sábado, 16 de febrero de 2019

Represión a los Diaguitas en Salta

Crónica de una resistencia
Escribe Franco David Hessling
Fotos: Antonio Gaspar

La semana pasada la policía de Urtubey reprimió a miembros de la comunidad diaguita-kallchakí La Aguada, a quienes trató de usurpadores. No hace falta más que un recorrido de un día para subvertir el mantra que repitieron Lanata y Levinas: los usurpadores, en realidad, son los dueños de la bodega apañada por el Gobierno de Salta.

Un derrotero minado de cardones, que se surca en medio de los Valles Calchaquíes de Salta, conduce a un pequeño poblado donde la producción vitivinícola y el turismo son los engranajes capitalistas para aprovechar la fertilidad y la belleza paisajística. La altura sobre el mar genera sopor en quienes provienen del llano, no cuesta sumirse en una especie de letargo que torna todo un poco más pausado, que propicia los saludos entre desconocidos y que edulcora la contracara de lo estéticamente bello: la súper-explotación de las mayorías, la falta de infraestructura básica -pavimento y cloacas- y la desigualdad económica.
Comunidad La Aguada, en los valles calchaquíes.

A pocos kilómetros de los nevados, subiendo más allá de la plaza central de Cachi, se encuentra la comunidad diaguita-kallchakí La Aguada, que la semana pasada cobró relevancia nacional porque sus miembros fueron reprimidos por reclamar una usurpación de la Bodega Puna, propiedad de Javier Montero Alesanco, que sin ser necesariamente pariente de ninguno, lleva apellidos de dos ex funcionarios del gobernador Juan Manuel Urtubey (Javier Montero y Fernando Alesanco).

-Tamos hablando en primera persona, antes no existíamos. Nuestros abuelos estaban invisibilizados, en silencio -Jorge Burgos es representante de la comunidad El Algarrobal, unos 7 kilómetros más empinada que La Aguada y antes de Las Pailas, todas comunidades diaguitas-kallchakies.

-Claro, por eso este proyecto…-en referencia a la iniciativa de turismo sustentable que tienen en sus territorios, donde se recibe visitantes, se ofrece sitio para acampar, cabrito a la parrilla y producción local de especias y yuyos para el mate, como el cedrón o el burrito.

-No sólo eso -interrumpe Carolina Fabián, también miembro de la comunidad diguita de El Algarrobal-. Los hermanos tamos trabajando para mantener vivo lo que construyeron y nos enseñaron nuestros abuelos.

-¿Vio? Es como yo le decía -apunta Juan Condorí, delegado de la UPND-Salta (Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta).

En La Aguada viven unas 40 familias, según calcula Nemesio Fabián de 58 años, por estos días cacique de la comunidad que padece el intento de desalojo de la Bodega Puna. “El presidente-cacique lo elegimos en asamblea cada cuatro años, pero no es lo máximo, el poder mayor lo tiene la asamblea de toda la comunidad”, detalla Juan Condorí de 42 años, quien habla con una convicción digna de gran orador. A su lado está Manuela, también representante de la comunidad diaguita La Aguada, que de a ratos se le arrima al oído y le dicta partes que el entusiasta disertante se viene olvidando. Ella esquiva la mirada hasta que se le hace imposible y, entonces, devuelve una sonrisa que deja ver unos dientes que brillan con más fuerza por el contraste con su tez morena.

La mujer retraída de 35 años estuvo cerca de ser arrastrada por la policía el martes pasado, durante el accionar de la fuerza, que el precandidato presidencial de Alternativa Federal, Urtubey, defendió como garantizar la “seguridad jurídica”. El hermano de ella, Álvaro Casimiro, tiene baja estatura y el mismo contraste en el rostro que Manuela aunque en relación con sus ojos, redondeados, que se imponen como dos botones de contornos blanquecinos. Se acerca y no se apresura a contar lo que pasó el martes pasado, pese a que es evidente que los foráneos estamos en busca de ese relato.

Juan Condorí, en la radio comunitaria.


Entonces charlamos de fútbol, acaba de terminar la final de un campeonato corto de los valles que se hace durante el verano, unos conocidos -como casi todos- y amigos -como sólo algunos- se acaban de consagrar bicampeones. Aunque omite responder de qué jugaba cuando todavía iba seguido a la cancha, sus explicaciones técnicas conducen a pensar que corría por una de las bandas y que tiraba centros a la hoya como Sorín en sus mejores tiempos. Sin que haya que preguntárselo, recae en el tema de interés y comenta que a sus hermanas, Manuela y Lorena (25), fueron golpeadas y zamarreadas por los efectivos. El borde de sus ojos se achina y se le dibujan unas líneas irregulares color escarlata alrededor del iris -o tal vez es lo que observa quien llega desde el llano y está inmerso en el sopor al que invitan los 3000 mil metros sobre el nivel del mar-. Denota bronca. “Nosotros no estábamos respondiendo las provocaciones, pero cuando vi que a mi hermana la rameaban por el suelo -señala hacia el terreno entre pedregoso y terroso donde ocurrieron los hechos- y me puse como loco, ¿usté qué hubiera hecho?”.

Descarnado

-Estábamos nosotros ahí y vinieron así, rápido, y nos empezaron a agarrar para llevarnos -rememora Manuela.


-Se lo llevaron primero a Ulises, que estaba filmando, lo pillaron del cuello -Néstor Casimiro, uno de los que luego estuvo detenidos, se enrosca el cogote con su propio brazo-. Y bueno, ahí ya empezamos nosotros también pue.
Juan Condorí y Néstor Casimiro con el cronista.


Manuela asiente lo que afirma Néstor, con quien comparte apellido, pero no parentesco. Aprovecha que la relevan para llamarse al silencio otra vez. Los hombres vuelven a tomar la palabra, se superponen, están ávidos de contar lo ocurrido en la represión.

-¿Pero a vos qué te pasó? -un silencio se constituye en oportunidad para volverla a interpelar.

-Me agarraron los policías y me pisaron los pies para que me caiga, yo estaba con mi hermano y nos abrazamos bien fuerte para que no me pudieran arrastrar.

-¿Y las policías no pudieron tirarte?

-Eran varones, no me agarró ninguna mujer. A mi hermana sí, a ella la fueron a buscar las femeninas. Y a mi hermano lo apedrearon.

-Sí, hasta el comisario tiraba piedras. Y eso que ellos eran más que nosotros -acota Néstor.

A él lo capturaron y estuvo detenido unas seis horas, hasta las 3 de la tarde de aquel martes. Entre las vejaciones sufridas recuerda que lo tiraron al piso y se le pararon encima. En ningún momento dejaron de intimidarlo con amenazas, igual que a toda la comunidad, tal como resalta Lorena, docente de Cachi, quien admite que a una allegada suya la amenazaron con que le desaparecerían las dos hijas si iba a protestar contra la bodega. Néstor es menudo y de espalda angosta, como si nunca hubiese desarrollado la caja torácica a la manera en que lo han hecho todos los demás, acechados por la falta de oxígeno. No pasa el metro setenta y está por debajo de su peso normal.

Un video que muestra Miguel Plaza, delegado de comunicación con identidad, da cuenta de cómo uno de los jerarcas que manejó el operativo ordena avanzar tras salir de la Bodega Puna, apostada frente a los terrenos que la comunidad usa para secar pimientos. La combinación entre comunidades originarias y trabajadores con ideas progresistas posibilitó que los atacados manejaran mejor la situación: viralizaron los videos de modo rampante consiguiendo que medios nacionales recojan la noticia a las pocas horas, lo cual generó presión suficiente para que los presos fueran liberados el mismo día.

La institución azul no presentó ninguna orden judicial para ejecutar la represión, fundamentaron que actuaban de oficio porque el dueño de la bodega les había mostrado un título de propiedad sobre las tierras, por lo tanto, desde el prisma ortiva, las comunidades estaban cometiendo un delito flagrante.

La disputa

En el año 2011, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) llevó a cabo un relevamiento de la zona para delimitar la posesión de las comunidades de Cachi, Salta. Se suponía que luego de eso se venían las titularizaciones comunitarias-jurídicamente no es lo mismo titularizar que poseer-, pero ese derecho no fue garantizado hasta ahora. Entonces, esos terrenos fiscales siguieron vendiéndose a espaldas de quienes los habitan ancestralmente.
Jorge Burgos y Carolina Fabián de El Algarrobal.


Así fue que en el año 2012 desembarcó la Bodega Puna en la zona de la comunidad La Aguada, con aval del Gobierno de la Provincia, durante el segundo mandato del esposo de Isabel Macedo. “Ellos [la bodega] se pusieron en 25 hectáreas que son nuestras, y nosotros no nos resignamos, sólo que en ese momento estábamos en conflicto con otras dos bodegas [Miraluna y El Molino de Cachi] y decidimos priorizar esas luchas”, reseña Juan Condorí y añade: “Esos terrenos son nuestros, como dice el relevamiento del INAI. En ese momento permitimos que la bodega use esos terrenos, pero nos prometimos que no iban a avanzar más allá del camino que va al Algarrobal [la comunidad diaguita-kallchaki que está pasando La Aguada]”.

Hasta fines del año pasado esa situación continuaba: la bodega ocupaba 20 hectáreas que estaban relevadas por el INAI como parte de La Aguada, sin extralimitarse más allá del camino al Algarrobal. Unas ocho familias del lugar trabajan para la Bodega Puna, la mayoría de ellas no se autodefinen como diaguitas-kallchakíes.

En las últimas semanas de 2018, la empresa vitivinícola empezó a ocupar el terreno de secado de pimientos de la comunidad, que además es un antigal, es decir, un lugar sagrado, milenario. El equivalente a expropiar el santo sudario o tener los derechos táctiles de la meca que todo buen musulmán debe querer tocar. El antigal es un espacio que se ha venido conservado por añares, con arraigo real en los pobladores y con un determinado modo de producción: comunitario con prioridad de auto-subsistencia. Las familias de La Aguada, Las Trancas y El Algarrobal, por sólo citar las de un sector en particular, enfatizan en la economía primaria -agricultura- de subsistencia, en primer lugar, y de intercambio, en segundo. En ese último grupo entran el pimentón -molienda del pimiento- y los porotos, por ejemplo.

Además de las 20 hectáreas que la Bodega Puna ya ocupa y que son de la comunidad según el INAI, la compañía empezó a trabajar con maquinaria en el antigal donde se secan los pimientos, que es una porción de tierra inmediatamente posterior al camino a Las Pailas. La firma de vid rompió el pacto que venía desde hacía un quinquenio. La bodega cuenta con un grupo de edificaciones que dan a la calle y que están rodeadas por viñedos. Son casas para ciertos administradores, oficinas comerciales y un espacio de atención al público, todas con fachada alta, columnas pronunciadas y un resonante blanco. Aunque las y los hermanos de La Aguada nunca atacaron esas construcciones, Lorena Proaño, delegada de educación intercultural, trae a colación que, como medida de amedrentamiento, en algún momento Puna había puesto reflectores para encandilar a los pobladores de la comunidad que viven al frente de sus instalaciones.

Tras la avanzada con máquinas de la bodega, allende al camino a Las Pailas, la comunidad presentó una denuncia por usurpación de su antigal para secar pimientos. Luego de ello, se abrió un proceso judicial -en la Fiscalía Penal de Cachi y en el Juzgado de Garantías 1 de Salta- que derivó en una convocatoria a mediación, el lunes antes de la represión, ya con la imposición “de no innovar” para ambas partes. Cuando regresaron de la audiencia, había custodia policial para topadoras de Puna que iban contra el antigal. Hubo una asamblea y se resolvió impedir pacíficamente la avanzada. Con esa actitud empezaron aquel martes de represión las comunidades diaguitas-calchaquíes.

Después de eso se interpuso una medida cautelar hasta una próxima audiencia que todavía no tiene fecha.

Comunidad

“Acá llega el diario y la AM-840 nomás”, indica Jorge de El Algarrobal. Un reciente editorial del diario El Tribuno, de la familia Romero, tuvo muchas repercusiones en Cachi. Jorge Cabral de 36 años es arqueólogo y la menciona mientras le pega un grito a su hijo para que no se baje de la vereda. Grita e igual mantiene la calma. Señala que La Aguada, contrariamente a lo que deduce El Tribuno, es una comunidad histórica y con mucha importancia en la preservación de restos milenarios. El investigador de Salta capital que lleva mucho tiempo trabajando en los Valles Calchaquíes, firma que si hay algo que destaca a esa comunidad es que ha podido imponer, a través de su propia práctica, leyes de protección del patrimonio cultural, social e histórico.
Nemesio Fabián, cacique de la comunidad La Aguada.


“Lo primero que tomamos es la herencia y la continuidad histórica de pertenencia ancestral -explica Juan Condorí de La Aguada-, eso se hace por un proceso de auto-reconocimiento”. Menciona que se auto-reconocen en función de pautas culturales propias que se están reorganizando bajo la concepción de una continuidad histórica.

Además de los caciques que se eligen cada cuatro años por asamblea, y pese a que ésta sea el máximo órgano de decisión, hay otras formas de organización, como el CPI (Consejo de Participación Indígena). “El CPI es reconocido ante el INAI, organismo responsable del derecho indígena. Nosotros como CPI somos el nexo entre el estado nacional y el pueblo diaguita”, menciona Juan Condorí, que es delegado CPI por el pueblo diaguita en ese ente del gobierno comunitario.

La principal palanca conceptual para estas comunidades es la “identidad”. La autodeterminación como nación diaguita-calchaquí convoca a pensar el Estado argentino como plurinacional y empuja a los integrantes de la comunidad a reivindicar una tradición que no se imita, sino que se reactualiza. No caben, entonces, los argumentos de Jorge Lanata, Gabriel Levinas y El Tribuno sobre la falta de legitimidad de estos diaguitas para decirse diaguitas. La referencia en sus antepasados milenarios, por parentesco y/o por herencia territorial, habilita la “reorganización de pautas culturales” que hacen a su “identidad”.

Son las doce de la noche y suena una cumbia ensordecedora en el Club Fuerte Alto, hace pocas horas se consagraron bicampeones del torneo de los valles, tal como nos había avisado Álvaro de La Aguada a la tarde. El vino se trae en bidones, la algarabía trae confesiones de todos los integrantes del plantel, desde los jugadores hasta el técnico y el presidente. Las instalaciones del club en gran parte todavía son mampostería, el sonido hace vibrar las estrellas -más cercanas que cuando se está en el llano- y varios se abrazan y hacen glosas alusivas al club. Monólogos de borrachos contentos. El ánimo colectivo es tan efusivo que sólo hace falta llegar con algún conocido para ser aceptado en la celebración. Como falta techo se ve una luna sonriente que evoca la Luna de Avellaneda de Campanella. Club social, ese otro vínculo de cercanía, tan anclado también en la identidad, que a veces sólo lo creemos posible en las urbes. Diaguitas-calchaquíes que se defienden de la usurpación por desposesión y un festejo de bicampeonato, todo en unidad, aún en las diferencias. ¿Vos qué les vas a venir a enseñar de lazos comunitarios, Jorge?


miércoles, 19 de diciembre de 2018

LAS ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR SE PREPARAN PARA EL INICIO DEL DECENIO

Una consulta pública ha sido lanzada para participar en la elaboración del Plan de Acción del Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028

El pasado 18 de Octubre tuvo lugar en Roma una importante reunión del Comité de Coordinación Mundial del AIAF+10 (CCM), Comité internacional que lideró la campaña de la sociedad civil por la declaración del Decenio para la Agricultura Familiar. El CCM está compuesto por representantes de las organizaciones ROPPA, PAFO, INADES INTERNACIONAL, COPROFAM, RELACC, PDRR, AFA, ASIADHRRA, SEWA, UPA, AFDI, NZYF, OXFAM, IFOAM Organics International, ACTION AID, los Comités Nacionales de Madagascar, Costa Rica y Nepal, y el FRM.

El CCM reunido manifestó un enorme y firme compromiso con el desarrollo del Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028, destacando la oportunidad histórica de contribuir al cumplimiento de los ODS a través de la mejora de la situación de los y las agricultoras familiares, potenciando sus capacidades de producción sostenible de alimentos, de lucha contra el hambre y la pobreza, de resiliencia frente al cambio climático, de mantenimiento del territorio, de la cultura, entre otros.

Las organizaciones miembros del CCM se comprometieron a presentar un informe de los avances y logros del AIAF+10. Este informe se enmarca en un proceso de análisis que se está ya realizando actualmente en base a una serie de indicadores, que muestran la mejora de las políticas públicas y de la institucionalidad de la agricultura familiar, entre otros aspectos evaluados. 

En el momento en el que se están definiendo los mecanismos para implementar el Decenio para la Agricultura Familiar, resulta estratégico visibilizar ante los organismos internacionales, los gobiernos, y también ante las propias organizaciones, los logros -y las dificultades que enfrentan- las organizaciones de la agricultura familiar y los Comités Nacionales de Agricultura Familiar, con el objetivo de mejorar las políticas públicas relacionadas.

El informe de los logros del AIAF+10 será validado por el CCM y presentado en la VI Conferencia Global sobre Agricultura Familiar que se celebrará en Derio, Bilbao, los días 27 y 28 de marzo de 2019, frente a más de 200 representantes de gobiernos, organizaciones agrarias, organismos internacionales, Comités Nacionales de la Agricultura Familiar, asociaciones de desarrollo rural, ONGs, cooperativas y centros de investigación de los cincos continentes.

Elaboración del Plan de Acción del Decenio para la Agricultura Familiar

Por otro lado, los miembros del CCM examinaron los avances en la preparación del Decenio para la Agricultura Familiar y acogieron muy favorablemente el protagonismo que las organizaciones de la agricultura familiar van a tener en la definición e implementación del mismo, como ha demostrado el Comité Directivo Internacional (International Steering Committee) del Decenio con la incorporación de cinco organizaciones regionales de la agricultura familiar.

También ha sido ampliamente reconocido por los organismos internacionales FAO y FIDA y por los gobiernos, que para que el Decenio de la Agricultura Familiar tenga un impacto positivo y transformador de las realidades rurales, es preciso implementar eficazmente el Decenio en los niveles nacional, regional y global.

En este sentido se ha puesto en marcha un proceso de consulta pública encaminado a la elaboración del Plan de Acción del Decenio. Parte fundamental de esta consulta es una encuesta online que se puede realizar a través de la Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar de la FAO. Se puede acceder y rellenar la encuesta a través de este enlace: ENCUESTA

Desde el FRM recomendamos encarecidamente a todas las entidades que trabajáis en favor de la agricultura familiar que rellenéis el cuestionario, compartáis este enlace entre socios/as y miembros, y dialoguéis con los diferentes agentes para alimentar la definición de los compromisos, acciones y planes en los niveles nacional, regional y global que constituirán el Plan de Acción del Decenio.

Debemos aprovechar este momento clave para mostrar cuáles son los objetivos concretos en materia de política pública que estamos dispuestos y dispuestas a alcanzar durante el Decenio para la Agricultura Familiar, especialmente a nivel nacional.

domingo, 16 de diciembre de 2018

NO AL PATENTAMIENTO Y LA APROPIACIÓN DE NUESTRAS VIDAS


El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, con el mandato colectivo de cada uno de nuestros Territorios, organizados y reunidos en Asamblea territorial en Territorio del Pueblo Nación Charrúa, Chajarí diciembre 2018. 

REAFIRMAMOS nuestro compromiso orgánico y colectivo con cada espacio territorial y con nuestras Instituciones comunitarias, asumiendo el mandato de nuestras autoridades asamblearias, refrendando nuestra condición de Sujeto colectivo, preexistente y con institucionalidad propia. 

En estos tiempos críticos de despojo, persecución y muerte que nos propone el imperialismo usurero, saqueador y colonizador, con sistemas que se reciclan, se perfeccionan y avanzan en la región de la mano de gobiernos neofasistas y de ultraderecha, una vez más, seremos los Pueblos Originarios la moneda de cambio, los conflictivos, los “terroristas”, el estorbo del “progreso” de esos pocos oligarcas a quienes sólo los moviliza el robo, la explotación y la muerte en pos de sus intereses individuales, sin considerar la vida de nada y de nadie, tal como ha sucedido en los últimos tiempos con el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el año 2017, entre muchos otros atropellos que ocurren sistemáticamente en nuestros territorios. 

En este contexto, son nuestros territorios ancestrales los que se extranjerizan bajo la excusa del “progreso y el desarrollo”, cuando este “progreso y desarrollo” sólo termina trayendo explotación, pobreza y contaminación. Es el agua, la cual es vida para todos, la que se privatiza para beneficio de unos pocos y en favor de intereses foráneos, con el consecuente empobrecimiento de nuestras familias y nuestras tierras. Son los medioambientes en los que todos vivimos los que se destruyen por el uso de agrotóxicos, como es el caso del territorio del Pueblo Nación Charrúa en la provincia de Entre Ríos. 

Frente a este avasallamiento, seremos nuevamente los Pueblos Originarios, quienes durante 500 años hemos actuado como incansables guardianes de la vida, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo. 

En estos tiempos de crisis, tenemos la oportunidad de retomar los caminos y los legados, volver y retornar a un tiempo de paz y Buen Vivir, en un infinito circular hacia lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, retomando los lazos inquebrantables de unidad, de respeto, de reciprocidad y complementariedad. En ejercicio continuo de la solidaridad en colectivo con el/la los/las otrxs seres del mundo que habitamos, compartiendo cada momento, cada tiempo y espacio, amainando los dolores y sufrimientos y fortaleciendo cada logro y sosteniendo cada lucha emprendida. 

DECLARAMOS nuestro RECHAZO al proyecto denominado “Ley de Semilla”, pues atenta contra nuestras vidas y nuestro Buen Vivir. Este proyecto pretende patentar y apropiarse de nuestros sistemas ancestrales de vida, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, nuestros Territorios y nuestra continuidad como Pueblos Naciones Originarias. 

En Argentina habitamos desde siempre los Pueblos Naciones Originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias. 

DENUNCIAMOS que esta medida legislativa atenta directa e indirectamente contra nuestros derechos fundamentales y colectivos, afecta nuestro Buen Vivir, nuestra Identidad Cultural y nuestros Territorios, vulnera nuestro derecho a la Propiedad Intelectual, Conocimientos y Saberes Tradicionales, viola el derecho a la Consulta y Participación, conforme a la normativa de base Constitucional, Tratados Internacionales, Pactos y normas concordantes. 

El derecho a la Consulta y la Participación es un derecho fundamental de los Pueblos Originarios y obligatorio para los estados, se encuentra refrendado en una variedad de instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. La Constitución Nacional, en su Artículo 75 Inciso 17 y 22, reconoce el derecho que los Pueblos Originarios y sus comunidades tienen a participar “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Sumado a esto, el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley 24.071, establece que es deber de los estados (incluyendo al Poder Legislativo) llevar adelante un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios y sus instituciones representativas, a través de un procedimiento culturalmente apropiado, cada vez que prevean medidas legislativas y/o administrativas que los afecten. Este mismo derecho está revalidado en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375- “Art.8J”), en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, ratificado por la Ley 27.246, en las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo: casos Saramaka y Sarayaku), entre otros. 

El modelo colonial instalado en América, el cual desde 1492 a la fecha ha perfeccionado y profundizado sus métodos extractivos de saqueo, contaminación y muerte, se replica hoy en proyectos como el presentado por la coalición gobernante en Argentina desde 2015. A través de este proyecto, se pretende patentar sistemas de vida preexistentes para el beneficio de compañías semilleras multinacionales como Monsanto – Bayer, en connivencia con sectores locales y nacionales, quebrando nuestros sistemas ancestrales de vida, de equilibrio ambiental, de selección y mejoras de las simientes para un Buen Vivir, siempre respetando cada elemento de la naturaleza como reaseguro de nuestra continuidad como Pueblos. 

EXIGIMOS el pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos. Es obligación del Estado cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Originarios en el país. 

Como sujetos de derechos colectivos nos reservamos el derecho de accionar a través de las medidas administrativas y jurídicas que correspondan, en instancias nacionales e internacionales, a fin de dar cumplimiento a nuestros derechos fundamentales a la vida y a nuestro Buen Vivir. 

Juntos por memoria, identidad y territorio. 


NO al Patentamiento de nuestras Vidas. 

Exigimos la Consulta Libre, Previa e Informada. 

Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya. 

NO a la privatización del agua, porque el agua es vida. 

Protección de nuestros humedales. 

NO al agrogenocidio producido por el uso de agrotóxicos.

martes, 13 de noviembre de 2018

El Gobierno busca imponer una nueva Ley de Semillas a espalda de todos y todas.

MULTISECTORIAL CONTRA LA LEY "MONSANTO" DE SEMILLAS

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó para este martes 13 de noviembre a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año.

Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont), Basf y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un/a agricultor/a utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc).

Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Desde el 2012 y hasta ahora en nuestro país, las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.
Ante esta ofensiva, las organizaciones firmantes rechazamos de manera contundente cualquier intento de imponer una modificación a la Ley de Semillas cocinada a espaldas de todxs. 

¿Por qué entendemos que se debe rechazar el proyecto de ley de semillas que el ejecutivo quiere imponer?

- Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.

- Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.

- Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.

- Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina. 

-Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA. Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as. 

Advertimos que la Justicia (a través del fallo de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires) ha señalado que la Argentina reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales (corporaciones biotecnológicas y semilleras). Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado gravemente y sin el debate adecuado, con todos las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas afectadas, mediante parches legislativos bajo el espurio argumento de que son necesarios para “favorecer el avance tecnológico del campo” (que ya ha causado graves y negativos impactos ambientales, productivos y en la salud humana que aún no están siendo estudiados).

Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país. 

Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de los/as agricultores/as y ciudadanos/as. Avanzar con el proyecto de Ley de Semillas a espaldas de todos y todas, significa una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo. Solicitamos a legisladores y legisladoras que impidan este avance a favor de las corporaciones y a espaldas del pueblo argentino.
12 de noviembre de 2018

Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

Primeras firmas: 
Multisectorial contra la Ley Bayer - Monsanto de Semillas 

(Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Tierra para Vivir en Marabunta, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Patria Grande, Huerquen, comunicación en colectivo, Colectivo Tinta Verde, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Red Semillas de Libertad, Amigos de la Tierra Argentina, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe. Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán).
Acción por la Biodiversidad
Ambiente Saludable San Andrés de Giles
Asamblea Barrial de Beccar
Asamblea Punilla Sur
Asamblea Rio Cuarto sin agrotoxicos
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
Asociación Campesina Comunitaria Juana Azurduy
Asociación Civil Madre Tierra
Asociación de Campesinos Guardianes del Monte (SALTA)
Asociación mutual Sentimiento 
Cátedra Libre de Salud y DDHH (Facultad de Medicina, UBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - FAUBA
Catedra Libre Soberanía Alimentaria Rio Cuarto.
Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico “El Galpón”
Círculo Argentino de Agroecología (CirAA)
Colectivo Orillerxs
Colectivo Sanitario Andrés Carrasco/ALAMES en Argentina
Cooperativa de Producción Agroecológica (Copa) de Guernica
Cooperativa de trabajo Iriarte Verde ltda
Cooperativa La Asamblearia
Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta!
Corriente Nacional Emancipación Sur
Encuentro de Pueblos y Ciudades Fumigadas
ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios)
Espacio Intercuencas
Foro Ecologista de Paraná
FORO HÍDRICO LANÚS
Foro Hídrico. Lomas de Zamora
Foro por la salud y ambiente de Vicente López
Foro regional en defensa del río de la plata
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martes, 30 de octubre de 2018

Condena de 22 años en Tucumán al terrateniente que mató a Javier Chocobar

“Ahora puede descansar en paz”

El fallo sorprendió en la provincia porque fue más duro que el pedido por los fiscales y llevó tranquilidad a la comunidad Chuschagasta, acosada por el usurpador de tierras que mató a su líder en 2009 e hirió a dos muchachos.
Por Carlos Rodríguez


Los Chocobar saliendo del tribunal el día de la condena a Amín. Imagen: Gentileza Jimena Montenegro

“Ahora mi padre puede descansar en paz”, es lo primero que dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, luego de escuchar la sentencia condenatoria de los tres responsables de la muerte del líder de la comunidad Los Chuschagasta, de San Miguel de Tucumán, el 12 de octubre de 2009. Aunque sus abogados habían pedido la condena de prisión perpetua, la comunidad se manifestó conforme con la pena de 22 años contra el terrateniente Darío Luis Amín, autor material del homicidio, más los 18 y 10 años que recibieron los ex policías Luis Humberto Gómez y José Valdivieso como partícipes del crimen. “Las condenas nos dejan más tranquilos en nuestro territorio, porque si ellos seguían en libertad, sabíamos que podían volver a hostigarnos”. De esa forma, Audolio recordó que Amín, luego del episodio en el que murió baleado Javier Chocobar, volvió a ingresar al territorio donde está asentada la comunidad, en la cantera de Laja, en Trancas, en el norte de la provincia. 

En un mensaje ante los miembros de la comunidad, Audolio Chocobar insistió en que “con estos asesinos sueltos, sabíamos que podían volver a atacarnos, porque durante todos estos años, desde la muerte de mi padre, siguieron las provocaciones, las amenazas e incluso hicieron un asado a cincuenta metros de donde lo habían asesinado”. En diálogo con PáginaI12, un contacto que se mantuvo en forma permanente durante los 58 días que duró el juicio, Nancy Chocobar, sobrina de Javier, puntualizó que siguieron el debate “con dolor, muy movilizados, porque estuvimos reviviendo todo lo que ocurrió” ese 12 de octubre de 2009 cuando Amín y los dos policías ingresaron armados al territorio donde la comunidad vive desde siempre. 

“Lo que pensamos es que con la sentencia se cerró una etapa y que con el fallo empieza a concretarse un poco de reparación histórica, territorial, identitaria y humana para todos nosotros”, dijo Nancy Chocobar. Agregó que el hecho de que “el usurpador Amín y sus dos sicarios vayan a la cárcel es un reconocimiento al derecho que tenemos a vivir en paz, en nuestro territorio”. Ese derecho había sido usurpado por Amín y los dos policías, quienes habían sido integrantes del Comando Atila, un grupo terrorista de extrema derecha, cuyo jefe fue el fallecido comisario Mario “Malevo” Ferreyra, quien en su momento fue condendo por homicidios reiterados. 

Durante el ataque a balazos en el que murió Javier Chocobar, resultaron heridos de gravedad Emilio y Andrés Mamaní, integrantes de la comunidad. Emilio pudo prestar declaración testimonial en el juicio, mientras que Andrés fue excusado de hacerlo, en razón de las secuelas físicas y psicológicas que todavía padece por la gravedad de las heridas que recibió durante la agresión. Emilio Mamaní dijo estar “muy emocionado” por la sentencia condenatoria, a nueve años de los hechos. “Lo que queremos ahora es seguir adelante, vivir en paz, como lo hemos hecho siempre”. Todos los consultados por este diario coincidieron en señalar que están conformes con las penas aplicadas, aunque sus abogados, Carlos Garmendia, Julia Albarracín, Pablo Gargiulo y Belén Leguizamón, habían solicitado la pena de prisión perpetua para los tres imputados, por entender que habían actuado de manera premeditada al concurrir al territorio de la comunidad llevando consigo armas de grueso calibre. 

Delfin Cata, otro de los integrantes de la comunidad que estuvo presente cuando ocurrió el asesinato de Javier chocobar, consideró que “la condena fue justa y llegó porque hubo muchas pruebas”, a la vez que se manifestó en desacuerdo con el pedido de la fiscal Marta Gerez de Rivadeneira, quien desechó el cargo de “premeditación” planteado por la querella, motivo por el cual había pedido 18 años para Amín y 10 para los policías. Finalmente, el tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Carlos Romagnoli, aplicó una pena intermedia, pero superior a lo planteado por la titular del ministerio público. 

En el fallo también se hizo lugar, en forma parcial, al pedido de reparación por el daño moral contra Antonia Hortensia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar, quien recibirá la suma de 735.000 pesos, mientras que Andrés Mamaní contará con 847.550 pesos que ayudarán a procurar su recuperación de los daños sufridos, y Emilio Mamaní tendrá a su disposición la suma de 509.160 pesos. En todos los casos, cuando lo cobren, recibirán la actualización correspondiente fijada por el Banco Nación, que correrá a partir del día de la sentencia. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el miércoles 7 de noviembre. 

Nancy Chocobar recordó que durante “los nueve años que pasaron desde el asesinato de mi tío Javier, la comunidad vivió con miedo, recibiendo el mensaje de que el que asesina a su familiar, su tío, su papá, puede seguir viniendo al territorio, se puede parar frente a tu casa, entrar con impunidad o hacer un asado custodiado por un grupo de hombres de la Gendarmería a metros de donde mataron a mi tío Javier, como escuchamos contar a un testigo” del juicio. Por esa razón, en la comunidad “hay chicos que crecieron con miedo”, agregó Ismael Chocobar. 

Esa situación de dolor, de temor, se hizo presente en algunos tramos del juicio oral, cuando los testigos de la comunidad tuvieron que declarar ante los jueces. “Hay que tomar en cuenta que hablamos dos lenguajes diferentes. Uno, el del Poder Judicial, occidentalizado, y el nuestro, que no es el mismo”, subrayó la sobrina de Chocobar. Por esa razón, fue para ellos dificultoso “ponernos de acuerdo, dado que tratamos de entender que el que nos está tomando la declaración es diferente a nosotros, cuando también sabemos que el poder estatal es muy fuerte, o hasta violento, como ocurre con algunas intervenciones de la defensa hacia los comuneros”. A pesar de todo, pudieron exponer sus razones y el juicio terminó con una condena que algunos medios de prensa de Tucumán consideraron “ejemplar” y hasta en cierto modo sorprendente, porque los jueces aplicaron penas superiores a las solicitadas por la Fiscalía, al que no es habitual en la provincia.