viernes, 4 de agosto de 2023

Los Pueblos Originarios representan un poco más del 6,2% de la población mundial

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto, es importante reflexionar sobre la identidad, relevancia y legado genético que poseen en nuestro país. 

Los pueblos originarios son grupos sociales y culturales con vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales que los rodean. Lamentablemente, a pesar de su rica diversidad cultural, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas del mundo y han luchado durante años por el reconocimiento de sus derechos.

La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 476 millones de personas pertenecen a más de 5.000 grupos indígenas en 90 países. En conjunto, representan alrededor del 6,2% de la población mundial. 

En Argentina, según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, existen actualmente más de 60 pueblos indígenas, cada uno con sus propias comunidades presentes en todo el país.

A pesar de que muchas familias indígenas se han visto forzadas a migrar a zonas urbanas debido al despojo territorial y a cuestiones económicas y laborales, siguen manteniendo una conexión constante con sus pueblos y comunidades de origen.

En cuanto a los descendientes de pueblos indígenas en Argentina, se estima que aproximadamente el 12,59% de la población ha descubierto su ascendencia de los pueblos originarios. 

Esta cifra demuestra que la herencia indígena forma parte significativa de la composición genética de la población argentina. 

Países vecinos como Uruguay y Brasil también cuentan con un porcentaje significativo de población descendiente de pueblos indígenas, con un 6,73% y un 6,56% respectivamente.

Es fundamental seguir visibilizando la importancia de los pueblos indígenas y promover el reconocimiento de sus derechos y su identidad cultural. 

El conocimiento de nuestra diversidad genética y cultural nos enriquece como sociedad y nos permite valorar y respetar la riqueza que aportan los pueblos indígenas a nuestra historia y patrimonio. 

En Argentina

De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hoy en Argentina hay 60 pueblos indígenas: Atacama, Ava Guaraní, Chané, Chané-Guaraní, Charrúa, Chicha, Chorote, Chorote-Wichí, Chulupí (Nivaclé), Chulupí (Nivaclé) – Omaguaca, Comechingón, Comechingón- Sanavirón, Corundí, Diaguita, Diaguita (Cacano), Diaguita-Calchaquí, Diaguita-Calchaquí-Wichí, Fiscara, Guaraní, Guaraní-Chané, Guaycurú, Huarpe, Logys, Kolla, Kolla-Guaraní, Kolla-Wichí-Guaraní, Kolla Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Pehuenche, Mapuche Tehuelche, Mbya Guaraní, Moqoit (Mocoví), Moqoit (Mocoví)-Qom (Toba), Ocloya, Omaguaca, Qom, Qom-Mocoví, Qom-Pilaga-Wichí, Quechua, Ranquel, Ranquel-Mapuche, Sanavirón, Selk'nam (Onas), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tehuelche-Mapuche, Tilián, Toara, Tonokotés, Tupí Guaraní, Vilela, Wichí, Wichí-Chiriguano, Wichí- chorote, Wichí- guaraní, Wichí-Qom y Yagán.

lunes, 10 de julio de 2023

Argentina: Reglamenta la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena

Agustín Rossi, Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, resaltó que “…me comprometo con ustedes en tratar de generar las bases para que toda la tarea que lleva adelante el INAFCeI para potenciar las actividades y el desarrollo de cada uno de los agricultores, de cada uno de los compañeros y compañeras que trabajan a lo largo y ancho de todo el país en el marco de esta agricultura familiar. Estamos trabajando fuertemente para la reglamentación de la ley. Adelante de todos ustedes, quiero comprometerme con ese objetivo, lo vamos a terminar logrando. Espero que cuanto antes la tengamos reglamentada y firmada por el presidente”.

Espacio de las Organizaciones de la Agricultura Familiar del Mercosur
Productoras y productores representantes de las organizaciones se reúnen en el marco de la XXXVIII Reunión de la Agricultura Familiar (REAF) para compartir el mapa de situación de cada cada país desde sus experiencias y proyectos, con la expectativas de establecer acuerdos que favorezcan la incidencia en las políticas públicas de los Estados.

AGRICULTURA FAMILIAR

Luego de una larga lucha de militancia y de construcción de propuestas de políticas publicas para el sector mas postergado de la Agricultura, este junio de 2023 se reglamento la Ley 27118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.
Las organizaciones políticas de Pueblos Originarios,  organizaciones Sociales y Campesinos, y de la Pesca Artesanal ven plasmada una parte de la demanda histórica y de reivindicación del sector. 


Decreto 292/2023
DCTO-2023-292-APN-PTE - Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 27.118.
Ciudad de Buenos Aires, 05/06/2023

VISTO el Expediente N° EX-2020-36523396-APN-DGDMA#MPYT, las Leyes Nros. 26.737 y 27.118 y sus respectivas modificaciones, los Decretos Nros. 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus modificaciones, 2670 del 1° de diciembre de 2015 y sus modificatorios y 729 del 3 de noviembre de 2022 y la Resolución del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Nº 571 del 15 de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la citada Ley N° 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina” declaró de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria de la población y por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.

Que por su artículo 2° se creó el “Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar” destinado al agricultor y a la agricultura familiar y a aquellas empresas familiares agropecuarias que desarrollasen su actividad en el medio rural, con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Que, a su vez, por medio del mencionado Decreto Nº 729/22 fue creado el INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI) como organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado y como continuador institucional de la ex-SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, debiendo considerarse modificada por tal denominación cada vez que se hace referencia a dicha ex-Subsecretaría y a la referida Secretaría en toda aquella normativa que aborde o se vincule con la competencia, objetivos institucionales o funcionales encomendados por el presente al referido Instituto.

Que por el artículo 2° de dicha norma se instituyó a dicho Instituto el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.118, con facultades para dictar las normas complementarias, aclaratorias e interpretativas que resultaren necesarias para su implementación.

Que en ese sentido, y por el artículo 8º del referido Decreto N° 729/22, se transfirieron de la ex-SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA a la órbita del INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI), organismo descentralizado actuante en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las unidades organizativas, créditos presupuestarios, recursos operativos, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, estableciéndose que el personal involucrado debía mantener su situación de revista.

Que, asimismo, el citado decreto modificó los artículos 9º y 12 de la Ley Nº 27.118, respectivamente, atribuyéndole al INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA la calidad de organismo de aplicación de dicha ley, quedando facultado en tal carácter a dar participación al Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena creado por la Resolución del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA N° 571/14, el cual pasará a funcionar en su ámbito de competencia, y crea en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, integrado por los Ministros y las Ministras del PODER EJECUTIVO NACIONAL o por quienes estos o estas designen a tal efecto, para que asigne al nuevo Organismo las tareas que en dicho marco entienda conveniente.

Que, a su vez, se sustituyó el artículo 16 de la Ley Nº 26.737 por la que se creara el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, al modificar su conformación, entre otros extremos, incluyendo al INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI).

Que entre los contenidos básicos de la mencionada Ley Nº 27.118 se resaltan los referidos a los fines, objetivos, definiciones y alcances, la determinación de la Autoridad de Aplicación y del ámbito territorial de extensión; el acceso a la tierra a través de la creación del denominado “Banco de Tierras para la Agricultura Familiar”, así como las formas de adjudicación y de regularización dominial, de forma de asegurar un relevamiento integral de la situación de tierras de la agricultura familiar, campesina e indígena con incentivos a los servicios ambientales a través de programas que preserven la base ecosistémica de sus territorios.

Que, asimismo, contempla acciones y programas para procesos productivos y de comercialización destinados a incrementar la productividad y competitividad en el ámbito rural; el apoyo al desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, fomentando experiencias innovadoras en materia de producción y consumo; la elaboración de propuestas relacionadas con temáticas referidas a la educación, formación y capacitación rural y también la priorización de políticas de provisión y mejora de la infraestructura rural en todas sus dimensiones.

Que también prevé garantizar el acceso y el funcionamiento de todos los servicios sociales como educación, deportes, salud, cultura, discapacidad, desarrollo y promoción social, así como la asistencia social directa, y contempla además instrumentos de promoción vinculados a la Sanidad Agropecuaria, a beneficios impositivos, aspectos previsionales, certificaciones de calidad, seguros y líneas de crédito específicas.

Que con relación a los objetivos, definiciones conceptuales y alcances, se hace necesario dejar establecido claramente que todo enunciado en género masculino plural utilizado en la citada Ley N° 27.118 debe interpretarse desde una perspectiva de género no binaria a favor de todas las personas cualquiera sea su género autopercibido, omitiendo todo tipo de discriminación por sexo, género social o identidad de género en particular y dando prioridad en la asignación de recursos a las mujeres y a la población género diversa con el propósito de reducir las brechas de género que existen.

Que en el mismo orden, y a través del Registro pertinente, deberán incluirse en el acceso a los beneficios que el Régimen de Reparación Histórica contempla no solo a las personas humanas vinculadas a la agricultura familiar, campesina e indígena y pesca artesanal sino también a las organizaciones de productores y productoras que se agrupen con idénticos fines.

Que, de esa forma, se ratifica la importancia que se otorga a dichas organizaciones en la definición de las políticas públicas hacia el sector, en sintonía con las recomendaciones a los Estados dadas por la “DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y DE OTRAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS ZONAS RURALES”, aprobada el 17 de diciembre de 2018, al establecer expresamente que los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente y que es función del Estado limitar la concentración y el control excesivo de la tierra.

Que atendiendo a la importancia del tema, y a que la aplicación del Régimen se extiende a todo el territorio nacional, debe preverse la forma de funcionamiento tanto del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena cuya participación prevé el artículo 9° de la citada Ley N° 27.118 como la del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, creado para el mismo sector por el artículo 12 de la referida ley, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de forma de asegurar el abordaje unificado de la problemática en cuestión.

Que en lo que hace a lo relacionado con los bienes naturales y acceso a la tierra, toma especial relevancia la forma de efectivizar institucionalmente el funcionamiento del Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, cuya creación contempla la mencionada ley, estableciendo parámetros básicos para permitir que las tierras rurales ya ingresadas al patrimonio nacional sean convenientemente relevadas y posteriormente transferidas a dicho Banco, actuante en la órbita del INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI), tanto por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), organismo con competencia en la materia, así como por otro organismo u otros organismos de la Administración Pública Nacional, cualquiera fuese su status jurídico, que tengan en su inventario bienes del ESTADO NACIONAL que puedan ser identificados como tierras rurales.

Que por el Decreto N° 1382/12 se creó la citada AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) como organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con autarquía económica financiera, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado, por lo que resulta indispensable destacar el rol central que le confiere a la misma la normativa vigente.

Que dicho ente es el Órgano Rector, centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del ESTADO NACIONAL, quedando a su cargo ejercer en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles de este último, cuando no correspondiese a otros organismos estatales.

Que, en tal sentido, entre sus competencias propias le corresponden las de asignar y reasignar los bienes inmuebles que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL, los cuales cuando estén asignados o afectados a un servicio determinado se considerarán concedidos en uso gratuito a la respectiva jurisdicción, la que tendrá su administración y custodia.

Que, asimismo, se halla habilitada para conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general.

Que atendiendo a lo expuesto no cabe duda de la importancia de la referida AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) para ser partícipe como consultor permanente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar creado por el artículo 12 de la citada Ley N° 27.118.

Que, de igual forma, corresponde darle un papel activo en la Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural constituida según el artículo 18 de la referida Ley N° 27.118, habida cuenta de que, de acuerdo al inciso 8 del artículo 8° del citado Decreto N° 1382/12, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la de efectuar el saneamiento y perfeccionamiento dominial, catastral y registral de los títulos inmobiliarios estatales e instar el inicio de las acciones judiciales necesarias para la preservación del patrimonio estatal, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia.

Que, consecuentemente, posee un protagonismo central en la determinación, información y posterior transferencia o adjudicación según corresponda de las Tierras Rurales que, según lo establece la mentada Ley Nº 27.118, deban ser migradas al Banco de Tierras a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI).

Que el citado Instituto, en su calidad de Autoridad de Aplicación del Régimen en cuestión, deberá elevar propuestas para permitir a los o las titulares de inmuebles que los pongan a disposición del Banco de Tierras a su cargo, confiriéndoles entonces el acceso a los beneficios impositivos y fiscales a los que aluden las previsiones del artículo 16 de la Ley N° 27.118.

Que con referencia a los procesos productivos y de comercialización, al desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación y a la educación, formación y capacitación, debe preverse la realización de Acciones y Programas específicos, el funcionamiento del Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA), la participación de organismos científicos vinculados con la materia y, finalmente, la elaboración de propuestas curriculares con participación del referido Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Que igualmente, y en cuanto a los instrumentos de promoción, se potenciará la participación de organismos de control sanitario junto a la Autoridad de Aplicación y al Consejo precitado para gestionar líneas de financiamiento e inversión para la promoción de la producción, elaboración y comercialización de productos y alimentos provenientes de las personas humanas y organizaciones productoras beneficiarias, asegurando la creación y puesta en marcha de sistemas de certificación participativa a diseñar y aprobar por la Autoridad de Aplicación.

Que, en ese mismo sentido, se contemplará la planificación anual de líneas crediticias para el sector provenientes del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina” y sus modificaciones, que como ANEXO (IF-2023-59174226-APN-INAFCEI#JGM) forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 2°- Establécese como respaldo presupuestario para el ejercicio correspondiente al año en curso el monto que el Presupuesto vigente específico pueda financiar y para los ejercicios subsiguientes, los que determine el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional de cada año.

ARTÍCULO 3°- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Agustín Oscar Rossi - Sergio Tomás Massa

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 06/06/2023 N° 42100/23 v. 06/06/2023

Fecha de publicación 06/06/2023

jueves, 6 de octubre de 2022

 


Octubre 2022

530 años igual!!

“Volver represores”

Repudiamos el Ataque al Pueblo Nación Mapuche en Territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapú por parte del Estado nacional y provincial.

La violencia institucional sistemática, xenofóbica y adoctrinaría ejecutada por el Comando Unificado de Seguridad, en democracia, en un gobierno nacional y popular, son claramente un retroceso más que relevante ante nuestra lucha por los derechos humanos. Consideramos repudiable en todas sus expresiones este accionar en el territorio del Lof Winkul Mapu en zona de Lago Mascardi, Bariloche. 

Militarizar los territorios para sacarnos de nuestros lugares sagrados son prácticas racistas y xenófobas por parte del Estado.

La detención, el secuestro, la privación ilegítima de la libertad y el traslado forzoso al penal de Ezeiza de mujeres autoridades mapuche, con sus niñ@s en brazos, un parto tras los barrotes, en celdas inmundas, sin ser un parto respetado y con un trato inhumano, es un acto explícito de dictadura y violatorio de los derechos humanos.

Este accionar racista del gobierno provincial y nacional, creando fuerzas de seguridad especiales para reprimir y “ordenar” situaciones de reclamos y demandas territoriales de los Pueblos Originarios evidencia que desde Roca y sus secuaces, nada ha cambiado en el país.

Condenamos y repudiamos la creación del Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, creada por decreto ente gallos y medianoche por el ministro Aníbal Fernández, a solo efectos de materializar el despojo al Pueblo Mapuche.

El proyecto colonizador continúa su trabajo de apropiación y usurpación de nuestros Territorios ancestrales, desalojarnos para repartirse las “tierras” entre los terratenientes de turno sigue siendo moneda corriente en Argentina.

El silencio presidencial de hoy, ayer y desde que se inició este gobierno no hace más que romper con el pacto social de construir una sociedad más justa, libre y soberana,  dónde los últimos y todas las diversidades seríamos parte, esta gestión gubernamental no fue capaz de generar una política pública para los pueblos originarios, no fue capaz de generar el diálogo intercultural con el Sujeto Pueblos Originarios, es necesario parar la cacería mapuche, solo el silencio y la inacción, legitiman las campañas de odio para terminar de despojar la vida en los territorios.

Este gobierno nacional popular no puede repetir la historia nefasta de traslados forzosos de nuestrxs hermanxs para ser exhibidos en cárceles de seguridad. Este accionar remite a los tiempos más oscuros de la historia argentina, dónde desde el diario la nación se promovía el reparto de hermanxs originarixs tomados prisioneros por parte de las fuerzas militares al mando de Roca y cía.

Una vez más este gobierno falta al pacto electoral por el cual lo hemos elegido, una vez más nos decepciona su actuar al servicio de la derecha y sus accionistas de turno, para beneficiar a los ruralistas sojeros, saqueadores y extractivistas rurales, facilitando la extranjerización de lo nuestro.

Exhortamos el cumplimiento pleno y efectivo de nuestros derechos constitucionales como Pueblos Originarios Preexistentes en argentina, el convenio 169 de la OIT y las garantías de derechos humanos básicas y necesarias, en pos de resguardar un estado de derecho.

Basta de Represión al Pueblo Nación Mapuche en Territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapú.

Urgente Mesa de dialogo que garantice y resguarde la seguridad territorial de todxs lxs hermanxs.

Exigimos la liberación inmediata de las Autoridades Mapuches detenidas y trasladadas ilegalmente a Ezeiza.

Exigimos la derogación inmediata del decreto racista de Aníbal Fernández y la separación de sus funciones por ser el responsable institucional de estas prácticas.

Movimiento Nacional de Pueblos Originarios Malón

Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO

Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio – M.O.E.L.T.

Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina – ONPIA


lunes, 5 de septiembre de 2022

Salta pidió que cesen la violencia y los discursos de odio contra CF

Una multitud salió a las calles en defensa de la democracia

La marcha comenzó al mediodía y contó con la presencia de organizaciones sociales, de derechos humanos, gremios y agrupaciones políticas.

Por Maira López
3 de septiembre de 2022 - 03:49

Imagen: Leandro Herrera

Fueron miles las personas que se manifestaron ayer en las calles de Salta, en repudio al atentado que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas del jueves. Si bien el centro de la concentración fue la capital salteña, también hubo expresiones en otras localidades, como Embarcación, Orán y Tartagal.

De esta manera, organizaciones sociales, de derechos humanos, gremios y agrupaciones políticas, además de personas que concurrieron por la suya, se empezaron a concentrar desde las 10.30 en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta. La marcha, que convocó a casi tres mil personas, comenzó a las 12.30, después que se esperara a otro sector de sindicatos y organizaciones sociales que se convocaban a las 12, y que en este caso estuvo encabezado por la CGT y la CCC.

Toda la movilización fue conducida por los organismos que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que reiteraron que su presencia en las calles era para defender la democracia y repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Fernández. "¡No pasarán! Nunca Más", insistieron.


La histórica referente de derechos humanos Blanca "Nenina" Lezcano, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, expresó que se tiene que dirigir un discurso a las nuevas generaciones para que "sepan defender ese Nunca Más que dijimos en el 83, y seguimos diciendo". "Estamos defendiendo nuestro sistema constitucional y a la vicepresidenta", manifestó en las puertas de los tribunales federales de Salta, una de las paradas que se estableció desde la organización de la marcha. Anteriormente, se habían detenido en las puertas de las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Nación.

Por su parte, David Pastrana, delegado Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS) y referente del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), afirmó que la presencia de los pueblos indígenas se debió a que "hace más de 500 años nosotros sufrimos todo el atropello de la oligarquía y la invasión colonizadora donde estaqueaban a nuestros líderes en las plazas para mostrar su poder, sumergirnos en el miedo y someternos de esa manera".


En ese sentido, consideró que lo que sucede con Cristina está siendo producido por una nueva oligarquía reformada, con nuevas prácticas de sometimiento pero que guardan el mismo fin. "Sólo buscan apoderarse de los bienes que tenemos como país", expresó. Por lo que, "cuando alguien se les para al frente, también buscan la forma de estaquearla en la plaza", agregó en referencia al atentado.

"Como pueblos originarios vamos a estar presentes ante este nuevo atropello, poniendo el cuerpo, porque hasta el miedo ya hemos perdido", manifestó, asegurando que les "queda resguardar la democracia del país".

No a la violencia y el odio

Quien también estuvo presente fue la legisladora del Frente de Todos Verónica Caliva, quien destacó que el atentado provocó una "conmoción para nuestra Nación y democracia". "No podemos permitirnos este nivel de violencia y odio", sostuvo antes de denunciar que el ataque se concretó a través de modos misóginos, violentos y con "esa carga de odio que vienen sembrando".

Para Caliva, el papel que representa la vicepresidenta es la de una lidereza regional y mundial, por lo que consideró que la dirigencia política tiene que reflexionar y pensar cómo se va a cuidar la democracia y a Cristina. Al igual que todo el sector que integra, la legisladora hizo referencia al odio permantente que se expresa en "cada paso, en las pantallas y en los diarios". "Está instalado y tenemos que desandar todo eso y, eso se va a lograr con una profunda reflexión de todo el arco político", insistió.

Además, afirmó que atentar contra la vida de la vicepresidenta significa "atentar con todo lo que representa", como la fuerza de las mujeres, "que venimos avanzando en nuestros derechos".


Caliva adelantó que en la sesión especial que tendrán hoy los diputados nacionales, se repudiará lo sucedido, además de insistir en que "no se puede permitir que haya legisladores que promuevan el odio, que atenta contra la democracia y las garantías constitucionales". En la ciudad de Buenos Aires participaron de la movilización el diputado nacional Lucas Godoy y los senadores nacionales Nora Giménez y Sergio Leavy, también integrantes del Frente de Todos.

La abogada Tania Kiriaco, integrante del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género de Salta, sostuvo que el atentado contra Cristina es producto del lawfare que se vive en la región latinoamericana. "No es más que el ensañamiento a un político popular, tanto en la cuestión mediática, política y judicial", sostuvo. También reclamó que se investiguen los hechos.


"Desde el Instituto nos pronunciamos, sobre todo, para apoyar el Estado de derecho", precisó. Además, afirmó que se estuvo ante un posible femicidio político. "Es lamentable, grave, y espero no solamente que la justicia investigue, sino que todo el arco político opositor deje este ensañamiento", pidió.

En referencia al proceso legal que se lleva adelante en la causa Vialidad, en el que el fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilitación absoluta para Cristina Kirchner, la abogada consideró que el fiscal no hizo el papel que le competía; dijo que no hizo una acusación conforme a derecho, sino que tuvo "desde la postura corporal y alegatos mismos, frases políticas que ya lo desacreditan, aún más, cuando se sabe que tiene la misma camiseta del juez (Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del tribunal)".

"El juicio perdió legimitadad y sabemos que es un juicio que va a seguir pero, sabemos que está viciado", expresó.

Leyes contra los discursos de odio

La directora del Instituto de Comunicación, Política y Sociedad (INCOPOS), Alejandra Cebrelli, dijo que lo que más le llamó la atención del intento de magnicidio fue "cómo han pegado en la población los discursos de odio". "Si bien sabemos que hay conductores y periodistas de medios concentrados que son referentes en esos discursos, como (Jorge) Lanata y (Viviana) Canosa, lo que no entienden es que las palabras producen acciones y están produciendo estas acciones", cuestionó.


Aseguró que el atentado contra la vicepresidenta está relacionado a esos discursos de odio que no son replicados por trolls únicamente, sino también por gente común que consume los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales y los portales web. En ese sentido señaló que según el Observatorio de medios en Mendoza, los diarios La Nación, Infobae y Clarín "siguen pautando agenda en los medios", y con ello, instalando discursos de odio contra la vicepresidenta.

Cebrelli consideró por esto que es necesario trabajar en esos discursos con la ciudadanía y "volver a recuperar las banderías, que no son políticas partidarias, sino que tienen que ver con la democracia y la paz social". Agregó que también se advierte la necesidad de "acabar con los medios concentrados", dado que los mensajes emitidos desde allí no representan la libertad de expresión, sino más bien, la difusión y promoción de expresiones de odio.


"Hay que sacar una ley porque no pueden ser impunes (quienes difunden esos discursos). Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión", afirmó. Además, expresó que se tiene que terminar con la violencia de unos contra otros, entendiendo que la única forma para que ello suceda es que "los medios no reproduzcan estas cosas y empiecen a concientizar que tenemos un sólo país".

Marchas en toda la provincia

En toda la provincia se sucedieron ayer manifestaciones en defensa de la institucionalidad del país y de apoyo a Cristina Fernández.

La ciudad de Tartagal, la segunda de Salta, logró una movilización de tres cuadras, que se concentró en el monumento a Evita, sobre la avenida 20 de Febrero para marchar luego por las calles.

(Imagen: Gentileza Pablo Mansilla).

En la tercera ciudad, San Ramón de la Nueva Orán, una ruidosa manifestación recorrió las calles como muestra de repudio al ataque perpetrado el jueves último, y también de rechazo a los dicursos de odio.


Vecinas y vecinos de Embarcación, y otras localidades cercanas, se reunieron para hacer una demoestración de defensa de la democracia y enviar sus mensajes de apoyo a la vicepresidenta.


Algunas expresiones se realizaron en lugares tan distantes de los centros urbanos como el Parque Nacional Baritú, ubicado en Los Toldos, muy cerca del Estado Plurinacional de Bolivia.


Pobladores de la zona de la frontera, de uno y otro lado, hicieron llegar también expresiones referidas a la jornada de movilización en defensa de la democracia y saludaron a la vicepresidenta.

Fuente: Pagina 12

viernes, 2 de septiembre de 2022

REPUDIAMOS Y CONDENAMOS EL ATAQUE E INTENTO DE ASESINATO DE CFK

LA HISTORIA DEMOCRATICA EN ESTE PAÍS LA DEFENDEMOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LOS SECTORES POPULARES EMPOBRECID@S, EN NUESTROS TERRITORIOS, EN LAS CALLES, EN LOS BARRIOS Y EN CADA ESPACIO TERRTIORIAL QUE CORRESPONDA.

EXPRESAMOS NUESTRO MÁS ENÉRGICO REPUDIO AL ATENTADO EN CONTRA DE NUESTRA VICEPRESIDENTA DEL PAÍS, CONDENAMOS ESTE ATENTADO A NUESTRA DEMOCRACIA, PORQUE EN CADA RINCÓN DE NUESTROS TERRITORIOS, ESTE HECHO ES UN ACTO REPUDIABLE Y NO LOGRARÁN GENERARNOS MIEDO, PORQUE YA NOS QUITARON TANTO QUE HASTA EL MIEDO HEMOS PERDIDO, HOY Y SIEMPRE SALDREMOS A LUCHAR, EN LOS TERRITORIOS, EN LAS CALLES, ALLÍ EN CADA LUGAR DONDE SIEMPRE HEMOS RECONQUISTADO NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS.

RESPONSABILIZAMOS A LA OPOSICIÓN DERECHISTA. OLIGARCA Y RECALCITRANTE, QUIENES VIENEN SISTEMÁTICAMENTE INSTALANDO EL RACISMO Y EL FASCISMO, A TRAVÉS DE UNA PRÁCTICA MEDIÁTICA DEL ODIO, CLASISMO Y ESTIGMATISMO DESDE LOS DISTINTOS MEDIOS MONOPÓLICOS DE COMUNICACIÓN.

ESTOS PERSONAJES SINIESTROS SON SERVILES A ESTE MACABRO PLAN DE EXTERMINIO QUE TANTO LOS BENEFICIA, DESDE AQUELLOS LADRONES DE GUANTE BLANCOS, ASESINOS QUE SE JACTAN DE CLASE Y MORAL MIENTRAS EVADEN IMPUESTOS, LAVAN SUS RIQUEZAS MAL HABIDAS, SAQUEAN AL PAÍS PONIENDO EL ARCO DE LA JUSTICIA A SU FAVOR,  UNA VEZ MÁS ATENTAN EN CONTRA DE NUESTRA DEMOCRACIA, ATACAN A UN GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR, PERSIGUEN Y HOSTIGAN A UNA MUJER QUE LES HA DEMOSTRADO NO TENERLES MIEDO, QUE DEJA EN EVIDENCIA A LOS PODERES FACTICOS, ATACAN A UNA LIDERESA REGIONAL Y MUNDIAL, DEFENSORA DE LAS DEMOCRACIAS, QUE ARRIESGA LA VIDA POR  LOS DERECHOS MÁS ESENCIALES DE LXS OLVIDADXS Y MARGINADXS DE LA HISTORIA.

POR UNA DEMOCRACIA PLURAL  !!!

FASCISMO Y RACISMO NUNCA MAS  !!!