lunes, 20 de julio de 2020

TUCUMÁN: CHUSCHAGASTAS EN ASAMBLEA COMUNITARIA PERMANENTE


La imagen puede contener: una o varias personas, personas de pie, multitud y exterior" LXS CHUSCHAGASTAS INICIAMOS LA ASAMBLEA COMUNITARIA POR TIEMPO INDETERMINADO FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA DE TUCUMÁN"
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En el día de hoy 20 de julio de 2020 nos encontramos en la Plaza Hipólito Yrigoyen frente al Palacio de Justicia de la provincia de Tucumán (Pje. Velez Sarsfield N°450).

Las y los Chuschagasta resolvimos iniciar una Asamblea Comunitaria por tiempo indeterminado frente al Palacio de Justicia de Tucumán para hacer visible una vez más nuestro repudio por la liberación de los asesinos: el terrateniente - usurpador Dario Amín y los ex policías Humberto "niño" Gómez y José Valdivieso Sassid quiénes fueran condenados el 24 de octubre de 2018 a: 22 años, 18 años y 10 años de cárcel por el asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar.

Exigimos a la Corte Suprema de Justicia qué deje firme la sentencia y ratifique las condenas a los asesinos.

Repudiamos enérgicamente a la justicia Tucumana racista qué una vez más vulnera nuestros derechos humanos y colectivos como Pueblo originario preexistente exponiéndonos de nuevo a situaciones de violencia y hostigamientos por parte de éstos asesinos.

Además fuimos notificados que habrá un cuarto juez que revisará la sentencia. Dicho juez tiene como relator a Fernando López de Zavalia, terrateniente qué hostiga a la Comunidad Pueblo de Tolombón (comunidad vecina con la que compartimos nuestro territorio ancestral Diaguita) por lo cuál nuestra preocupación es aún mayor.

Urge una reforma judicial inmediata para que podamos tener una justicia plural y democrática.

No queremos más está justicia colonial y racista.

Al Estado Argentino le recordamos que tiene una deuda histórica con nosotrxs los Pueblos originarios. Como Estado de derecho debe restituir nuestros territorios ancestrales a través de la titularización comunitaria de los mismos.

Nuestra lucha territorial deja al descubierto todo el entramado existente actual e histórico en la provincia de Tucumán dónde prevalecen los intereses oligárquicos por sobre nuestros derechos colectivos plasmados en la Constitución Nacional Art. 75 inc 17, Constitución Provincial Art. 149, Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 y demás tratados internacionales que Argentina ratifica.

Las y los Chuschagasta estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para alcanzar la justicia por Javier Chocobar y para resguardar nuestras vidas y la vida de nuestro territorio ancestral Diaguita.

JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!

¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!

¡MEMORIA,VERDAD,JUSTICIA Y TERRITORIO!

Vocerxs de la Comunidad Los Chuschagasta:
Audolio Chocobar: (381)15- 599 9189
Delfin Cata: (381)15- 667 5496
Azucena Cata: (381) 15- 673 5917
Emilio Mamani: (381) 15- 466 1554
Mauro Mamani.

+ info de la actividad:
Mariel Tejeira: (381) 15- 576 5666
Nancy Chocobar: ( 381)15- 518 2405

FB oficial:
Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar

Canal de Telegram:
Los Chuschagasta (enlace t.me/chusc)

Instagram: Los Chuschagasta Diaguitas





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jueves, 9 de julio de 2020

EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD JAVIER CHOCOBAR

Comunidad Indígena Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita. N° de inscripción en el Re.Na.Ci 03/2002, Personería Jurídica N° 4811. Relevamiento Jurídico Catastral Ley N° 26.160.Res. INAI N° 450/2014 (mediante el cuál se nos reconoce la ocupación actual, tradicional y pública). Valle de Choromoro, Dpto. de Trancas, actual provincia de Tucumán.

 
 
8 de julio de 2020
EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD JAVIER CHOCOBAR

Con profundo dolor y angustia, lxs Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Una vez más la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los Pueblos Originarios.

Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo. Luego de un proceso judicial traumático y viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios.

A casi dos años de la sentencia, la Corte Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia firme, por lo cuál los asesinos fueron liberados y lxs Chuschagastas nos vemos sumidos en un profundo pánico, temor e incertidumbre de vida nuevamente. Los responsables de esta aberración de la justicia tienen nombre y apellido, son las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira.

La justicia racista no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina?. Resulta urgente la democratización de la justicia y la aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico, jurídico y territorial de nuestros pueblos.

Para nosotrxs, no existen los Derechos Indígenas ni los Derechos Humanos mientras los asesinos y genocidas de Javier Chocobar estén libres y siga en peligro la vida de nuestra Comunidad.

No vamos a renunciar al pedido de Justicia para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Dario Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común.

Exigimos el resguardo urgente de la vida de toda nuestra Comunidad en su conjunto y hacemos responsables a las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, al juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira, a la Corte Suprema de Justicia Tucumana y al Poder Judicial, ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los Chuschagasta.

¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA,VERDAD,JUSTICIA Y TERRITORIO!

Voceras/os de la Comunidad Los Chuschagasta:


Audolio Chocobar: (381)15- 599 9189
Delfin Cata: (381)15- 667 5496
Nancy Chocobar: ( 381)15- 518 2405
Ismael Chocobar: (381)15-5765666

Enviar pronunciamientos y adheshiones a:

loschuschagastadiaguitas@gmail.com
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lunes, 6 de julio de 2020

Se creó el Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

Fortalecimiento estratégico y asistencia económica para los sectores productivos más desprotegidos a fin de disminuir los efectos adversos de la pandemia.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó hoy, mediante la Resolución Nº 138/20, la creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que cuenta con un monto inicial para su implementación de 30 millones de pesos, a fin de fortalecer y asistir a productores y productoras del sector inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

"La presente situación de emergencia sanitaria constituye una oportunidad que estamos asumiendo para iniciar un camino tendiente a modificar el rumbo de la desigualdad a través de políticas públicas que incluyan a aquellos sectores más vulnerables de la cadena productiva, complementando medidas ya existentes, como el caso de la Ley Nº 27.118, y otorgando rapidez de acción a los fines de combatir la pobreza rural", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Vale destacar que la medida toma como marco la mencionada Ley N° 27.118, establecida en diciembre de 2014, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo y por practicar y promover sistemas de vida y producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.

Se contempla a su vez, que la medición de umbral crítico de daño para este sector es generalmente mucho más bajo que para cualquier sector productivo del ámbito rural, por lo que resulta sustancial medidas como la presente que tengan en cuenta esas especificidades para permitirle enfrentarlas y sobreponerse.

El Programa impulsa el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) en forma directa a productores del sector que al momento de solicitarlos, se encuentren afectados por situaciones de riesgo productivo como consecuencia de eventos climáticos, sociales o particulares extremos.

La Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, perteneciente a la Secretaría Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, será la Autoridad de Aplicación del Programa.

La Resolución subraya que el aporte en la producción de alimentos de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en todo el territorio nacional es muy importante en materia de soberanía alimentaria local y regional asumiendo un rol estratégico en el cuidado y sostenimiento de los bienes naturales y como factor dinamizador de las economías regionales.
 

Ecocidio, genocidio, politicidio


Por Mempo Giardinelli


Imagen: EFE

En los últimos 30 años, en el territorio argentino se talaron más de 8 millones de hectáreas de bosques, fundamentalmente en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Todo ello en beneficio de una minoría de latifundistas y corporaciones voraces que no trabajan la tierra, sino que la explotan y contaminan. Y cuyas consecuencias inmediatas y directas son las inundaciones cíclicas en pampas y ciudades y el aumento de los índices de mortalidad.

Y entre las consecuencias indirectas ­y apenas más lentas de esta tragedia ecológica, hay que apuntar las forzadas migraciones de millares de campesinos y chacareros, con el consecuente vaciamiento de comunidades, entre ellas pueblos originarios, cuyos miembros acaban hacinados en villas miserias llamadas eufemísticamente "barrios carenciados" y en las cuales imperan drogas, malditas policías, punteros políticos, hambre y desnutrición.

Las consecuencias políticas y económicas de semejante tragedia son innumerables, e incluyen no sólo el deterioro de la calidad de la tierra, sino también el desplazamiento y riesgo de extinción de las faunas autóctonas y el colapso de industrias como la melera, catástrofe económica y social para un país que hasta hace poco fue tercer productor y exportador mundial de miel de alta calidad.

De todo esto no se habla en la política vernácula, o se habla poco y confuso para así frenar las medidas que neutralizarían el desastre que ya tenemos encima: urge declarar una emergencia forestal implacable que detenga definitiva y firmemente todos los desmontes, sin excepciones provinciales y haciendo un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos.

Aunque nunca faltan interesados y/o irresponsables que procuran morigerar estas afirmaciones, la verdad es que se trata de una decisión política de vida o muerte para las generaciones venideras, pero no las de otros siglos; sino la de nuestros hijos. Porque la biodiversidad exige proteger consistentemente a faunas y floras autóctonas y a pueblos originarios, que son los verdaderos garantes del aire que respiramos y el agua que bebemos.

Si no se cuida el ambiente, la sola inacción aumenta el calentamiento global y la desertificación. Y éste no es un problema de cada país ni mucho menos de cada provincia. Mantener segmentadas las posibles soluciones, que jamás se cumplen, es parte del lento suicidio de la especie humana. Eso se llama “ecocidio” y se relaciona con la pandemia que hoy padece el planeta y que es ya una luz roja -–no amarilla–- para el sistema económico, político, social, cultural y vital de la humanidad.

El drama específico, hoy, es que esa segmentación, y los arreglos extrajudiciales multimillonarios de las compañías transnacionales para seguir usando contaminantes, son en sí mismos formas disfrazadas y perversas del ecocidio, vocablo emparentado con la ominosa palabra "genocidio". Y segmentación, además, que es aceptada, instrumentada y favorecida por todos los gobiernos del mundo, que por supuesto reconocen el problema pero no impiden que todas las legislaciones medioambientales sean meramente declarativas de cada país. Que es el modo de impedir una acción planetaria.

En el momento en que se escribe esta nota, y en el que usted la lee, continúa el incendio gigantesco de gran parte de la Amazonía brasileña. ¿Alguien puede sostener que los poderes mundiales, los Estados Unidos y la milenaria Europa, tan declamativos en favor del cuidado ambiental, no son cómplices aunque sea por omisión e inacción? Y parecido sucede en países periféricos como el nuestro, donde la Ley de Bosques Nativos (la 26.331, de 2009) no se cumplió jamás ni hay grandes esperanzas de que se aplique con el actual gobierno, muchos de cuyos funcionarios y exégetas es presumible que ni estén enterados del desastre ambiental argentino.

Es sabido: en este país los descarados intereses económicos y las deficiencias de la llamada "Justicia", son impedimentos casi absolutos para la defensa ecológica de nuestro territorio y nuestro pueblo. Que todavía no comprende, ni hay quien se lo enseñe a cabalidad, que el medioambiente sano es un derecho humano básico y tan natural como el agua y el aire.

Cualquiera sabe que en las provincias las multas por desmontes no se pagan, o se negocian o cambian por favores. Es usual que los "productores" no reforesten lo que cortaron, ni los gobiernos locales exigen cumplir leyes y disposiciones. Y es un clásico que en este país nadie va preso por talas ilegales.

Además son obvias ciertas complicidades del sistema político, que desde los 90 viene debilitando al Estado en todos los órdenes. El gran daño de Menem y sus amigos Cavallo, Neustadt y Grondona, consistió en instalar un modelo de privatizaciones y negocios que nos dejó el Estado lelo que hoy tenemos, temeroso del poder económico e incapaz de sancionar a los ricos, que llevan 30 años cebándose. Es duro decirlo, pero de zonzos negarlo.

Por eso no alcanza lo que dijo el jefe de gabinete sobre el caso Gutiérrez. Hay que responder más fuerte en todos los medios gubernamentales. ¿Para qué están Radio Nacional, la TVP, las cadenas nacionales y sobre todo la TDA, que sigue sin ser repotenciada?

Hoy tenemos un Estado que no sostiene una expropiación anunciada y que acepta que un juez provinciano haga tiempo en favor de ladrones y corruptos. Así el río Paraná seguirá en manos extranjeras, como la energía, la minería y todas nuestras riquezas naturales, saqueo encima protegido por un sistema mentimediático que no tiene techo y vomita odio frente a un gobierno que no reacciona, que no termina de auditar la supuesta deuda que tenemos y que es probable que acabe pagando y celebrando porque mejoró montos y plazos.

Es poco creíble que la salvaje oposición macrista se divida entre halcones y palomas. Todos son halcones, y lo demostraron en 4 años. Nuestro Gobierno debería reconocerlo y proceder en consecuencia. Porque si no hay respuestas contundentes, el riesgo es enorme. Está muy bien y es un deber ser amigable con los adversarios leales. Pero es suicida con los bandidos. Y leal compañero no es el que calla estas cosas, sino el que las pronuncia y exhorta a cambiar. 
 
Publicado en: Página 12 

sábado, 13 de junio de 2020

HACIA EL BUEN VIVIR


Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, con el mandato colectivo de cada uno de nuestros Territorios;

REAFIRMAMOS nuestro compromiso orgánico y colectivo con cada espacio territorial y con nuestras Instituciones comunales, asumiendo el legado y mandato de nuestras ancestralidades, refrendando nuestra condición de Sujeto colectivo, preexistente y con institucionalidad propia.

En Argentina habitamos desde siempre los Pueblos Naciones Originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias.

Tod@s los/las Pueblos Naciones originarias en América hemos construido sistemas de producción propios, acorde a los mandatos filosóficos y a una propia cosmovisión, en una relación territorial recíproca y comunitaria, donde tiempo y espacio se unifican para la siembra, cosecha y acopio. Desarrollando sistemas diversificados de cultivo mediante aprovechamiento de los suelos, terrazas o subsuelos. El acto de cultivar, sembrar está ligado a una relación espiritual que se nutre de conocimientos y saberes milenarios. El territorio de cultivo debe equilibrar temperatura / humedad y una orientación que armonice las fuerzas del territorio hacia los cuatro vientos.

Estas prácticas están relacionadas al conocimiento del ciclo lunar y solar; es decir a las formas en que se lee y comprende el tiempo en los períodos de la luna y del sol. La influencia que estas fuerzas ejercen en la vida del planeta, es un tipo de conocimiento construido dinámicamente a lo largo de la historia de cada uno de nuestros Pueblos Naciones. Hoy nuestras actividades están vivas en cada territorio, con las distintas formas de preparación del suelo, nutrición, siembra, cultivo, raleo, la actividad de trashumancia y reposo de un determinado espacio en época de verano a otoño donde cada familia lleva adelante la práctica de la medicina, la cosecha y la recolección de frutos, que son alimento para el cuerpo y el espíritu, ofrecidos también para la celebración de cada ciclo agrícola, esto es lo que nos distingue y nos da identidad como Pueblos Naciones preexistentes a los Estados. 

El proceso de producción es colectivo, es comunal, y parte de acuerdos entre quienes mayor conocimiento tienen sobre los frutos o semillas y sus diferentes usos, y tienen la capacidad de identificar y disponer si estos frutos o semillas serán empleados para el alimento, la resiembra o el almacenamiento en periodos largos, o si serán orientados al uso ceremonial. Las formas en que se siembra, cosecha y acopia están relacionadas a la orientación que tienen cada cerro, montaña, ladera, pampa o llanura, teniendo en cuenta las pendientes y la ubicación de los mismos en correlación con los cuerpos de agua, ya sean ríos, lagos, lagunas, nacientes o vertientes. Los frutos adquieren importancia alimentaria comunal y sagrada, pues se ofrendan a los protectores de cada elemento natural, en cada sitio, para el equilibrio corporal, emocional, mental y espiritual de las familias en el territorio. 

El aprovechamiento del acopio familiar y acopio comunitario para las épocas de escasez, sea por el cambio climático o por contingencias naturales no previstas, son prácticas vigentes sostenidas milenariamente en los territorios, solo interrumpidas por la invasión extranjera y sus modelos de saqueo, explotación, extrativismo y agronegocio. 

La capacidad de producir, almacenar e intercambiar semillas propias para mejorar la alimentación y nutrición de nuestra gente está asociada al concepto del Buen Vivir, el cual se nutre de principios y normas propias que provienen del territorio. Estos principios y normas están indicadas para no enfermar el territorio o a las personas; es decir, para no entrar en desequilibrio ni con el territorio, ni con la familia, ni con la comunidad, ni con el pueblo. Nuestra medicina vive en el territorio, por lo tanto, parte del proceso de sanación o alivio de los padecimientos de las personas se relaciona proporcionalmente con el tipo de alimentación que provee el territorio. Es necesario que las semillas sean patrimonio colectivo y no de las grandes multinacionales y o laboratorios, entendiendo a la semilla como un bien cultural y de soberanía alimentaria para los pueblos. 

La invasión a los territorios originarios fue, es y será siempre un acto de genocidio y exterminio. El Estado argentino está asentado sobre territorios de los pueblos originarios y, por lo tanto, es urgente el abordaje de una política pública de reparación histórica real, con una revisión de la historia, haciendo efectivo el cumplimiento pleno de los Derechos Colectivos de los Pueblos Originarios. 

Es necesario que el Estado y sus gobiernos apliquen de manera inmediata y responsable el Derecho Indígena para la restitución de lo nuestro en términos de la Constitución Nacional y el Convenio 169 OIT. En cumplimiento del marco de Derecho Indígena vigente, el Estado y sus gobiernos deben garantizar: 1. nuestra participación en la gestión de todo aquello que nos afecte directa e indirectamente, 2. el acceso a territorios aptos y suficientes para el Buen Vivir de los Pueblos Originarios, 3. la protección y resguardo de nuestros bosques, nuestras vertientes y ríos, nuestro alimento y nuestra medicina y, por sobre todas las cosas, 4. la restitución, posesión y propiedad comunitaria de nuestros espacios territoriales ancestrales y vitales, espacios que nos garantizan poder continuar desarrollando nuestras prácticas ancestrales y sustentables en el tiempo.

Los Pueblos Originarios debemos ser los únicos gestores y conductores de lo nuestro. Nombrar a especialistas blancxs para conducir la política indígena es perpetuar el racismo y el colonialismo establecido en América desde 1492 a la fecha. Racismo que se traduce en despojo territorial, discriminación, persecución y muerte, y que se aplica mediante herramientas perfeccionadas por la conquista a lo largo de los siglos a través de fuerzas militares y de seguridad, partidos políticos, iglesias, Ongs y agencias de turno. 

En tiempos que nuestra madre naturaleza se pronuncia inequívocamente ante nosotros, debemos acudir al llamado, recibir el mensaje de los tiempos y reflexionar profundamente sobre los paradigmas de relación con el medio que habitamos.

Nuestra madre tierra nos habla desgarradoramente, ese alarido debe despertar conciencias, movilizar espíritus y convocarnos colectivamente para construir juntos un mundo de iguales, de hermandad y respeto por cada elemento de la naturaleza, conviviendo reciproca y complementariamente.

En estos tiempos de pandemia, crisis social, política y económica que desmorona los paradigmas impuestos por el mundo occidental, es la oportunidad de frenar el saqueo, la contaminación y la explotación territorial, retomando caminos y legados ancestrales, para retornar a tiempos de libertad, de paz y de Buen Vivir, promoviendo el infinito circular de las vidas.

Desde lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, seremos nuevamente los Pueblos Originarios los guardianes de la vida planetaria, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo.

Juntos por Memoria, Identidad y Territorio

¡Restitución de nuestros Territorios!
¡Consulta Libre, Previa e Informada!
¡Ley de Propiedad Comunitaria Indígena!
¡El Agua es Vida!
Protección de nuestros humedales, lagunas, lagos y ríos.
Fortalecimiento de los usos ancestrales de las semillas frente a las pandemias.
Delimitar Territorios del Buen Vivir, libres de transgénicos y agrotóxicos.


Contacto:
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