mucho a Octubre de 2019. Lasso, en ese contexto, no tiene ningún espacio en la Asamblea, y ahora tendrá que enfrentarse a, al menos, tres bloques de asambleístas que tienen, sumados entre ellos, todos los votos necesarios para su destitución.

Pero si es forzado por las circunstancias a suscribir por lo menos un punto de la agenda de la CONAIE, en cambio tendrá que asumir las consecuencias de haber incumplido con el FMI y el derrumbe de la cotización de los bonos soberanos de la deuda externa, un dato aterrador para un banquero como él. Entre Escila y Caribdis, quizá no tenga la inteligencia de Odiseo para eludir la coyuntura. Pero en todo caso, Guillermo Lasso habrá demostrado que la derecha conservadora y neoliberal empieza a parecerse en una incongruencia de la historia.

Fuente: https://www.alai.info/ecuador-levantamiento-indigena-y-neoliberalismo/

Organizaciones indígenas en Ecuador denuncian represión policial

Las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes que realizan desde hace una semana un Paro Nacional contra el Gobierno, según denunciaron la Conaie y otras agrupaciones. 

Foto: Radio LaCalle

Publicado 21 junio 2022 (Hace 4 horas 28 minutos)

por Carlos Aznarez

Por su parte, el ministro de Defensa de Ecuador acusó a las organizaciones indígenas de poner en "riesgo la democracia".

Con más represión, allanamientos y movilizaciones en todo el país, Ecuador llega a su noveno día consecutivo de protestas y ante nuevas declaraciones del ministro de Defensa acusando a las organizaciones indígenas de poner en "riesgo la democracia".

En el marco del Paro Nacional, miles de campesinos empezaron a llegar la noche de este lunes a Quito en apoyo al movimiento convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra la gestión económica del presidente conservador Guillermo Lasso.

La misma Conaie denunció una fuerte represión, con al menos un muerto, ejercida por las fuerzas policiales a los manifestantes que realizan desde hace una semana un paro nacional contra el Gobierno.

"La Confederación del Pueblo Kayambi, denuncia y rechaza la represión brutal de la @PoliciaEcuador en el norte del país", denunció esa organización, que integra la Conaie en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que se mantendrán en lucha y resistencia, pero también recalcó que siguen abiertos al diálogo y estarán abiertos a este mecanismo hasta e final.

De la misma manera, los pueblos y nacionalidades indígenas hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que pare con la violencia estatal.

Iza recalcó que no se puede adoptar la fuerza bélica como un mecanismo de represión, pero que la postura de la Conaie será permanecer con la opción abierta al diálogo y agotar todos los procedimientos dentro de lo político: “el diálogo, las propuestas y el derecho a la resistencia”.

La Conaie, que convocó a la movilización social indefinida desde el pasado 13 de junio, ha planteado un pliego de peticiones con diez demandas que incluyen la congelación y reducción de los precios de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros.

Este martes, el ministro de Defensa Luis Lara alertó que: "La democracia de Ecuador está en serio riesgo", en momentos en que arrecian en el país las protestas sociales.

Lara dijo desde la sede del Ministerio de Defensa, en Quito, que "las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república".

Publicado en: Telesur 

Fernández anunció una partida de U$S100 millones para promover la Agricultura Familiar

El Presidente encabezó el segundo encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal. Durante su discurso abogó este jueves por "empoderar" a la economía popular para "ayudar" a que ese sector esté en "condiciones de poder crecer".

02-06-2022 | 19:18

El presidente Alberto Fernández afirmó que "la única sociedad que puede progresar es una donde todos sean reconocidos" y dijo que le "duele mucho como está construida esta Argentina", con un "centro muy rico" y dos regiones "periféricas, el norte y el sur, a las que les cuenta mucho crecer", al anunciar una partida de 100 millones de dólares para impulsar y promover la agricultura familiar.

Fernández resaltó la importancia de la agricultura familiar para producir alimentos ecológicos que tienen "un mercado enorme en el mundo" y destacó que el dinero que se destinará a esa actividad "va a ayudar a hacer una Argentina más fuerte y poderosa".

Esa actividad es "parte de esa nueva economía que llamamos economía popular, que necesita que la sociedad la registre, la ayude, la impulse y la haga crecer", al anunciar la reglamentación de la ley 27.118, que declara "de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena" y crea un régimen de reparación histórica para el sector.

Al hablar en el segundo encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, realizado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente destacó la necesidad de impulsar esta actividad para que "los agricultores cosechen, generen alimentos para los argentinos y no tengan que pensar en dejar el lugar en el que han nacido para ir a buscar un futuro mejor en otro lado".

Fernández apuntó que "hay un mercado enorme en el mundo para vender productos ecológicos", lo cual representa una "enorme oportunidad" para la Argentina y que quien puede producirlos es "la "agricultura familiar".

"Los seres humanos nos hemos dado cuenta que estamos destruyendo el planeta y que, en busca de producir más alimentos, no estamos produciendo los alimentos más sanos", señaló al referirse a los motivos de la demanda de ese tipo de productos.

Por ello, abogó por "empoderar" a la economía popular, a la que diferenció de la "economía informal, sino que es otra realidad", para "ayudar" a que ese sector esté en "condiciones de poder crecer", al tiempo que ratificó su compromiso "de siempre" con los sectores más humildes y ratificó su deseo de que la agricultura familiar "pueda hacerse realidad en Argentina".

Planteó Fernández que "la única sociedad que puede progresar es una donde todos y todas somos reconocidos, y que no deje en los márgenes a ninguno", y manifestó que le "duele mucho como está construida esta Argentina", en referencia a que el país tiene un "centro muy rico" y dos regiones "periféricas, el norte y el sur, a las que les cuenta mucho crecer".

Justificó su decisión de derivar un aporte de 100 millones de dólares, provenientes de créditos otorgados por el Banco mundial para el desarrollo agropecuario, a fin de que la agricultura familiar "se pueda hacer realidad en la Argentina", porque "está en manos de sectores débiles y tenemos que empoderarlos".

"Alguien dirá que están tomando un crédito, que la Argentina se está endeudando, y sí, nos estamos endeudando para eso, para que la Argentina produzca, que el trabajo llegue a todos", subrayó.

Asistieron además al acto el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; los secretarios de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, y de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Miguel Ángel Gómez; Mercedes Taboada, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena; funcionarios nacionales y provinciales y representantes de distintos movimientos sociales.

Domínguez señaló que la reglamentación de la ley es "una reparación histórica, que viene a saldar una deuda con sectores largamente postergados", y contó que al asumir su cargo "lo primero" que le pidió el presidente Fernández fue "que me ocupe de este tema", al entender que la norma "completa la visión del campo argentino" frente a "otro modelo que se llevó puesto todo".

El ministro destacó el "coraje" de Fernández para impulsar la reglamentación de la ley, "que significa reparación de derechos", a poco de que el Parlamento "nos privó de la ley de leyes, que es el presupuesto nacional".

Domínguez rechazó expresiones del ex presidente Mauricio Macri, quien "dijo que nosotros hostigábamos al campo" y señaló dijo que durante la administración de Fernández "a la que tanto interpelan, se aumentó la producción en 12 millones más de hectáreas en rendimiento y los negocios del sector nunca alcanzaron este nivel".

Gómez, en tanto, resaltó la importancia de la ley 27.118, que "fue fruto de diálogo profundo" y que "institucionaliza un poco más la agricultura familiar y la capacidad productiva del sector", al tiempo que "va a dar el empuje necesario que veníamos necesitando" y generar "nuevos paradigmas productivos y una nueva ruralidad".

Fuente: Telam