miércoles, 20 de mayo de 2020

CUADERNILLO DE DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS



DERECHO A LA IDENTIDAD

Un derecho humano fundamental es el derecho a la identidad basado en la conciencia que cada persona tiene sobre su identidad indígena. Esto no sólo implica poder expresar la identidad propia (individual o colectiva) sin que esto resulte en actos de discriminación y/o represión, sino que también involucra la posibilidad de desarrollar la cultura propia. El Estado debe garantizar que esto sea así.

Hoy en día existe un marco de derecho que, en base al principio de autodefinición y de la autoconciencia (es decir que somos cada uno de nosotros quienes decidimos quiénes somos y quiénes queremos ser sin que medie ningún tipo de presión o coerción), nos permite expresar libremente quiénes somos y garantiza el desarrollo de nuestras culturas, instituciones, costumbres y prácticas ancestrales y tradicionales, siempre que éstas no sean contrarias a la legislación nacional y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

El autoreconocimiento y la autodefinición como personas y Pueblos Indígenas es el criterio fundamental que utiliza este marco de derecho para determinar quiénes son los sujetos de derecho. En otras palabras, no son terceros (el gobierno, la Escuela, los medios de comunicación, las iglesias o quien sea) los que nos dicen si somos o no originarios, sino que somos nosotros mismos los que nos autoreconocemos y definimos como indígenas. Como sostiene el Artículo II de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (o Declaración de la OEA), el Estado debe respetar el derecho que tenemos a dicha “autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada Pueblo Indígena”.

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viernes, 15 de mayo de 2020

Un desalojo y represión policial dejó heridos en Tartagal

Referentes indígenas anunciaron que denunciarán la violencia policial. 
Relataron que entre los heridos hay niños y embarazadas. 
Dispararon a un periodista.

Toma y desalojo policial 

Por órdenes del fiscal penal 1 de Tartagal, Gonzalo Vega, la Policía de Salta desalojó y reprimió a un grupode personas que estaban ocupando un terreno ubicado sobre la calle Urquiza, entre San Lucas y pasaje Betania de esa ciudad. 

Autoridades indígenas manifestaron que la Policía extendió el operativo represivo a los barrios de las comunidades toba, chorote y guaraní usando gases lacrimógenos y efectuando disparos con balas de goma. Relataron que hubo golpes y disparos inclusive a mujeres embarazadas y a niños, niñas y adolescentes. Un joven toba se encuentra internado, le impactó un disparo en el ojo izquierdo. También resultó herido un periodista que cubría los hechos.

El predio ocupado es privado, perteneciente a Juan Muñoz y Georgina Muñoz, propietarios también de la estación de servicio cercana. Los empresarios realizaron una denuncia por usurpación. Entre 250 y 300 personas criollas e indígenas ocuparon el lugar el viernes pasado. 

La Fiscalía aseguró que la gente que se encontraba en el predio fue intimada "oportunamente a retirarse en forma pacífica del lugar". Sin embargo, esta versión se contradice con la de las personas de la toma que manifestaron no haber sido informadas del desalojo y que la Policía entró efectuando disparos. 

El periodista Julio Nogales fue herido por un efectivo de Infantería con balas de goma en la pierna mientras entrevistaba en vivo para la página de facebook de La Cruda NN a vecinos del barrio Nacional que denunciaban la represión. 

Nogales precisó que esto ocurrió sin que se le emitiera ninguna advertencia previa y que había niños de entre 8 y 9 años en ese momento. La Asociación de Periodistas y Trabajadores de Medios de Comunicación del departamento San Martín emitió un comunicado repudiando el proceder policial. El comunicador realizó la denuncia en la Comisaría 45, contó que en el hospital no lo atendieron cuando fue a pedir la constatación de las lesiones.

"Alrededor de las 5.30 se inició el desalojo e ingresó la Policía a reprimir, no hubo advertencia o período de tiempo para que la gente pueda salir por voluntad. Hubo disparos con balas de goma y corridas que se extendieron hasta los barrios colindantes. Varias personas fueron heridas, incluso vecinos que no tenían nada que ver con la toma del terreno", explicó Nogales a Salta/12.

El periodista informó que la toma comenzó el viernes pasado alrededor de las 16. Sostuvo que con anterioridad, vecinos y vecinas venían denunciando que el predio estaba abandonado, lleno de malezas, que habían sucedido robos e intentos de violación. 

También dijo que el crecimiento demográfico en Tartagal "es terrible" lo que habría desencadenado la toma del terreno privado. "En una casa viven dos o tres familias. En sectores carenciados, hay un hacinamiento grave. En un solo dormitorio duermen 5 o 6 personas. Hay muchos vecinos que viven de forma muy precaria con casitas de madera que no dan para más. Tienen habitaciones tapadas con plástico", detalló. 

Nogales repudió el "avance discriminatoro de la Policía para con los vecinos. No se justifica. Una cosa es el desalojo, y otra que hayan salido persiguiéndolos con disparos". Dijo que nunca había visto un operativo con tantos policías, detalló que intervino la Brigada de Infantería, la motorizada del 911, Caballería, efectivos de la Comisaría 45, de la 42 y de la Unidad Regional 4.

"Entraron a las casas"

El cacique de la Misión Chorote, Nikasio Carrizo, explicó a Salta/12 que en la toma había miembros de su comunidad. "Vivimos en dos manzanas. Hace 35 años que nosotros vinimos a este lugar. Ha crecido la comunidad, sus habitantes, los hijos ya tienen familia y siguen viviendo con los padres. Los que iniciaron la toma fueron del barrio Nacional e integrantes de la Misión Cherenta (guaraníes), la gente nuestra se sumó ahí por la necesidad de tener su lugarcito para vivir", precisó. " A la madrugada fueron reprimidos. Hay muchos heridos en distintas partes del cuerpo, incluso mujeres y niños", añadió el cacique.

"Yo no estaba en el predio tomado pero cuando empezó a reprimir la Policía, la gente tenía que volver a sus casas. La Policía los siguió hasta adentro de la comunidad. Tiraron los balazos a gente que no tenía nada que ver. A mí me dispararon en el brazo cuando sali para ver que estaba pasando. Hablé con la Policía que estaba a media cuadra de mi casa, les dije que este es un espacio privado, que no podían reprimir dentro de la comunidad. Estaban tirando gases lacrimógenos. No me contestaron. A mi vecino le dispararon en la pierna", relató el cacique. 

Carrizo dijo que los policías entraron a algunas casas, "a las 6 de la mañana, niños y ancianos estaban durmiendo".

Este jueves las autoridades e integrantes de las comunidades indígenas afectadas, Misión Chorote, Misión Cherenta, Comunidad Toba 1 y 2, se reunieron y elaboraron un acta, que ya tiene 500 firmas, y que fue enviada a representantes del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

"Nos reunimos, firmamos y vamos a hacer la denuncia", manifestó Carrizo. Están esperando que los abogados del IPPIS y del INAI, los asesoren sobre cómo seguir. 

"Nos indigna que los policías hayan entrado a las casas de las familias. Repudiamos la represión dentro de la comunidad. Nos sentimos muy mal, impotentes por cómo nos han tratado. Nos insultaban feo, peor a las mujeres. Nos trataban de indios y matacos sucios. Pegaban patadas, culetazos con las escopetas, y realizaron disparos", relató a Salta/12 la cacica de la Comunidad Los Tobas 2, Sandra Sosa. Allí los vecinos y las vecinas se manifestaron contra lo sucedido.

Sosa sostuvo que hay gente que sigue al costado del predio y que el dueño no quiso dialogar. También se quejó de la ausencia del intendente Mario Mimessi (UCR) para hacer frente a la problemática ocurrida en el municipio que gobierna. "Cuando necesitó votos se sentaba a tomar mates con los pueblos originarios, ahora que se lo necesita para ver qué puede hacer no apareció", planteó. 

También hay ausencia de diputados y senadores del departamento San Martín. Las autoridades comunales les solicitan que trabajen en un proyecto de expropiación para resolver la necesidad habitacional de los pueblos indígenas.

En la comunidad Los Tobas 2 "hay 8 heridos con balas de goma, no han querido ir al hospital, se están curando en la casa", indicó Sosa. También señaló que hay mujeres embarazadas lesionadas. Además, un joven de 20 años, trabajador rural que regresó el viernes desde Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y hacía la cuarentena en la casa familiar, resultó lesionado cuando salió a ver qué pasaba. Las corridas, los disparos y el uso de gases habrían despertado y alarmado al barrio.

La prima del joven lesionado, Florencia Yaque, explicó que él salió hasta la esquina cuando venían otros muchachos huyendo de la Policía. "Los policías tiraban tiros y ahí le dispararon en el ojo, el abuelo lo metió adentro y ya estaba lastimado. Cinco efectivos de Infantería entraron a la casa, hicieron destrozos, lo querían llevar con el cuerpo policial. Llamé a la ambulancia. Yo les dije que necesitaba médicos. La ambulancia demoró como una hora porque los policías no la dejaban pasar", detalló. El joven se encuentra internado en el hospital, la prima dijo que tiene un buen pronóstico por parte del oculista que lo atiende.

"La motorizada hacía tiros al aire. A un hombre que estaba frente a la casa viendo a los hijos le pegaron un tiro en la pierna", relató Yaque.

Publicado en: Pagina 12

lunes, 4 de mayo de 2020

Patrimonio y Pueblos Originarios

Patrimonio de los Pueblos Originarios 
(VER)

Patrimonio es un concepto que, en los últimos años, ha sido ampliamente debatido; se lo ha discutido en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y en el ámbito de la gestión y administración
pública, se lo ha vinculado con el desarrollo turístico, aparece frecuentemente mencionado en los medios de comunicación y es disputado por grupos subordinados que empiezan a adquirir visibilidad y expresión propia. Ahora bien, ¿qué se entiende por patrimonio? Sin caer en una definición precisa y exhaustiva del término, se podría decir que son elementos (materiales o inmateriales), considerados bienes, que están relacionados con la identidad de un colectivo determinado, con su cultura, sus tradiciones e historia. 
Este libro aborda el tema de la relación entre patrimonio y pueblos originarios en lo que hoy es Argentina. A diferencia de otros trabajos publicados sobre la temática, en este volumen se presenta la voz originaria en primera persona. En efecto, a lo largo de los distintos capítulos el lector podrá interiorizarse, a través de la vocería de referentes, delegados, autoridades y colectivos indígenas, sobre qué consideran patrimonio los pueblos originarios

jueves, 30 de enero de 2020

Mascotas sí, Pueblos Originarios no

Sáenz puso en Salud una dependencia de Bienestar Animal

Así surge de la nueva estructura del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial. Bienestar Animal aparece con una jerarquía que sería más alta que el programa dirigido a los pueblos originarios. 

Por Laura Urbano

La nueva estructura del Ministerio de Salud Pública de Salta salió simplificada. “Achicada”, calificaron algunos gremialistas que la ven con un poco de recelo pues temen que la reorganización implique la pérdida de puestos dentro de la cartera sanitaria.

Pero la mayor advertencia ya se había señalado desde antes cuando referentes originarios se enteraron de que el Programa de Relaciones Interculturales podía desaparecer de la estructura. Otra Secretaría que se quitó y que se encontraba en la anterior estructura fue la de Nutrición y Alimentación Saludable.

Para las comunidades que vienen trabajando en una Red de Salud Intercultural, el Programa de Relaciones Interculturales, que se sostenía con el trabajo de dos personas, representaba la “piedra basal” de un proyecto necesario y más ambicioso. Esa fue la definición del referente de la Unión de Pueblos la Nación Pueblo Diaguita (UPND) y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), David Pastrana. Se mostró preocupado por la decisión ya plasmada con la publicación del decreto N° 124 el jueves que pasó.

La secretaria de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Irma Silva, afirmó ante Salta/12 que quienes estaban dentro del programa van a quedar bajo la órbita de la dependencia a su cargo. Aunque reconoció que aún no se tiene definida la denominación de esta nueva dependencia, dijo que se va a articular lo necesario para continuar con lo que se venía planteando. “Lo importante es que no se pierdan los trabajos”, dijo.

Bienestar Animal

Llamó la atención que dentro de la estructura ingrese “Bienestar Animal” en directa dependencia de la figura del Ministro de Salud. Pese a que se pidió explicaciones, que en principio se derivaron a la titular de Desarrollo Organizacional, Celina Caro, la respuesta fue que “la estructura está en el Boletín Oficial y es lo que está vigente”.

Bienestar Animal es una dependencia que se trasladó desde el municipio de Salta Capital a la Gobernación con el traspaso de cargos de intendente a gobernador de Gustavo Sáenz. De hecho, uno de los principales caballitos de campaña del actual gobernador fue el Hospital de Mascotas, defendido a capa y espada por los proteccionistas de animales. Esas asociaciones salieron a organizarse para erradicar los carros a caballo que manejaban muchas familias de ingresos económicos más bajos de la capital salteña.

Conocedores de la organización del Estado provincial afirmaron que “nunca” había estado Bienestar Animal en la estructura del Ministerio de Salud. En los archivos de los decretos gubernamentales se encuentran rastros del programa de Zoonosis pero en la Secretaría de Ambiente, que depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

Veterinarios que trabajan en el Hospital de Mascotas entendieron que la incorporación de la dependencia en el Ministerio de Salud es importante. Para ellos, desde allí se pueden tratar las enfermedades que transmiten los animales. Entre ellas, la rabia, o la enfermedad de las garrapatas.

Sin embargo, otros conocedores de la administración pública provincial entendieron que la dependencia no debería incorporarse en la estructura de Salud.

Un Programa con 8 años

El Programa de Relaciones Interculturales apareció dentro de la estructura de Salud en 2012 como una figura en dependencia de la Atención Primaria de Salud (APS). A su vez, la APS dependía de la Subsecretaría de Medicina Social enmarcada en la Secretaría de Servicios de Salud.

Desde el Programa se capacitaba a los agentes de la salud en conceptos de interculturalidad con el fin de acercar a pacientes de las comunidades originarias con los efectores sanitarios. Solo dos personas formaban parte del Programa y, según contó el mismo Pastrana, recorrían distintas dependencias sanitarias parar lograr el cometido.

Este fue el primer paso para luego contar con programas interculturales en los hospitales de referencia de la provincia, como el San Bernardo o el Materno Infantil, ubicados en Salta Capital.

En el espacio físico del Programa, que funcionaba en un sector del viejo Hospital de Niños (hoy Centro de Salud de la Madre y el Niño), se daban cita los referentes comunitarios. Allí debatieron las ideas para cumplir con acciones concretas enmarcadas en la ley N° 7856, que crea la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios, sancionada en 2014, pero que el ex gobernador Juan Manuel Urtubey dejó sin reglamentar. Con las acciones, dijo el referente indígena, se logró contar con algunas camas en albergues de los Hospitales de Tartagal y Orán, que suelen ser los primeros que contactan con las comunidades. En muchos casos, si los pacientes del pueblo wichí llegan a hacerse atender es porque la condición de salud es muy crítica con todo lo que ello conlleva para la familia.

Sin una política pública

En su análisis, Pastrana indicó que la expectativa con el cambio de gestión a nivel provincial era poder continuar con las acciones y lograr un sistema de Salud Intercultural. Se venía logrando con una construcción colectiva entre comunidades y algunos agentes de Salud.


“Había que aportar y avanzar. Pero este Gobierno hizo todo lo contrario. En lugar de acompañar y fortalecer lo que faltaba, vino a desfinanciar”, dijo el referente. Agregó como ejemplos de esa desjerarquización y desfinanciamiento el haber eliminado los Ministerios de Asuntos Indígenas y de Primera Infancia. Entendió que mientras el gobierno de Sáenz solo busca fondos a nivel nacional poco se sabe qué sucederá cuando los recursos se acaben: “¿Qué nos va a quedar como política pública hacia una Salud Intercultural?”, dejó como incógnita.

Para la foto

Por otro lado, la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, se sacó una foto con el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Víctor Claros. Según el comunicado oficial de ese encuentro, “ambos plantearon la necesidad de un trabajo mancomunado con perspectiva intercultural, que favorezca la aproximación de los equipos que desarrollan tareas socio comunitarias y sanitarias en la zona, considerando sobre todo las comunidades wichí”.

Se informó que se acordó relevar el recurso humano ya instalado en los territorios y sumar a egresados y estudiantes de los últimos años de las carreras de Enfermería, Nutrición y Antropología, que manifiesten su deseo de participar en el apoyo y fortalecimiento de las tareas que se realizan en terreno.

Con una mirada a futuro, se planteó la posibilidad de sumar a los próximos egresados de la carrera de Medicina y diseñar sus rotaciones por esas localidades.

También coincidieron en la necesidad de dejar capacidad instalada en la región. El rector de la UNSa puso a disposición las sedes de la Universidad que funcionan en ciudades del interior, para que sus egresados puedan desarrollarse como profesionales en sus lugares de origen.


jueves, 26 de diciembre de 2019

El Foro Agrario rechaza la modificación de la Ley Nº 7722 de la provincia de Mendoza


Desde el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro repudio a la modificación de la Ley N.º 7722 de la provincia de Mendoza que se realizó en tiempo record en el 20 de diciembre.

Fundamentamos nuestro rechazo en las siguientes razones:

– La modificación permitirá el avance de la megaminería en la Provincia y abrirá la puertas para que la multinacionales mineras desembarquen y profundicen el saqueo.

– La Ley N.º 7722 es un emblema de la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y su agua y ninguna de las condiciones que permitieron su aprobación se ha modificado.

– Por el contrario la provincia atraviesa estos últimos años una crisis hídrica que se agravará sin lugar a dudas de avanzar estos proyectos extractivos.

– Desde el Foro Agrario hemos convergido más de 50 organizaciones para construir “Una Argentina con Soberanía Alimentaria, apostamos a un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todas y todos”. El extractivismo minero es una de las grandes amenazas para la Soberanía Alimentaria y para la posibilidad de producir alimentos saludables localmente.

– Las principales fuentes de generación de recursos que tiene la provincia, como son la producción agrícola y el turismo se verán amenazados pro el avance de la megaminería.

– En nuestro documento fundacional hemos sostenido que “Nuestros territorios no pueden ser zonas de sacrificio en función de las necesidades y demandas de los centros de poder global; debemos ser las propias comunidades las que decidamos el destino de eso que el mercado llama “recursos” y nosotras y nosotros llamamos bienes comunes naturales”. Esas comunidades son las que desde hace años vienen defendiendo la vigencia de la Ley 7722.

– Defendemos el Derecho Humano al Agua y no como mercancía y el uso que realiza la actividad minera del agua junto a las toneladas de residuos tóxicos que produce representa, como ya se ha demostrado en múltiples situaciones, una amenaza que no podemos permitir.

Exigimos que las autoridades escuchen al pueblo mendocino movilizado y que retrotraigan esta medida viciada de nulidad por ilegítima e inconstitucional.