lunes, 9 de octubre de 2017

SÍ A LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 SIN MODIFICACIONES

¡GARANTÍA DE NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO PUEBLOS ORIGINARIOS!


El genocidio llevado a cabo por el Estado Argentino con las campañas militares de fines del siglo XIX, tuvo como principal objetivo la apropiación de los territorios donde vivimos desde tiempos ancestrales. Más de 40 millones de hectáreas fueron repartidas entre el Estado y un puñado de inversionistas locales (integrantes de la oligarquía, la Sociedad Rural Argentina y del ejército) y extranjeros, luego devenidos “terratenientes”. Los Pueblos Originarios fuimos forzados a trasladarnos o a trabajar bajo un régimen de esclavitud para los que se autoproclamaron “patrones”. Esta situación ha generado conflictos territoriales que siguen vigentes. 

Los pueblos preexistentes vivimos una grave situación de violencia y desigualdad en términos sociales, políticos, económicos, culturales y espirituales. 

Somos los pueblos naciones: Mapuce, Q’om (Toba), Kolla, Pilagá, Moqoit (Mocoví), Tehuelche, Selk’nam, Mbya Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Wichi, Diaguita, Huarpe, Tonocote, Rankulche, Chulupí, Chorote, Chané, Tapiete, Charrúa, Comechingón, Ocloya, Omaguaca, Avipon, Yamanas, Yaganes, Quechua, Querandí, Tilian, Tilcara, Vilela, Lule, Iogys, Sanavirón, Nivaclé, Lickana Antay, Chicha, Chané, Guaycurú, Weenhayek. Estamos organizados en Instituciones representativas legítimas con territorialidad en más de 2000 territorios comunitarios en el país.

La Ley 26160 es el único instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Si bien esta ley no detiene la violencia física, verbal y las persecuciones judiciales, políticas, mediáticas que sufrimos de forma cotidiana, la misma permite poner freno o volver atrás los desalojos hasta que el Poder Ejecutivo regularice la situación dominial de nuestros territorios. Esta ley instrumenta el mandato de la Constitución Nacional (Art. 75 Inc. 17) que reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupamos. El cumplimiento de nuestros derechos es total responsabilidad del Estado, en todos sus poderes. Su incumplimiento también.

Ante la escalada de violencia e impunidad con la llegada del gobierno de Cambiemos, la NO aprobación de una prórroga implicaría, no sólo un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los Pueblos Originarios, sino que sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio originario del cual el Estado será el responsable. Donde nosotros vemos vida los empresarios, las multinacionales y los políticos que las representan ven recursos. Los Pueblos Originarios no estamos dispuestos a negociar la vida.

Exigimos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: 

¡APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA LEY 26160 SIN MODIFICACIONES!

¡INMEDIATA EJECUCIÓN DE LA LEY 26160!

¡LEY DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN!

¡TRATAMIENTO DE LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA!

¡BASTA DE CRIMINALIZAR Y PERSEGUIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!

¡LIDERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR!

¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!


Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO

encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

domingo, 8 de octubre de 2017

" 2920 DÍAS DE IMPUNIDAD, 2920 DÍAS SIN JAVIER CHOCOBAR, 2920 DÍAS DE LUCHA"


7 de Octubre de 2017. A 8 años del asesinato de Javier Chocobar y de inacción de la justicia Tucumana. Los Chuschagasta volvemos a marchar el jueves 12 de octubre (09:00 hs punto de encuentro plaza Urquiza. San Miguel de Tucumán). Convocamos a toda la sociedad en general a que nos acompañe una vez más. 

Comunidad Los Chuschagasta (personería jurídica N°03 ReNaCi/INAI) perteneciente a la Nación Diaguita, Valle de Choromoros (actualmente Tucumán). Nosotros Los Chuschagasta Pueblo Vivo y Preexistente al estado nacional Argentino, queremos pronunciarnos al cumplirse otro “nuevo” 12 de octubre Memoria, Lucha y Resistencia por Javier Chocobar, quien fue asesinado en defensa de nuestro territorio ancestral por Dario Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso. Estos dos últimos funestos personajes, con participación activa en la última dictadura militar, en el denominado “grupo Atila”, del tristemente célebre Malevo Ferreira.

Lo más significativo de remarcar para nosotros, es el "extraño" tiempo que sigue demorando el juicio a los asesinos, en una causa que se transformó en una de las resoluciones más largas de la historia Tucumana. Reivindicamos a Javier Chocobar COMO NUESTRA AUTORIDAD ASESINADA, no solo un comunero o un abuelo, sino una AUTORIDAD TRADICIONAL de nuestra institución territorial, hecho que oscurece más la demora de la justicia en este “estado de derecho y democrático”. Un estado nacional que no garantiza ni implementa la legislación indígena vigente y mucho menos hace efectivos los derechos humanos que nos asisten por ser ciudadanos argentinos.

Finalmente reafirmamos el hecho de que Javier dio su vida por la Comunidad y el territorio, un binomio inseparable; debido que para nosotros la Comunidad es nuestra familia parte fundamental de reproducción de nuestros aspectos sociales, espacio de fortalecimiento, reflexión, crecimiento y donde nos vinculamos de acuerdo con nuestras pautas culturales e identitarias. Dentro de nuestro lugar que está íntimamente enclavado en el territorio. Territorio que no solo es el espacio donde vivimos sino que interactuamos con él, donde afianzamos nuestra espiritualidad, en él esta la medicina ancestral que nos sana a nosotros y a nuestros animales, obtenemos sus frutos a través de las siembras. Además es donde se desarrolla material y simbólicamente nuestra vida, la de nuestros ancestros y será la de nuestros hijos. Nuestra identidad está determinada por el territorio que queremos y cuidamos no por un valor material sino porque está vivo y nos da vida. Deseamos alcanzar la justicia, queremos que este sea el último año donde debamos salir a marchar para exigir un Derecho (Justicia), aunque estamos decididos a no abandonar la lucha como Javier nos mostró, sin miedo, sin mezquindades y con dientes apretados. 

Estuvimos, estamos y vamos a seguir exigiendo justicia y defendiendo nuestro territorio siempre. 

¡¡¡JUICIO Y CÁRCEL PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSÉ VALDIVIESO!!! 

¡¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR Y PARA TODOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!!! 

 Contactos: 
Audolio Chocobar 03815999189 
Nancy Chocobar 1158396726

viernes, 6 de octubre de 2017

¡PRORROGUEN LA LEY 26160!

Territorios comunitarios originarios, Argentina, 5 de octubre de 2017.

Diputados Nacionales

S / D

De nuestra mayor consideración,

Las autoridades, referentes y miembros de más de 26 Pueblos Originarios nucleados en el ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios), con representación en 20 provincias de Argentina, desde cada uno de nuestros territorios, a una semana de que se cumplan 525 años del inicio del despojo territorial a nuestros pueblos y a 8 años del asesinato impune de la autoridad Diaguita Javier Chocobar en el marco de un conflicto territorial, nos dirigimos a Uds. en su carácter de representantes del pueblo argentino en el Poder Legislativo, con el objetivo de manifestar nuestra preocupación por la situación de emergencia en nuestros territorios y a fin de exigir la prórroga de la Ley 26160, con vigencia hasta el 23 de noviembre de 2017.

La misma resulta imperativa en función de las razones que se detallan a continuación:

- La Ley 26160 es el único instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Si bien esta ley no detiene la violencia física, verbal y las persecuciones judiciales, políticas, mediáticas que sufrimos de forma cotidiana, la misma permite poner freno o volver atrás los desalojos hasta que el Poder Ejecutivo regularice la situación dominial de nuestros territorios.

- Esta ley instrumenta el mandato del Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce a los Pueblos Originarios la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. 

- La ejecución del relevamiento territorial por parte de las provincias y el INAI se encuentra demorado a causa de diferencias respecto a su implementación y a su financiamiento.

- El programa de fortalecimiento jurídico del INAI se encuentra paralizado y el presupuesto sub-ejecutado.

- El diálogo entre el INAI y las instituciones representativas de los pueblos originarios fue suspendido.

- La no aprobación de una prórroga implicaría un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los Pueblos Originarios y, en materia política, sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio.

Asimismo, requerimos que de forma urgente se dé inicio al tratamiento del anteproyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, presentado en el año 2015 mediante expediente Nº 5985-D-2015 e ingresado nuevamente en el año 2017 mediante expediente Nº 5137-D-2017, y al anteproyecto de Ley de Consulta y Participación a pueblos originarios presentado en el mes de julio de 2014. Estas leyes son una deuda histórica del Congreso Nacional, constituyen la base de la reparación histórica a los pueblos originarios y son la condición fundamental para poner freno a los conflictos y garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.

El cumplimiento de nuestros derechos es total responsabilidad del Estado, en todos sus poderes. Su incumplimiento también.

Saludamos atentamente,

sábado, 30 de septiembre de 2017

Un fallo le prohíbe a Gendarmería entrar a un territorio mapuche sin orden judicial

La fuerza de seguridad había ingresado a la comunidad Raquituhue con la excusa de buscar a Santiago Maldonado.

La justicia federal de esta ciudad le ordenó a Gendarmería Nacional y a otras fuerzas de seguridad que se “abstengan de ingresar al territorio de la comunidad Raquituhue sin autorización judicial”.

Si bien se alude a la citada comunidad, se interpreta que los efectivos de las fuerzas también tienen impedido el ingreso a otra territorios mapuches.

La decisión de la jueza Silvina Domínguez, quien aceptó el habeas corpus presentado oportunamente por los mapuches, sienta un precedente en un contexto nacional signado por la desconfianza entre los protagonistas.

La resolución del expediente se definió en la noche del miércoles en el juzgado zapalino en una audiencia donde estuvieron presentes la magistrada federal, representantes de Gendarmería Nacional y miembros de la comunidad, junto al defensor oficial, Gonzalo Vergés.

La causa se dio en el marco de la intromisión que efectivos de Gendarmería Nacional realizaron semanas atrás en el campo que los Raquithue ocupan en cercanías de la ciudad de Junín de los Andes.

El operativo referido se desarrolló a las cuatro de la madrugada, sin orden judicial que lo posibilitara ni la aprobación de las autoridades de la comunidad, el lonko Hernán Cañicul y el werken, Fidel Collipan.

Oficialmente se explicó que el allanamiento, que incluyó la presencia de vehículos oficiales y el despliegue de efectivos de seguridad, se produjo en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado.

Ese episodio tuvo un fuerte impacto mediático y tras ser denunciado generó un repudio generalizado a la fuerza.

En ese sentido, entre otras organizaciones, se manifestó la Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén en un comunicado.

Fuentes judiciales revelaron que Gendarmería Nacional tenía datos aportados por la policía de la provincia de Neuquén que señalaban que una persona muy parecida a Maldonado había sido visto acampando en el interior de la comunidad mapuche.

Más allá del revés judicial que esta decisión representa para Gendarmería, trascendió que mantendrán abierto el canal de diálogo con la comunidad a fin de avanzar en la elaboración conjunta de un protocolo que permita resolver este tipo de situaciones a futuro.

En este sentido, la semana pasada se desarrolló un encuentro entre ambas partes en San Martín de los Andes y en los próximos días podría repetirse la experiencia.

En función de la conflictividad que se registra entre comunidades mapuches y fuerzas de seguridad en diferentes puntos de la Patagonia, la resolución de la jueza Domínguez puede sentar un precedente en la materia. El caso Maldonado puso a Gendarmería en el centro del debate.
“Se debe garantizar la integridad física y la libertad de los miembros de la comunidad Raquituhue de Junín de los Andes”.
Silvina Domínguez,
jueza federal
de Zapala.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Senado argentino aprueba reclamo de pueblos indígenas y pasa a Diputados

Con decisión se suspende desalojo de sus comunidades

BUENOS AIRES

Los pueblos originarios de Argentina lograron este miércoles el voto favorable del Senado a su reclamo de prórroga de una ley que suspende los desalojos de sus comunidades, una demanda que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

"Por unanimidad la Cámara alta dio 'media sanción' a la prórroga de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que suspende los desalojos en tierras habitadas por los pueblos originarios", informó el Senado en un comunicado.

Si la prórroga es aprobada por la Cámara de Diputados, será por un plazo de 4 años.

Miembros de los pueblos originarios de Argentina protestaron este miércoles frente al Congreso Argentino, exigiendo una ley que prohíba los desalojos de pueblos originarios de sus tierras ancestrales.(AFP)

Los manifestantes buscan que el Congreso prorrogue por tercera vez la norma aprobada en 2006 y que preveía realizar en un plazo de tres años un estudio territorial de los lugares de Argentina en donde están establecidas las comunidades indígenas.

La norma ya fue prorrogada en 2009 y 2013 y vence en noviembre próximo.

"La ley lleva 11 años y de las 2.000 comunidades (indígenas) que existen en el país, solo han sido relevadas 400, nada más. Hay 1.600 que están esperando", dijo a la AFP Roberto Ñancucheo, un líder mapuche que participó de la protesta.

El objetivo no es solo la prórroga de la ley sino que se termine este estudio y se apruebe "una ley de propiedad comunitaria", explicó.

Ñancucheo insistió en que el Estado argentino "tiene una deuda de 200 años con los pueblos originarios" pero aclaró que en esta ocasión están "reclamando que paren lo que ocurrió en Argentina en los últimos 20 años".

"Existen conflictos en todo el país. Son territorios desalojados por los sojeros, las mineras, los empresarios", agregó.

Aseguró que "los indígenas no tenemos más dónde recular. Ni siquiera es una cuestión de valentía, coraje ni de resistencia".

"No puede haber esta injusticia de un empresario con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene donde vivir, como lo que vivimos con el empresario Benetton", insistió.

El empresario italiano Luciano Benetton es dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuches reclaman tierras ancestrales al sostener que ellos son pueblos preexistentes al Estado argentino.

El reclamo se renueva cuando todas las miradas del país se posaron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, instalada en terrenos que compró Benetton en los años 90, y donde desapareció el 1 de agosto el joven Santiago Maldonado, solidario con la causa de ese pueblo, durante un violento operativo de la gendarmería (policía militar).