DEROGACIÓN DE LA LEY 26.160

Un decreto abre la puerta para los desalojos de las comunidades  de pueblos originarios y la llegada de los negocios mineros.

El Gobierno nacional derogó la ley de emergencia territorial indígena. Comunidades y expertos advierten que podrían reactivarse 250 causas judiciales y que detrás se esconden los intereses de las mineras para aumentar la explotación.

Comunidades mapuches protestan contra la minería en Río Negro. Alejo di Risio, publicada en Avispa Midia.

Jazmín Bazán
14 de diciembre de 2024 00:01  @jazminbazanok

Mediante el Decreto 1083/24, publicado el martes pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.



El decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”. El operativo de desalojo de la comunidad Mapuche en Villa Mascardi en 2022. Eugenia Neme

El decreto refiere a empresas y particulares como “legítimos propietarios”. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, aludiendo a una supuesta lesión al “derecho a la propiedad” (privada). Sin embargo, para organizaciones, activistas y expertos, esta decisión representa un triunfo del modelo extractivista a través de la confiscación a los pueblos originarios. Se espera que al menos 250 causas judiciales puedan reactivarse, lo cual afectaría la permanencia y subsistencia de comunidades, a lo largo y ancho del país.

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”.

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160. Comunidades del Pueblo Mapuche se movilizan a Viedma en rechazo a la actualización de la Ley provincial de Tierras Télam
Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.
Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas.

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. Protesta indígena en abril de 2023 contra la extracción de litio en territorios indígenas ubicados en la provincia de Jujuy. Rodrigo Abd | AP | Debates Indígenas 

Derechos de la naturaleza y de las comunidades de pueblos originarios

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375.

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

JB/MG

Fuente:  https://www.eldiarioar.com/sociedad/decreto-abre-puerta-desalojos-comunidades-indigenas-llegada-negocios-mineros_1_11901116.html

Comunicado de repudio ante las declaraciones del Gobierno Nacional acerca del Instituto Nacional Campesino e Indígena

 

 Junio de 2024

El Consejo de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal repudia enérgica y rotundamente las declaraciones del gobierno nacional, mediante su vocero presidencial y encargado de instalar el relato cargado de racismo y cinismo, de violencia y de un discurso falaz.

Asimismo, este Consejo repudia los dichos discriminatorios y de violencia de género, en contra de nuestras compañeras mujeres y disidencias, son innumerables las mentiras que repite el gobierno con el fin de desmantelar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal (INAFCI), que tantos años ha llevado construir, gracias al sacrificio sostenido en el tiempo de las organizaciones del sector. Pareciera que el Gobierno Nacional desconoce cuándo comenzó en nuestro país la institucionalización de las políticas públicas hacia la agricultura familiar. Le informamos para su conocimiento: el Programa Social Agropecuario se creó en 1993, con acompañamiento del Estado nacional. Sí, durante el gobierno de Menem, aquel que la actual gestión tanto venera. Así, las políticas públicas en nuestro sector transitaron un largo camino de institucionalización, que ha sido fruto de la lucha de sus organizaciones. Ese camino tuvo dos nuevos hitos en el año 2014 con la conformación de la Secretaría de Agricultura Familiar y con la aprobación de la ley 27.118 de Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad. Y luego se consolidó en el 2022 con la creación del INFACeI, como Autoridad de Aplicación de la mencionada ley 27.118.

Por lo tanto, el INAFCI no es fruto de un capricho, sino que existe como tal luego de mucho tiempo de desarrollo de políticas públicas hacia el sector, con un trabajo continuado desde hace más de 30 años, y luego de ocupar el rango de Secretaría de Estado hasta el año 2022. 

El Gobierno Nacional justifica la acción de vaciamiento del INAFCI con falsos argumentos cuando dice que se han destruido vehículos para no ser entregados. Por el contrario, hemos sido testigos de la destrucción y abandono de vehículos por parte de la actual gestión. Ello muestra su desidia e ignorancia, considerando lo necesaria que es en las instituciones públicas la movilidad para recorrer el vasto territorio argentino en la tarea de llevar las políticas estatales a todos los rincones de la patria.

A su vez, el Gobierno Nacional y su intervención frente al INAFCI deberían aclarar que el 85% del presupuesto destinado a sueldos es producto de la ausencia de presupuesto para el cumplimiento de la citada ley 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar y sus respectivos programas. Le informamos al vocero presidencial: dicha ley, que se encuentra vigente, contempla el abordaje integral de la agricultura familiar, pero aún no ha tenido presupuesto para su aplicación. Por ende, en lugar de cuestionar a nuestras organizaciones mediante su vocero, el gobierno debería encargarse se hacer efectivo el cumplimiento de la ley 27.118. Ese es su deber como funcionarios públicos.

También le informamos al vocero presidencial y al gobierno en su conjunto, que el amplio y diverso sector de la Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal garantiza la provisión de alimentos para la sociedad, la defensa de los bienes naturales y territorios productivos frente al avance del agronegocio y la especulación inmobiliaria. El sector existe de forma anterior a la existencia del Estado tal como lo conocemos hoy, y aun así sus familias han sido invisibilizadas e ignoradas durante décadas. Hemos sido atacadas de manera permanente por los grupos económicos concentrados y la oligarquía terrateniente, que se asume como la única versión de la producción agropecuaria en nuestra patria. Pese a ello, seguimos de pie sosteniendo las luchas del sector, incluso ante la presencia de gobiernos entreguistas y frente a políticas de saqueo, recorte y vaciamiento del Estado, tal como la que estamos viviendo en la actualidad. Desgraciadamente, hoy somos víctimas de un ataque permanente a las organizaciones y a la tarea militante que, con tanto compromiso y sacrificio, ha reclamado y sostenido las políticas necesarias para la vida en los territorios, la producción y el acceso seguro a los alimentos para toda la sociedad. En ese sentido, la política del gobierno desoye un aspecto estratégico en materia territorial: para construir un país que posibilite el acceso de los alimentos a todos los habitantes de nuestra patria, resulta fundamental repensar cómo ocupamos nuestro territorio, considerando que somos unos de los países de la región y del mundo con mayor porcentaje de población urbana. Los datos son abrumadores: ya en 2020 teníamos una exagerada porción de población viviendo en las ciudades, que llega al 92,5% del total. Eso significa que solo el 7,5 % de la población es rural.

Hacemos público de esta manera el repudio al gobierno actual, que autoriza y promueve la importación de alimentos, perjudicando a nuestro sector y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de la sociedad en su conjunto. De la misma manera, denunciamos que las políticas propuestas por el gobierno actual atentan contra los territorios, cuando entrega sin controles los recursos mineros y energéticos al mercado global, generando además grandes pérdidas económicas al país en favor de las corporaciones globales, que pretenden desembarcar y recrear una nueva embestida extranjera de apropiación de nuestras riquezas.

Por todo esto el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y de la Pesca Artesanal repudia la persecución y hostigamiento de la interventora Inés Liendo, acompañamos las luchas de los trabajadores y trabajadoras despedidas del INAFCI, Nos declaramos en estado de alerta permanente. No cesaremos en la construcción de propuestas para la defensa del sector y de la soberanía nacional. Hacemos un llamado a la unidad del pueblo para detener el avance de las políticas actuales de saqueo, entrega y represión contra las familias argentinas.

No al Cierre del INAFCeI

No al DNU

No a la ley Bases

No al RIGI

Si a la soberanía alimentaria                                          

Si a la reforma agraria integral y popular

Si al trabajo y cuidado de nuestros territorios y nuestros bienes naturales

Organizaciones:

ACINA

AMRAF

ENOTPO

FNC

Federación Rural

FONAF

F.A. EVITA

Grito de Alcorta

MAELA

MCL

ONPIA

CANPO

Frente N.C.

MTE rural

UAPA

MNCI VC

ENCONA

F.A. Octubres

MOELT

NO AL DNU 70/23, NO A LA LEY BASES

EN DEFENSA DE NUESTROS PUEBLOS Y DE NUESTROS TERRITORIOS

Las autoridades tradicionales de nuestros territorios, desde nuestras instituciones representativas, con las fuerzas de nuestra Madre Tierra/Territorio, las únicas ordenadoras del mundo, nos pronunciamos ante la alarmante situación de vulneración de los derechos humanos, de inestabilidad social, laboral, económica, política y saqueo de nuestros bienes naturales, rechazamos el modelo de hambre y represión que se pretende imponer a sangre y fuego en nuestro país, desde la asunción del gobierno nacional el 10 de diciembre de 2023.

La propuesta electoral de La Libertad Avanza fue avalada por el 29,9% de los votantes, fue refrendado por el acuerdo negociado con Juntos por el Cambio, el cual alcanzo el 23,8% de votos, del cual resultó electo Javier Milei. Milei, fue designado para presidir la gestión del Estado nacional como poder ejecutivo, respetando la plena institucionalidad que emana de nuestra Constitución Nacional y la división de todos los poderes públicos, NO para crear seudo leyes que lo convaliden en monarca mediante el DNU 70/23 o la ley Bases, con el solo propósito de retroceder a tiempos coloniales pretendiendo erigirse en virrey de las corporaciones multinacionales en desmedro del pueblo y de la patria.

El Congreso de la Nación Argentina NO puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, ni a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Rechazamos el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Bases que pretende imponer el gobierno de Milei, Macri y Pichetto, por ser ANTIDEMOCRÁTICO e INCONSTITUCIONAL, estas medidas carecen de legalidad y legitimidad, solo responden a los intereses de sectores elitistas y colonialistas, quienes pretenden tomar por asalto la suma del poder público para ejecutar su régimen fascista, persiguiendo y hambreando al pueblo argentino, mientras profundizan la extranjerización y el extractivismo, con la venta y el saqueo de nuestra patria plurinacional.

RECHAZAMOS las delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional, No a la desarticulación del estado, NO a la privatización de nuestras empresas nacionales, NO al cierre del INAFCeI, NO a la Reforma laboral, NO al RIGI, No a la entrega de Nuestra Soberanía territorial, DEROGAR los DERECHOS establecidos pretendiendo reformar de facto la constitución nacional, son medidas totalmente arbitrarias, violatorias de nuestros principios y garantías jurídicas, significan un manifiesto incumplimiento a los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, Sociales y Políticos.

Como Pueblos y Naciones Originarias: Exigimos seguridad jurídica y territorial, seremos fieles guardianes de cada uno de nuestros territorios ancestrales y de nuestra institucionalidad como sujetos preexistentes, en el marco del derecho nacional e internacional establecido para ello, y garantizado en la constitución nacional y demás normas concordantes. Es obligación de los Estados y demás instituciones estatales, cumplir con el principio de la Consulta Libre Previa e Informada para todo aquello que afecte directa o indirectamente a nuestros Territorios, Identidad territorial y Autonomía. Nos reservamos el derecho a denunciar y emitir las medidas que correspondan ante cualquier instancia que vulnere nuestra integridad como Pueblos preexistentes.

Movilizados en cada uno de nuestros territorios, en Asambleas permanentes, atentos y alertas ante cualquier tipo de atropello y violación de nuestros derechos como pueblos ancestrales, sepan que los Pueblos los estamos observando.

Convocamos a las fuerzas sociales y políticas a garantizar la institucionalidad democrática del país. Nos solidarizamos con tod@s los sectores sociales y de l@s trabajadores que se ven avasallados en sus derechos sociales y políticos.

En memoria de nuestros Ancestros

En defensa de nuestros Territorios

NO AL DNU !

NO A LA LEY BASES !

NO AL RIGI !

NO AL CIERRE DEL INAFCeI !

NO A LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANIA !

POR UN ESTADO PLURINACIONAL !!!

Perú: Guardianas del Marañón - para el pueblo Kukama el río es un ser vivo

Guardianas del Marañón: la lucha de las mujeres kukama para que se reconozcan los derechos de un río peruano

por Lourdes Fernández Calvo 

• Una sentencia, en primera instancia, del Juzgado de Nauta ha reconocido que el río Marañón tiene derecho a estar protegido y estar libre de contaminación. Además, ha nombrado a las comunidades indígenas como las nuevas protectoras del río.
• Desde hace dos años, las mujeres del pueblo Kukama del distrito de Parinari, en Loreto, al norte de Perú, tomaron la estafeta en la batalla legal en defensa del Marañón, pese a la carga de labor doméstica que asumen.

Para Mari Luz Canaquiri Murayari, su tío ha muerto dos veces. La primera fue en el mundo terrenal, hace muchos años atrás. La segunda, cuando ya era un Karuara, palabra que para el pueblo kukama kukamiria significa “gente de río”. “Para nosotros el río tiene madre y tenemos familiares que viven debajo del agua. Mi tío que vivía ahí se enfermó con el petróleo que contaminó el río Marañón y murió, eso han contado los karuara a los chamanes que se comunican con ellos”, explica la mujer kukama.

La naturalidad con la que Mari Luz Canaquiri cuenta sobre la vida que existe debajo del río Marañón es parte de la cosmovisión del pueblo kukama kukamira. Para ellos, el río es sagrado porque les da vida a todos, a vivos y muertos. Por eso, consideran como un gran triunfo que a principios de marzo y después de dos años de lucha, una sentencia del Poder Judicial les haya dado la razón en lo importante, significativo y valioso que es el río Marañón.

La batalla legal

El 8 de marzo, el Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto, emitió la resolución Nº 14 en respuesta a la acción de amparo presentada en el 2022 por Mari Luz Canaquiri, Celia Fasabi Pisango, Gilda Fasabi Saavedra, Emilsen Flores Simon y Rosa Tamani Tapayuri. Todas ellas integrantes de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana (mujeres trabajadoras) del distrito de Parinari.Las mujeres del pueblo kukama, del distrito de Parinari, se organizaron en la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana (mujeres trabajadoras). Foto: Mari Luz Canaquiri.

La denuncia fue presentada contra Petroperú, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Gobierno Regional de Loreto y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Con esta acción de amparo, las mujeres kukama consolidaron sus peticiones en cinco puntos. El primero, y el principal, era el que se reconozca al Marañón y sus afluentes como sujetos de derechos, esto debido al valor espiritual que tiene el río para las comunidades indígenas de Loreto y en especial para la población kukama.

Además, invocando al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Constitución Peruana, también pidieron que se reconozca al Marañón el derecho a existir; a fluir, a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema; a estar libre de toda contaminación; a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; a la biodiversidad nativa; a la restauración; a la regeneración de sus ciclos naturales; a la conservación de su estructura y funciones ecológicas; a la protección, preservación y recuperación; y a la representación.

“Hemos tomado esa decisión por los derrames constantes de petróleo. Hay mucha gente enferma. Además, los peces están con metales pesados, el agua se ha declarado como no apta para consumo humano. ¿Quién no quiere vivir bien, quién no quiere tener agua sana?”, pregunta Mari Luz Canaquiri.Las comunidades indígenas, entre ellas el pueblo kukama, sufren por la contaminación constante del río Marañón por los derrames de petróleo. Foto: Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana.

El pedido de auxilio de las comunidades indígenas que viven de y para el río Marañón es entendible. En 2022, un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos reveló que, entre los años 2000 y 2019, ocurrieron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. De ellos, el Oleoducto NorPeruano, que pasa por la zona en donde está el río, figura con 94 vertimientos. Las decenas de comunidades indígenas de los distritos de Urarinas y Parinari han sido las principales afectadas.

El problema no se ha controlado. Solo en septiembre del 2022, ese mismo oleoducto registró un derrame de 2500 barriles de hidrocarburo. El crudo alcanzó al río Marañón. Según un reporte de Defensa Civil, más de 8 000 integrantes de los pueblos kukama kukamiria y Urarina fueron afectados.

Después de dos años de una lucha legal, asesorada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), las mujeres kukama han logrado un gran primer paso en el sistema de justicia. La sentencia, en primera instancia, del Juzgado de Nauta reconoció al Marañón como uno de los ríos más importantes del Perú e identificó que tiene un valor sagrado para el pueblo kukama. “La identidad de los integrantes del pueblo con el río Marañón está intrínsecamente relacionada por cuanto es su fuente principal de subsistencia”, señala el fallo.

El Juzgado de Nauta establece en su sentencia que, si bien no se puede determinar como sujeto de derecho al río Marañón, sí se puede establecer que el Estado reconozca el valor intrínseco del río y adoptar una orientación precautoria en la protección, prevención y conservación. Por ello, se le reconoció como titular de derechos.Vista de la Comunidad de Cuninico desde el río Marañón. Foto: Copyright © Amnistía Internacional.

Además, en un precedente histórico, el Poder Judicial ordenó el nombramiento y reconocimiento de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes.

“Tenemos un primer pronunciamiento del Poder Judicial dándonos la razón. Es un cambio de perspectiva. Además, se ha reconocido que las organizaciones indígenas son las defensoras del río, y tienen derecho a hablar en nombre del río. Por eso, a aquellos que contaminan no les conviene esto. Por eso, no va a gustar a mucha gente”, explica Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL.

La sentencia también ordena al Gobierno Regional de Loreto a coordinar con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) los lineamientos para la creación de los Consejos de Cuencas de Recurso hídricos para el río Marañón y sus afluencias.

En el caso de Petroperú, una de las entidades denunciadas, el juzgado estableció que, en un plazo de seis meses, elabore y presente el proyecto de actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), ante el Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de que se incluya la evaluación integral de los impactos identificados en la actividad de transporte de hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano.Derrame de petróleo en la quebrada Cuninico llega al río Marañón. Foto: Comunidad Nativa Shapajilla.

Según explicó Juan Carlos Ruiz, aún se debe esperar que la sentencia sea elevada a la Sala de Iquitos para que notifiquen a todas las partes y, en audiencia, se decida si se confirma o se revoca. Esto podría demorar unos dos meses. De ser revocada, Ruiz asegura que acudirán al Tribunal Constitucional.

“El debate para el pueblo kukama es que el río es un ser vivo y lo estamos destruyendo. Y el mensaje de las mujeres y el río es vida. El fundamento jurídico de los derechos de la naturaleza es cuando reconoces ese valor intrínseco”, agrega Ruiz.

Las voces de las mujeres

La constancia y tenacidad de las mujeres del pueblo kukama no nació con esta demanda. En el 2020, Mongabay Latam evidenció cómo la comunidad kukama kukamiria de Cuninico, en específico las mujeres, se organizaron para reclamar los derechos de la comunidad afectada tras el derrame de casi 3000 barriles de petróleo en el año 2014.

Al igual que en Cuninico, en Parinari las mujeres kukama han tenido que reorganizar sus horarios dedicados al cuidado doméstico para emprender un camino de lucha por los derechos del río, de la comunidad y de las mujeres.

Celia Fasabi, integrante de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, tiene 38 años y tres hijos pequeños. Al ver que los hombres de la comunidad no se atrevían a defender el río, se unió a su prima y madres del distrito para empezar la batalla legal que aún no termina.

“Nosotras como mujeres somos quienes miramos las necesidades en nuestros hogares, nos damos cuenta de que nuestros hijos que tienen enfermedades de los derrames petroleros, diferentes tipos de enfermedades y plagas. Nosotras hemos pasado un montón de obstáculos para salir a luchar. Empezando desde nuestro hogar porque dejamos nuestros quehaceres, nuestras chacras pero nos damos el tiempo para salir desde las comunidades hasta Iquitos”, cuenta Celia Fasabi.Integrantes del pueblo kukama. Foto: Mari Luz Canaquiri.

Su prima Gilda Fasabi, quien también integra la federación, no puede evitar conmoverse al entender la importancia de la sentencia que le ha otorgado derechos al Marañón que tanto cuidan. Su deseo con esta lucha es que sus nietos puedan disfrutar del agua del río sin que esté contaminada, así como ella lo hizo cuando era pequeña.

“Nosotros comemos y nos bañamos con el agua del río, por eso tenemos pena porque nuestros hijos están sufriendo. Como siempre digo yo, nos están matando lentamente, ya no queremos eso, queremos que nos respeten. Ahorita no hay pescados, demoramos un día entero para conseguir dos a tres kilos de pescado. Y a veces ni un kilo. Antes, cuando tenía diez años, te ibas un rato y pescabas lo que querías, pescados grandes. A los chiquitos los dejaban vivir. Ahora ni chiquito encuentras. No quisiera que mis nietos sufran eso”, comenta.

Las mujeres kukama coinciden en que su constancia para organizarse y empezar a alzar la voz la lograron con ayuda de la iglesia católica. El obispo de Iquitos Monseñor Miguel Ángel Cadenas ha sido uno de los impulsores de la demanda presentada en favor del río Marañón y quien también ha guiado a las mujeres kukama en su lucha.

El obispo recuerda que el pueblo kukama también se opuso al proyecto de la Hidrovía Amazónica, que buscaba agilizar el transporte fluvial y comercial en la Amazonía. Este fue paralizado gracias a la demanda del pueblo kukama junto a otras federaciones indígenas. Según el obispo, la parroquia lleva capacitando a las comunidades y federaciones indígenas desde hace 40 años.Las mujeres del pueblo Kukama decidieron levantar la voz y se organizaron para participar activamente en talleres y capacitaciones junto a la parroquia del distrito. Foto: Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana.

“Aquí lo que hay es una visión occidental que privilegia el Estado que dice que el río es un cauce de agua. El pueblo kukama, en cambio, lo percibe como un espacio de vida. Para ellos hay seres que habitan en la tierra y otros habitan en el cielo y otros habitan dentro y debajo del agua. Tragar o contaminar el río significa acabar con estos seres que habitan debajo del agua y acabar con la madre del pescado que es la boa y esto significa que se acaba el pescado. Por eso para ellos es fundamental”, explica el obispo.

Para Roxana Vergara, abogada y egresada de la maestría de Antropología de la PUCP y quien ha realizado trabajos con las mujeres kukuma de Cuninico, la sentencia del Juzgado de Nauta es una de las pocas que tiene una aspiración de interculturalidad. Además, considera que es innovador que el sistema de justicia reconozca la existencia de la espiritualidad del río Marañón y, sobre todo, que se haya reconocido la cosmovisión del pueblo kukama y haya sido llevada al derecho.

“El hecho de que la cosmovisión del pueblo Kukama penetre nociones que son de los derechos humanos, de la justicia, que se haya vuelto una subjetividad legal, eso me parece loable”, refiere la investigadora del pueblo kukama.Mari Luz Canaquiri dice que la conexión con el río Marañón es inquebrantable para el pueblo kukama. Foto: Mari Luz Canaquiri.

En cuanto se conoció la sentencia, todas las entidades demandadas presentaron sus recursos de apelación. En sus descargos ante el Juzgado de Nauta, el Minam mostró su desacuerdo con la petición de las mujeres kukama de reconocer al río Marañón como un sujeto de derechos y lo consideró inconstitucional.

“No existe en el Estado Peruano un ordenamiento jurídico, que se aparte de esta doctrina, el Código Civil también señala quienes son sujetos de derecho y no se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, resolver de manera favorable esta pretensión no solo es contrario al ordenamiento jurídico si no también es inconstitucional”, señalaron en sus descargos.

Solicitamos a Petroperú su opinión sobre el fallo a través del área de comunicaciones, pero no obtuvimos respuesta. Ante el Juzgado de Nauta, pidieron que la demanda sea declarada improcedente porque es “jurídicamente imposible” reconocer al río Marañón como sujeto de derechos, debido a que el ordenamiento jurídico peruano tiene una posición centrada en la persona humana.Las mujeres del pueblo Kukama no van a parar en la batalla legal para defender los derechos del río. Ahora, son ellas quienes lo protegen.. Foto: Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana.

Además, aseguraron que, a la fecha, no existen segmentos del Oleoducto Nor Peruano con deterioro severo o significativo. Indicaron también que Petroperú ejecuta los planes de mantenimiento correspondientes para asegurar el buen funcionamiento de esas instalaciones.

“La demanda debe ser desestimada porque se pretende ordenar a Petroperú a realizar acciones que ya vienen siendo desplegadas, en cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza administrativa y ambiental”, aseguraron ante el juez.

En el aspecto legal, Mari Luz Canaquiri, Celia Fasabi y Gilda Fasabi están conscientes de que aún falta mucho por recorrer, sin embargo, han asegurado que no van a cesar. Menos ahora que son reconocidas en forma legal como las guardianas del Marañón.

Fuente: https://es.mongabay.com/2024/04/guardianas-del-maranon-mujeres-kukama-derechos-rio-peruano/

NO AL CIERRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR !!!

Milei ataca a la Agricultura Familiar, Campesina y de Pueblos Originarios

El gobierno nacional anuncio el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.

En el Decenio Internacional de la Agricultura Familiar el gobierno de los Milei, los Macri, los Caputo, los Bullrrich y cia, pretenden desaparecer a los y las  trabajadoras de la tierra, a productores y productoras campesinas y de pueblos originarios, para justificar el ajuste brutal que les impone el FMI e imponer su plan de negocios, de hambre, saqueo y represión al pueblo.

REPUDIAMOS el ataque a la Agricultura Familiar:

El gobierno de Milei en diciembre crea el INAFCeI en la órbita de Capital Humano, sin nombrar a ningún funcionario. Luego de chocar con la institucionalidad democrática en el congreso y sufrir una derrota catastrófica en el parlamento, en febrero impulsan el INAFCeI en la órbita de Economía, donde tampoco se designa responsable del área, y si, mandan a una agente que cumple servicios en la policía de la ciudad de Bs. As. a realizar las tareas operativas de dateo en el Instituto, informe que reporta al ejecutivo, dicha información tergiversada y manipulada la presenta el vocero presidencial, Adornis, el 19 de marzo, anunciando el cierre del Instituto y del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar.

DENUNCIAMOS el atropello institucional a los órganos de aplicación de la política pública de la Agricultura Familiar, este gobierno intenta borrar de cuajo el proceso histórico llevado adelante por las organizaciones representativas del sector. Años de lucha y de trabajo colectivo impulsaron el marco normativo nacional e internacional que se plasmó en la ley nacional 27118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

EXIGIMOS la inmediata normalización del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, rechazamos los despidos de los y las  trabajadoras del mismo.  Acá no sobra nadie, por el contrario, son más de 600 mil familias y unidades productivas en todas las provincias del país por atender. El sector de la agricultura familiar es el más importante proveedor de alimentos sanos, saludables. De nuestros territorios se proveen los mercados locales, regionales y nacionales, garantizando sustentabilidad y alimentos frescos en las mesas de los argentinos.

Es urgente convocar al Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, como institucionalidad representativa del sector, para establecer los diálogos necesarios que exigen los estándares de derecho en Argentina.

Estamos en alerta ante las amenazas de desarticulación del Estado y sus instituciones, nos reservamos el derecho de accionar con las medidas correspondientes ante cualquier atropello y violación a nuestros derechos establecidos en la normativa nacional como internacional.

No al Cierre del INAFCeI!

No a la Casta racista que invadió América desde 1492!

Si a la Agricultura Familiar!

¡Somos Territorio!