jueves, 24 de mayo de 2018

ATAQUE Y REPRESIÓN AL PUEBLO WICHÍ EN SALTA

En la jornada de hoy la policía salteña reprimió al Pueblo Wichi en la Ruta 54, cuando reclamaban por sus derechos colectivos, por atención en salud y en lo social a sus familias y miembros.


Los Wichi de la Comunidad La Curvita vienen sufriendo una situación de emergencia territorial y social, agravada  por la catástrofe climática que sufrió la región chaqueña, cuando en febrero pasado el río pilcomayo avanzo sobre sus Territorios. A raíz de la cual  miles de familias de los Pueblos Originarios en la zona quedaron a la deriva y desalojados de sus territorios y abandonados a su suerte.

Pese a los anuncios e informes del gobierno provincial y nacional, la situación real y de fondo nunca fue atendida, por el contrario la situación fue empeorando y agravando, solo paliada por la solidaridad de colectivos organizados que ayudaron y acercaron las ayudas de una sociedad que se hizo eco de esta realidad.

Los hermanos y hermanas Wichi y Qom de La Comunidad La Curvita se reubicaron como pudieron en otra parte del territorio que habitan desde siempre, con viviendas precarias, sin acceso al agua, luz, ni a los servicios básicos de salud.

La desatención del Estado y las instituciones correspondientes obligo a los Wichi y Qom a tomar una medida pacífica de corte de ruta, la cual fue salvajemente reprimida por la policía e infantería de la provincia. 

Del ataque represivo se hirieron a decenos de hermanos y hermanas oriiginarias, detuvieron a las autoridades comunitarias Rogelio y Mario Segundo.

El reclamo y demanda de los hermanos y hermanas Wichí y Qom de la Comanidad La Curvita es una inmediata atención en salud, para lo cual proponen la instalación de una Salita de salud Intercultural que pueda dar respuesta y atención inmediata a los niños, niñas y adultos mayores ante la emergencia sanitaria que les toca vivir. Es necesario garantizar el tendido de la luz, colaboración para poder mejorar las precarias viviendas y poder contar con agua sana y comestible.

Exigimos la inmediata liberación de las autoridades originarias detenidas por el solo hecho de reclamar sus derechos a vivir  libremente y con plenos derechos en sus propios territorios.

Exigimos al Estado y a los funcionarios de los organismos correspondientes se hagan cargo de este nuevo atropello a los Pueblos Originarios.











lunes, 14 de mayo de 2018

No habrá desalojo en la comunidad mapuche de Villa Mascardi

Es el lugar donde Prefectura asesinó a Rafael Nahuel. El Juez Villanueva rechazó el pedido de desalojo inmediato realizado por Parques Nacionales.


El Juez Gustavo Villanueva rechazó ordenar de manera inmediata el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu de la zona de Villa Mascardi, tal como había solicitado la Administración de Parques Nacionales. Según entendió el magistrado, no se cumplió con la intimación a los “ocupantes” para que “restituyan los bienes en el plazo de 30 días corridos”, tal como establece la ley.

En esa comunidad, el 25 de noviembre de 2017, un grupo de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresó al territorio y asesinó a Rafael Nahuel, en un hecho que la Justicia aún investiga.

Dos días antes, por orden judicial del mismo Juez, se realizó un operativo de desalojo que culminó con la detención de cuatro mujeres y cinco niños.

En su reciente resolución -a la que accedió En estos días-, Villanueva recordó que la causa penal por el asesinato de Rafael “se encuentra actualmente en trámite y que lo que aquí se pretende (el desalojo=, ya fue oportunamente ordenado en dichos autos, y cuyo resultado disvalioso ha devenido de público y notorio conocimiento”.

“Todas estas circunstancias -señaló el magistrado- me convencen de que la medida de lanzamiento solicitada debe ser rechazada”, concluyó.

El fallo otorga tiempo para la consolidación de la presencia de la comunidad en el lugar, hasta tanto pueda resolverse la puja de fondo en torno a la presencia originaria de esa comunidad en la zona.

domingo, 29 de abril de 2018

El municipio que se convirtió en autonomía guaraní

Cerca de la frontera con Paraguay y Argentina, el municipio más grande de Bolivia se convierte en la primera autonomía indígena del mundo reconocida por el Estado

Un poste pintado anuncia la autonomía en la plaza central de Charagua.

Charagua no parece muy diferente del resto de pueblos del oriente boliviano: calles de tierra con una gran plaza rectangular en el centro, arbolada, con un quiosco de música, alguna vaca pastando y una iglesia blanca en uno de sus lados. Al otro, una placa de metal en un edificio anuncia la sede del gobierno municipal, aunque eso ya no sea verdad porque esta zona del Chaco boliviano, cerca de la frontera con Paraguay y Argentina, es desde enero de 2017 la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae. Es la primera autonomía indígena en el mundo reconocida como administración pública. Ya no hay alcalde, ni concejales, ni listas de partidos políticos.

Con casi 72.000 kilómetros cuadrados de superficie (más de dos veces Cataluña) Charagua era el municipio más grande de Bolivia. Cuando se sale de las dos zonas urbanas y se avanza hacia el territorio de las cuatro capitanías guaraníes que lo componen, el paisaje urbano da paso a un terreno más árido propio de una zona donde solo llueve dos meses y las temperaturas superan los 25 grados casi todo el año.

Arnold Molina conduce una pick-up por la carretera de tierra, mientras escucha los éxitos veraniegos de reguetón. Viste vaqueros y una camisa con logotipo de marca y alterna el guaraní y el castellano en función de con quién habla. Arnold forma parte del órgano ejecutivo del nuevo gobierno, en guaraní Tëtarembioukai Reta¸ un espacio formado por siete miembros, uno por cada uno de los dos núcleos urbanos y las cuatro capitanías y un coordinador. Como él mismo lo define, su función consiste en “ejecutar todas las necesidades que vienen desde las comunidades”. Cuenta que trabajan en pequeños proyectos, como garantizar que el desayuno escolar se haga con productos locales. Los representantes tienen que rendir siempre cuentas a sus asambleas comunales y estas les pueden revocar.

Puente entre la base y el poder
El Ñemboati Guasu se concibe como un puente entre la organización de base y los órganos ejecutivo y legislativo

La música del vehículo la pone Marianela Baldelomar, una joven de 25 años que también es autoridad desde el año pasado. Forma parte del Ñemboati Guasu, un órgano deliberativo que constituye la principal innovación en el nuevo esquema democrático de Charagua. Se considera la máxima instancia de decisión y se concibe como un puente entre la organización de base y los órganos ejecutivo y legislativo.

Ella fue una de las voces que apoyó la autonomía en el territorio más reacio y el que mostró mayor oposición, Charagua Pueblo. Y eso que, de padre charagüeño y madre del occidente de Bolivia, no tiene raíces guaraníes. Alrededor del 60% de la población del territorio es guaraní, el cuarto pueblo indígena de Bolivia, con alrededor de 60.000 personas mayores de 15 años (datos de 2012).

A la autonomía se opusieron desde el principio los grupos de poder de los núcleos urbanos, en general más acomodados que los habitantes de las comunidades, pero menos numerosos. La mayoría de la población es rural y pobre. En Charagua, el 89% de sus 38.000 habitantes vive en comunidades rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Siete de cada diez personas vivían bajo el umbral de la pobreza en 2012, cuando se publicó el último censo que desglosa datos por municipio. Entonces, en todo el país esa cifra era del 44,9%.

Una región profundamente agrícola

En el órgano legislativo y en la asamblea deliberativa se da la paridad, en el ejecutivo sólo hay una mujer de siete miembros

Charagua está compuesto por 137 comunidades, separadas por caminos de tierra y pobladas con casas de adobe y algunas blancas de cemento construidas tras unas fuertes inundaciones hace unos años. Sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería: sobre todo siembran maíz, sorgo, arroz y frutales en un territorio moderadamente seco, cálido durante el día, pero también vulnerable a las heladas en invierno.

Bolivia recoge en su Constitución el derecho a consulta para que las comunidades indígenas decidan sobre los proyectos que afectan a su territorio, pero aún no está claramente regulado. Parte de la importancia de la autonomía es justamente que se planifique mejor, explica Miguel Suárez, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), una ONG boliviana presente en Charagua desde hace décadas.

Trabajan en leyes propias para gestionar una zona con buena presencia de recursos naturales, como calizas para fabricar cemento y proyectos de extracción de gas natural. “Desde la autonomía no se puede coartar el desarrollo, pero hay necesidad de poner un paraguas para que no impacte”, comenta Suárez desde la oficina de la ONG.

En el día a día de Charagua, hay quebraderos de cabeza más mundanos, como que una helada haya echado a perder casi todos los cultivos. Ángel Sampaquiri desborda un canal de agua para regar sus cultivos de yuca, sorgo y maíz. Por la mañana pastorea a las ovejas y cuida su pequeño terreno hasta que se pone el sol. “Nosotros los guaraníes cultivamos con las manos”, dice orgulloso, revelando una mezcla de tradición y falta de recursos. “No tenemos para tractor”, confiesa.

El problema en Charagua, y sobre todo en Parapitihuasu, la capitanía donde trabaja Sampaquiri y la más extensa, no es la falta de tierras. Los habitantes pueden cultivar todo lo que quieran, o, mejor dicho, todo lo que puedan, porque las tierras son comunitarias, como explica Wilder Moza, ingeniero agrónomo y encargado del trabajo de desarrollo productivoen Charagua con CIPCA. Se trata de fijar la población y tratar de evitar el trabajo estacional en actividades como la zafra de la caña de azúcar o con las empresas petroleras, “que no es muy sostenible como modo de vida”, asegura.

La autonomía, un largo proceso

La transición a la autonomía comenzó oficialmente en 2009 cuando, después de aprobarse la nueva constitución boliviana, el sí se impuso en un referéndum para iniciar el proceso. La consulta es solo el primer paso para que un municipio pueda convertirse en autonomía indígena, explica José Luis Exeni, vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. A continuación, ha de elegirse una asamblea para redactar un estatuto, el texto lo debe aprobar el Tribunal Constitucional, después debe someterse a un segundo referéndum en el territorio y, finalmente, deben elegirse las autoridades. En Charagua, les llevó siete años.

En la práctica, sostiene Exeni, existen problemas administrativos porque “el sistema estatal de gestión está pensado para un gobierno municipal, no para un gobierno indígena”. Por ejemplo, durante los cuatro primeros meses de gobierno un simple problema burocrático impidió que se pudiera ejecutar el presupuesto: el banco no reconocía el nuevo nombre de la autonomía y no daba autorizaciones a los administradores.

El estatuto charagüeño impone criterios de igualdad de género para elegir las autoridades que no son propios de la política guaraní. En el órgano legislativo y en la asamblea deliberativa se da la paridad, con 6 mujeres de 12 y 12 de 27. Sin embargo, en el ejecutivo solo hay una mujer de siete miembros, porque cada zona elige a un único representante. Ella es Delcy Medina. Ama de casa hasta ser elegida a finales de 2016, dejó de estudiar a los 15 años. “Mi universidad fue la asamblea”, asegura ella, que ha sido dirigente guaraní desde hace más de 10 años. Su marido trabaja para las petroleras que operan en la región del Chaco, donde se encuentran los principales yacimientos de gas natural de Bolivia, su principal exportación.

La ejecutiva destaca que su equipo es paritario por iniciativa suya, con cuatro mujeres y cuatro varones, y sostiene que las mujeres conocen mejor las necesidades del territorio. “Me gustaría que algún día haya una presidenta de la nación guaraní”, señala.

El alcalde que ya no es alcalde

“La importancia y el valor que tienen de poder ser el primer gobierno indígena para nosotros es fundamental, pero seguimos recibiendo los mismos recursos”, dice Belarmino Solano, coordinador del Ejecutivo o Tëtarembioukai Reta Imborika (TRI). Él es lo más parecido al alcalde que hay bajo el nuevo sistema: tanto es así que fue electo alcalde en 2015, bajo las siglas oficialistas del Movimiento al Socialismo (MAS) pero con un acuerdo de culminar la transición a la autonomía durante su mandato. Sin embargo, sus actuales funciones y el personal a su disposición han mermado. Ya no es responsable de la ejecución presupuestaria, que queda descentralizada en los seis ejecutivos, y sus principales funciones son la representación del gobierno autónomo ante otros niveles de gobierno, ONG e instituciones de todo tipo. El continuismo de su figura ha sido una forma de buscar estabilidad y hacer una transición ordenada.

Un año después de que desapareciese el municipio de Charagua, aún queda un largo camino por recorrer, desde conseguir recursos para mejorar la vida de las comunidades más marginadas hasta desarrollar nuevas normas en un experimento de gobierno único en el mundo. Pero Charagua Iyambae emerge en un rincón de Bolivia como un hito en la historia indígena, 30 años después de que se fundara la Asamblea del Pueblo Guaraní para defender las formas de organización y el acceso a la tierra de un pueblo guerrero, pero golpeado.

sábado, 28 de abril de 2018

Campesinos y pueblos originarios denuncian postergación y desalojos de “guante blanco”



La situación de comunidades y pequeños productores es cada vez más crítica, a pesar de la abundancia de leyes que deberían garantizar sus derechos.

Antes de que hubiera rutas para cortar, desmontes para denunciar o títulos que le pusieran nombres a la tierra, los pueblos originarios habitaron territorios que hoy tienen que demostrar que son suyos. En tierras abandonadas, campos deshabitados, durante varias generaciones, decenas de familias campesinas de Morillo criaron sus ganados, cosecharon sus cultivos y construyeron sus familias y pertenencias en miles de hectáreas de las que están a punto de ser echados. El chaco salteño, asolado por sequías y por inundaciones con la misma frecuencia, pone a prueba la capacidad de adaptación y la resistencia de los pastores que sostienen la actividad en la región.

Organizados en movimientos y asociaciones civiles que los propulsan, los originarios, los campesinos y los pastores dieron cuenta de su situación en una jornada de encuentro en la UNSa, donde el reclamo imperante volvió a ser la de políticas públicas que validen los derechos consagrados en las leyes. “Argentina reconoce muchos derechos. El tema es el cumplimiento de esas leyes”, dice Roberto Ñancucheo, representante del pueblo mapuche en el encuentro. “Escuchamos que el presidente dice que todos somos descendientes de europeos. Nos causa gracia, pero son las realidades que mostró la dirigencia durante muchos años”, agrega durante su exposición en Salta.

La organización de comunidades y productores es parte de la estrategia política de los grupos y Ñancucheo resume la identificación en pocas palabras: “pertenecemos al espacio de los negros, de los pobres y el campesinado, pero antes que todo eso somos pueblos originarios”.

"Lo que necesitan comprender los gobernantes y los consumidores es que se trata también de reflexionar sobre quiénes y cómo administran nuestra soberanía alimentaria, quién gobierna nuestra nutrición” María Teresa Álvarez, Alianza de Pastores.

En todo el país hay 39 pueblos, de los cuales 14 se encuentran en Salta. Sin embargo, hay cinco que no fueron reconocidos por el estado provincial: el Tastil, el Atacama, el Iogys, el Weenhayek y el Lules. “El pueblo Tastil por ejemplo, son 14 comunidades que tienen personería jurídica pero siguen peleando por el reconocimiento como pueblo”, explica David Pastrana, delegado de la Unión de Pueblos Diaguitas de Salta.


Pastores en la orilla

Otra realidad es la de las comunidades pastoriles del chaco salteño, reunidos en una Alianza de Pastores que participó con la presentación de María Teresa Álvarez, de Pozo del Tigre, en Formosa. “No nos reconocen como productores sino como ocupadores. Nos califican de inviables y lo que están haciendo es un desalojo de guante blanco, porque están desprestigiando nuestras prácticas y la gente se está yendo del territorio”, dice la pastora.

La marginalidad del oficio es también parte de las condiciones a las que se adaptaron a través de generaciones de aprendizaje. “Aprendimos a manejar el ambiente en la explotación y las prácticas ganaderas y creemos que los sistemas pueden convivir. Lo que necesitan comprender los gobernantes y los consumidores es que se trata también de reflexionar sobre quiénes y cómo administran nuestra soberanía alimentaria, quién gobierna nuestra nutrición”, agrega Álvarez y agrega que en el campesinado se distribuye un gran porcentaje de la producción destinada al consumo familiar de las poblaciones en zonas no urbanizadas.

“Lo poco que se hace con los pueblos originarios es desde el asistencialismo... ayudar al indiecito a salir de la pobreza", David Pastrana, Unión de Pueblos Diaguitas.


El camino del campesinado

Diego Montón, representante del movimiento Vía Campesina, plantea una estrategia de lucha a partir de tres ejes: la reflexión sobre el impacto de la Organización Mundial del Comercio en la vida campesina, el reclamo por la tierra y la lucha por la agricultura campesina como alternativa a las imposiciones de la producción que definen las corporaciones.

“El derecho siempre va a ser una lucha y se trata de generar el escenario para luchar por esos derechos. Hay que construir unidad y fuerza”, arenga Montón y hace foco en los movimientos locales como espacios de legitimación. “La agricultura campesina tiene un tercio de la tierra agrícola y alimenta al 75% de la humanidad. Los otros dos tercios de la tierra lo tiene la agroindustria, que abastece al 25% de las personas”, resume, y el mapa del desequilibrio queda a la vista.

La agenda postergada

En la lista de cuestiones pendientes, originarios, campesinos y pequeños productores encuentran en común la ausencia del Estado. Unos por el derecho a un territorio colectivo, otros por la autonomía y la autodeterminación, las causas se unifican delante de lo que definen como la falta de políticas para la convivencia en paz. “Lo poco que se hace con los pueblos originarios es desde el asistencialismo. El diálogo con nosotros es en términos antropológicos, denotando la inferioridad de condiciones, es ayudar al indiecito a salir de la pobreza, pero no vamos a salir si nos siguen avasallando el territorio”, dice Pastrana.

Del lado de los campesinos, Antolín Soraire, de la comunidad campesina de Morillo, representa el reclamo de 12 familias que perdieron juicios en primera y segunda instancia por la posesión veinteañal de tierras en Rivadavia Banda Norte, en riesgo de ser desalojadas por el vencimiento del artículo 9 de la Ley 7658. “Somos 58 familias de poseedores, y 12 que perdimos en la justicia, pero vamos a resistir. No vamos a entregar así nomás lo que es nuestro”, dice, y nombra a su padre y su abuelo, que desde 1892 trabajaron la tierra que está muy cerca de perder.

“Según el fallo del juez, el titular registrado es una mujer de Buenos Aires, que tiene 17.000 hectáreas a su nombre y nunca las usó”, se queja Soraire y pide la posibilidad de una mediación para acordar nuevos términos y evitar el destierro.

miércoles, 25 de abril de 2018

JORNADA DE DERECHO COLECTIVO en la UNSA

En el marco del día internacional de los campesinos y la semana de los Pueblos Originarios se llevo a cabo una Jornada sobre los Derechos de los Campesinos y de los Pueblos Originarios en la Facultad de Naturales de la Universidad Nacional de Salta.

La actividad fue organizada desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria en acuerdo con el Centro de Estudiantes. Se convocaron a los Sujetos territoriales a través de las instituciones orgánicas que representan al sector, para dar un relato y un estado de situación ante los distintos ataques y persecuciones que sufren en sus territorios, el marco jurídico, su aplicación y las demandas reglamentarias correspondientes.

La apertura estuvo a cargo de los responsables de la Cátedra, el Centro de estudiantes y la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales. Quienes remarcaron y reflexionaron sobre el estado coyuntural que vive el país, donde se evidencia un claro achicamiento de las políticas públicas para el sector más desprotegido de la sociedad, con ajustes y cierre de áreas específicas, como lo es el caso de los recortes y despidos de trabajadoras y trabajadores del ministerio de Agroindustria de la Nación que impacta directamente sobre el Sujeto de la Agricultura Familiar de Pueblos Originarios y de los Campesinos.

Para el dialogo intercultural se invitaron a la Coordinadora de Tierras de Morillo, MOCASE Vía Campesina, Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta - UPNDS, El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, la Alianza Latinoamericana de Pastoralismo y Alianza Mundial de Pastoralismo y el MNCI.

Algunas Vocerías, como el Referente Antolin Soraire de la Coordinadora de Tierras de Morillos remarco, “necesitamos la reparación histórica para los campesinos”, “no todo es llorar sino construir propuestas colectivas”, “nosotros resistiremos aunque nos manden la gabilla”.

La compañera Cristina Loaiza del MOCASE puso énfasis en el abandono de las políticas públicas para el sector.

El hermano H Fabián, Delegado de la UPNDS, refrendo el espacio legitimo como Pueblo Nación, saludando la construcción de ámbitos que permitan el dialogo entre iguales y donde cada sujeto pueda ejercer la vocería en primera persona. Ante la coyuntura que hoy sufren los Pueblos ante los ataques sistemáticos de los sectores oligárquicos del poder y de las elites dominantes en connivencia con un sector de la justicia, “los pueblos estamos unidos y organizados en instituciones legitimas”, “deben saber que no habrá método científico que detenga nuestro proceso legítimo como Pueblo Nación, porque es irreversible”

El Lonko Roberto Ñancucheo, referente nacional del ENOTPO, enmarco la realidad de los territorios organizados, las luchas reivindicativas históricas, los procesos constitutivos legítimos propios, la represión como método del gobierno actual, las propuestas y demandas que ejercen los Pueblos ante él y los Estados monoculturales, para su trasformación en estado plurales que den plena participación y contención a los más de 40 pueblos y naciones originarias que preexisten al país. 

Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios como espacio de articulación de los procesos propios como Pueblos, se viene trabajando por las reivindicaciones históricas, traduciendo en propuestas concretas cada una de las demandas territoriales, como lo es el caso de la reglamentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, deuda del Parlamento Argentino, para lo cual las organizaciones desde el 2010 construyeron el anteproyecto de ley para la Propiedad Comunitaria Indígena ingresado al Parlamento con expediente 5137-D-2017 para su pronto tratamiento, entre otras iniciativas legislativas.

La Alianza Latinoamericana de Pastoralismo y Alianza Mundial de Pastoralismo puso énfasis en las realidades del sector pastoril, sobre todo en Formosa donde se viven procesos de readaptación continua en los sistemas productivos de vida.

El referente Diego Montón del MNCI, remarca las desigualdades y el menosprecio hacia el sector de la agricultura familiar, donde, “el sector tiene regulado solo un 3 por ciento de la tierra, mientras produce para el 75 por ciento de la población a escala mundial”.

Desde el sector campesino se viene trabajando sobre la Declaración de los derechos de los campesinos, y que es documento a consolidar en las agencias y áreas atinentes al tema en Naciones Unidas-ONU.

Durante la jornada se presentaron productos de la agricultura familiar, producidos por hermanas y hermanos de pueblos originarios, de campesinas y campesinos, quienes ofrecieron su producción colectiva como aporte a la soberanía alimentaria.

En un Salón auditorio colmado de referentes de Pueblos Originarios, de organizaciones Campesinas, de referentes de organizaciones sociales y políticas, de catedráticos, de estudiantes y públicos en general se dio cierre a la actividad, intercambiando diálogos panel y público, con los compromisos conjuntos de profundizar dando continuidad a la propuesta de visibilizar en marcos de realidad territorial y de respeto a la diversidad cultural.