25 de octubre de 2012
Por: ENOTPO
¿Cómo se conformó la AADI?
Las organizaciones indígenas nos propusimos como objetivo fundamental para la construcción de un Estado Plurinacional, no dejar nunca más la política indígena en manos ajenas y avanzar en la “gestión indígena en manos de los pueblos indígenas”. Para ello emprendimos la construcción de espacios con participación política indígena y asumimos el desafío de fortalecer nuestros procesos orgánicos en cada territorio. En este marco, en noviembre de 2008 se realizó el “Encuentro Nacional de Abogados especialistas en Derecho Indígena”, impulsado por las organizaciones territoriales, y gestionado a través de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (SAYDS), a cargo de Roberto Ñancucheo, Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén.
En dicho encuentro fueron convocados juristas afines a nuestra lucha, contando entre otros, con la presencia del Dr. Eugenio Zaffaroni, con el objetivo de reunir un equipo de técnicos en el derecho indígena, para que pusieran esta herramienta y sus conocimientos a disposición de los procesos de los Pueblos Originarios, como un modo de hacer frente a las situaciones adversas, de desigualdad jurídica y desamparo territorial. Como resultado de esta convocatoria se creó la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Llama la atención que un espacio surgido del seno de la construcción política de las organizaciones indígenas, una vez conformado, pretenda desconocer a aquellos quienes le dieron mandato y existencia.
¿En nombre de quién habla la abogada Silvia Ramírez?
Con una doble ética, esta técnica, dice defender el derecho a la autonomía de los Pueblos Originarios mientras que en la práctica desconoce las definiciones políticas tomadas a través de nuestras instituciones legítimas.
En un sistema democrático como el que rige en nuestro país, en el que cada sector tiene la posibilidad de expresar su postura política libremente, resulta una total falta de honestidad que una abogada, por más “especialista” que sea, haga utilización del Derecho Indígena para plantear su desacuerdo personal con el gobierno nacional, organizando movidas de prensa y políticas a contramano de nuestras definiciones, mientras en los hechos continúa llenándose los bolsillos a costa de nuestros conflictos. Pareciera que estos expertos en la materia necesitan el eterno conflicto para existir, su razón de ser es el vivir a costas de nuestras miserias y necesidades.
¿Qué legitimidad tiene la palabra de una abogada que desconoce y niega el proceso organizativo, las instituciones legítimas y las definiciones políticas de los Pueblos Originarios?
Durante muchos años nuestras intervenciones políticas y nuestra lucha se encontraron marcadas por la falta de reconocimiento en el Estado argentino, lo cual limitaba nuestra capacidad de acción como sujetos de derecho colectivo. Este escenario a favorecido siempre a los gobernantes de turno, a los terratenientes, a la oligarquía y a la iglesia, sectores que han intentado invisibilizar y manipular nuestra participación, en pos de sus intereses individuales.
Durante los ΄90 las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial a través de los gobiernos neoliberales propiciaron el ingreso de empresas multinacionales en nuestros territorios, a la vez que ofrecían soluciones superficiales a través de los organismos internacionales para el desarrollo, quebrantando la soberanía nacional y aumentando los niveles de desigualdad y conflicto. No obstante nuestra organización y lucha condujo a que la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, reconociera nuestra preexistencia y derechos fundamentales, sin embargo, esta reforma de corte neoliberal, también implicó un gran retroceso respecto a la soberanía nacional sobre los recursos naturales.
Este largo proceso de lucha y militancia, nos ha dado la experiencia suficiente para entender que desde el 2003 el escenario político de Argentina y en la región ha cambiado, y que para generar transformaciones reales para nuestros pueblos, es necesario que tomemos en nuestras propias manos la política indígena. Las organizaciones que somos parte del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO, haciendo ejercicio de nuestra autonomía y Libre Determinación, asumimos ese desafío y nos propusimos participar de manera activa y propositiva, conforme al mandato y responsabilidad que nos dan en nuestros territorios.
¿A quién se refiere Silvia Ramírez cuando dice que los “Pueblos Originarios” no están conformes con la Reforma y Unificación de los Código Civil y Comercial?
Como bien sostiene la Sra. Ramírez durante la entrevista, los Pueblos Originarios no somos un todo homogéneo. En argentina somos 38 pueblos, que tenemos en común la preexistencia al Estado, una historia de despojo y exterminio físico y cultural, que empezara con la colonia, la iglesia y continuara con la creación de los estados nacionales. Esta realidad que nos une, refuerza nuestra propuesta de organizarnos para incidir políticamente, y difiere ampliamente de la idea folklórica de una “hermandad con la tierra”, como sostiene la abogada, en un claro intento de despolitizar nuestras luchas.
El actual Código Civil entró en vigencia al mismo momento que se emprendía el genocidio y despojo territorial denominados “campaña al desierto”. Actualmente el impulso del gobierno nacional ha planteado una reforma del mismo que incluye la incorporación del derecho colectivo de los Pueblos Originarios, lo que significa un cambio de paradigma y una nueva herramienta de aplicación directa de nuestro derecho en las diversas situaciones territoriales. Es por esto que las organizaciones nucleadas en el ENOTPO, venimos acompañando dicho proceso y hemos elaborado nuestra propuesta con el objetivo de incidir en el articulado, sosteniendo y ampliando el nivel del Derecho Indígena, reconocido en la Constitución Nacional. En este sentido desde este espacio, elegimos el camino de la participación y la propuesta sin renunciar a ninguna de nuestras demandas históricas, y no de la “queja”, y desde esta lucha y militancia salir a conquistar nuestros derechos.
Las decisiones políticas tomadas en el marco de nuestras organizaciones, son producto de un proceso que se no se inició ayer, ni con nosotros, y que aún le queda mucho por avanzar. Pero hoy sí nos toca a nosotros, autoridades y referentes delegados por nuestros pueblos, la enorme responsabilidad de dar respuestas a ese mandato. Promovemos la Interculturalidad como una herramienta fundamental que permite consolidar la presencia y participación de los Pueblos Originarios en espacios de definición política para garantizar la aplicación de nuestros derechos, dando pasos firmes hacia nuestra autonomía como Pueblos preexistentes.
En este sentido, nos proponemos avanzar en un diálogo serio con el gobierno y en conjunto con otras organizaciones sociales y políticas, apostando a la construcción de un Estado Plurinacional, soberano, con justicia social y reconociendo la diversidad cultural con igualdad.
Es por esto que los espacios dentro del Estado ocupados por el ENOTPO, son producto de decisiones políticas tomadas desde los territorios, con la representación de más de 45 organizaciones territoriales indígenas y 26 Pueblos conformados por mas de 1000 comunidades.
Es llamativo que con la representatividad que posee este espacio, nuestra definición de establecer un diálogo con el gobierno sea ninguneada y subestimada, a partir de una lectura que no hace más que revivir el prejuicio estigmatizante de nuestra “incapacidad” política y organizativa. Al parecer, necesitan que sigamos ocupando el lugar de “objeto” para poder seguir siendo las “voces autorizadas”, posicionándose como referencias en sus propios ámbitos políticos y profesionales.
Asimismo, nos encontramos con que una vez más, los medios recurren a los “especialistas” o retoman la palabra de la Iglesia (ENDEPA) para (des)informar a la sociedad acerca de nuestros pueblos, evitando consultarnos sobre nuestra propia realidad territorial. Entonces ¿Quién es el que confunde y desinforma? El monopolio de Clarín miente pero ¿qué pasa con el resto de los medios…?
Esta práctica, tanto desde los medios que nos invisibilizan, como de los “expertos” que pretenden hablar por nosotros, es deshonesta, no respeta a nuestras organizaciones, silencia nuestra palabra, oculta nuestro proceso organizativo y nuestra realidad territorial y reproduce una mirada colonialista y prejuiciosa, desconociéndonos como sujetos políticos e interlocutores válidos.
Hoy la voz y la definición esta en nosotros, los Pueblos Originarios, en nuestras autoridades tradicionales, en nuestros territorios. Hemos retomado la palabra en primera persona y no pedimos que nos den una mano, sino que nos saquen la mano de encima. Es posible que a algún sector le moleste y en ese sentido tampoco es nuestra culpa el mal acostumbramiento, pero reafirmamos que los mejores especialistas para hablar del derecho indígena somos los Pueblos Originarios. No hay un técnico que pueda hablar mejor que nuestras autoridades sobre el derecho indígena, sepa castellano o no, tenga conocimientos técnicos o no, porque nosotros vamos a ser cuidadosos no solo de la cuestión conceptual, sino de la respuesta que en la práctica debemos dar día a día a nuestros Pueblos.
Necesitamos “técnicos” que respeten nuestras instituciones, nuestra forma de organización y a nuestras autoridades tradicionales. Poniendo a disposición la herramienta para acompañar nuestra propuesta política, nuestra lucha histórica y sobre todo que tengan la honestidad y la humildad de escuchar y aprender, para caminar junto a nosotros, poniendo en práctica una real Interculturalidad.
