miércoles, 10 de enero de 2018

Familia campesina del oeste formoseño denuncia impunidad y abandono del estado:

IMPUNIDAD Y ABANDONO

La imagen puede contener: 6 personas, personas sonriendo, exterior y naturaleza
El Sr. Domingo Romero denuncia, una vez más, que fueron desalojados del Paraje El Divisadero, Departamento Ramón Lista, Provincia de Formosa (lugar donde nació y vivió toda su vida con su familia), por civiles armados (al servicio de poderosos) en el mes de febrero del año 2017 y que hasta la fecha el caso permanece totalmente impune.

Aldo Romero (hijo de don Domingo y doña Blanca Sánchez) relata: “los asaltantes que nos desalojaron contaban con apoyo político y complicidad policial que facilitaron los desalojos, los robos y las destrucciones”. Continua diciendo: “resulta inexplicable que las autoridades no hayan hecho nada por nosotros y que los asaltantes y cuatreros sigan cometiendo ilícitos impunemente a pesar de innumerables denuncias”.

Domingo y Aldo Romero, recuerdan que después del robo y desalojo tuvieron reuniones con autoridades policiales, representantes del ministerio de la producción, intendentes municipales de Gral. Mosconi, Ing. Juárez y Pozo de Maza donde las autoridades se comprometían a gestionar soluciones a los graves problemas acaecidos pero que nunca cumplieron; aclaran: “existe un acta de los compromisos asumidos”.

Doña Higinia Risso, esposa de Aldo Romero y madre de tres hijos, expresa: “el desalojo, las amenazas de muerte, el robo y la destrucción de nuestra casa nos hizo mucho daño en lo económico, en lo anímico, en la salud y en todos los aspectos; en pocas horas perdimos casi todo lo que teníamos, es muy triste y doloroso y las autoridades no hicieron nada a favor de nosotros”. Higinia reitera: “Nos robaron, nos amenazaron de muerte, nos expulsaron, nos desalojaron y las autoridades nos dejaron tirados”.

Por otra parte don Domingo relata: “Nos destruyeron todo, corral, chiquero, huerta, cerco, pozo de agua, alambrados, potreros, y nos robaron muchos animales”. Y con lágrimas en los ojos agrega: “destruyeron la tumba de mi papá y mamá y se ensañaron con los restos”.

También comentan: “después que nos desalojaron una empresa privada entro a la tierra que nos pertenece a realizar perforaciones de gran envergadura y un conocido empresario extra provincial estuvo recorriendo el campo”.

Por último, doña Blanca, Domingo, Aldo e Higinia coinciden y dicen: “pasamos Navidad y Año Nuevo como exiliados, se burlan de nosotros y somos muchas las familias que sufrimos los abusos de poder de las autoridades”. Continúan: “queremos justicia, queremos recuperar nuestra tierra, queremos que nos devuelvan todo lo que nos pertenece”.

Desde el Movimiento Campesino de Formosa y el Frente Nacional Campesino acompañamos los justos reclamos de las familias campesinas del oeste formoseño que denuncian desalojos, violencia, cuatrerismo, aprietes e impunidad. Los beneficiarios del despojos contra los campesinos son políticos y empresarios.

Benigno López
Movimiento Campesino de Formosa
Frente Nacional Campesino

Contacto: Aldo Romero: 3718- 590966 / 3711-404917

martes, 26 de diciembre de 2017

ADOPTADO OFICIALMENTE EL DECENIO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 2019-2028 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El Comité de Coordinación Mundial del AIAF+10, impulsor de la campaña para la declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 y ahora del Decenio, está desarrollando un Plan de Acción que será propuesto a la FAO, el FIDA y los gobiernos.

20 de Diciembre 2017, Nueva York.- La Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión 72ª, ha adoptado oficialmente este 20 de diciembre de 2017 el Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028. Este Decenio servirá como marco para promover mejores políticas públicas de Agricultura Familiar y ofrece una oportunidad única para contribuir a poner fin al hambre y la pobreza y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles-ODS. El documento de Resolución del Decenio, propuesto a principios de octubre por un grupo de 14 países liderados por Costa Rica, fue co-patrocinado por un total de 104 países y aprobado por unanimidad en el pleno de la Asamblea General. Esto es muestra del gran interés que el tema ha despertado en los países.

El Comité de Coordinación Mundial (CCM) del AIAF+10 saluda esta resolución, que afianza sus demandas y refuerza su compromiso en seguir trabajando y apostando por la construcción de nuevas y mejores políticas en favor de la Agricultura Familiar en los países y en las regiones. Con este objetivo, el CCM ha trabajado intensamente para lograr la declaración de este Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028.

El Comité de Coordinación Mundial (CCM), Comité Consultivo Mundial durante el AIAF-2014, está compuesto actualmente por representantes de las organizaciones ROPPA, PAFO, INADES INTERNACIONAL, COPROFAM, RELACC, PDRR, AFA, ASIADHRRA, SEWA, UPA, AFDI, NZYF, OXFAM, IFOAM Organics International, ACTION AID, FRM, así como de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar de Madagascar, Costa Rica y Nepal. El Foro Rural Mundial (FRM) ejerce las funciones de Secretariado del CCM.

La adopción de este AIAF+10/Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028, es fruto de un largo proceso que dio comienzo en 2008 con la Campaña para la Declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014), coordinada por el Foro Rural Mundial e impulsada principalmente por organizaciones de la Agricultura Familiar, que cosechó significativos logros a favor de la Agricultura Familiar sobre todo en términos de política pública. La propia Resolución reconoce que el AIAF-2014 “dio más visibilidad a la función de la Agricultura Familiar, el pastoreo y las pequeñas explotaciones agrícolas como prácticas que contribuyen a lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición”.

La declaración de este Decenio ha sido posible gracias al apoyo y gran trabajo de organizaciones internacionales, especialmente FAO, FIDA, ILC e IICA, y hoy queremos expresar nuestro sincero reconocimiento por esta apuesta. Además, reconocemos el apoyo de todos los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF) y la Comunidad de Estados de Lengua Portuguesa (CPLP) y de otras más de 300 organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, centros de investigación, organizaciones internacionales y cooperativas, entre otros. Cabe reiterar, la gran labor de liderazgo del Gobierno de Costa Rica.

UN PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO EN FAVOR DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL DECENIO

Este AIAF+10/Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028 nos brinda la mejor de las oportunidades para trabajar en conjunto en el impulso de nuevas y mejores políticas públicas en favor de la Agricultura Familiar.

El CCM ha empezado a trabajar en un ambicioso Plan de Acción que haga de este Decenio un instrumento eficaz que mejore la situación de nuestros y nuestras agricultoras familiares. Este Plan de Acción será propuesto a FAO, FIDA y gobiernos.


Del mismo modo, el CCM buscará el establecimiento rápido de un mecanismo de gobernanza del Decenio que ofrezca un lugar relevante a la sociedad civil.

EL DECENIO RECONOCE EL PAPEL DE LOS CNAF Y LA IMPORTANCIA DE LA ACUACULTURA, EL PASTOREO Y LOS BOSQUES EN LA AGRICULTURA FAMILIAR

En el documento de resolución del Decenio se reconoce el importante papel que los Comités Nacionales de Agricultura Familiar-CNAF jugaron en el AIAF-2014, y que se extiende también al Decenio. Por ello, el AIAF+10/Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028 buscará fortalecer e impulsar el trabajo de los CNAF presentes en los cinco continentes. Se espera que el Decenio se centre también en la elaboración de Directrices de apoyo a la Agricultura Familiar.

El CCM desea especialmente destacar algunos elementos incluidos en el documento de resolución que son de especial relevancia, como son: el fomento del intercambio de experiencias “farmer to farmer”; el concepto integrador de agricultura familiar, que incluye bosques, acuicultura, pastoreo y pesca familiar, así como el papel fundamental que juegan mujeres y jóvenes en la agricultura familiar.

lunes, 25 de diciembre de 2017

Las urnas abiertas de América Latina

En Brasil, la vuelta del PT al poder dependerá de la suerte de Lula en la Justicia. En la convulsionada Venezuela, Nicolás Maduro se juega la reelección, mientras que Andrés López Obrador podría por fin ganar en México.

Gerardo Szalkowicz
Sábado 23 de Diciembre de 2017


Mientras el planeta Tierra va completando otra vuelta alrededor del Sol, empieza a asomar lo que será un año de alta intensidad electoral para América Latina, con escenarios definitorios de fuerte peso e incidencia que marcarán el rediseño del mapa político regional.

La agenda 2018 trae elecciones presidenciales en Brasil, Venezuela, México, Colombia, Paraguay y Costa Rica, además del recambio de mandatario en Cuba; disputas que confirmarán si se consolida la hegemonía conservadora revitalizada en los últimos años o si se abre el camino a un eventual reimpulso de las fuerzas progresistas.

Las madres de todas las batallas

Los principales centros de gravedad serán sin duda Brasil y Venezuela. En el Gigante del Sur, Lula copa la escena como principal favorito según propios y extraños. Hasta el diario Folha de São Paulo –vocero de la oligarquía paulista– le da una intención de voto mayor al 35%. Unos 20 puntos debajo se ubica el militar retirado Jair Bolsonaro, otro símbolo del crecimiento de la ultraderecha mundial. El "Trump brasileño", aquel que en el impeachment a Dilma jurara por el coronel que la torturó en la dictadura, tiene en su acervo frases como "los negros no sirven ni para procrear", "sería incapaz de amar a un hijo homosexual" o "no te violo porque no lo merecés". Más atrás aparecen Marina Silva (REDE) y Geraldo Alckmin (PSDB). El partido de Michel Temer (PMDB) ni siquiera figura en la categoría "otros".

Mucho podría cambiar en la geopolítica latinoamericana si el PT vuelve a gobernar Brasil, la principal economía de la región. Para eso, Lula tendrá que sortear la ofensiva judicial: el Día D será el 24 de enero, cuando se ratifique o no la condena a nueve años por el caso Lava Jato. Todo indica que el futuro del exmandatario estará en prisión o en el Palacio de Planalto.

En Venezuela, después de reencauzarse la disputa política al terreno democrático, empieza a palpitarse lo que será otra elección clave para América Latina. Sin fecha confirmada (sería octubre pero se podría adelantar), el chavismo va por la reelección de Maduro, mientras la derecha atraviesa una etapa de agudo desconcierto, fracturada en cinco pedazos y huérfana de liderazgos potables.

El año 2017 estuvo marcado por la feroz ofensiva internacional –diplomática y mediática– contra el gobierno y el intento insurreccional opositor neutralizado con la Asamblea Constituyente. La recuperación del chavismo se ratificó en las elecciones regionales (consiguió 19 de las 23 gobernaciones) y municipales (ganó el 92% de las alcaldías). Pero si la revolución bolivariana recompuso fuerzas en el terreno político, su supervivencia se jugará en el plano económico: si el gobierno logra revertir su ineficacia frente a un sabotaje que hace más de cuatro años asfixia la cotidianeidad de la población.

México: ¿la tercera es la vencida?

El principal condimento de los comicios mexicanos del 1 de julio son las altas chances presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Luego de perder con serias denuncias de fraude en 2006 y 2012, va por la vencida. Por el peso económico del país y por ser la puerta de entrada al Norte, también el ajedrez político regional viviría una alteración importante si la centroizquierda gana tras décadas de neoliberalismo narco-criminal.

Su principal rival es José Antonio Meade, quien buscará la continuidad del PRI después de un nefasto sexenio de Enrique Peña Nieto. Tecnócrata de pura cepa, Meade fue funcionario público por más de 20 años y nunca compitió por cargos de elección popular. El tercero en discordia será Ricardo Anaya, aspirante por la extraña coalición entre el derechista PAN y el otrora centroizquierdista PRD.

El otro elemento significativo es la irrupción de los pueblos originarios en el terreno electoral. Impulsada por el Congreso Nacional Indígena y con apoyo del zapatismo, se abre paso la candidatura de la médica tradicional María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, una apuesta que oxigenó la vapuleada democracia mexicana.

Colombia: la paz también se juega en las urnas

Las presidenciales del 27 de mayo tendrán como telón de fondo la implementación de los acuerdos de paz, por lo que el principal vector del debate previo gira en torno a las posturas frente al posconflicto, en medio de un escenario de gran apatía.

Si bien aún falta cocinarse las alianzas definitivas, cinco candidatos encabezan los sondeos. La derecha dura estará representada por el uribista Iván Duque y por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. También figuran con buena intención de voto el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro (centroizquierda) y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Más atrás aparece Humberto de la Calle, jefe negociador de la paz en La Habana. Como novedad, estará el debut de las FARC convertida en partido político.

Colombia decidirá no sólo la conducción del país sino también la impronta que tome el fin del conflicto armado más largo en la historia continental. Y qué ocurra frente a otras urgencias como el recrudecimiento del paramilitarismo que dejó en 2017 más de 130 líderes sociales asesinados.

Otros escenarios electorales

"Cuando la Asamblea Nacional se constituya, habrá concluido mi segundo y último mandato al frente del gobierno y Cuba tendrá un nuevo presidente". Así anunciaba Raúl Castro que el próximo 19 de abril culminará el proceso electoral con la designación de un mandatario que, por primera vez en seis décadas, no llevará el apellido Castro. Se prevé que el elegido sea el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel.

En Paraguay, la disputa del 22 de abril será entre el oficialista Partido Colorado, que presenta a Mario Abdo Benítez (hijo del exsecretario del dictador Alfredo Stroessner) y Efraín Alegre, de la alianza entre el Partido Liberal y el Frente Guasu, del exmandatario Fernando Lugo destituido con el golpe parlamentario de 2012.

El año electoral en la región arranca el 4 de febrero en Costa Rica. Tres de los 13 candidatos despuntan en medio de una gran apatía e indiferencia: Juan Diego Castro, un abogado famoso por sus reclamos de mano dura, y los dos representantes del viejo bipartidismo, Antonio Álvarez (Partido Liberación Nacional) y Rodolfo Piza (Partido Unidad Social Cristiana). Casi sin chances aparecen el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) y la izquierda del Frente Amplio.

Mientras el futuro de América Latina se disputa en diversos terrenos (la lucha en las calles seguirá siendo un factor clave), en el plano electoral se viene un año intenso que marcará la deriva política regional. «

sábado, 23 de diciembre de 2017

Protección para los mapuches



Integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe en una de las protestas por las tierras explotadas por YPF.
Fallo unánime e la Cámara de Casación sobre una comunidad de Vaca Muerta

Con argumentos de fondo sobre el conflicto de tierras, los jueces Slokar, Figueroa y Hornos concedieron un hábeas corpus que había sido denegado por instancias inferiores pese a las acciones amenazantes de la Gendarmería contra una comunidad mapuche.
Por Martin Granovsky

Un fallo de la Cámara de Casación reconoció por unanimidad el reclamo de la comunidad mapuche Lof Campo Maripe en tierras explotadas por YPF en la zona de Vaca Muerta. Le concedió el hábeas corpus que un tribunal inferior le había denegado y ordenó garantizar la integridad física y la libre circulación de los miembros de la comunidad.

La sentencia, de 38 páginas, lleva las firmas de los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos. 

El juez Slokar fue sorteado para liderar el voto, es decir para emitirlo primero. Con sus propios argumentos Figueroa y Hornos coincidieron igualmente en otorgar el hábeas corpus.

El texto de Slokar alude a la existencia de lo que define como “un capitalismo predatorio” y cita la Encíclica del Papa Francisco “Laudato si” cuando expresa que “es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con su tradiciones culturales”. Otro párrafo citado es éste: “No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios”. Según el Papa “para ellos la tierra no es un bien económico sino don de Dios y de los integrantes que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”. Sin embargo, “en distintas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”. 

Otro de los antecedentes jurídicos que consta en el voto de Slokar es la propia Constitución Nacional, según la formulación que quedó vigente tras la reforma de 1994. El fallo recuerda que la acción de hábeas corpus presentada por la comunidad “se enmarca en un reclamo cimentado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, en cuanto reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, apartado cuya operatividad es dable reconocer”.

El artículo 75 fue incorporado en 1994 por iniciativa de la constituyente Elva Roulet, ex vicegobernadora radical de la provincia de Buenos Aires entre 1983 y 1987, que presidía la comisión sobre nuevos derechos acompañada del actual senador Fernando Pino Solanas. Por iniciativa del constituyente del Frente Grande Carlos Chacho Alvarez el artículo fue aprobado por la unanimidad de todos los bloques. 

De ese artículo surgió en 2006 la ley 26.160 que dispuso terminar de relevar las tierras comunitarias ocupadas por pueblos originarios. El relevamiento tendía a impedir los de- salojos y a resolver pacíficamente tanto los títulos definitivos como eventuales conflictos de posesión. Como 11 años después el relevamiento solo alcanzó a una tercera parte de las tierras en esas condiciones el Congreso acaba de prorrogar la ley. 

El fallo de Slokar señala que hasta ahora la Justicia no oyó debidamente el reclamo de las partes. El texto cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que amparó al pueblo indígena kichwa de Srayaku, en Ecuador. Ese fallo de la Corte IDH establece “el derecho a una tutela judicial efectiva, que importa la obligación de asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, el que ampara a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas”. La sentencia es de 2012. 

El fallo de la sala II de Casación revisa disposiciones de primera instancia que fueron avaladas por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro. La Defensa Pública Oficial, con la firma de Juan Carlos Sambuceti, interpuso un recurso de casación que fue rechazado y luego presentó una queja, que fue aceptada. 

El argumento de la DPO tiene varias partes:
  • Señala que en los casos de hábeas corpus las leyes contemplan la realización de una audiencia.
  • Sostiene que no alcanza con el análisis judicial de los informes remitidos por la autoridad que corresponda, los que, además, “no resultaban claros ni suficientes para despejar la idea de que se iba a producir una detención masiva de los integrantes de la comunidad”. 
  • Como no bastan los papeles rige “el principio de inmediación”, que “asegura el contacto directo del juez con las partes”. 
  • Si no están claros los derechos definitivos de la comunidad sobre la tierra, sería “inconducente justificar el ejercicio potencial de la fuerza pública a fin de proceder a la expulsión o desalojo de quienes se desconoce aun si resultan titulares de derecho sobre las tierras o no”. 
A su turno el fiscal general Javier De Luca constató que ni siquiera estaba claro el alcance de la orden de detención sobre los dirigentes de la comunidad mapuche y coincidió en que la audiencia debió haber sido realizada según el artículo 14 de la ley 23.098. Sin esa audiencia quedó afectado “el debido proceso legal”. También citó De Luca el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

El hábeas corpus fue presentado el 22 de junio de este año por los defensores públicos oficiales María Laura Irastorza y Pablo Antonio Matkowic, quien integra el Programa de Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación encabezada por Stella Maris Martínez. El coordinador del programa es Sebastián Tedeschi. 

Irastorza y Matkowic argumentaron que la comunidad era “ocupante del territorio ancestral Fortín Vanguardia, ubicado a 5 kilómetros de la zona de Añedo, área petrolera Loma de Campana, y cuyos líderes comunitarios son los señores Juan Albino Campo y Natalia Izaza”. El riesgo venía de las acciones de la Gendarmería Nacional y la policía neuquina, que habían actuado sin órdenes escritas. 

El juzgado federal número dos de Neuquén, que ocupa Gustavo Villanueva, preguntó a Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los poderes judiciales, ministerios públicos y legislaturas del Ministerio de Seguridad, Sifcop, si había antecedentes en contra de Izaza y de Campo. Cané respondió que no.

Otra consulta fue elevada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF respondió que había hecho denuncias genéricas a Gendarmería contra la Comunidad Campo Maripe. 

Una consulta más llegó al comandante principal de la Agrupación XII, Comahue, de Gendarmería. La respuesta fue que había recibido orden de actuar de parte del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y que luego llamó para controlar el operativo el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Se trata del mismo Noceti que estuvo presente antes del operativo y durante la represión en el Río Chubut en cuyo transcurso murió Santiago Maldonado. 

En su voto, la camarista Figueroa adhirió a la postura de Slokar y destacó la importancia de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en la Asamblea General de la ONU en 2007. Incluye “el derecho a la tierra y al territorio” como “un derecho humano”.

El juez Hornos subrayó que “la acción de hábeas corpus preventivo opera cuando la privación de la libertad no se ha concretado pero sí existe la amenaza cierta de que ello ocurra”.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

LANZAMIENTO DEL FORO POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE LXS PRESXS POLÍTICXS


FORO POR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE LXS PRESXS POLÍTICXS

A quienes conformamos este Foro nos convoca la necesidad de afrontar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores.

Al día de hoy se encuentran encarceladxs lxs cooperativistas Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Graciela López, Javier Nieva y Milagro Sala; el lonko Facundo Jones Huala, el ex Vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Planificación Roberto Baratta, el ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex contador de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner Víctor Manzanares, el ex canciller Héctor Timerman, y los dirigentes sociales Luis D’Elía, Diego Barreto, Fernando Esteche y Jorge Yussuf Khalil.

La figura de la prisión preventiva se utiliza arbitrariamente para privarlos de su libertad, derogándose de hecho el principio de la presunción de inocencia, principio fundamental del debido proceso legal. Además existe una extensa lista de procesadxs y un pedido de desafuero y detención contra la ex Presidenta y actual Senadora por la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner.

Hacen también a la degradación de la democracia la censura y persecución contra periodistas y la sistemática represión y criminalización de la protesta social.

Más grave aún, tenemos que lamentar dos muertes en contexto de represión. En el afán de cerrar el caso Santiago Maldonado como si su muerte en el río Chubut hubiera sido accidental, se exime de responsabilidad a la Gendarmería. Y asistimos al asesinato a mansalva de Rafael Nahuel, abatido por balas de la Prefectura cuando huía monte arriba del desalojo violento en Villa Mascardi.

Ante estos hechos, lxs abajo firmantes convocamos a los trabajadores, sindicatos, al movimiento de derechos humanos, a los partidos políticos, organizaciones territoriales, estudiantes, docentes, profesionales, artistas, pequeños y medianos empresarios, a los diputados y senadores con voluntad de resistir el avance del Estado de Excepción impuesto por el gobierno nacional, a constituirnos en un ámbito de acción política ,cuya mesa coordinadora está integrada por familiares y compañerxs de todxs lxs detenidxs, y cuyo objetivo es defender el Estado de Derecho y lograr la libertad de todxs lxs presxs políticxs.

La primera acción del Foro será una Jornada nacional por la libertad de lxs presxs políticxs fijada para el próximo viernes 22 de diciembre, en que se realizarán celebraciones ecuménicas en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz, Alto Comedero y Esquel.
Llamamos a todxs quienes comparten nuestros objetivos a suscribirse y/o adherir a este Foro.

Correo electrónico para enviar adhesión y/o suscripción:
forolibertadydemocracia@gmail.com