Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos
Originarios – ENOTPO
Desde el primer momento que la cultura occidental extendió
su avanzada colonizadora hacia América e impuso un sistema ajeno a estos
territorios, empezó la historia de violencia sistemática ejercida desde las
instituciones del sistema colonial, y luego por los Estados hacia nuestros
Pueblos y Naciones Originarias.
Nuestra lucha por sostener cada una de nuestras
instituciones tradicionales es una lucha histórica. En la actualidad, continúan
los atropellos, la persecución y los hechos de violencia y muerte en nuestros
Territorios y es por ello que desde el Encuentro Nacional de Organizaciones
Territoriales de Pueblos Originarios entendemos que el proceso de
democratización del Poder Judicial tiene una importancia fundamental en la supervivencia
misma de los pueblos, de nuestra identidad y cultura.
El modelo de Estado liberal, monocultural y europeizado,
forjado hacia fines del siglo XIX por la élite dominante -un grupo minoritario
de familias aristocráticas, de sectores terratenientes y conservadores- implicó
la construcción de instituciones eficaces que legitimaran las relaciones de
poder existentes y garantizaran su perdurabilidad a través del tiempo. El
paradigma liberal dominante declaraba la necesidad de un Poder Judicial capaz de
defender los derechos de una minoría: la de los propietarios
(agroexportadores), quienes veían en el sistema de elecciones de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo una amenaza potencial hacia su propiedad privada.
El orden jurídico que rige desde ese momento fue, y continúa
siendo, el reaseguro de la permanencia
en el poder de los grupos dominantes. Estos ladrones de guante blanco
han conseguido forjar un sistema antidemocrático, impermeable, de carácter
sectario, que a lo largo de los años les ha permitido perpetuarse en ese lugar
de poder y actuar con total impunidad.
Reiteradamente nos encontramos ante jueces y fiscales que
niegan u omiten la aplicación del Derecho Indígena, autorizan desalojos y
entregan nuestros territorios, a favor de terratenientes o multinacionales. La
criminalización de nuestros jóvenes y la judicialización de nuestras
autoridades, dan muestras claras de las relaciones de dominación que aún están
vigentes en las provincias.
Al mismo tiempo, la base monocultural y euro-céntrica del Poder
Judicial, niega la diversidad cultural de nuestra región y con ello el derecho
de los Pueblos Originarios a desarrollar sus propios sistemas normativos
tradicionales y preexistentes.
Por esta historia de injusticia y violencia, consideramos
oportuna y urgente la revisión y transformación de la estructura y del
funcionamiento del Poder Judicial. Desde el ENOTPO nos hacemos participes de
esta transformación justa y necesaria, porque somos parte de un Estado que se
está reconstruyendo a partir de la otra historia, la de los Pueblos y Naciones
que lucharon y dieron su vida por una sociedad plural, con equidad y justicia
social. En este cambio de época, el Derecho Indígena no está en discusión, está
reconocido en una amplia normativa y no puede quedar a libre interpretación del
Juez de turno.
En la actualidad muchos de nuestros Pueblos se encuentran
afectados por la falta de aplicación del Derecho Indígena. Podemos mencionar
algunos casos:
- Neuquén: La provincia deniega el reconocimiento de las personerías jurídicas a comunidades del Pueblo Mapuche. La Corte Suprema de Justicia de la Nación actúa en un caso de la provincia de Neuquén contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por reconocer a comunidades indígenas su personería jurídica.
- El pueblo Chuschagasta y la familia Chocobar, de la Nación Diaguita, en Tucumán. Luego de 3 años todavía esperan justicia por el asesinato de Javier Chocobar – autoridad de la comunidad, asesinado por un terrateniente en plena defensa pacifica de su territorio ancestral. Los homicidas el terrateniente Darío Amin y sus sicarios Luis Humberto Gómez y José Valdivieso gozan de total libertad a pesar de la prueba contundente de un video, de público conocimiento, que retrata el momento del asesinato. Los hostigamientos y amenazas continúan al día de hoy, los asesinos continúan merodeando el Territorio Ancestral de los Chuschagasta.
- Pueblo Mapuche Vs. Benetton. En la Provincia de Chubut el poder judicial ha fallado a favor de la multinacional Benetton en perjuicio del Pueblo Mapuche, que desde tiempos inmemoriales ha hecho uso de ese territorio y paradójicamente hoy es denunciado por usurpación.
- En el caso del asesinato de Roberto López de la Comunidad la Primavera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no dictó aun su competencia en el caso.
- Comunidad Diaguita Kallchakí “Las Pailas” – Miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta – El 17 de diciembre de 2010 se produce un brutal ataque terrateniente bajo el auspicio de la jueza Mónica Faber, en violación del Derecho Indígena vigente y en complicidad con la fuerza pública, hecho por el cuál se intentó desalojar a 9 familias destruyendo viviendas y sembradíos.
- Comunidad Diaguita Kallchakí “El Divisadero” – Miembro de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta – Es permanente el hostigamiento judicial por parte de la jueza María Virginia Toranzo de Lobaglio con reiteradas ordenes de desalojo en contra de los comuneros ancestrales Diaguitas y sus autoridades, violando y desconociendo el Derecho de los Pueblos Originarios.
Ante esta situación, proponemos la “Igualdad Real” como eje
del cambio a través de políticas equitativas de derecho, igualitarias en la
implementación y en el acceso. Estas políticas deberán ser acompañadas
necesariamente de las reformas legales necesarias para ampliar derechos.
Proponemos:
- Reconocimiento del derecho indígena o derecho consuetudinario como fuente del derecho. Un Estado plural requiere también de un sistema jurídico que contemple la diversidad de sistemas normativos preexistentes y respete la institucionalidad propia de cada Pueblo Originario.
- Acceso a la justicia: gratuidad de los trámites relacionados a la defensa del derecho de los pueblos indígenas; garantía de acceso a instancias judiciales de comunidades distantes de los centro jurídicos; promoción de derecho.
- Formación de miembros del poder judicial en derecho indígena. Talleres interculturales obligatorios para los agentes judiciales
- Traductores oficiales en idiomas originarios para la atención y tramitación de causas judiciales.
- Asistencia a la víctima, en casos de conflicto con este tipo de consecuencias.
- Peritos: Pericias técnicas que reconozcan los saberes intrínsecos de la cultura de los Pueblos Originarios para tratamiento equivalente con otros peritos.
El reconocimiento del Derecho Indígena no solo es una reparación histórica para los Pueblos Originarios, sino que devuelve a toda la sociedad el derecho a vivir con igualdad en la diversidad cultural, en reciprocidad y complementariedad. Es obligación de la Justicia la aplicación de nuestro derecho de forma plena y efectiva.
Desde el ENOTPO seguiremos denunciando a los jueces corruptos, impulsando leyes que contemplen nuestros derechos y defendiendo los territorios que habitamos ancestralmente. Necesitamos un Poder Judicial que este a la altura de las circunstancias para adecuarse a los nuevos desafíos asumidos por todo un pueblo que está de pie, organizado y movilizado, en defensa de la democracia y de los derechos recuperados tras tantos años de colonialismo, genocidio, dictaduras, neoliberalismo, injusticia y opresión.
Desde el ENOTPO seguiremos denunciando a los jueces corruptos, impulsando leyes que contemplen nuestros derechos y defendiendo los territorios que habitamos ancestralmente. Necesitamos un Poder Judicial que este a la altura de las circunstancias para adecuarse a los nuevos desafíos asumidos por todo un pueblo que está de pie, organizado y movilizado, en defensa de la democracia y de los derechos recuperados tras tantos años de colonialismo, genocidio, dictaduras, neoliberalismo, injusticia y opresión.
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