jueves, 21 de septiembre de 2017

¡Exigimos el URGENTE tratamiento de la prórroga de la Ley 26160!


¡PRORROGUEN LA LEY 26160!


En una jornada más de trabajo por el cumplimiento de nuestros derechos y el reconocimiento a las Organizaciones Legítimas de los Pueblos, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, miembros del Consejo del Pueblo Tastil y estudiantes del CEUPO (Comunidad de Estudiantes Universitarios de Pueblos Originarios) de la UNSa, fueron parte de reuniones de trabajo con legisladores nacionales en virtud del pedido de tratamiento urgente de la prórroga de la Ley N° 26.160, Ley de Emergencia y Relevamiento Territorial de los Territorios originarios.

Debido al NO tratamiento sobre tablas de la prórroga de esta Ley, en la pasada sesión del 07 de setiembre en el Senado de la Nación y frente a su caducidad inminente en Noviembre de este año, nos reunimos a horas 10, con la Senadora Nacional Dra. Cristina Fiore del Partido Justicialista. 

En la reunión, la Senadora, explicó que con su voto negativo en la sesión del 7 de setiembre solicitó un informe de implementación de la Ley, que transparente la utilización del presupuesto destinado al relevamiento efectivo de los territorios comunitarios de los Pueblos Indígenas y los resultados concretos obtenidos a lo largo de los 8 años de aplicación. Asimismo, advirtió que el tratamiento sobre tablas fue, desde su percepción, una estrategia política aprovechable por determinados sectores en el marco de un año electoral.

Como conclusión, Fiore manifestó apoyar plenamente la prorroga; tal cual la demandan las organizaciones de Pueblos Originarios, y su disposición al diálogo con el sector para avanzar sobre otros temas urgentes como la Ley de Titulación de nuestros Territorios y la Ley de Consulta y Participación.


En ese mismo sentido, a hs. 15 se establece el dialogo con el Diputado Nacional Pablo López, del Parido Obrero, quien reafirmó su postura en llevar adelante la prórroga de la Ley y generar espacios de diálogo para interiorizarse de nuestros derechos y acompañar su efectivo cumplimiento. Acompañaron Delegados del Consejo del Pueblo Tastil y la hermana Carmen Sánchez del Pueblo Guaraní y en representación de comunidades Wichi, Qom y Weenhayek de Embarcación.

Por último, reafirmando nuestro rol de actores políticos y sociales en movilización permanente, en apoyo a las reivindicaciones de los Hermanos del Pueblo Mapuche y en reconocimiento hacia quiénes desde múltiples sectores acompañan la lucha de nuestros pueblos, participamos de la movilización que se realizó en Plaza 9 de Julio de la capital salteña, convocada por la Desaparición de Julio López y de Santiago Maldonado. En esta oportunidad, al finalizar la marcha, mediante nuestros delegados tomamos la vocería para expresar que: 

“en este contexto nacional, con la llegada de una nueva gestión nacional, la política indígena estatal ha sufrido un retroceso abismal en materia de participación y de gestión; “

“que las áreas con participación de los pueblos originarios en distintos organismos se han ido diluyendo; “

“que es urgente el conocimiento y cumplimiento del derecho indígena y el reconocimiento de las formas organizativas propias de nuestros pueblos porque el accionar arbitrario del gobierno nacional está atacando la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias”

Exigimos

● El pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos. 

● Renuncia de la Ministra Patricia Bullrich.

●Justicia por el accionar de gendarmería en el operativo en la Lof en Resistencia Cushamen. 

● Prorroguen la ley 26160 por unanimidad en Diputados y Senadores. 

● Reglamentar la Consulta y Participación.

● Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. 

● Respeto por los derechos constitucionales en Estado de Democracia. 

● Rechazo a la criminalización y persecución a los pueblos originarios.

● Libertad al Lonqo Facundo Jones Huala.

● Justicia Por Javier Chocobar.

Aparición con vida de Santiago Maldonado.

¡Exigimos el URGENTE tratamiento de la prórroga de la Ley 26160!


lunes, 18 de septiembre de 2017

TUCUMÁN: REPUDIO ANTE EL DESALOJO DE LA FLIA CRUZ EN VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE ARGENTINA A LEGISLADO Y FIRMADO.



15 de septiembre de 2017


TERRITORIO DEL PUEBLO NACIÓN DIAGUITA, Valle de Choromoro – Dto. Trancas – Actualmente provincia de Tucumán.

Comunidad PUEBLO DE TOLOMBÓN - Personería Jurídica Nº 0053 (RENACI / INAI)

En horas de la mañana, 10 policías y el terrateniente Pedro Critto ingresaron al territorio de la Base Gonzalo del Pueblo Tolombón-Nación Diaguita para llevar a cabo el desalojo del comunero Juan Cruz, violando el Derecho indígena vigente.

El operativo se encontraba a cargo del Comisario Dante Santillán, quien se negó a leer la orden de desalojo y que solamente se limitó a decir que la orden había sido firmada por el hermano de Juan Cruz, hecho que los comuneros desmienten ya que en ese momento no había nadie en la vivienda. 

La policía intentó cargar las pertenencias de la casa del comunero en una camioneta que pertenece al terrateniente Pedro Critto (lo cual da cuenta del nivel de promiscuidad que hay entre las fuerzas de seguridad y los terratenientes de la zona), sin embargo, la comunidad se opuso y lograron rescatar los objetos.

Los comuneros informan que no estaban al tanto de ninguna orden de desalojo y denuncian la ilegalidad del accionar y de los procedimientos de las fuerzas de seguridad que actúan en la zona impunemente en complicidad con los terratenientes y el poder judicial de la pcia. Luego de la destrucción total de la vivienda dejaron dos efectivos policiales con el objetivo de seguir amedrentando a los comuneros.

La Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon cuenta con el relevamiento territorial finalizado en los términos que contempla la ley Nº 26.160 de orden público, sin embargo, se siguen violando los Derechos de la posesión ancestral, no tan solo les están arrebatando los sembradíos de las familias que son el sustento diario, sino que también están intentan despojarlos de su territorio Ancestral.

Las correspondientes denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades del INAI por parte del Cacique del Pueblo Tolombón.

LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, a la espera de una respuesta concreta por parte del Estado Nacional y Provincial que garantice los derechos de los pueblos originarios, el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, la ley N° 26160, el Código Civil y Comercial de la Nación, el convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y los Derechos Humanos fundamentales.

En la actualidad el Pueblo de Tolombón cuenta con setenta causas judiciales por defender su territorio de la codicia de los terratenientes que ven en él un “objeto económico”. 

DENUNCIAMOS la persecución y hostigamiento hacia comuneras y comuneros que en su gran mayoría son de avanzada edad, oscilan entre los 70 y 90 años. 

REPUDIAMOS la ilegalidad con que actúan las “fuerzas de seguridad” la violencia ejercida por la misma, la alevosa connivencia con los terratenientes para intentar someter al Pueblo de Tolombón.

EL PUEBLO TOLOMBÓN REAFIRMA NUEVAMENTE EL LEGADO DEJADO POR SUS MAYORES Y CON MÁS FUERZAS CONTINUA LA LUCHA EN DEFENSA DEL TERRITORIO ANCESTRAL.





viernes, 15 de septiembre de 2017

¡RESISTENCIA NO ES TERRORISMO!

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Las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios nucleadas en el ENOTPO

Desde cada uno de nuestros territorios milenarios, asumiendo el mandato ancestral y la voz colectiva de nuestras autoridades tradicionales de los distintos pueblos que preexistimos a este Estado, llamado Argentina, organizados en nuestras Instituciones representativas y legítimas como Pueblos y Naciones Originarias, respetando la pluralidad de nuestras identidades, aprobamos la siguiente Declaración a fin de poner de manifiesto nuestra visión ante el Estado nacional y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la grave situación actual que atraviesan nuestros pueblos y territorios, debido a la total omisión de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en el marco normativo internacional.

No alcanzan las palabras para manifestar nuestro profundo repudio, dolor e indignación que nos produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado, quien fue perseguido, detenido y desaparecido el 1° de agosto (Día de nuestra Madre Naturaleza), en el marco de un operativo represivo del Estado a manos de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, territorio de la Nación Mapuce ocupado ilegítimamente por el empresario italiano Luciano Benetton. 

Santiago es un joven solidario y comprometido que se acercó a la Lof en Resistencia para acompañar a los hermanos y hermanas en la lucha por sus derechos territoriales como pueblo preexistente y en el pedido de liberación del Lonko Facundo Jones Huala, preso político, dos veces juzgado (ilegalmente) por la misma causa.

A más de un mes de la desaparición de Santiago, aún no se sabe nada de él. Los gobiernos de Macri y Das Neves no asumen su responsabilidad, encubren a los responsables directos y enturbian la información con el accionar cómplice de los medios monopólicos de comunicación. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich continúa defendiendo la actuación de Gendarmería y de su mano derecha el jefe de Gabinete, Pablo Noceti, (abogado de echecolaz al momento de la desaparición de julio lopez). Bullrich brinda información errónea delante de todo el Congreso y miente descaradamente acusando a la familia Maldonado de no colaborar con la investigación. Con total irresponsabilidad reveló la identidad de Ariel Grazi, testigo protegido, que hoy pide ser visibilizado porque teme por su integridad. Junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, destratan a los organismos de derechos humanos y se escandalizan porque en las escuelas se habla del tema.

Mientras tanto, en complicidad con un proyecto político de derecha que avanza en todo el continente y con la burda operación mediática de Lanata, Clarín y La Nación, construyen el relato que necesitan para justificar los enormes presupuestos destinados a las fuerzas de (in)seguridad y la escalada represiva contra los sectores populares (la actual y, sobre todo, la que están planificando). Vuelven a recurrir a la falacia del “enemigo interno” y del “terrorismo mapuche”, por el cual justifican cualquier tipo de accionar, incluso ilegal.

Hoy en Argentina, millones de hectáreas de tierra están en manos de extranjeros y multinacionales que saquean nuestros bienes naturales; devastan territorios ricos con sus ovejas importadas, con monocultivos como la soja y la vid, el extractivismo y saqueo de nuestros recursos naturales, a la vez que destruyen las especies autóctonas; cierran el acceso a lagos y ríos, al agua, que es un derecho humano de toda la población. Benetton se apropio ilegítimamente de más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Lewis, amigo personal del presidente, ha cerrado ilegalmente el paso al Lago Escondido para su uso personal (y el de sus amigos).

El Estado Argentino tiene poco más de 200 años, los Pueblos Originarios vivimos acá desde hace miles de años. Pero el “otro”, el “extranjero”, el “ilegal” somos los Pueblos Originarios.

A fines del siglo 19, más de 40 millones de hectáreas fueron repartidas entre 1800 inversionistas locales (integrantes de la oligarquía, la Sociedad Rural Argentina y del ejército) y extranjeros, luego devenidos “terratenientes”. ¿Cuál fue su inversión? El primer genocidio del Estado Argentino cometido contra los pueblos originarios para quedarse con extensos y ricos territorios, todo por el módico precio de 4 pesos la hectárea. El presidente de la Sociedad Rural en ese momento era José Martínez de Hoz, descendiente de españoles que habían llegado al Virreinato del Río de la Plata como traficantes de esclavos y predecesor del Ministro de Economía de la última Dictadura cívico-militar.

Las campañas militares del siglo XIX dejaron pueblos diezmados, las mujeres (nuestras madres y abuelas) fueron violadas; miles de hombres, mujeres y niños repartidos para la servidumbre en casas de familias aristocráticas y trabajo esclavo, en el campo, en los ingenios y en la ciudad; secuestrados en museos; reducidos en reservas como animales; traficados a Europa como objetos de exhibición. 

Pero igual, los usurpadores, los peligrosos, los violentos e incivilizados somos los Pueblos Originarios. 

El argumento del gobierno y de los medios además de racista y xenófobo, es burdo, sin fundamentos, y es evidente que defienden los intereses del poder económico local y global. Se ha construido un relato que criminaliza al Pueblo Mapuce y no nos extrañaría que comiencen a extenderlo a otros Pueblos Originarios porque estos conflictos se repiten en todos los territorios, a lo largo y ancho del país, con terratenientes extranjeros y locales.

El asesinato de Javier Chocobar de la Comunidad Los Chuschagasta de la Nación Diaguita (Tucumán) en el año 2009 es un ejemplo de la connivencia mafiosa que existe en las provincias entre los terratenientes, los distintos poderes del Estado y las fuerzas de seguridad que ya hemos denunciado de todas las formas posibles, sin conseguir ninguna respuesta. Los terratenientes no solo son estancieros, son empresarios, son abogados, jueces, fiscales. Tienen importantes cargos en la Justicia y en el Poder Ejecutivo, incluso en áreas de Derechos Humanos. 

Hace pocos meses la Nación Diaguita denunció el armado de más de 50 causas contra comuneros de distintas comunidades, sólo en la provincia de Tucumán. Denunciaron la celeridad inusitada para las causas que arman los terratenientes a los Pueblos Originarios, en contraposición a nuestras denuncias que son cajoneadas y postergadas. Desde el 2009 estamos a la espera de que se eleve la causa de Chocobar a juicio oral y mientras tanto, los asesinos caminan en libertad y continúan amenazando a los comuneros.

En este contexto, con la llegada de la nueva gestión, la política indígena estatal ha sufrido un retroceso abismal en materia de participación y de gestión. Las áreas con participación de los pueblos originarios en distintos organismos fueron desguazadas y prácticamente paralizadas desde hace 21 meses. En el INAI se vive una situación desesperante con funcionarios que no tienen ningún conocimiento sobre derecho indígena y sobre las realidades territoriales, paralización de los relevamientos, ninguna capacidad de gestión, baja de programas de fortalecimiento jurídico, y falta de recursos para garantizar la política indígena. Representan la administración del ajuste del Estado mientras abandonan a la población originaria del país. 

Este gobierno, con su accionar arbitrario, ataca la institucionalidad de los Pueblos y Naciones Originarias, replicando prácticas colonialistas, feudales, xenófobas y discriminatorias. Del mismo modo que ataca al pueblo trabajador de manera brutal con su plan de ajuste y asalto, actúa de manera totalitaria con los Pueblos Originarios, negando al Sujeto de Derecho Colectivo.

Exigimos:

  • El pleno cumplimiento de nuestro derecho Constitucional Nacional ordinario e Internacional y el Derecho Consuetudinario, tal cual lo refrenda la Constitución Nacional en su art 75, inc 17 reforma de 1994, la Ley 24.071 ratificatoria del Convenio 169 de la OIT en el año 1992, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Ley Nacional N°26994 de la reforma del Código Civil y Comercial. Estas normativas vigentes establecen derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, derecho al Consentimiento Libre Previo e Informando, derecho a la propiedad intelectual, derecho consuetudinario, derecho propio de los Pueblos Naciones Originarias. 
  • Que el gobierno pida la renuncia a la Ministra Patricia Bullrich. 
  • Que la Justicia corra al juez de la causa y la fiscal por estar involucrados en los hechos. 
  • Que la justicia indague a los gendarmes que participaron del operativo en el Lof en resistencia de Cushamen. 
  • Que los Diputados y Senadores prorroguen la 26160 y cumplan con su deber de reglamentar la Consulta y participación así como la Propiedad Comunitaria Indígena. 
  • Que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales respeten el Estado de derecho. 
  • El cese de la criminalización y persecución a los pueblos originarios. 

Desde el ENOTPO decimos que es urgente revertir el rumbo que se ha tomado, especialmente en materia de derechos humanos y derechos indígenas. Denunciamos y responsabilizamos a los organismos pertinentes ante cualquier la violación a nuestros derechos como Pueblos originarios preexistentes y exigimos se brinden las garantías territoriales y jurídicas correspondientes.

Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS.


¡APARICIÓN CON VIDA YA DE SANTIAGO MALDONADO, DETENIDO Y DESAPARECIDO POR GENDARMERÍA NACIONAL!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALAS, PRESO POLÍTICO DEL GOBIERNO!

¡JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR Y CÁRCEL PARA LOS ASESINOS DARÍO AMIN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSÉ VALDIVIESO!

¡AUTONOMIA Y LIBRE DETERMINACION NO ES TERRORISMO! ¡TERRORISMO ES HAMBREAR AL PUEBLO!

¡JUNTOS POR LA MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!