martes, 9 de agosto de 2022

9 de agosto - Día Internacional de los Pueblos Indígenas


En día 23 de diciembre de 1994, La Asamblea General de las Naciones Unidas declara al 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.

" En Argentina habitamos desde siempre los Pueblos Naciones Originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias.

Tod@s los/las Pueblos Naciones originarias en América hemos construido sistemas de producción propios, acorde a los mandatos filosóficos y a una propia cosmovisión, en una relación territorial recíproca y comunitaria, donde tiempo y espacio se unifican para la siembra, cosecha y acopio. Desarrollando sistemas diversificados de cultivo mediante aprovechamiento de los suelos, terrazas o subsuelos. El acto de cultivar, sembrar está ligado a una relación espiritual que se nutre de conocimientos y saberes milenarios. El territorio de cultivo debe equilibrar temperatura / humedad y una orientación que armonice las fuerzas del territorio hacia los cuatro vientos.

Es necesario que los Estados garanticen:

✔ Nuestra participación en la gestión de todo aquello que nos afecte directa e indirectamente

✔El acceso a territorios aptos y suficientes para el Buen Vivir de los Pueblos Originarios

✔La protección y resguardo de nuestros bosques, nuestras vertientes y ríos, nuestros cerros y salares, nuestro alimento y nuestra medicina; y, por sobre todas las cosas

✔ La restitución, posesión y propiedad comunitaria de nuestros espacios territoriales ancestrales y vitales, espacios que nos garantizan poder continuar desarrollando nuestras prácticas ancestrales y sustentables en el tiempo.

Para superar 530 años de colonización y racismo es necesario transformar el  Estado colonial a un Estado Plurinacional que nos contenga a todxs con igualdad en la diversidad.

# Pueblos Naciones Originarias

miércoles, 13 de julio de 2022

Visitar Argentina es para Evo Morales como volver a casa.

El expresidente de Bolivia asegura que Estados Unidos "ya no tiene hegemonía" en la región
Evo Morales: "Si trabajan juntos industrializando el litio, Bolivia y Argentina pueden ser potencia"


En un diálogo distendido con PáginaI12 , Morales se muestra orgulloso del proceso de cambio que lideró durante 14 años y que hoy continúa Luis "Lucho" Arce, su exministro de Economía. Además llama a industrializar el litio y pensar en la creación de una moneda sudamericana única.

Por Guido Vassallo y Mercedes López San Miguel
13 de julio de 2022 - 11:25

El ex presidente de Bolivia Evo Morales.. Imagen: Bernardino Avila

Visitar Argentina es para Evo Morales como volver a casa. Así lo describe el expresidente de Bolivia, quien estuvo asilado en Buenos Aires desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020, luego del golpe de Estado. Su relación con Argentina excede con creces la capital, ya que, en su primera infancia, fue a la escuela en Jujuy.

Viste su chaqueta característica, se acomoda el cabello para la cámara (dice tener alguna cana con 62 años) y se lo ve distendido durante la entrevista con Página/12 en la sede de la CTA en Capital Federal. Se enorgullece del proceso de cambio que lideró durante 14 años y que hoy continúa Luis "Lucho" Arce, su exministro de Economía. Morales dice que por ahora sólo piensa en dirigir el Movimiento al Socialismo (MAS) cuando se le pregunta si piensa volver a ser candidato a ocupar el Palacio Quemado.

En este viaje Evo Morales se reunió con el presidente Alberto Fernández y tuvo sendas presentaciones en el Instituto Patria y en la sede del PJ, en el Día de la Confraternidad Argentino Boliviana en homenaje al nacimiento de Juana Azurduy. Además, dio una charla el lunes en la Universidad Nacional de Rosario. En diálogo con este diario, el líder cocalero disipa las versiones de diferencias con Arce y aprovecha para sugerirle un consejo al mandatario y a la vicepresidenta argentinos: "Hay problemas, pero a puertas cerradas los resolvemos y ante el pueblo siempre juntos".

- ¿Qué significa este regreso a la Argentina?

- Es como volver a casa, tengo tantos recuerdos y tanto cariño del pueblo argentino. En el año 94 o 95 estaba empezando como dirigente sindical y me invitaron a dar una charla sobre coca y soberanía. Cuando entré empezaron a gritar: "Olé, olé, olé, olé, Evo, Evo". ¡Yo me asusté, me puse nervioso! Va pasando el tiempo y ese grito me gusta. Mi primera escuela fue en Calilegua, en Jujuy, y regresé ya como dirigente, diputado, presidente y finalmente como asilado político. Somos una gran familia. Países vecinos, con la misma historia de liberación, de fundación de las repúblicas. Aquí en Argentina es más reconocida Juana Azurduy y en Bolivia poco, lamentablemente, pero es nuestra heroína. Toda esa lucha nos une. Después de que regresé a Bolivia esto es un encuentro con amigos, hermanos y compañeros.

- ¿Cómo está su relación con el presidente Luis Arce?

- Tenemos buenas relaciones, de vez en cuando nos comunicamos. Cuando la derecha el año pasado nuevamente intentó hacer un nuevo golpe de Estado, por ejemplo, en febrero, Luis Fernando Camacho dijo "Lucho (Arce), cuidado con juntarte con Evo". Entre mayo y abril él dijo desde el comité cívico de Santa Cruz: "Alisten el avión a México". (N.d.la R: en alusión a la salida de Morales a ese país tras el golpe). Pero antes de la toma de posesión de Lucho Arce, el ocho de noviembre de 2020, creímos que sería el último round. Yo organicé la Marcha por la Patria, me junté con la Central Obrera Boliviana, con la Confederación Sindical de Campesinos, una marcha de días para defender a Lucho presidente y a nuestro proceso. Llevamos a casi un millón y medio de personas. Lucho vino a la inauguración con el vicepresidente David Choquehuanca pese a la lluvia. Lamentablemente la prensa de derecha trata de mostrarnos divididos. A Lucho le corresponde la administración del Estado y a mí me corresponde dirigir el movimiento político. Juntos debatimos temas y por supuesto no faltan algunos problemas, es normal eso. El MAS es una gran familia: hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro.

- A propósito de esto, ¿cómo ve los desencuentros entre Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

- No conozco mucho, pero es importante siempre llevarse bien. Con nuestro presidente Lucho nos llevamos bien, con el vicepresidente también estamos en contacto permanente. Obvio que hay problemas, pero a puertas cerradas los resolvemos y ante el pueblo siempre juntos.

- ¿Eso les diría como consejo? Como dijo el lunes, la unidad en la diversidad...

- Claro, esa es nuestra responsabilidad. Unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad de manera conjunta. Somos diversos. Nosotros somos originarios. Empezamos a diferenciar a los quechuas y aymaras, que son originarios milenarios, y otros que llegaron después de las dos guerras mundiales, o la Guerra Civil española, se vinieron a América latina, sus hijos y nietos nacieron y les decimos también originarios, a ellos los llamamos originarios contemporáneos. La plurinacionalidad es la unidad de los originarios contemporáneos con los originarios milenarios, pero esa unidad en la diversidad es para reconocernos juntos con una meta de garantizar nuestra soberanía y la dignidad para el pueblo.

- ¿Y cómo está viendo el avance del progresismo en la región? El triunfo de Gustavo Petro en Colombia, antes Gabriel Boric en Chile. ¿Se parece a esa primera oleada de gobiernos de izquierda que lo tuvieron como protagonista?

- Los legados de Kirchner, Chávez y Fidel van cumpliéndose en América latina y el Caribe. Cuando buscábamos la integración de Sudamérica con Celac, Estados Unidos lo que hizo fue crear la Alianza del Pacifico para continuar con las políticas del ALCA. Crearon el Grupo de Lima para atacar permanentemente a Maduro. Argentina, México, Perú, Chile, Colombia. ¿Dónde está ahora el Grupo de Lima? Claro, Estados Unidos lamentablemente es bueno para apuntar sanciones económicas a los países libres o promover golpes de Estado, pero de eso nos estamos liberando. Antes daba miedo ser expulsado de la OEA, ahora es un lujo. Eso está cambiando. Estados Unidos ya no tiene hegemonía en Latinoamérica. Ya no es una potencia económica, a lo sumo puede ser potencia militar. Que yo sepa en la década del 30 o 40, Estados Unidos tenía más del 40 por ciento del PBI mundial. Ahora está rondando el 20 por ciento. China estaba hace 30 o 40 años con el ocho por ciento del PBI mundial y ahora está con más del 30 por ciento. Estados Unidos sólo vive de guerra. Esa doctrina inmoral, la doctrina Monroe de "América para los americanos" va terminándose. Nosotros en cambio hemos propuesto "América Plurinación de los pueblos para los pueblos". Los países antiimperialistas expulsados de la OEA, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no fueron invitados a esta Cumbre de las Américas. La OEA era para integrar a los países de toda América, y ahora son ignorados y expulsados. Estados Unidos fue quien organizó el golpe de Estado en Bolivia. Y para mí la mejor intervención fue la del hermano Alberto Fernández, que ha ido allá a decir su verdad. Veintidós países se rebelaron en su casa ante el presidente de los Estados Unidos.

- Usted dice que Washington estuvo detrás del golpe en Bolivia. Pero también está condenado y preso el exministro de Interior del gobierno de facto, Arturo Murillo, en Estados Unidos...

- Por temas de corrupción. Nada que ver con el Golpe. Me ha sorprendido que ya en su primer viaje había ido a hacer la apertura de cuentas bancarias en Los Ángeles, y giraron plata ilegalmente. Está ahí encarcelado por temas de corrupción y lavado. Otro es el tema político, y eso no lo están tocando.

- Por su parte la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, fue condenada a diez años de cárcel por el caso "Golpe II".

- Por la ruptura del orden constitucional, por las resoluciones contrarias a las normas jurídicas. Recién después viene el proceso por el genocidio o por delitos de lesa humanidad, que son 30 años de cárcel, y todos quieren que se haga justicia para que nunca más vuelva el golpe de Estado no solamente en Bolivia sino en toda América latina. Ese es el deseo que tenemos.

- ¿Y cuál cree que fue el rol del presidente de Brasil, Jaír Bolsonaro? Teniendo en cuenta que ya en dos oportunidades dijo abiertamente que se encontró con Áñez.

- Aquí en Argentina algunos hermanos militares, cuando yo estaba en 2020, me dijeron que Áñez viajó a Brasil reservadamente. Ahora Bolsonaro lo ha dicho, hubo viajes clandestinos. No está confirmado, pero me dijeron que se llevaron millones de dólares a Brasil para abrir sus cuentas bancarias.

- ¿Quiénes se llevaron esos millones?

- Familiares de Áñez. Información no confirmada, me lo dijeron los mismos militares. Habría que cruzar datos, yo no quisiera hablar pero cuando Bolsonaro habla, Bolsonaro está confirmando. A mí me sorprende eso, y yo comparto el mensaje del expresidente Correa cuando dijo que estábamos viendo un segundo Plan Cóndor. La participación de presidentes de Argentina, Ecuador, Brasil, por el tema del litio con Estados Unidos a la cabeza.

- Y en relación con este nuevo Plan Cóndor en la región, se acaba de cumplir un año de la denuncia presentada contra el gobierno de Mauricio Macri por presunto contrabando de armas a Bolivia. ¿Está avanzando la causa en su país?

- Es interesante la historia, ¿no? Algunos presidentes nos mandan armamento, pero Alberto Fernández durante la pandemia nos manda medicamentos. Está todo en la justicia y quedará en la justicia acelerar la investigación correspondiente, pero está totalmente confirmada la misma versión por la policía y las fuerzas armadas de que el presidente Macri mandó armamento. Ojalá la justicia pueda acelerar esas investigaciones para el bien de la democracia de América latina.

- ¿Le generan expectativa las elecciones de octubre en Brasil?

- Si, tenemos mucha expectativa y confianza en Lula. Si Lula gana siguen caminando los pueblos de América latina, siguen los procesos de liberación democrática. Y otra vez, todas las políticas de Estados Unidos vienen fracasando. Ya no hay guerra fría, lucha contra el comunismo. ¿Y cuántos líderes de orientación comunista o socialista ahora son presidentes? Los movimientos sociales somos terroristas para el imperio. ¿Cuántos dirigentes sindicales somos presidentes o hemos sido presidentes? Me acuerdo siempre cuando me llamó la prensa norteamericana preguntándome qué pensaba de Pedro Castillo. Yo dije: un rondero y campesino, un dirigente del magisterio ahora es presidente del Perú. Un ´terrorista´ más que es presidente. Los llamados terroristas somos y fuimos presidentes. Los guerrilleros ahora son presidentes, Daniel Ortega, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Gustavo Petro. Significa que tenían razón en organizar guerrillas frente al dominio de las oligarquías en cada país.

- Usted considera que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía que en algún momento supo tener. ¿No es entonces una oportunidad histórica para qué la región plante bandera y se organice para profundizar reclamos como el fin del bloqueo a Cuba?

- A ver, en las votaciones que se hacen en las Naciones Unidas sobre el bloqueo económico Estados Unidos, Israel y alguna isla más rechazan. Todos están en contra del bloqueo, pero sin embargo a estas resoluciones no las respeta Estados Unidos. Entonces, ¿de qué democracia pueden hablar? Estados Unidos no ha ratificado ningún tratado o convenio internacional sobre derechos humanos. ¿De qué derechos humanos puede hablar? Tenemos profundas diferencias, por eso estos cuestionamientos a la política del gobierno estadounidense, no al pueblo norteamericano. Y creo que es nuestra obligación fortalecer organismos como Celac o Unasur. El próximo paso debe ser también pensar cómo nosotros podemos tener nuestra propia moneda sudamericana.

- Lo ha planteado Lula, una moneda del sur...

- Ya antes lo planteamos al momento de constituir la Unasur. Se paralizó pero hay que relanzar este tema. Ese es el deseo que compartimos con Lula. En un momento yo me planteaba, ¿por qué tantos golpes de Estado? Claro, los golpes son para el control de los recursos naturales. Pese al saqueo de más de 500 años en tiempos de colonia, en tiempos de república, siguen apareciendo recursos naturales a flor de tierra. El litio por ejemplo. Entonces las trasnacionales usando a los militares, ahora la OTAN, imponen intervención militar y control político para sacar los recursos naturales. Y en mi experiencia desde arriba planifican para dividir al pueblo. Y dividen para dominarnos. Ellos dicen: cuanto más pobres y más ignorantes, más sencillo dominarlos. Y cuando no pueden quitarnos los recursos naturales, golpe de Estado. Entonces cuando la política viene de los movimientos sociales, la nacionalización no viene del Banco Mundial, los servicios básicos no vienen del FMI, vienen de los movimientos sociales. En mi experiencia tenía el poder comunal, pero con el poder comunal no podíamos hacer la base militar, con el poder sindical no podíamos nacionalizar. Ahí aparece nuestro instrumento político. Esa es la lucha permanente.

- Y la lucha permanente también son los condicionamientos que se tienen con una deuda con el FMI. Argentina logró un acuerdo, ¿qué piensa del mismo?

- Yo en mi gestión me liberé de la deuda del FMI. A Áñez se le prestaron alrededor de 300 millones de dólares. Lucho (Arce) llegó, devolvió toda esa plata y no queda ninguna deuda. Claro, necesitamos créditos y lo entiendo perfectamente. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Japón y España han sido muy solidarios conmigo. El BID me condonó 500 millones de dólares, Japón me condonó otros 300 millones, eran deudas de los gobiernos neoliberales. España me perdonó 300 millones, esa plata que tenía que devolver a España nos dijeron: inviertan en infraestructura educativa. Pero claro, por más que haya un gobierno de facto o de derecha, si hay un compromiso hay que pagarlo.

- En el caso de Argentina se está pagando una deuda que adquirió el gobierno de Macri.

- Para qué se habrá prestado o en qué se habrá pagado, eso es un tema interno de cada país. Pero tanto los bancos como el FMI son usureros, nunca van a dar préstamos para bien, para la gente humilde.

- Usted propuso este lunes que los países de la región con reservas de litio controlen directamente la explotación de este recurso natural. ¿No cree que es un desafío complicado considerando que tal vez algunos países no quieran ir tan a fondo como lo hizo Bolivia?

- Yo comento la experiencia de mi gestión pública. Ser presidente es hacer buenos negocios para el país. Yo tuve reunión dos veces con el presidente de Japón, yo le decía por qué no ensamblamos Toyota japonesa en Bolivia pero con litio boliviano. Nos respondían que no, pero nos pedían litio como materia prima. En 2010 tuve una reunión con Corea del Sur por un acuerdo de inversión y cooperación, me invitaron a ver una industria de baterías de litio, muy linda pero costaba 300 millones de dólares. Cuando yo llegué al gobierno las reservas internacionales eran 1700 millones de dólares. En 2010 estábamos como en diez mil millones de dólares de reservas internacionales. Entonces le digo a los coreanos que 300 millones de dólares no es nada, yo garantizo en Bolivia la inversión, pero los coreanos igual no querían, solo querían el litio. Lo mismo en Alemania y otros países. Me di cuenta que Occidente solo nos quiere para que nosotros garanticemos la materia prima. Y no quieren que demos valor agregado a nuestros recursos naturales. Con el hermano vicepresidente Álvaro García Linera dijimos: empecemos nosotros. Convocamos a expertos internacionales y cuando llegamos a construir la planta de El Alto los nuevos profesionales aprendieron. Cuando vi el laboratorio casi me hace llorar, eso nunca se vio en Bolivia. Están trabajando ahí con baterías de litio, carbonato de litio, hidróxido de litio. Seguimos construyendo nuevas plantas de litio. El plan que teníamos es 42 plantas al 2029. De las 42, 16 solamente de litio y otras plantas iban a ser para insumos, otras para subproductos. Cuando empezamos a desarrollar ese plan vino el golpe de Estado. Ahí lo ven a Elon Musk (CEO de Tesla) confesando que hemos financiado el golpe por el litio. Yo sigo convencido de seguir el camino de la industrialización, no solamente en Bolivia, también en Argentina o Chile. México ya está nacionalizando su litio. Tenemos que juntarnos como América latina, industrializar el litio bajo la administración del Estado. Si trabajan juntos industrializando el litio, Bolivia y Argentina pueden ser potencia.

- ¿Pero no cree que en algunos países hay una cierta debilidad de los Estados para tocar al poder económico?

- Podemos tener diferencias, por supuesto. Algunos son más humanistas, socialistas, izquierdistas, algunos son más antiimperialistas, esas son nuestras diferencias pero finalmente apostamos por la paz con justicia social. Trabajamos por la gente más humilde. Atender las demandas del pueblo significa tener plata, y es tener profundas diferencias con el Banco Mundial y especialmente con el FMI. ¿Qué proclama el Fondo? Un Estado mínimo, un Estado enano. Un Estado que no regule y no invierta. Así otra vez vuelven los conflictos. Yo aprendí, como presidente sin formación académica, que no podemos descuidar el aspecto laboral ni el aspecto social, y tampoco podemos descuidar la inversión pública. Además de eso tenemos que garantizar la felicidad del pueblo. La plata mueve más plata. Algunos países prefieren evitar la inflación con contracción económica, y eso no es bueno para la economía, principalmente para la gente humilde. Nosotros cuidamos la inflación con expansión económica. En 2007 había un grupo de especuladores empresarios que hicieron faltar pan y aceite, lo estaban ocultando. Y cuando empiezan a subir los precios empiezan a echarme la culpa a mí. En trigo es el mismo problema, la llamé a la hermana Cristina cuando era presidenta, me dijo que aquí estaban especulando con la harina, que tenía los cupos asignados para vender al exterior, pasaron dos, tres días y me mandó harina y trigo. Los pueblos vecinos nos complementamos, trabajamos solidariamente.

- El proceso de transformación que usted defiende, ¿ encuentra nuevos límites como consecuencia de los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania?

- Tenemos problemas en todo el mundo, crisis financiera, crisis alimenticia. Y hubo un golpe en Bolivia. Le pongo un ejemplo, hicimos con las reservas internacionales la planta de urea, fábrica de fertilizantes, una planta que está exportando a Brasil 300 mil toneladas al año y atendiendo al mercado interno. En mi gestión fue construida, el golpe la paraliza y el compañero Arce después de ganar la elección la reactiva, tardó como siete meses pero el hermano Lucho decía en la reinauguración que se habían perdido 470 millones de dólares. Y hablo solo de una planta, puedo hablar del cloruro de potasio, pequeñas y medianas empresas cien por ciento estatales. De paso la pandemia, la mala atención en pandemia, meses encerrados. La gente pobre quedaba más pobre, el comercio internacional seguía parado y la gente se da cuenta cuando el país está mal administrado. Ahora con esta guerra provocada y dirigida por la OTAN y Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, el problema que tenemos los países vecinos es el combustible. Gasolina, diesel que nosotros importamos. El problema de la subvención ha crecido. Yo estoy convencido como expresidente que la exagerada subvención a cualquier producto es un cáncer para nuestra economía. En el 2005, antes de que sea presidentel la inversión era apenas de 600 millones de dólares, y el 70 por ciento era con créditos. En los cuatro últimos años de mi gestión programamos más de ocho mil millones de dólares para inversión pública. ¿Cómo pueden creer eso? El año pasado se han aprobado otros cuatro mil millones de inversión, y seguimos subiendo. Esto es resultado de nuestra revolución democrática cultural.

- Hace unos días el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, denunció el aporte ilegal al partido en 2014 de parte del narcotraficante argentino José Miguel Farfán. ¿Qué opina de la denuncia? ¿Cree que debe investigarse?

- Quiero que se investigue pero ya hablé con el vicepresidente del MAS, Gerardo García, y él nunca ha firmado ninguna carta. A esos como Cuéllar les digo traidores, oportunistas. Tratar de vincularnos al narcotráfico ha sido siempre el mensaje de la derecha. En el 2002 a mí me expulsaron de la Cámara de Diputados acusándome de narcotraficante y de asesino, de terrorista. Querían procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidente por instrucción de Estados Unidos. Cuando estaba acá en el 2020, algunos funcionarios del Palacio Quemado me decían que el ministro Murillo daba instrucciones de implicarme en corrupción y narcotráfico. ¿Qué podían montar? Y Murillo les decía: si no es a él, por lo menos impliquen a sus amiguitos. No podían imputarnos nada. La DEA nos investiga. Si yo estuviera implicado, ¿creen que la DEA me va a perdonar? ¿Estados Unidos me va perdonar? Algunos hermanos se prestan a ese juego. Cuéllar es un agente del imperio con sus difamaciones. Y la derecha acusa y pide que se anule la sigla del MAS. En cualquier partido esa clase de infiltrados es expulsado. Ahora estamos empezando con el registro de nuevos militantes. El MAS-IPSP tiene registrados legalmente a más de un millón, y el segundo partido, los demócratas, 260 mil militantes. Otros partidos tienen menos de cien mil. El MAS-IPSP es el movimiento político más grande en la historia de Bolivia. Y es algo único en el mundo: este movimiento viene de quechuas, de aymaras, de guaraníes. Los amenazados con el exterminio, los más despreciados y discriminados. Desde la década del 80, un grupo de dirigentes campesinos nos preguntamos por qué nosotros mismos no nos gobernamos. Nosotros también tenemos derechos políticos. Y en 500 años pasamos de la resistencia a la toma de poder. En 1995 fundamos nuestro instrumento político. Los primeros años quechuas y aymaras no querían que entren profesionales a este movimiento político, menos si eran abogados. Los dirigentes indígenas somos expertos para hacer votos resolutivos de protesta, somos expertos para hacer pliegos únicos de reivindicación, pero no sabemos hacer decretos. No sabemos hacer leyes. Así incorporé a los profesionales, con dolor porque algunos profesionales nos hicieron mucho daño. A mí me acusaban permanentemente de narcotraficante, terrorista, asesino, en mi primera candidatura en 2002 el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, dijo que Evo era "el Bin Laden andino". Decía que si Evo es presidente no va a haber inversión ni cooperación. Yo en vez de molestarme dije que mi mejor jefe de campaña era el embajador de Estados Unidos. Al escuchar ese mensaje dirigentes sindicales, militantes comunistas y socialistas estaban convencidos de votar por Evo. Entonces esa acusación no es ninguna novedad, permanentemente nos han acusado. Estas denuncias son para tratar de desprestigiar, quitarle imagen pero el pueblo se da cuenta.

- ¿No descarta volver a ser candidato a presidente?

- Si, voy a ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (risas). Yo creo que ser la autoridad principal del país requiere mucha fuerza, mucha energía y mucha valentía. Cuando yo decidí nacionalizar había ministros que no querían nacionalizar, tenían mucho miedo. Me decían que si nacionalizaba empresas, nos iban a mandar al Ciadi, al Banco Mundial. Les dije: si quieren demandar que nos demanden en nuestro territorio. Redactamos una carta retirándonos del Ciadi. Para eso necesitas valentía. No solamente tienes que garantizar la liberación política, también la liberación económica. Eso hice, por eso aguantamos tanto tiempo. Por eso también recuperamos la democracia. Por ahora mi responsabilidad está en cómo fortalecer al MAS, cuidar la revolución democrática cultural, defender a Lucho presidente. Ya dijimos, la dirección nacional del MAS-IPSP faltando un año hará un ampliado nacional. Ahí vamos a sentar las bases con las que se va a elegir a diputados, senadores, candidatos a presidente y vicepresidente. Así, democráticamente, elegimos.

lunes, 11 de julio de 2022

Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal “Jose Luis Livolti”

1 y 2 de junio de 2022


Los días 1 y 2 de junio de 2022 se realizó el segundo encuentro presencial del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, en el que estuvieron las 21 organizaciones del sector que participan del Consejo.

El objetivo fue debatir, proponer y delinear el rumbo de las políticas públicas para el sector. Para ello, se debatió respecto a cuatro ejes centrales para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCeI), y la Pesca Artesanal: “Comercialización y Valor Agregado”; “Agroecología, Semillas y Recursos Genéticos”; “Arraigo”; y “Tierra y Territorio”.

En el acto de apertura participaron funcionarios y funcionarias de distintos organismos con quienes se vienen desarrollando y articulando políticas públicas para el fortalecimiento del sector: Nacira Muñoz, Vicepresidenta del INTA; Lucía González Espinoza, Coordinadora de Agricultura Familiar del SENASA; Alexander Roig, Presidente del INAES; Hugo Cabral, Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; Gastón Moran, Subsecretario de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria del Ministerio de Salud; Oscar Minteguía, Titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas; Rocío Rivero integrante del Conicet en Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” y Ayelén Rapaport de la Coordinación de Salud, Alimento y Biotecnología del CONICET.

En el acto de cierre se hicieron presentes el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández; el Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Julián Domínguez; el Sr. Secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena Miguel Ángel Gómez y el Sr. Secretario de Economía Social Emilio Pérsico quienes reafirmaron el compromiso del Estado para el fortalecimiento de la AFCeI y para el reconocimiento del sector como pilar fundamental para el desarrollo del país.

Para ello, reglamentar la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina resulta imprescindible y, a su vez, significa poner en valor a un sector históricamente postergado.

La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina resultó un eje fundamental del encuentro ya que es fruto de las luchas y reivindicaciones que llevaron adelante las comunidades y organizaciones que habitan, trabajan y resisten en la ruralidad de nuestro país. Dicha acción colectiva se convirtió en Ley y un compromiso que debe ser garantizado para fortalecer el sector y posicionar su lugar en las decisiones sobre el desarrollo político, social y económico del país.

A continuación, se describen las principales propuestas de las comisiones de trabajo:

Comisión Comercialización y Valor Agregado

·Incentivar políticas públicas relativas a la compra estatal de un porcentaje de la producción de la agricultura familiar, campesina e indígena y Pesca Artesanal, garantizando la alimentación del pueblo argentino;

·Acceder a créditos adecuados a la producción de la AFCeI y Pesca Artesanal, que incluye: créditos para el sector con tasa subsidiada, devolución valor producción, crédito bancario y no bancario (banca rural);

·Garantizar por parte del Estado una asistencia técnica eficiente, con fondos suficientes, para la cobertura de todo el territorio nacional;

·Desarrollar procesos de tecnificación, acorde a la escala para ser formadores de precios;

·Incentivar políticas públicas relativas a valor agregado: generar industrialización, tecnificación y mecanización de las cadenas productivas;

·Desarrollar asesorías técnicas para ganadería, cría y recría y garantizar insumos para sanidad animal tanto botiquines comunitarios como postas sanitarias;

·Sellos para la comercialización que certifiquen las producciones;

·Incentivar la formalización del sector, esto incluye: implementar el Monotributo Social Agropecuario; crear sellos para la comercialización que certifiquen la producción;

·Asegurar previsibilidad en la comercialización para el sector;

·Generar mercados de cercanía y también que el Consejo tome un rol activo para que los y las productoras puedan acceder y tener posibilidad de comercializar, dado que es fundamental para la sostenibilidad de la producción y productores en los territorios.

·Abordar políticas de inversión para que la normativa no restrinja, sino que regularice la actividad y permita la comercialización, evitando intermediarios;

·Garantizar la reglamentación del Consejo: desarrollar los consejos provinciales y mayor comunicación entre SAFCeI y organizaciones.

Comisión Agroecología, Semillas y Recursos Genéticos

·Incentivar políticas públicas que prioricen el cuidado de las semillas, soberanía alimentaria, agroecología, el buen vivir y pongan en valor los saberes de los ancestros;

·Sensibilizar a técnicas y técnicos en el dialogo de saberes y en entender las identidades de los territorios;

·Desarrollar instancias de formación y capacitaciones, esto incluye: a) pasantías locales sobre producción y conservación de semillas; b) becas para que productores y productoras puedan participar de cursos de semillas y agroecología; c) abordaje intercultural sostenido en un diálogo de saberes; d) Abordar la agroecología y el tema de semillas nativas y criollas en la educación formal;

·Incentivar políticas públicas que aseguren el reconocimiento de las guardianas y guardianes de las semillas nativas y criollas quienes garantizan la identificación y sistematización de semillas y la protección del conocimiento de los pueblos;

·Articular políticas públicas que reconozcan el rol de las mujeres como cuidadoras y guardianas de las semillas: articular con la Dirección de Géneros e Igualdad de la SAFCeI

·Generar espacios de intercambio y comercialización de semillas nativas y criollas;

·Impulsar nueva resolución sobre comercialización de semillas criollas;

·Impulsar Ley de Fomento de la Agroecología;

·Generar Sistemas Participativos de Garantías (SPG) para las semillas agroecológicas donde se reconozca el rol de las comunidades locales;

·Incentivar políticas públicas que fortalezcan la infraestructura para producir, multiplicar, conservar y comercializar semillas nativas y criollas; entre ellas los CEPROSENAS (Centro de Producción de Semillas Nativas), asegurando: a) participación real de las organizaciones; b) acceso a semillas; c) planificación de la producción y distribución de las semillas;

·Asegurar financiamiento para fortalecer experiencias locales de producción, multiplicación, conservación y/o comercialización de semillas nativas y criollas.

Comisión Tierra y Territorio

·Garantizar el derecho de acceso a la tierra por parte del Estado;

·Generar políticas públicas para garantizar el acceso a la tierra de los y las productores y productoras y destinar tierras en desuso a la producción de la AFCeI;

·Generar políticas públicas y mecanismos para el freno de desalojos en todo el territorio nacional;

·Garantizar por parte del Estado equipos jurídicos en las provincias para asesoramiento a comunidades campesinas, familias de la agricultura familiar y pueblos originarios;

·Impulsar por parte de las organizaciones el debate sobre una Reforma Agraria Integral: la fuerza de las organizaciones debe luchar por ese derecho;

·Reconocer la identidad y cosmovisiones de los pueblos originarios, cuando se habla de territorio;

·Asegurar la reglamentación del Consejo y funcionamiento/orgánica: darle más institucionalidad para poder resolver las cuestiones de tierra y territorio.

Comisión: Arraigo

·Garantizar la articulación interministerial del Consejo de AFCeI, incluye los siguientes organismos: ENACOM, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, AFIP, Ministerio de Educación, INTA, INAES;

·Articular con el Ministerio de Ambiente para realizar aportes y sugerencias en cuanto a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y abordar otras problemáticas de incumbencia como el cambio climático, falta de agua, entre otras;

·Articular con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para impulsar políticas que garanticen la conectividad en áreas rurales;

·Articular con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para desarrollar capacitaciones sobre Trámites a Distancia y Regularización de Cooperativas;

·Generar articulación del Consejo con el Poder Legislativo (diputados y senadores) para promover:

Ley de Fortalecimiento de los Territorios Periurbanos Productivos (TPP),

Ley de Humedales, Ley de Pesca Artesanal;

Ley de Propiedad Comunitaria por los derechos los Pueblos Originarios.

·Realizar por parte de las organizaciones un mapeo nacional de las provincias que adhirieron a la Ley de Reparación Histórica de AFCeI;

·Generar políticas públicas que aseguren un ingreso de arraigo para la juventud en la ruralidad: política de fomento para el arraigo rural y la continuidad en los territorios;

· Incentivar políticas públicas relativas a la educación: generar currículas que contemplen la identidad de la AFCeI (sistemas de alternancia, diálogo de saberes, etc.); esto a su vez incluye fomentar: o Educación Intercultural Bilingüe (EIB): incluir la cosmovisión de los pueblos originarios ·Reglamentar e institucionalizar los Consejos Provinciales y Regionales de AFCeI: expresión del federalismo constituido entre el Estado y las organizaciones

·Garantizar el Monotributo Social Agropecuario para los y las productoras y productores

·Generar un Banco de Tierras

·Incentivar políticas públicas que garanticen el acceso cercano a la educación, salud, conectividad, caminos rurales, entre otros, condiciones fundamentales para generar arraigo en los territorios;

·Incentivar políticas públicas que fortalezcan las organizaciones en los territorios.

Organizaciones participantes del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal:

ACINA - Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino

AGA - Agrupación Grito de Alcorta

AMRAF - Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federadas

CANPO - Corriente Agraria Nacional y Popular

ENCONA - Encuentro de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Argentino

ENOTPO - Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios

FAA - Federación Agraria Argentina

FAE - Frente Agrario Evita

FECOFE – Federación de Cooperativas Federadas

FNC - Federación Nacional Campesina

FNC - Frente Nacional Campesino

FONAF - Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar

MAELA - Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe

MCL - Movimiento Campesino de Liberación

MNCI ST - Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra

MNCI VC - Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina

MOELT - Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio

MTE Rural - Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural

ONPIA - Organización Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina

UAPA - Unión Argentina de Pescadores Artesanales

UTT - Unión de Trabajadores de la Tierra

miércoles, 29 de junio de 2022

ECUADOR: Los 10 puntos planteados por las organizaciones indígenas son viables



Por Pacto Ecosocial del Sur | 29/06/2022 | Ecuador
Fuentes: Rebelión

LOS 10 PUNTOS PLANTEADOS POR LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS SON VIABLES, 

ABRAMOS UNA DISCUSIÓN MÁS PROFUNDA SOBRE ELLOS
Tenemos la oportunidad de trabajar en la plurinacionalidad, la interculturalidad, los Derechos Humanos y de la Naturaleza, los derechos de género e intergeneracionales.

1 - Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el Diésel a $1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores. 
POR QUÉ ES PRIORITARIO 
El país demanda una estrategia de transición energética democrática, popular y realmente sustentable. Por un lado, es necesario focalizar subsidios en beneficio de agricultores, transporte público y energías renovables descentralizadas. Por otra parte, se debe planificar una alternativa a los combustibles fósiles, lo cual requiere dejar de subsidiar el uso de esos combustibles por parte de varias grandes industrias. Habrá que trabajar también en el uso eficiente de la energía, entendida como un derecho y no como una simple mercancía. Es necesario, entonces, combinar la política de combustibles con una política de transición energética.
ACCIONES CONCRETAS 
  • Mínimo innegociable: alcanzar un precio de diésel de 1,50 dólares por galón.
  • El costo del subsidio adicional al diésel no sería de más de 300 millones de dólares (en 2021 todo el subsidio al diésel sumó 511 millones).
  • Elaborar de un plan de focalización del subsidio en beneficio de los siguientes sectores:
  • o transporte público de personas y de carga
  • o transporte empleado por unidades de la economía popular y solidaria
  • o combustible empleado por agricultores, campesinos, pescadores, y otros sectores productivos pequeños y medianos, incluyendo a pueblos indígenas y afrodescendientes
  • Impulsar un plan de uso eficiente de las energías disponibles, sin mantener subisidos a quienes no merecen ese apoyo estatal.
  • Alcanzar un precio de Extra-Ecopaís de $2,10 por galón para sectores populares.
  • Parte/todo el subsidio a la Extra podría financiarse con un mayor impuesto al rodaje a vehículos de alta gama y sectores de altos ingresos según datos del SRI.
  • Construir de manera participativa y democrática de un plan de transición energética justa y descentralizada (no en la lógica de mega-proyectos corporativos) enfocado a un mayor empleo de la hidroelectricidad y energías renovables, alentando el uso eficiente de la energía en todos los segmentos, con un fortalecimiento sustantivo y subsidiado del transporte público.
  • Crear con parte del sobreprecio del petróleo (en comparación al precio que fundamenta el presupuesto del Estado) un fondo sustancial para financiar transformaciones estructurales, tanto proyectos de transición energética como una reorientación de las políticas agrarias (igualmente dependientes actualmente de los combustibles fósiles) en el siguiente sentido:
  • Fondos no reembolsables, preferenciales para mujeres, para desarrollar fuentes de energía autónomas, descentralizadas y de bajo impacto en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en los barrios y en edificios de uso comunal o colectivo.
  • Fondos no reembolsables para transitar de las cadenas de producción corporativas a la agricultura ecológica, preferenciales para las mujeres del campo, y para financiar la infraestructura necesaria para la comercialización directa del producto en las ciudades.
  • Fondos no reembolsables para comprar tierras de uso colectivo o comunal, inembargables e invendibles, para producción agrícola, con garantía de participación de las mujeres
  • Exigir la creación de un espacio de planificación económica democrático en donde se aborden todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo en especial el energético y aleimentario, y se asegure la participación de varios sectores sociales a la vez que el Estado se comprometa a otorgar toda la información necesaria para dicha planificación. El espacio no debería ser dependiente del poder Ejecutivo sino poseer un carácter autónomo.
1 - Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
POR QUÉ ES PRIORITARIO
Las deudas asfixian a la población más aún por los impactos de la crisis económica y la pandemia del coronavirus. Tanto los sectores populares como la clase media necesitan reducir sus deudas para ampliar su capacidad de consumo y reactivar la demanda. Hay que terminar la tendencia de la banca a incentivar el endeudamiento, cobrar intereses desmedidos, engañar a la gente e incautar bienes. Por otro lado, es necesario revisar las políticas de crédito para democratizar su acceso en cuanto a requisitos, tanto en la banca privada como en el sistema cooperativo y evitar así la usura informal. 
ACCIONES CONCRETAS
  • El gobierno ya abrió la puerta de esta reestructuración de deudas para los créditos de hasta 3 mil dólares en Banecuador. Además, el movimiento exige que se amplíe esta moratoria/condonación/refinanciación de créditos para la banca privada y sistema cooperativo, con énfasis en las familias que fueron afectadas durante la pandemia, así como en sectores productivos pequeños y medianos, con especial énfasis en mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes.
  • Exigir una reducción inmediata de las tasas de interés en todo el sistema financiero sobre todo en microcréditos y créditos productivos para PYMES.
  • Cambiar los marcos legales para que el sistema financiero pueda entregar créditos a sujetos comunitarios/colectivos y a los sectores más empobrecidos.
  • Disminuir la tasa de interés para el crédito hipotecario.
  • Eliminar todo beneficio injustificado de la banca como las comisiones por servicios bancarios.
  • Crear una comisión especial para investigar las denuncias de abusos y cobros indebidos de la banca y las deudas de los hogares en mercados informales de crédito (chulco, agiotistas).
  • Elaborar un plan para ayudar a la población vulnerable asfixiada por deudas ilegítimas fruto del poco acceso al crédito formal (p.ej. agricultores/as, migrantes)
1 - Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. 
POR QUE ES PRIORITARIO Los campesinos alimentan el país. Por ende, merecen protección y reconocimiento a su trabajo. Adicionalmente, hay un marco constitucional que obliga a la construcción de políticas públicas en el marco de la Soberanía Alimentaria. La producción local, diversificada en el marco de la agroecología es una política pública especialmente importante para la economía de las mujeres y la recuperación del medio ambiente y de la biodiversidad. 
ACCIONES CONCRETAS
  • Crear una secretaría nacional de producción campesina y aumentar las inversiones en el campo (ver propuesta de fondo especial en el punto 1).
  • Establecer, coordinando sobre todo con las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, una política de precios de sustentación para los productos agrícolas de la canasta básica.
  • Implementar políticas adicionales de protección a la producción agrícola nacional desde un enfoque de soberanía alimentaria y que garantice una rentabilidad mínima a los productores pequeños y medianos.
  • Implementar un subsidio agrícola, de insumos, herramientas y tecnologías para el desarrollo y fortalecimiento de la producción campesina en todos sus niveles (en combinación con el fondo especial planteado en el punto 1).
  • Generar un régimen especial que permita a las comunas y comunidades ser proveedores de los mecanismos de compras públicas para programas de alimentos y otros. Es decir, las compras públicas deben ampliar los mercados de la economía popular, comunitaria y solidaria.
  • Retomar y fortalecer programas estatales de alimentación escolar donde los proveedores sean campesinos, productores indígenas y afrodescendientes, así como pequeños y medianos productores locales.
  • Crear centros de acopio y procesamiento de alimentos populares así como ferias urbanas en los barrios que conecten directamente a productores y consumidores y reduzcan el efecto de la especulación y la intermediación; la administración de estos centros debe quedar en las comunidades locales. Esto puede ser inicialmente apoyado por el fondo especial mencionado en el punto 1.
  • Impulsar el desarrollo de la producción orgánica/agroecológica, sobre todo campesina, como estrategia para la reducción de los costos de producción, condiciones de salud ambiental de los trabajadores y conservación del medio ambiente.
  • Eliminar a Agrocalidad como una agencia de regulación de los mercados campesinos.
  • Exigir a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado que regule/limite legalmente los márgenes de rentabilidad en aquellas industrias y cadenas de comercialización donde exista una excesiva concentración de mercado.
  • Regulación del cobro de regalías por el derecho de patentes en el sector floricultor según la realidad de los pequeños y medianos productores.
  • Plantear soluciones al problema del precio de la leche, sobre todo en defensa de los pequeños productores quienes a veces no logran ni siquiera cubrir sus costos.
  • Establecer un cupo fijo de exportación bananera que le corresponda a pequeños y medianos productores. Desarrollo de mecanismos directos para el control efectivo de regalías por patente a partir de los principios de redistribución y reconocimiento a sectores productivos y patentes genéticas.
  • Establecer nuevas líneas de crédito de 20 y 30 mil dólares a 10 años plazo con 5% de interés a pequeños productores bananeros de hasta 10 hectáreas.
  • Plantear soluciones a las principales problemáticas de los productores de arroz, incluyendo un auténtico respecto al precio oficial para pequeños y medianos productores, así como la asignación de cuotas de exportación propias.
  • Impulsar una política para el fomento de la producción de cereales en la perspectiva de lograr el abastecimiento nacional de harinas para la producción de pan.
  • Ampliar la cobertura de los seguros agrícolas para la pequeña economía campesina y comunitaria, con perspectiva de género e intergeneracional.
  • Exigir la elaboración de un programa de reforma agraria, redistribución de la tierra, fomento al acceso al agua, acceso a los mercados y a la tecnología, con énfasis en el sector agrícola rural antes que en la agroexportación.
  • No dar paso a más tratados de libre comercio, que no son libres y tampoco solo de comercio.
  • Para generar recursos que permitan enfrentar retos como la desnutrición crónica infantil, alentando sobre todo la producción campesina, exigir el incremento del impuesto a la renta a los grandes grupos económicos identificados por el SRI. Por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta a un 30 o 35% para estos estratos.
1 - Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS. POR QUÉ ES PRIORITARIO 
La falta de trabajo y su precarización es una situación crítica en todo el país que incluso tiene varios impactos sociales (p.ej. violencia, seguridad, migración). 
ACCIONES CONCRETAS
  • Reforzar o crear políticas para la formalización del empleo en el campo, en especial en sectores agroexportadores que basan sus ingresos en la sobre explotación informal de los y las trabajadoras.
  • Facilitar la emisión de permisos al comercio autónomo en las calles de los espacios urbanos para terminar con su hostigamiento por las policías municipales y con la dependencia de asociaciones que cobran para tramitar estos permisos.
  • Reactivar la inversión pública –especialmente en infraestructura– para incentivar la creación de empleo a corto plazo junto con todos sus efectos multiplicadores.
  • Exigir al gobierno que presente un detalle de las principales obras de infraestructura pública que se ejecutarán en los próximos años, así como una estimación del impacto que dichas obras tendrán a nivel de empleos directos.
  • Aclaración, cuantificación y pago inmediato de las deudas al IESS.
  • Fortalecer al seguro social campesino y analizar un posible incremento de pensiones.
  • Presentar un plan de crecimiento del salario básico que garantice los ofrecimientos de campaña del propio gobierno a la vez que se garantice un incremento en la capacidad de consumo con respecto a la canasta básica.
  • Derogar la política antiobrera y antisindical, reglamentando el derecho a la huelga y la organización obrera tanto en el ámbito público como privado.
  • Establecer mesas de diálogo con organizaciones de trabajadores formales e informales para discutir los cambios laborales que sean necesarios, sin dar paso a formas de flexibilización que conduzcan a la precarización del trabajo.
  • Desistir de más despidos en el sector público y exigir el reintegro a todos los profesionales de la salud y educación despedidos en el contexto de la pandemia del coronavirus.
  • Transformar el bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario de mayor monto y atado al emprendimiento de actividades productivas.
1 - Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151. 
POR QUÉ ES PRIORITARIO 
Los proyectos extractivos generan una multiplicidad de problemas socioambientales. Una verdadera pacificación debe incluir a los territorios afectados por tales proyectos. 
ACCIONES CONCRETAS
  • Definir que, en períodos de crecimiento excepcional del precio del petróleo, una proporción de los ingresos extraordinarios por exportaciones de los hidrocarburos siempre se use para saldar la deuda social sobre todo en poblaciones históricamente excluidas (ver propuesta de fondo especial en el punto 1).
  • Establecer mesas para analizar la situación de cada uno de los conflictos socioambientales para encontrar respuestas concretas y efectivas a cada uno de ellos.
  • Dar paso a una auditoría constitucional, legal y ambiental de todos los proyectos mineros para constatar el cumplimiento de las normas establecidas, en particular de la consulta ambiental y/o de la consulta previa libre e informada según los estándares internacionales establecidos.
  • Dar paso a una auditoría económica de todos los proyectos mineros para conocer el real beneficio que percibe el Estado en cada caso concreto, tomando en cuenta el costo social y ambiental que realmente generan.
  • Definir políticas concretas de reparación integral de los ecosistemas y a las comunidades. Es indispensable para la recuperación de la salud, la soberanía alimentaria, la dignidad de los pueblos, además la reparación integral de los ecosistemas, la protección de los territorios, agua y ecosistemas frágiles es un derecho de la Naturaleza, garantizado en la Constitución del país.
  • Exigir la prohibición de toda actividad extractiva -petrolera o minera- en zonas de recarga hídrica: páramos, ríos, humedales y similares.
  • Exigir que se garantice las condiciones para que se realicen todas las consultas populares sobre actividades extractivas (p.ej. explotación o no explotación del Yasuní, consultas mineras en marcha).
  • Detener los proyectos mineros Panantza San Carlos, Río Blanco, Ferro Urcu y Loma Larga, debido a sus potenciales efectos sobre fuentes de agua.
  • Derogar los decretos ejecutivos 95 (Plan de Acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero) y 151 (Plan de acción para el sector minero).
  • Declarar a los territorios originarios amazónicos como territorios libres de extractivismo.
  • Establecer controles efectivos para impedir el ingreso de actividades mineras, palmicultoras y fumigaciones en los territorios de las comunidades afrodescendientes, especialmente en los de la Cuenca Santiago Cayapas y Mira Mataje.
  • Evaluar una posible reversión al estado de todas las concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas en todas sus fases.
  • Compensación y reparación inmediata e integral de los daños y perjuicios ambientales, psicológicos, culturales y económicos causados por proyectos extractivos.
  • Iniciar un proceso de transformación de la EP PETROECUADOR, en una empresa de las energías alternativas, con participación comunitaria, para bloquear el avance de la frontera extractiva.
1 - Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. POR QUÉ ES PRIORITARIO 
La construcción de un Estado Plurinacional requiere participación y representación indigena en los diferentes poderes del Estado. Para que esta representación pueda ser efectiva en términos de plurinacionalidad, puede ser necesario en algunos casos la lógica que rige actualmente en la toma de decisiones, dando lugar a la democracia asamblearia y directa. El racismo es una constante en los escenarios públicos que debe ser superado.
ACCIONES CONCRETAS
  • Urge una política pública para combatir todas las formas de racismo y xenofobia en todos los ámbitos de la gestión pública y los espacios de comunicación masiva.
  • Garantizar la autonomía administrativa y financiera para la educación intercultural bilingüe (aquí ya hay un avance con el incremento del presupuesto para la educación intercultural bilingüe que merece reconocerse).
  • Sin embargo, no solo se trata de un tema de presupuesto, que debería llegar por lo menos al 6% del PIB para educación (sin considerar la educación superior, tal como manda la Constitución) sino también de fomento en otras áreas. Por ejemplo, se puede pedir una adjudicación equitativa y directa de frecuencias para comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales.
  • Garantizar una distribución más equitativa entre medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y garantizar una mayor producción y difusión de contenidos con enfoque intercultural y plurinacional.
  • Incluir el cumplimiento de las demandas del magisterio, así como la exigencia de ningún recorte presupuestario a la educación en general, incluyendo la educación universitaria.
  • Cese a la criminalización de las autoridades indígenas por ejercer jurisdicción indígena.
  • Cumplimiento de los convenios internacionales y la Constitución que reconoce el derecho a la autonomía y la consulta previa, libre e informada de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubias.
1 - Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras. 
POR QUÉ ES PRIORITARIO 
No se puede dar paso a la privatización/concesión/delegación/monetización/bursatilización de empresas rentables y menos aún de empresas de los sectores estratégicos, así como tampoco de los servicios públicos. 
ACCIONES CONCRETAS
  • Exigir un compromiso escrito y notarizado en donde se indique que el Banco del Pacífico no será vendido a ningún banco privado local ni extranjero y se mantendrá como propiedad del Estado.
  • Constituir un solo frente de banca pública estatal y no estatal (BIESS) con las cooperativas de ahorro y crédito para romper el oligopolio de la banca privada.
  • Presentar un compromiso escrito y notarizado en donde se indique que ninguna empresa estatal (p.ej. CNT) ni la seguridad social (IESS) serán privatizadas (delegadas, concesionadas, monetizadas, bursatilizadas) ni tampoco su administración será privada.
  • Fortalecer a la CNT para enfrentar el monopolio de las dos transnacionales de la telecomunicación.
  • Impedir la privatización/concesión/delegación/monetización/bursatilización de los servicios públicos y de otros activos estratégicos y rentables del Estado. Igualmente exigir un compromiso escrito en los casos más emblemáticos.
  • Retirar al Ecuador del CIADI para evitar arbitrajes internacionales que pongan en jaque las políticas públicas y el interés general
  • Exigir una auditoría legal a todos los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que se encuentren en proceso de negociación.
1 - Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. 
POR QUÉ ES PRIORITARIO 
En complemento al punto 3, es crucial que el gobierno nacional demuestre su capacidad de tomar políticas para enfrentar a los procesos inflacionarios que tienen incluso orígenes externos. 
ACCIONES CONCRETAS
  • El gobierno emitió un decreto simbólico para controlar los precios. Ya hay un marco jurídico para combatir la especulación: exigir su aplicación inmediata, así como exigir una recuperación de las capacidades institucionales el Estado en el control de prácticas especulativas y de abuso de poder de mercado.
  • Exigir un estudio técnico para identificar los niveles de concentración de poder de mercado para los productos de la canasta básica familiar. Desde los resultados de ese estudio, emprender políticas anti-oligopólicas.
  • Realizar un estudio técnico que identifique los principales factores tanto de oferta como de demanda que influyen en el incremento de los precios a nivel local, al menos para los productos de la canasta básica familiar. Estimar, dentro de ese estudio, al efecto que tiene la especulación.
  • Habría que controlar en los puntos de origen de los precios sobre todo en los grandes grupos económicos. Eso exige romper con los oligopolios.
  • Hay que bajar los costos de producción de los alimentos de primera necesidad, reduciendo las tasas de interés para abaratar los créditos (detalles en punto 2).
  • Implementar medidas que disminuyan la intermediación (detalles en punto 3).
  • Hay que ampliar el subsidio y demás políticas de fomento a la agroecología familiar y campesina (detalles en punto 4).
1 - Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. 
POR QUÉ ES PRIORITARIO 
Siendo los temas prioritarios, realmente han sido los más sacrificados. Se requiere un tratamiento prioritario a ambos temas. 
ACCIONES CONCRETAS
  • Presentar un plan de ampliación de cupos para el acceso a la educación superior al menos para todo el período de gobierno. Asimismo, planificar una ampliación del acceso a cursos de nivelación.
  • Presentar un plan que permita garantizar, facilitar y terminar con todas las dificultades que impiden la ejecución presupuestaria a plenitud en los sectores de educación y salud.
  • Garantizar un mínimo de cupos de acceso a la educación superior a pueblos y nacionalidades, afros, así como a demás poblaciones históricamente excluidas.
  • Impulsar políticas para impulsar la información técnica y tecnológica ya que no toda la juventud puede ingresar a la universidad. En las nacionalidades y pueblos se debe potenciar los sistemas de capacitación técnica que ya poseen para que accedan a la certificación.
  • Restituir el presupuesto a las universidades ecuatorianas con fondos extras para que puedan ampliar la oferta educativa y absorber la demanda de los estudiantes.
  • Cumplir con el mandato constitucional del 6% del PIB para la educación, sin considerar allí a la educación superior.
  • Exigir una política pública que garantice el acceso a educación a la vez que facilite el pago de las deudas de becarios, incluyendo un decreto que permita condonar/aliviar las deudas de becarios de hasta diez mil dólares con la banca pública.
  • El gobierno se vio forzado, por la movilización popular, a declarar la emergencia de la salud; emergencia que deberá ser de forma permanente hasta superar la crisis hospitalaria y de salud Se esperan resultados inmediatos, incluyendo un detalle de los recursos económicos que se destinarán para atender la emergencia, incluyendo la correspondiente dotación de insumos y personal.
  • Incrementar sustantivamente la inversión en salud cumpliendo el mandato constitucional del 4% del PIB (habría que ampliar el piso mínimo al 5%).
  • Simultáneamente hay que sacar las mafias del sistema de salud.
1 - Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crímen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador. 
POR QUÉ ES PRIORITARIO 
El país tiene ya los índices más altos de inseguridad y violencia. En vez de negar o minimizar esa realidad, es momento de que el gobierno busque soluciones. 
ACCIONES CONCRETAS
  • Reabrir el ministerio de justicia y derechos humanos.
  • Exigir que se presente un plan integral para enfrentar la crisis carcelaria, con participación de los sectores de la sociedad civil que se han especializado en el tema, y que garantice la seguridad de las poblaciones carcelarias, que en su mayoría provienen de las poblaciones despojadas, estigmatizadas y criminalizadas.
  • Negar cualquier aplicación de un Plan Ecuador o similar, que provoque resultados nefastos como fue el Plan Colombia. Más bien, diseñar una estrategia integral (y con participación de la sociedad civil local) para enfrentar el narcotráfico, que no se puede combatir solo con más represión policial y militar.
  • Mejorar las condiciones sociales de los segmentos más marginados de la población, sobre todo de la juventud. Por ejemplo, presentar un plan detallado que contribuya a modificar los sistemas de atención a jóvenes con adicciones.
  • Convocar a una gran MINGA por la seguridad, la justicia social y la justicia ecológica, que permita plantear los principios de una cultura de paz.
  • Convocar a una comisión de la verdad para que investigue todas las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante la represión a las protestas de junio de 2022. Exigir que la comisión esclarezca las condiciones en las que se dieron los fallecimientos durante las protestas, definiendo con claridad todas las responsabilidades de los respectivos funcionarios gubernamentales.
  • Exigir el esclarecimiento de la detención de los 8 guevaristas, anterior a las protestas de junio, así como su libertad, tanto como el fin de la criminalización de movimientos políticos disidentes.
  • Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo estatal y de la sociedad, en él deberían tener un papel las universidades para hacer un seguimiento de los acuerdos del dialogo propuesto por el movimiento indígena y popular. Elaborar indicadores concretos para ir monitonerando semestralmente a fin de verificar los avances, estancamientos y hacer ajustes para efectivizar el cumplimiento.

martes, 21 de junio de 2022

Ecuador: levantamiento indígena y neoliberalismo

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a la sociedad ecuatoriana al abismo. En ese contexto, la nueva dirigencia de la CONAIE, conducida por Leonidas Iza, adoptó un tono más radical
POR PABLO DÁVALOS
- 16 DE JUNIO DE 2022
A partir de la elección de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador y miembro numerario de la secta del Opus Dei, como Presidente en el año 2021, se produjo una situación política sui géneris en el Ecuador. Lasso tenía que cohabitar con un Parlamento que, en sus dos terceras partes, era dominado por fuerzas de izquierda y de centro izquierda.

Empero, Lasso apenas se posesionó como Presidente puso el pie en el acelerador de las reformas neoliberales. En los primeros meses había avanzado de forma agresiva en su programa de privatizaciones y casi sin ninguna oposición; de hecho, había desmantelado la principal empresa de seguros del Estado, Seguros Sucre, para repartir el mercado del aseguramiento, sobre todo de la infraestructura pública, entre sus socios financieros.

Había creado, asimismo, un mercado para la comercialización de hidrocarburos que tenía en la empresa estatal Petroecuador su principal soporte, a través del incremento de los precios de los combustibles, de tal manera que se convierta en un mercado rentable para los inversionistas privados. Los importadores de combustibles podían utilizar la infraestructura del Estado sin pagar un centavo por ello. Emitió varias regulaciones para crear un mercado para la distribución de la energía eléctrica en el que transfería capacidades regulatorias a las empresas privadas.

También, desde la Presidencia, pudo bloquear cualquier intento de regular más a la banca por varios sectores que pedían un alivio financiero para una economía que aún estaba en shock por la pandemia del Covid-19. A finales del año 2021, su banco, el Banco de Guayaquil, tendría sus mejores utilidades de las últimas dos décadas. Como horizonte de mediano plazo, Guillermo Lasso se había propuesto la privatización del segundo banco más grande del país, el Banco del Pacífico, que pertenecía al Estado desde la quiebra bancaria de 1998-1999. Si lo lograba pasaba a disputar el primer lugar con su competidor más importante, el banquero Fidel Egas del grupo económico Banco del Pichincha.

Sin embargo, Lasso necesitaba ampliar el horizonte de las privatizaciones, la desregulación, la apertura de la economía y la flexibilización laboral. En el último trimestre del año 2021 envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con más de 400 artículos para reformar más de treinta leyes. El epítome de las reformas propuestas por el gobierno lo constituían las reformas laborales.

En estas reformas, el Presidente Lasso planteaba que cuando un trabajador era despedido de forma intempestiva tenía que ser él quien debía indemnizar al empresario que lo había despedido. En la misma ley retomaba el trabajo infantil y adolescente a pesar que el Ecuador había suscrito instrumentos internacionales de derechos humanos que prohibían el trabajo infantil. Esa reforma legal se quedó en el intento porque la mayoría de la Asamblea Nacional, que fue presionada por la sociedad, rechazó de forma mayoritaria estas reformas que llevaban al país al siglo XIX.

“El movimiento Pachakutik […] nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno”

En ese contexto, el movimiento indígena pudo bloquear, de forma tímida por lo demás, el incesante incremento de los precios de los combustibles y logró arrancar un compromiso de mantener congelados los precios del diésel y el gas licuado de petróleo.

Ahora bien, aquello que llama la atención es que las reformas neoliberales de Guillermo Lasso se procesaban de manera independiente y en un andarivel distinto del sistema político y del debate político. Los partidos y movimientos políticos no pudieron hacer mucho por evitarlo, salvo oponerse a leyes demasiado radicales.

En el primer año de gobierno, el debate político siguió inscrito dentro de las coordenadas entre los partidarios del ex presidente Rafael Correa, que quieren convertirse en la única oposición, y la derecha de Guillermo Lasso. En este juego de espejos, la representación política del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, a pesar de haber captado la presidencia de la Asamblea Nacional, nunca pudo convertirse en el fiel de la balanza y, para no caer en el lado del correísmo, cayó en el lado del gobierno.

A fines del año 2021, el gobierno envió nuevamente un paquete de reformas neoliberales que incluían la privatización de la banca pública de desarrollo, nuevos impuestos para las clases medias a través de cambios en el cálculo para el impuesto a la renta, un nuevo marco regulatorio para los contratos petroleros, entre otras reformas.

Lo paradójico y contradictorio es que estas reformas neoliberales finalmente fueron aprobadas por la Asamblea Nacional gracias al apoyo de último minuto que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso de sus aparentemente acérrimos opositores, el movimiento político del ex Presidente Rafael Correa, denominado UNES (Unión por la Esperanza). No obstante, aquello que casi termina de forma abrupta con el gobierno de Guillermo Lasso fueron las denuncias de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Ahí se demostraba de forma absolutamente clara que Guillermo Lasso no podía incluso inscribirse como candidato a la Presidencia porque las leyes se lo prohibían habida cuenta de sus propiedades en fideicomisos en paraísos fiscales. Curiosamente, pudo salvarse gracias al apoyo, esta vez, del movimiento Pachakutik.

Mientras tanto, el país se derrumbaba. El desempleo y subempleo se elevaron dramáticamente. De cada diez personas en capacidad de trabajar, apenas tres de ellas tenían trabajo. La pobreza, que en el año 2017 se situaba en el 23%, se estimaba para el 2022 en el 32%. La inversión pública en salud, educación, inclusión social cayó a sus peores indicadores desde décadas atrás. Para que pueda tenerse una idea, el gobierno de Guillermo Lasso había reducido para el año 2022 la inversión pública a 1,8 mil millones de dólares (su promedio era de 4 mil millones de USD); empero de ello, en el primer trimestre de ese año apenas había invertido 67 millones de USD (el 0,37% de lo planificado).

Curiosamente, la economía vivía una bonanza: las remesas de migrantes alcanzaron por vez primera el 4% del PIB, el precio del petróleo se había casi duplicado con relación a lo calculado para la proforma presupuestaria, las recaudaciones fiscales se habían elevado de forma importante. El gobierno pudo, apenas en los primeros tres meses del año 2022, eliminar el déficit fiscal calculado en el 2,5% del PIB. La pobreza, el deterioro social, no se debían a ninguna crisis, sino a políticas deliberadas y asumidas directamente desde el gobierno en contubernio con el FMI.

“En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país”

La situación del sector público era cada vez más dramática. Un trámite tan sencillo como cambiar el documento de identidad u obtener un pasaporte, que en términos generales demoraba algunos minutos, llegó a demorar meses porque no existían recursos ni personal para hacerlo. El presupuesto para rehabilitación social para el sistema penitenciario se redujo en un 80%. El conflicto de los centros de rehabilitación penitenciaria desbordó hacia la sociedad y se convirtió en un problema de salud pública por la cantidad de asesinatos por sicariato.

En su primer año de gobierno, Guillermo Lasso condujo a su sociedad al abismo. Llevó a proponer tratados de libre comercio a economías que compiten directamente con lo poco que se produce en el país y se empeñó cada vez más en reformas neoliberales más agresivas que todas aquellas que hasta ese entonces se habían aprobado. La popularidad y credibilidad del Presidente Lasso, que en sus primeros momentos rebasó el 70% por su exitosa gestión en las vacunas contra el Covid-19, disminuyó a menos del 30% en su primer año.

Es en ese contexto que el movimiento indígena insiste en los compromisos que había asumido el Presidente Lasso en sus primeros días de gobierno, de frenar el incremento de los precios de los combustibles y apoyar a la pequeña economía campesina.

A pesar de sus múltiples insistencias, el Presidente Lasso siempre dio largas a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y pensó que con sus acuerdos con el movimiento Pachakutik (que es el partido político de la CONAIE), tenía más que suficiente para tener controlado al movimiento indígena.

La nueva dirigencia de la CONAIE, dirigida esta vez por el líder indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza Salazar, adoptó, ante Guillermo Lasso, un tono más radical que aquel que habían tenido hasta ese momento los asambleístas del movimiento Pachakutik con respecto al gobierno.

“Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización”

Leonidas Iza se dedicó en sus primero meses como presidente de la CONAIE a recorrer el país y visitar cada una de sus filiales y poner el dedo en el pulso del movimiento indígena y de la sociedad, y comprendió que el país estaba en ebullición. Cuando planteó a sus propios asambleístas que sean más radicales con respecto al gobierno neoliberal del Lasso, pudo constatar que la mayoría de su bloque de asambleístas (que representan el 18% de toda la representación parlamentaria), decidió más bien apoyar al gobierno de Lasso que a su propia organización matriz.

En esos momentos, Leonidas Iza comprendió que la unidad y el rescate del movimiento indígena no podía circunscribirse ni limitarse dentro de los estrechos límites del sistema político y decidió apelar a su propia organización. Realizó asambleas en todas las regionales y en cuantas comunidades de su organización existían y ahí prendió la chispa de la movilización nacional.

Luego de casi un año de recoger la voz de su pueblo, en un Congreso de su organización, la CONAIE, se decidió ir a una movilización nacional para el 13 de junio de 2022 con diez puntos: (1) el congelamiento de los precios de los combustibles; (2) el alivio económico para los pequeños deudores del sistema bancario y financiero agobiado por las deudas y por las coactivas; (3) precios justos para los productos del campo (leche, arroz, banano, papas, etc.); (4) políticas de empleo y derechos laborales; (5) moratoria a la frontera extractiva; (6) respeto a los derechos colectivos consagrados en la Constitución; (7) evitar la privatización de los sectores estratégicos y, en especial, de la banca pública de desarrollo; (8) políticas de control de precios para los bienes de primera necesidad; (9) presupuesto para salud y educación y libre ingreso de los jóvenes al sistema universitario; y, (10) políticas públicas efectivas contra la delincuencia, el sicariato y la violencia.

Como puede apreciarse, la plataforma de la CONAIE, construida desde el consenso, el diálogo y la participación comunitaria, popular y social, plantea un mínimo de políticas públicas que puede suscribirlas cualquier gobierno con un mínimo de sensatez. Se trata de una plataforma plausible, coherente y que se debía al momento y las circunstancias. No planteaba ningún extremismo ni tampoco cuestiones ideológicas sobre la política económica (como por ejemplo, suspender los acuerdos con el FMI).

Leonidas Iza sabía que una plataforma como esta tenía que construirse de a poco y que la presión al gobierno para que pueda sensibilizarse y cambiar en algo la agresiva política neoliberal, tenía que ser fuerte a nivel social, porque se trataba de un gobierno altamente ideológico y extremadamente conservador y racista.

Por ello, la CONAIE fue prudente y planteó una movilización nacional, territorial e indefinida. Nacional porque abarcaba a todo el país y abría el paraguas para que puedan incorporarse poco a poco nuevos actores sociales conforme avance la lucha social; territorial porque la movilización empezaba en los territorios, se mantenía en ellos y se consolidaba en ellos (es decir, no se planificaban marchas hacia la capital como en un levantamiento); e indefinida porque era una lucha de largo plazo.

Un régimen neoliberal tan fundamentalista como aquel de Guillermo Lasso difícilmente cambiará sus ejes ideológicos aunque las circunstancias le sean imposibles para él mismo. Por eso la estrategia de la CONAIE era situar la lucha política en el largo plazo, apelar a la organización y recuperar a su bloque legislativo, al tiempo que cambiar los ejes del discurso político para sacarlo del binarismo (falso por lo demás) entre correísmo y anticorreísmo.

Era una apelación a la misma estrategia de 1990 cuando se produjo el primer levantamiento indígena desde el retorno a la democracia. Se trataba de una posición prudente y que partía del reconocimiento de las propias fortalezas pero también de las debilidades. Si la movilización se sostenía en los territorios, entonces podía durar mucho tiempo y el gobierno, ante esa extensión, tarde o temprano tendría que ceder.

Empero, para la burguesía y para el gobierno, había un fantasma que había que exorcizar, se trataba de las movilizaciones de octubre de 2019, las movilizaciones más fuertes en toda la historia reciente del país. Ahora bien, una movilización de la CONAIE, de cualquier magnitud que sea, apelaba a esos fantasmas que tenían que ser exorcizados. Por ello, la estrategia del gobierno fue utilizar a Pachakutik para dividir y desgastar al movimiento indígena. De hecho tenía aliados importantes dentro del movimiento Pachakutik para esa estrategia.

Pero Leonidas Iza cambió el tablero del juego y le obligó al gobierno a cambiar de estrategia, pero el problema es que Lasso y su cohorte no tenían un plan B ante ese cambio de estrategia. Como si se tratase de una batalla clásica, el gobierno pensó que si decapitaba el movimiento indígena y lo dejaba sin su referente y líder más importante, Leonidas Iza Salazar, entonces, y sin su general más valioso, el movimiento indígena podía implosionar y la movilización podía morir apenas nacida.

Para el régimen, había que evitar a toda costa que las movilizaciones de la CONAIE se conviertan en otro Octubre-19. Si eso se producía el gobierno no podía resistir una movilización tan contundente, su capital político era muy escaso para eso.

Empujado por el miedo a sus propios demonios, el gobierno de Guillermo Lasso comete su error más estratégico y fatal, decide en la madrugada del 14 de junio de 2022, a apenas un día de empezada la movilización de la CONAIE: detener a Leonidas Iza Salazar en la provincia de Cotopaxi.

Pero lo detiene sin ningún tipo de argumento jurídico, porque Leonidas Iza está amparado por el artículo 98 de la Constitución que protege el derecho a la resistencia. Al no tener argumentos jurídicos para legalizar esa detención, y ante la posición de la Fiscalía General del Estado de abstenerse en acusar a Leonidas Iza, el apresamiento al líder indígena se convierte en un secuestro, es decir, en un delito de Estado.

Pero el secuestro es una figura jurídica demasiado fuerte porque puede llevar directamente al juicio político al Presidente de la República (el numeral 3 de artículo 129 de la Constitución establece que el Presidente puede ser sometido a juicio político: “por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia”).

Apenas conocida la noticia del apresamiento del máximo líder del movimiento indígena, Leonidas Iza Salazar, las comunidades indígenas deciden radicalizar sus posiciones y aquello que solo era una movilización territorial e indefinida, de pronto, se transforma en levantamiento indígena.

La misma noche que es detenido en la provincia de Cotopaxi, los comuneros y dirigentes de las filiales de la CONAIE deciden pasar a una nueva etapa de lucha y una nueva consigna: la toma de Quito para liberar a su líder. En pocas horas cambia el sentido y la estrategia de la movilización.

El apresamiento del líder indígena convoca la solidaridad de tirios y troyanos y el gobierno prácticamente se queda solo con el apoyo de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad. El gobierno sabe que no se han cumplido con las formalidades de rigor y establecidas en la Constitución y la ley, y decide improvisar. En ese improvisación decide secuestrar al presidente de la CONAIE en una base militar hasta que la situación se resuelva por sí misma.

La indignación es creciente y motiva a otros sectores sociales a reclamar por la libertad del líder indígena y sumarse a la movilización que, esta vez, es ya un levantamiento. Maestros, obreros, ecologistas, feministas, intelectuales, profesores universitarios, entre otros, empiezan a sumarse al levantamiento. En la madrugada del 15 de junio los comuneros indígenas llegan a Quito y empieza la toma de Quito. A 32 años del levantamiento indígena de 1990, otra vez se produce un levantamiento indígena en pleno Inti Raymi, la fiesta del sol.

“La CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases”

Ante estas circunstancias, la dirigencia del movimiento Pachakutik que se había dividido en una fracción a favor del Presidente Lasso y otra a favor del Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, decide reunirse nuevamente y formar un solo frente en la Asamblea y se solidarizan con su principal líder político.

Pero hay otro hecho que es necesario indicar y es que la CONAIE otra vez saca el debate político del corsé liberal y lo sitúa nuevamente en su espacio natural, aquel de la lucha de clases. Obliga a tomar posición y plantea una línea divisoria con la estrategia neoliberal del gobierno de Lasso y, de esta manera, permite que la política respire por fuera de la falsa dicotomía entre correístas y anticorreistas.

En menos de un día, y gracias a los gruesos errores del Presidente Lasso que, por lo que puede apreciarse no tiene la más remota idea de cómo funciona el movimiento indígena, cambia de forma radical la coyuntura y somete al Presidente Lasso a una situación de debilidad extrema.

Las opciones para Guillermo Lasso son pocas. Si decide mantenerse en su proyecto neoliberal tendrá que confrontar un levantamiento indígena y popular que podrá parecerse mucho a Octubre de 2019. Lasso, en ese contexto, no tiene ningún espacio en la Asamblea, y ahora tendrá que enfrentarse a, al menos, tres bloques de asambleístas que tienen, sumados entre ellos, todos los votos necesarios para su destitución.

Pero si es forzado por las circunstancias a suscribir por lo menos un punto de la agenda de la CONAIE, en cambio tendrá que asumir las consecuencias de haber incumplido con el FMI y el derrumbe de la cotización de los bonos soberanos de la deuda externa, un dato aterrador para un banquero como él. Entre Escila y Caribdis, quizá no tenga la inteligencia de Odiseo para eludir la coyuntura. Pero en todo caso, Guillermo Lasso habrá demostrado que la derecha conservadora y neoliberal empieza a parecerse en una incongruencia de la historia.