miércoles, 18 de julio de 2018

Nación Mapuche: Juez Villanueva demora la prisión domiciliaria de Facundo Jones Huala y mantiene la orden de detención a testigos del caso Rafael Nahuel



Por Sebastian Polischuk / Resumen Latinoamericano / 17 de julio de 2018.

El juez Gustavo Villanueva a pesar de que la Cámara Federal de Casación Penal le haya otorgado el beneficio de prisión domiciliaria al lonko Facundo Jones Huala y de tener el fallo en su despacho, este sigue actuando de manera totalmente arbitraria al no concederle este beneficio que ya se lo debería haber permitido. Además mantiene la orden de detención (sin tener pruebas) contra los dos testigos Fausto Jones Huala y Lautaro González que fueron los que habían bajado el cuerpo de Rafael Nahuel tras su asesinato por parte de Prefectura.

A todo esto en estos momentos las comunidades mapuches de la zona del lago Marcardi (Bariloche) donde fue asesinado Rafael Nahuel, mantienen un corte de ruta pidiendo dialogar con las autoridades de Parques Nacionales, ya que según estas comunidades, desde Parques Nacionales nunca se les acercaron a hablar. Además piden que se haga justicia por Rafael Nahuel y están llamando a solidarizarse con sus dos reclamos, considerando que está presente en el lugar la policía.

Sobre el pedido de extradición de Facundo Jones Huala y la resolución de la Cámara de otorgarle prisión domiciliaria

Según Sonia Ivanoff abogada de Facundo Jones Huala: “Nosotrxs hemos presentado todos los requerimientos que se nos pidió para presentar este recurso y hemos cumplido absolutamente con todo. Estamos a la espera que tome la determinación Villanueva, quién realmente no está actuando con celeridad y acorde a lo que la Cámara de Casación le pidió”.


Además aclaró que ya se comunicó varias veces con el Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche que está a cargo el propio juez Villanueva, y le confirmaron que ya tienen el expediente del fallo en su despacho, pero sigue sin actuar en consecuencia tal como tendría que hacerlo acorde a la justicia que representa.

El viernes 13 de julio los jueces Eduardo Rafael Riggi, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa se habían pronunciado en un fallo que no fue unánime por rechazar el pedido de excarcelación de la defensa de Facundo Jones Huala, pero hacer lugar a la solicitud de la prisión domiciliaria. Tanto Slokar como Figueroa se pronunciaron por el mismo manifestando, bajo los argumentos del expediente, que Facundo Jones Huala: “Podría continuar la medida cautelar en detención domiciliaria (art. 314 CPPN), con un dispositivo electrónico de control por aplicación del art.33, último párrafo de la ley 24.660.”

Ambos además se basaron en las obligaciones internacionales del derecho los pueblos originarios como el Convenio 169 de la OIT tal como argumentan en este fallo en que mencionan que: “También deviene ineludible destacar que la jerarquía supralegal del mentado Convenio n° 169 de la OIT fue establecida por el cimero tribunal nacional en los autos caratulados: “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Comunidad Indígena Eben Ezer c/ provincia de Salta – Ministerio de Empleo y la Producción s/ amparo” (Fallos:331:2119)”. Y que: “debe observarse que la unidad textual del inc. 2 del art. 10 del referido Convenio n° 169 OIT reza que: “Deberá darse la preferencia a tipos de sancióndistintos del encarcelamiento” (Vid. Gomiz, María Micaela ySalgado, Juan Manuel, “Convenio 169 de la O.I.T. sobre Pueblos Indígenas. Su aplicación en el derecho interno argentino…”. 


Esta no es la primera vez que el Juez Villanueva actúa de esa forma totalmente racista contra los pueblos y naciones indígenas y sobre todo contra Facundo Jones Huala. Sin ir más lejos, el mismo juez dio lugar al pedido de extradición, desconociendo y haciendo caso omiso a la sentencia del primer juez, Dr. Guido Otranto que declaró en el primer fallo la nulidad del juicio de extradición. Esto tal como argumento Sonia Ivanoff al pedir este nuevo recurso de excarcelación y figura en el expediente: “pone en grave crisis nuestro sistema federal violando el artículo 5 y 7 de la Constitución Nacional además del artículo 31 de la Constitución Nacional que garantiza la supremacía de la Constitución”. De más esta recalcar que Facundo Jones Huala sigue estando de manera también paradigmática en prisión preventiva sin inclusive una sentencia firme hace más de 36 meses.

El caso de Rafael Nahuel: Villanueva además de demorar la causa, mantiene la orden de detener a dos testigos mapuches

Por otra parte, este mismo juez Gustavo Villanueva es el que sigue estando a cargo del Juicio el asesinato de Rafael Nahuel a manos de un operativo comandado por Prefectura y cuya causa sigue sin avanzar pese las numerosas pruebas contra la Prefectura, cuando se van a cumplir 8 meses. Recién ahora declaró negando todo el prefecto Pinto, quién no pudo explicar sobre su ingreso al lago Mascardi donde sucedió el hecho y tampoco sobre la falta de proyectiles en su arma. Y este mismo juez Villanueva, a pesar de las pruebas y de antes haberles otorgado la libertad, mantiene la orden de detención de los dos testigos (también mapuches) que además bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel y ese mismo 25 de noviembre de 2017 habían sido incluso detenidos y golpeados por las fuerzas federales.


En diciembre de 2017 la Justicia los imputó y detuvo por “usurpación y atentado a la autoridad agravada”, y el Juez Villanueva luego los liberó en esa fecha. Tras esto el Ministerio Público Fiscal apeló contra la misma pidiendo aumentarles las penas contra lo que establece el propio Código Penal y Villanueva a partir de este pedido ordeno nuevamente detenerlos. Esa última orden se mantiene hasta el día de hoy, pese varios recursos que se presentaron contra la misma, además desde ya de la falta contundente de pruebas contra Fausto y Lautaro.

La falta de pruebas se debe a que hasta en las actas de las propias fuerzas figura que ambos se acercaron en forma pacífica y por ende no hay forma de comprobar que esto sea un atentado, y menos usurpación al no acrecentarse ninguna prueba que así lo demuestre.


Tras todo esto, recientemente hace unos días Maurico Rojas, abogado de Fausto y Lautaro nos informó que la situación de ambos hoy en día está en un limbo jurídico:

“La situación de ellos es un limbo jurídico, ni bien casación da el fallo, se presentaron una serie de recursos, entre ellos el recurso extraordinario federal que tiene carácter suspensivo de la decisión, eso lo dice hasta la doctrina, la jurisprudencia, lo dicen todxs lxs colegas, lo dice la Corte. Sin embargo el Juez Villanueva considero que no era suspensivo que era de aplicación inmediata y ordeno la captura.

Ese recurso fue cajoneado por casación, no me lo rechazan ni me lo aceptan. Lo han dejado cajoneado y dicen que hasta que se presenten Fausto y Lautaro ahí van a analizar, pero de esa manera lo que ellxs están haciendo es generar una situación de limbo jurídico porque ni aceptan, ni rechazan el recurso extraordinario por lo tanto no nos permiten ir a la Corte.

Por ende la situación legal es que hoy por hoy tanto Fausto como Lautaro están en un limbo jurídico, y claramente para la defensa la orden de detención de Villanueva es ilegal porque están vigentes los plazos procesales para que se resuelva el recurso extraordinario federal”

lunes, 16 de julio de 2018

Ecuador - Un juicio histórico: indígenas y campesinos ganan lucha contra Chevrón

Corte Constitucional Negó la Acción Extraoridnaria de Protección solicitada por Chevron
BOLETIN DE PRENSA
11 de julio de 2018

La Corte Constitucional de Ecuador notificó a las partes la resolución en la que niega la acción de protección solicitada por Chevron. Esta acción tenía por objetivo evitar el pago de la sentencia que le impusieron las Cortes de Justicia de Ecuador, y así evadir su responsabilidad legal por la reparación de las zonas contaminadas.


La tarde de ayer, mediante notificación enviada a los abogados de las partes, la Corte Constitucional dio a conocer oficialmente la resolución del pleno llevado a cabo el día miércoles 27 de junio del año en curso y que niega la acción extraordinaria de protección. Con esta resolución culminan todos los recursos disponibles en Ecuador dentro de este proceso judicial.

En un extenso documento de 151 páginas la Corte Constitucional detalla toda la argumentación que le lleva a “Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales”; y, “Negar la acción extraordinaria de protección planteada” por Chevron Corp., en la que aduce que se le violaron sus derechos constitucionales.

Este fallo es un gran paso para acceder a la justicia, dijo Willian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT), organización en la que se amparan más de 30 mil afectados y que ha llevado este caso frente a todas las cortes posibles. “Luego de 25 años de lucha, finalmente podemos cerrar este capítulo. Estamos dando pasos firmes para que se nos haga justicia”, dijo el dirigente de la UDAPT.

Según Lucitante, ahora Chevron no puede seguir engañando en otras jurisdicciones, en las que sostiene que la sentencia no es ejecutable porque el juicio no ha terminado en Ecuador, lo que le sirve para solicitar que los procesos de homologación y ejecución de la sentencia se detengan y no se pueda hacer efectiva la obligación judicial, cobrar la deuda y proceder a la reparación de más de 480 mil hectáreas de selva que hasta ahora albergan cientos de tóxicos regados por la petrolera.

Donald Moncayo, subcoordinador de la UDAPT y representante de las comunidades de colonos afectadas por la contaminación, recalcó que no es un triunfo solamente de la organización, sino de cientos de organizaciones y millones de ciudadanos del mundo, que luchan por defender la vida y acceder a la justicia. Recalcó que estos 25 años han sido de aprendizaje, tanto para los afectados como para miles de luchas sociales, que han tomado este caso como un ejemplo para desentrañar las estructuras de impunidad que cobijan a las empresas transnacionales y les permiten violar los derechos humanos de las comunidades donde operan.

Este caso no afecta solamente a Chevron, dijo Moncayo, sino que sienta un precedente para juzgar a las corporaciones, que generalmente con la complicidad de los Estados, cometen crímenes ambientales y contra los seres humanos. Es una victoria contra el sistema de injusticia e impunidad corporativa que opera en todo el planeta, sostuvo.

Pablo Fajardo, Procurador Común de los afectados recalcó que en el Ecuador, los jueces de las tres instancias judiciales y los magistrados de la Corte Constitucional, cumplieron con su deber, a pesar de las inmensas presiones que vivieron. Fajardo agradeció a nombre del país a esos jueces que no sucumbieron ante los chantajes e intentos de soborno, que es una práctica común de las Transnacionales, como se ha evidenciado en múltiples casos que fueron denunciados oportunamente, en el transcurso de más de dos décadas de este juicio.

Fajardo reconoció que éste no es solo un triunfo de la UDAPT o los afectados, es un triunfo de todos los pueblos del mundo que luchamos por el acceso a la justicia, por una vida digna y por el respeto nuestros derechos ante los crímenes corporativos. No hemos vencido solo a Chevron, hemos vencido al sistema de impunidad Corporativa en el Ecuador.

Recalcó que el sistema judicial ecuatoriano, ha sido el único en el mundo que ha conocido y tratado a profundidad el Caso Chevron. Sobre la base de pruebas y argumentos legales suficientes ha dado la razón a los afectados en las dos instancias judiciales, en la Corte Nacional de Justicia y ahora en la Corte Constitucional. Con ello, sostiene, el “crimen cometido por la petrolera” es evidente y está comprobado, por lo que no se puede seguir hablando de un supuesto daño ni mucho menos que es un fraude.

Finalmente los afectados se mostraron satisfechos tanto por el fallo, como por el precedente global que han logrado sentar. Era impensable dijo el Coordinador de la UDAPT, que un grupo de 30 mil indígenas y campesinos pobres le hicieran frente a una de las corporaciones más poderosas del mundo, “ahora hemos demostrado que es posible”, que el poder del dinero tiene límites cuando se enfrenta con la dignidad de los pueblos. Afirmó que la lucha no ha concluido y que seguirán litigando en cortes extranjeras, como la de Canadá, para validar la sentencia.

Posted by UDAPT, in Corte Constitucional.

jueves, 24 de mayo de 2018

ATAQUE Y REPRESIÓN AL PUEBLO WICHÍ EN SALTA

En la jornada de hoy la policía salteña reprimió al Pueblo Wichi en la Ruta 54, cuando reclamaban por sus derechos colectivos, por atención en salud y en lo social a sus familias y miembros.


Los Wichi de la Comunidad La Curvita vienen sufriendo una situación de emergencia territorial y social, agravada  por la catástrofe climática que sufrió la región chaqueña, cuando en febrero pasado el río pilcomayo avanzo sobre sus Territorios. A raíz de la cual  miles de familias de los Pueblos Originarios en la zona quedaron a la deriva y desalojados de sus territorios y abandonados a su suerte.

Pese a los anuncios e informes del gobierno provincial y nacional, la situación real y de fondo nunca fue atendida, por el contrario la situación fue empeorando y agravando, solo paliada por la solidaridad de colectivos organizados que ayudaron y acercaron las ayudas de una sociedad que se hizo eco de esta realidad.

Los hermanos y hermanas Wichi y Qom de La Comunidad La Curvita se reubicaron como pudieron en otra parte del territorio que habitan desde siempre, con viviendas precarias, sin acceso al agua, luz, ni a los servicios básicos de salud.

La desatención del Estado y las instituciones correspondientes obligo a los Wichi y Qom a tomar una medida pacífica de corte de ruta, la cual fue salvajemente reprimida por la policía e infantería de la provincia. 

Del ataque represivo se hirieron a decenos de hermanos y hermanas oriiginarias, detuvieron a las autoridades comunitarias Rogelio y Mario Segundo.

El reclamo y demanda de los hermanos y hermanas Wichí y Qom de la Comanidad La Curvita es una inmediata atención en salud, para lo cual proponen la instalación de una Salita de salud Intercultural que pueda dar respuesta y atención inmediata a los niños, niñas y adultos mayores ante la emergencia sanitaria que les toca vivir. Es necesario garantizar el tendido de la luz, colaboración para poder mejorar las precarias viviendas y poder contar con agua sana y comestible.

Exigimos la inmediata liberación de las autoridades originarias detenidas por el solo hecho de reclamar sus derechos a vivir  libremente y con plenos derechos en sus propios territorios.

Exigimos al Estado y a los funcionarios de los organismos correspondientes se hagan cargo de este nuevo atropello a los Pueblos Originarios.











lunes, 14 de mayo de 2018

No habrá desalojo en la comunidad mapuche de Villa Mascardi

Es el lugar donde Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. El Juez Villanueva rechazó el pedido de desalojo inmediato realizado por Parques Nacionales.


El Juez Gustavo Villanueva rechazó ordenar de manera inmediata el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu de la zona de Villa Mascardi, tal como había solicitado la Administración de Parques Nacionales. Según entendió el magistrado, no se cumplió con la intimación a los “ocupantes” para que “restituyan los bienes en el plazo de 30 días corridos”, tal como establece la ley.

En esa comunidad, el 25 de noviembre de 2017, un grupo de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresó al territorio y asesinó a Rafael Nahuel, en un hecho que la Justicia aún investiga.

Dos días antes, por orden judicial del mismo Juez, se realizó un operativo de desalojo que culminó con la detención de cuatro mujeres y cinco niños.

En su reciente resolución -a la que accedió En estos días-, Villanueva recordó que la causa penal por el asesinato de Rafael “se encuentra actualmente en trámite y que lo que aquí se pretende (el desalojo=, ya fue oportunamente ordenado en dichos autos, y cuyo resultado disvalioso ha devenido de público y notorio conocimiento”.

“Todas estas circunstancias -señaló el magistrado- me convencen de que la medida de lanzamiento solicitada debe ser rechazada”, concluyó.

El fallo otorga tiempo para la consolidación de la presencia de la comunidad en el lugar, hasta tanto pueda resolverse la puja de fondo en torno a la presencia originaria de esa comunidad en la zona.

domingo, 29 de abril de 2018

El municipio que se convirtió en autonomía guaraní

Cerca de la frontera con Paraguay y Argentina, el municipio más grande de Bolivia se convierte en la primera autonomía indígena del mundo reconocida por el Estado

Un poste pintado anuncia la autonomía en la plaza central de Charagua.

Charagua no parece muy diferente del resto de pueblos del oriente boliviano: calles de tierra con una gran plaza rectangular en el centro, arbolada, con un quiosco de música, alguna vaca pastando y una iglesia blanca en uno de sus lados. Al otro, una placa de metal en un edificio anuncia la sede del gobierno municipal, aunque eso ya no sea verdad porque esta zona del Chaco boliviano, cerca de la frontera con Paraguay y Argentina, es desde enero de 2017 la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae. Es la primera autonomía indígena en el mundo reconocida como administración pública. Ya no hay alcalde, ni concejales, ni listas de partidos políticos.

Con casi 72.000 kilómetros cuadrados de superficie (más de dos veces Cataluña) Charagua era el municipio más grande de Bolivia. Cuando se sale de las dos zonas urbanas y se avanza hacia el territorio de las cuatro capitanías guaraníes que lo componen, el paisaje urbano da paso a un terreno más árido propio de una zona donde solo llueve dos meses y las temperaturas superan los 25 grados casi todo el año.

Arnold Molina conduce una pick-up por la carretera de tierra, mientras escucha los éxitos veraniegos de reguetón. Viste vaqueros y una camisa con logotipo de marca y alterna el guaraní y el castellano en función de con quién habla. Arnold forma parte del órgano ejecutivo del nuevo gobierno, en guaraní Tëtarembioukai Reta¸ un espacio formado por siete miembros, uno por cada uno de los dos núcleos urbanos y las cuatro capitanías y un coordinador. Como él mismo lo define, su función consiste en “ejecutar todas las necesidades que vienen desde las comunidades”. Cuenta que trabajan en pequeños proyectos, como garantizar que el desayuno escolar se haga con productos locales. Los representantes tienen que rendir siempre cuentas a sus asambleas comunales y estas les pueden revocar.

Puente entre la base y el poder
El Ñemboati Guasu se concibe como un puente entre la organización de base y los órganos ejecutivo y legislativo

La música del vehículo la pone Marianela Baldelomar, una joven de 25 años que también es autoridad desde el año pasado. Forma parte del Ñemboati Guasu, un órgano deliberativo que constituye la principal innovación en el nuevo esquema democrático de Charagua. Se considera la máxima instancia de decisión y se concibe como un puente entre la organización de base y los órganos ejecutivo y legislativo.

Ella fue una de las voces que apoyó la autonomía en el territorio más reacio y el que mostró mayor oposición, Charagua Pueblo. Y eso que, de padre charagüeño y madre del occidente de Bolivia, no tiene raíces guaraníes. Alrededor del 60% de la población del territorio es guaraní, el cuarto pueblo indígena de Bolivia, con alrededor de 60.000 personas mayores de 15 años (datos de 2012).

A la autonomía se opusieron desde el principio los grupos de poder de los núcleos urbanos, en general más acomodados que los habitantes de las comunidades, pero menos numerosos. La mayoría de la población es rural y pobre. En Charagua, el 89% de sus 38.000 habitantes vive en comunidades rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Siete de cada diez personas vivían bajo el umbral de la pobreza en 2012, cuando se publicó el último censo que desglosa datos por municipio. Entonces, en todo el país esa cifra era del 44,9%.

Una región profundamente agrícola

En el órgano legislativo y en la asamblea deliberativa se da la paridad, en el ejecutivo sólo hay una mujer de siete miembros

Charagua está compuesto por 137 comunidades, separadas por caminos de tierra y pobladas con casas de adobe y algunas blancas de cemento construidas tras unas fuertes inundaciones hace unos años. Sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería: sobre todo siembran maíz, sorgo, arroz y frutales en un territorio moderadamente seco, cálido durante el día, pero también vulnerable a las heladas en invierno.

Bolivia recoge en su Constitución el derecho a consulta para que las comunidades indígenas decidan sobre los proyectos que afectan a su territorio, pero aún no está claramente regulado. Parte de la importancia de la autonomía es justamente que se planifique mejor, explica Miguel Suárez, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), una ONG boliviana presente en Charagua desde hace décadas.

Trabajan en leyes propias para gestionar una zona con buena presencia de recursos naturales, como calizas para fabricar cemento y proyectos de extracción de gas natural. “Desde la autonomía no se puede coartar el desarrollo, pero hay necesidad de poner un paraguas para que no impacte”, comenta Suárez desde la oficina de la ONG.

En el día a día de Charagua, hay quebraderos de cabeza más mundanos, como que una helada haya echado a perder casi todos los cultivos. Ángel Sampaquiri desborda un canal de agua para regar sus cultivos de yuca, sorgo y maíz. Por la mañana pastorea a las ovejas y cuida su pequeño terreno hasta que se pone el sol. “Nosotros los guaraníes cultivamos con las manos”, dice orgulloso, revelando una mezcla de tradición y falta de recursos. “No tenemos para tractor”, confiesa.

El problema en Charagua, y sobre todo en Parapitihuasu, la capitanía donde trabaja Sampaquiri y la más extensa, no es la falta de tierras. Los habitantes pueden cultivar todo lo que quieran, o, mejor dicho, todo lo que puedan, porque las tierras son comunitarias, como explica Wilder Moza, ingeniero agrónomo y encargado del trabajo de desarrollo productivoen Charagua con CIPCA. Se trata de fijar la población y tratar de evitar el trabajo estacional en actividades como la zafra de la caña de azúcar o con las empresas petroleras, “que no es muy sostenible como modo de vida”, asegura.

La autonomía, un largo proceso

La transición a la autonomía comenzó oficialmente en 2009 cuando, después de aprobarse la nueva constitución boliviana, el sí se impuso en un referéndum para iniciar el proceso. La consulta es solo el primer paso para que un municipio pueda convertirse en autonomía indígena, explica José Luis Exeni, vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. A continuación, ha de elegirse una asamblea para redactar un estatuto, el texto lo debe aprobar el Tribunal Constitucional, después debe someterse a un segundo referéndum en el territorio y, finalmente, deben elegirse las autoridades. En Charagua, les llevó siete años.

En la práctica, sostiene Exeni, existen problemas administrativos porque “el sistema estatal de gestión está pensado para un gobierno municipal, no para un gobierno indígena”. Por ejemplo, durante los cuatro primeros meses de gobierno un simple problema burocrático impidió que se pudiera ejecutar el presupuesto: el banco no reconocía el nuevo nombre de la autonomía y no daba autorizaciones a los administradores.

El estatuto charagüeño impone criterios de igualdad de género para elegir las autoridades que no son propios de la política guaraní. En el órgano legislativo y en la asamblea deliberativa se da la paridad, con 6 mujeres de 12 y 12 de 27. Sin embargo, en el ejecutivo solo hay una mujer de siete miembros, porque cada zona elige a un único representante. Ella es Delcy Medina. Ama de casa hasta ser elegida a finales de 2016, dejó de estudiar a los 15 años. “Mi universidad fue la asamblea”, asegura ella, que ha sido dirigente guaraní desde hace más de 10 años. Su marido trabaja para las petroleras que operan en la región del Chaco, donde se encuentran los principales yacimientos de gas natural de Bolivia, su principal exportación.

La ejecutiva destaca que su equipo es paritario por iniciativa suya, con cuatro mujeres y cuatro varones, y sostiene que las mujeres conocen mejor las necesidades del territorio. “Me gustaría que algún día haya una presidenta de la nación guaraní”, señala.

El alcalde que ya no es alcalde

“La importancia y el valor que tienen de poder ser el primer gobierno indígena para nosotros es fundamental, pero seguimos recibiendo los mismos recursos”, dice Belarmino Solano, coordinador del Ejecutivo o Tëtarembioukai Reta Imborika (TRI). Él es lo más parecido al alcalde que hay bajo el nuevo sistema: tanto es así que fue electo alcalde en 2015, bajo las siglas oficialistas del Movimiento al Socialismo (MAS) pero con un acuerdo de culminar la transición a la autonomía durante su mandato. Sin embargo, sus actuales funciones y el personal a su disposición han mermado. Ya no es responsable de la ejecución presupuestaria, que queda descentralizada en los seis ejecutivos, y sus principales funciones son la representación del gobierno autónomo ante otros niveles de gobierno, ONG e instituciones de todo tipo. El continuismo de su figura ha sido una forma de buscar estabilidad y hacer una transición ordenada.

Un año después de que desapareciese el municipio de Charagua, aún queda un largo camino por recorrer, desde conseguir recursos para mejorar la vida de las comunidades más marginadas hasta desarrollar nuevas normas en un experimento de gobierno único en el mundo. Pero Charagua Iyambae emerge en un rincón de Bolivia como un hito en la historia indígena, 30 años después de que se fundara la Asamblea del Pueblo Guaraní para defender las formas de organización y el acceso a la tierra de un pueblo guerrero, pero golpeado.