El lunes 16 y 17 de mayo, ante la visita del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Sr. Mutuma Ruteere, las autoridades y referentes de Pueblos Originarios nucleadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, acercaron un informe sobre la realidad territorial y el estado de situación en cuanto al cumplimiento de los derechos indígenas por parte del Estado Nacional y Estados provinciales en Argentina.
Estuvieron presentes además, referentes de otras organizaciones indígenas como ONPIA y CJIRA; referentes de organizaciones de afrodescendientes; familiares de Atahualpa Martínez Vinaya, víctima de violencia policial; organismos públicos como miembros del Programa sobre Diversidad Cultural de la DGN; y ONGs como la AADI, APDH, SERPAJ y el CELS, entre otros..
Entre los casos que se plantearon, los referentes del Pueblo Chuschagasta de la Nación Diaguita, expusieron el estado de situación del juicio por el asesinato de la autoridad comunitaria Javier Chocobar, el cual se encuentra paralizado desde el año 2009 y los asesinos en libertad.
Asimismo, referentes del Pueblo Tolombón de la Nación Diaguita plantearon la situación de violencia y vulneración de derechos que se vive en la base comunitaria Tacanas, en la provincia de Tucumán. En los órganos de la justicia provincial se denota una convivencia entre los terratenientes y varios Jueces y fiscales que son parciales a la hora de dictar medidas y sentencias afectando y violando los Derechos de los Pueblos Originarios y sin respuestas ni intervención por parte de los estados nacional y provincial.
En Salta estuvieron presentes Autoridades y Delegados del Concejo de Pueblo tastil, La Red del Pueblo Atacama, La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta y El Pueblo Lules denunciando la situación territorial en la provincia, también estuvieron la Asociación Laka Honat, organización de mujeres, entre otros espacios.
Desde el ENOTPO se acercó un Informe del Estado de Situación del cumplimiento del Derecho Indígena en el Estado Argentino en donde se detalla la legislación vigente en el país y el estado de aplicación del derecho, el cual se adjunta a continuación.
INFORME: ESTADO DE SITUACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO INDÍGENA EN ARGENTINA.
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO
El ENOTPO es un espacio de encuentro y articulación política de organizaciones territoriales de más de 26 Pueblos Originarios en Argentina. Nuestra organización se constituyó en marzo de 2009 con el objeto de dar continuidad a los procesos históricos de lucha y reivindicación territorial y de esa manera articular políticas públicas de y para los pueblos originarios a fin de constituir un diálogo intercultural genuino con el Estado.
A partir de la Reforma de la Constitución Nacional en 1994 se reconoce a los Pueblos Originarios como sujeto de derecho colectivo preexistente, tal como reza a continuación el Artículo 75 Inciso 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Asimismo, las autoridades de los Pueblos Originarios fuimos impulsando distintas iniciativas políticas y legislativas, a partir de las cuales fuimos construyendo el edificio de lo que es hoy el derecho indígena vigente en el país.
A lo largo de muchos años de organización, lucha, resistencia, fortalecimiento y militancia, hemos conseguido que el Estado tome algunas de nuestras propuestas, entre las que se puede destacar la inclusión del Derecho a la Comunicación con Identidad en la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que permite acceder a Medios Indígenas a través del derecho a la Comunicación con Identidad, la incorporación del derecho indígena en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el Proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena (Decreto Nº 700, que está pendiente desde el 2010); la traducción del Protocolo de Nagoya a idiomas originarios, la ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Sin embargo, ante el amplio universo legislativo vigente nacional e internacional, que debería garantizar plena y efectivamente nuestros derechos, los mismos no se cumplen o se hace en forma defectuosa.
La falta de reconocimiento de nuestras instituciones tradicionales, frecuentemente se convierte en un obstáculo para el goce de nuestros derechos como el territorio, la identidad, el desarrollo y nuestra autonomía como Pueblos preexistentes. Una norma que regule el derecho a la participación y la consulta previa libre e informada es una de las deudas pendientes del Estado. Esto es así, a pesar de que las organizaciones hemos elevado un proyecto de Ley para la Consulta previa, libre e informada basado en el “Protocolo de Consulta previa libre e informada a Pueblos Originarios” realizado por el ENOTPO.
Asimismo, el reconocimiento de nuestros territorios es otra deuda histórica, el cual puede observarse en la falta de una ley de posesión y propiedad comunitaria de nuestros territorios. Hoy los Pueblos Originarios transitamos por un estado de inseguridad jurídica, ya que la Ley 26.160, que suspende los desalojos de nuestros territorios y ordena demarcarlos, resulta insuficiente y en la mayoría de los casos es aplicada de forma tardía ante el surgimiento de los conflictos. La justicia, en la mayoría de los casos en connivencia con sectores terratenientes, actúa de forma parcial, desconociendo al sujeto de derecho colectivo y utiliza la figura de la usurpación como modus operandi para negar nuestros derechos territoriales. Esto provoca la expulsión violenta de nuestras familias de los territorios ancestrales.
Además, entre los logros alcanzados, hemos avanzado en la conformación de áreas de gestión a cargo de nuestras organizaciones territoriales: la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (año 2007), la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena en el INAI (año 2010) y la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agroindustria (año 2014), espacios establecidos mediante el diálogo intercultural con el Estado y como política de reparación histórica a tantos años de opresión y olvido. Durante todos estos años hemos llevado adelante la gestión de la política indígena, con aciertos y con errores, con mayor o menor voluntad política de los gobiernos y funcionarios de turno, aprendiendo en el camino, pero siempre respondiendo al mandato colectivo proveniente desde nuestros territorios y nuestros Pueblos, los únicos soberanos.
Al día de hoy nos encontramos ante una situación de emergencia e incertidumbre acerca de la política indígena a nivel nacional que impacta en lo territorial, de desguace de los espacios logrados y con la gestión paralizada desde el mes de diciembre.
Estado de situación en el INAI:
Sin realizar la correspondiente CONSULTA y PARTICIPACION a los Pueblos Originarios y sus Instituciones representativas, el INAI se trasladó del Ministerio de Desarrollo a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por medio de un simple DNU 13/2015 en donde se establece que compete a al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: “26. Elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones del área, tendientes a lograr la protección y la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes y su plena inclusión en la sociedad, con intervención de los Ministerios que tengan asignadas competencias en la materia, a los efectos previstos en el artículo 75, inciso 17, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.
De la misma forma inconsulta el ejecutivo anuncia el DECRETO 672/2016, de creación del CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Estas son medidas arbitrarias y se contradicen en si mismo, ya que esto no fue llevado a cabo por medio del procedimiento establecido en materia de derecho indígena. Desconociendo el CLPI y negando la participación del sujeto de derecho, en violación clara del Convenio 169 de la OIT el cuál manda a los Estados a CONSULTAR a los Pueblos Originarios a través de sus instituciones representativas ante cualquier medida que los afecte directa o indirectamente.
Asimismo se designaron nuevas autoridades y funcionarios, los cuales tienen un profundo desconocimiento del Derecho Indígena y de nuestras realidades territoriales, resultando incompetentes para dichos cargos e incapaces para dar respuestas a nuestras demandas. Ello se evidencia en la desidia y falta de respuestas ante diversas situaciones de conflicto que merecen atención urgente ya que de ello depende la seguridad física y territorial de nuestros hermanos y hermanas, la cual requiere un trabajo de lunes a lunes. Algunos casos de conflicto reciente son: el ataque y las amenazas de muerte a miembros de la Base Tacanas del Pueblo Tolombón Nación Diaguita en el mes de enero en la provincia de Tucumán; las amenazas de desalojo y hostigamiento jurídico hacia el Pueblo Diaguita y sus comunidades Corral Blanco y Aguas Calientes en Catamarca por parte de terratenientes; la amenaza de desalojo a la comunidad Diaguita Kalchaki de Molinos en la Base Takuil; los conflictos por usurpación y amedrentamiento a los comuneros y comuneras del Pueblo los Tafies, Comunidad El Mollar en la Pcia de Tucumán. los pueblos de la ruta 81, 34 y 86 que ven afectados sus territorios por el avance de los terratenientes criollos, y la traza del gasoducto; la tensión y descontrol en la administración del co-manejo en las áreas protegidas; entre otros múltiples conflictos que impactan en nuestros territorios violando nuestros derechos colectivos.
Los nuevos funcionarios tienen que entender que la política indígena no tiene fin de semana.
Además, argumentando que “el INAI esta sobredimensionado”, han comenzado una serie de despidos, los cuales se realizan de forma totalmente arbitraria ya que desconocen a los trabajadores y las funciones que cada uno realiza, y en sus propias palabras los que supuestamente están como responsables de cada Dirección no tienen explicación solo aducen que “son órdenes de arriba”.
Mientras tanto, las nuevas autoridades se entretienen discutiendo con algunos referentes que están lejos de representar la pluralidad de pueblos y las realidades territoriales en Argentina; viajan a las provincias sin dialogar con las instituciones representativas de los pueblos; y todo ello con el agravante de conformar un INAI paralelo que funciona en el predio de la ex – ESMA, sin claridad respecto al funcionamiento del Instituto y a los lineamientos políticos que pretenden llevar adelante.
Estado de situación en la Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Agroindustria:
Tras el desembarco de la Sociedad Rural en el Ministerio de Agroindustria y luego de meses de indefinición e incertidumbre sobre el futuro de la Secretaría de Agricultura Familiar, las nuevas autoridades definieron desaparecer la Dirección de Pueblos Originarios. Todos los proyectos de desarrollo y producción destinados a pueblos y sus comunidades fueron devueltos para “tirar a la basura” y desde el área de recursos humanos se avisó a los compañeros y compañeras del equipo intercultural que deberían reubicarse en otras áreas si querían sostener su empleo, sin garantías, sin embargo, de la renovación de sus contratos que terminaron el día 31/03.
Una vez más, sin ningún tipo de consulta y desconociendo a los Pueblos Originarios como sujeto de derecho, se avasalla el derecho indígena establecido en la Ley Nº 27118 de “Reparación histórica de la agricultura familiar campesina e indígena” y se pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de los Pueblos Originarios.
Esta dirección fue el producto de una intensa lucha por ser reconocidos como lo que somos: Pueblos Originarios. Ni campesinos, ni agricultores familiares. Su desaparición es discriminación y negación de nuestros derechos y la invisibilización de nuestras identidades. Mientras, se está beneficiando a los pooles de siembra, a las corporaciones agroindustriales y a los grandes terratenientes, a costa de los más desfavorecidos.
Estado de situación de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:
Una vez más, por “ordenes de arriba”, desde el arribo de los nuevos funcionarios al ministerio, desde la Secretaría de Coordinación Interjurisdiccional se informó que la Dirección desaparecería ya que se pretende centralizar la política indígena en el INAI. Paralelamente comenzó una oleada de despidos en todo el Ministerio y todo el equipo de la DPOYRN está viviendo una situación de hostigamiento por parte de Recursos Humanos por medio de llamadas reiteradas que tienen como fin notificarlos de los despidos.
Esta Dirección se ocupa de brindar asesoramiento y fortalecimiento en derecho indígena y ambiental a los Pueblos Originarios; intervenir ante situaciones de conflicto ambientales, en desmontes y desalojos territoriales; acompañar la aplicación de la ley Nº 26160 a través de la Red de Articulación que convoca a distintos organismos del Estado nacional; garantizar la Participación de los Pueblos Originarios en la ley de bosques nativos Nº 26331, elaborar, difundir e incorporar el “Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada a Pueblos Originarios” en todas las acciones que los afectan; garantizar la participación de las organizaciones de pueblos originarios en todas las políticas y programas que los afectan: Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad, Estrategia Nacional REDD+, Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual (OMPI); elaborar materiales de promoción y difusión del Derecho Indígena; entre otras.
Esta área fue la primera creada con gestión propia y auténtica de los Pueblos Originarios en el Estado, para llevar adelante la política ambiental con eje intercultural y garantizar a los pueblos la gestión y administración de sus bienes naturales de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional y la normativa internacional vigente.
Es FALSO que las áreas de gestión de la política indígena estén sobredimensionadas. Por el contrario, se requiere responder a más de 10 millones de hermanos y hermanas de pueblos originarios, pertenecientes a más de 40 Pueblos, con presencia en todo el país, en situaciones complejas (a nivel social, cultural, económico) y en la mayoría de los casos con conflictos de mucha gravedad y violencia. De hecho, una de las demandas compartidas por el movimiento indígena es la jerarquización del INAI y el aumento del presupuesto del mismo, como así también de las distintas áreas de gestión, y el financiamiento para la creación de nuevos espacios.
Este estado de situación de la aplicación de la normativa vigente, da cuenta de una situación de vulneración de nuestros derechos colectivos como pueblos preexistentes, la cual implica un alto grado de discriminación, racismo y xenofobia hacia nuestros Pueblos, hacia nuestras instituciones ancestrales y nuestras culturas milenarias.
La focalización de la política indígena en el INAI, niega e invisibiliza la base plurinacional de nuestro país y la realidad de los Pueblos Originarios, la cual es transversal a todas las instituciones y áreas del Estado (salud, educación, ambiente, agricultura, economía, comunicación, etc).
Entendemos que el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia debe tomar nota y observar esta grave situación.
Para revertir esta política de invisibilización y retroceso es necesario establecer determinados derechos fundamentales:
- Sujeto Colectivo - Pueblo Originario:
Cada “Pueblo Originario” es un Sujeto político y jurídico colectivo (no individual) que detenta derechos especiales. Todas las personas que pertenecen a un Pueblo Originario tienen los mismos derechos civiles y ciudadanos que el resto de la sociedad, pero además, por pertenecer a un Pueblo Originario y ser parte de ese sujeto colectivo, poseen un marco de Derecho Indígena que emana del Derecho Consuetudinario (propio) de cada Pueblo, el cual es de incidencia colectiva (es decir que afecta a todo el Pueblo en su integridad cultural y territorial).
- Distinguir Pueblo de Comunidad.
La instalación de los Estados occidentales ha desnaturalizado nuestra condición de Pueblo, porque ha roto el sistema de manejo territorial ancestral en cientos de partículas. Cada comunidad es una parte constitutiva de un Pueblo. La comunidad es la forma organizativa que se dan los Pueblos Originarios en su Territorio, sin embargo el sujeto de derecho colectivo es el Pueblo Originario. El Pueblo se relaciona con el Territorio en el que se desarrolla social, cultural y espiritualmente, y todas las bases comunitarias comparten una misma identidad, la Identidad Territorial del Pueblo al que pertenecen.
- Reconocer el Derecho al Territorio y a la Identidad como Derecho Humano:
En el marco de los Derechos Colectivos: la preexistencia de nuestros Pueblos a la creación de los Estados implica una serie de derechos que deben ser reconocidos y garantizados, reconociendo también que las fronteras estatales impuestas a los Pueblos Originarios nos han llevado a una situación de migración forzada en nuestros propios territorios. Ningún Pueblo puede desarrollarse, ni proyectarse si no es desde la base que le da origen, sustento, cosmovisión, que es el espacio físico: Pachamama ó Wajmapu, Territorio. Es fundamental el reconocimiento del Territorio como punto de partida para una reparación histórica real, como eje central del desarrollo productivo socio-cultural y económico, incluyendo el control y administración de nuestros Bienes Naturales.
Somos culturas vivas y dinámicas que nos desarrollamos de acuerdo a nuestras propias pautas culturales ancestrales. Fuimos parte de las luchas por la independencia y emancipación de nuestros pueblos, por una Patria Americana Grande Libre y Soberana, y hoy estamos debatiendo y definiendo el presente y futuro de nuestros pueblos, con propuestas políticas propias de manera autónoma.
Durante largos años de colonización, invisibilización y paternalismos, actores externos como las ONG’s, las Iglesias, los partidos políticos, gremios y los denominados “especialistas” (etnógrafos. antropólogos, abogados, arqueólogos, etc.) pretendieron hablar en nuestro nombre, sin embargo hemos retomado la voz en primera persona y NO vamos a permitir que nunca más se usen nuestras demandas para intereses personales. Nuestra voz es colectiva y emana de nuestros Territorios.
Nuestra lucha es una lucha histórica y nuestros derechos territoriales no se negocian. Para los Pueblos Originarios el proceso de apropiación y despojo territorial empezó el 12 de octubre de 1492, marcando el inicio de más de cinco siglos de destrucción de nuestra identidad, prohibición de nuestros idiomas y creencias, del asesinato de nuestras autoridades tradicionales, de la ruptura de nuestras instituciones políticas y sociales.
Durante largos años, las políticas estatales destinadas a nuestros pueblos fueron meramente asistencialistas y fuimos reducidos a beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, los pueblos originarios no somos pobres por naturaleza sino que somos pueblos milenarios que fuimos despojados por el sistema colonial y el capitalismo extractivista que se instaló en nuestros Territorios ancestrales. Somos preexistentes a los Estados y tenemos derecho a desarrollarnos en los territorios que habitamos desde siempre y el Estado tiene la obligación de consultarnos y participarnos en todas y cada una de las medidas que afecten nuestras vidas y territorios.
Nuestro continente, hoy denominado América, es nuestro Territorio ancestral y está lleno de vida, o como se diría desde el occidente, es rico en biodiversidad. Para los Pueblos Originarios estas diversas formas de vida, los ríos, las montañas, el viento, el sol, el agua, los animales, las plantas, en el espacio aéreo y en el subsuelo, son fuerzas naturales que componen nuestros Territorios. Todos y cada uno de los elementos de la naturaleza integran nuestra cosmovisión y espiritualidad, y son la fuente fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, nuestros pensamientos, la base de nuestra propia ideología y de nuestro proyecto filosófico y político.
¡JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO!
