Son comunidades del Pueblo Diaguita de Corral Blanco y Aguas Calientes
Ya notificaron a una familia para que un plazo de cinco días abandone la casa en la que habitan con hijos menores de edad.
Representantes de las comunidades Diaguitas de Corral Blanco y Aguas Calientes, ubicadas en la localidad de Laguna Blanca, al norte del departamento Belén, denunciaron que una familia miembro de su comunidad está por ser desalojada de sus tierras.
Epifania Rosa Salgado, cacique de la Comunidad Diaguita de Corral Blanco, y Carlos Gutiérrez llegaron en el día de ayer a la Capital con el objetivo de hacer pública la situación por la que está pasando esta familia.
La familia afectada es la de Pedro Guerra y Carmen Gutiérrez, quienes días atrás recibieron una nota de desalojo en la que les informaban que tenían un plazo de cinco días para abandonar la casa en la que habitan con sus hijos menores de edad.
Los integrantes de este grupo aborigen sostienen que hace muchos años que toda la comunidad está viviendo en esas tierras, inclusive, según ellos, sus abuelos y bisabuelos ya vivían en ese lugar.
La familia de Américo e Indalecio Pachado es la que inició los trámites legales para que se lleve a cabo el desalojo, ya que dicen ser los propietarios de esas tierras.
“Ellos dicen que compraron esas tierras en 1970 pero nosotros ya estábamos muchísimos años atrás viviendo ahí”, expresó Gutiérrez.
Además de temer represalia por parte de la familia, supuestamente propietaria de esas tierras, temen también que las notificaciones de desalojo se extiendan hacia el resto de los grupos integrantes de la comunidad aborigen.
“Estamos juntos todos los pueblos diaguitas. En nuestra comunidad de Corral Blanco queremos hacernos fuertes y hacer valer nuestra jerarquía. Nosotros no vamos a salir y, digan lo que digan, vamos a resistir. Creo que la ley está a favor de nosotros”, expresó Gutiérrez en diálogo con la prensa.
Asimismo, comentó que cuentan con el apoyo del resto de los pueblos originarios vecinos de otras provincias.
Los integrantes de esta comunidad aborigen solicitaron el apoyo y acompañamiento de las autoridades correspondientes para poder solucionar ese problema de los desalojos.
Este conflicto ya tiene varios años, en los que según Gutiérrez se llevaron a cabo diferentes juicios y apelaciones.
Son aproximadamente 26 familias las que forman parte de este pueblo Diaguita, de las cuales 18 están inscriptas como comunidad indígena originaria. Son estas últimas las que están amparadas por la ley 26.160, que prevé que no pueden ser desalojados de las tierras que ocupan.
Situación crítica
Carlos Gutiérrez hizo referencia a la situación en la que esas comunidades del interior provincial están viviendo al no contar con agua ni con energía eléctrica.
Por su parte, la cacique Epifania sostuvo que varias veces sufrieron casos de discriminación.
Texto del acta de la Asamblea
“Las autoridades tradicionales, caciques de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, en representación de nuestras respectivas comunidades, reunidos en asamblea los días 1 y 2 de abril de 2016, comunicamos a la opinión pública y a todos los organismos competentes nacionales, provinciales y municipales, la situación de inseguridad que padecen nuestras comunidades debido al avasallamiento de nuestros derechos ancestrales como comunidades indígenas preexistentes.
“En este sentido, solicitamos la solidaridad de la sociedad en su conjunto debido a la usurpación del territorio comunitario que están sufriendo los comuneros de las Comunidades Indígenas de Corral Blanco y de Aguas Calientes. Repudiamos todos los actos violentos e intimidatorios que sufren los miembros de nuestras comunidades y hacemos responsables a todos los organismos estatales competentes de todos los despojos y abusos, particularmente al Poder Judicial, que puedan sufrir las propiedades de nuestros comuneros (...).
“Nos declaramos en estado de alerta y movilización, y por la Pachamama, por nosotros, nuestros ancestros y por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales”.
Fuente: El Esquiú
El Estado en la nueva apertura política de genocidio de los pueblos originarios ( indios) menosprecia el tratado constitucional con el desconocimiento de los derechos a una vida digna, de salud y educación . Marcadamente ha olvidado de la existencia de pueblos contaminados con plomo y de su agua y de sus animales. En un sometimiento intencional de saquear los recursos naturales, invisibilizando a sus moradores. De fácil es que no haya hospitales para niños, ni maternidad infantil, ni escuelas de nivel inicial, menos de nivel superior universitario .Y su tono de lógica es trasladar a los niños y adolescentes a otros lugares con una beca de estudio o de salud, ya que su objetivo es la destrucción física y mental de esa comunidad originaria
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