miércoles, 19 de diciembre de 2018

LAS ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR SE PREPARAN PARA EL INICIO DEL DECENIO

Una consulta pública ha sido lanzada para participar en la elaboración del Plan de Acción del Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028

El pasado 18 de Octubre tuvo lugar en Roma una importante reunión del Comité de Coordinación Mundial del AIAF+10 (CCM), Comité internacional que lideró la campaña de la sociedad civil por la declaración del Decenio para la Agricultura Familiar. El CCM está compuesto por representantes de las organizaciones ROPPA, PAFO, INADES INTERNACIONAL, COPROFAM, RELACC, PDRR, AFA, ASIADHRRA, SEWA, UPA, AFDI, NZYF, OXFAM, IFOAM Organics International, ACTION AID, los Comités Nacionales de Madagascar, Costa Rica y Nepal, y el FRM.

El CCM reunido manifestó un enorme y firme compromiso con el desarrollo del Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028, destacando la oportunidad histórica de contribuir al cumplimiento de los ODS a través de la mejora de la situación de los y las agricultoras familiares, potenciando sus capacidades de producción sostenible de alimentos, de lucha contra el hambre y la pobreza, de resiliencia frente al cambio climático, de mantenimiento del territorio, de la cultura, entre otros.

Las organizaciones miembros del CCM se comprometieron a presentar un informe de los avances y logros del AIAF+10. Este informe se enmarca en un proceso de análisis que se está ya realizando actualmente en base a una serie de indicadores, que muestran la mejora de las políticas públicas y de la institucionalidad de la agricultura familiar, entre otros aspectos evaluados. 

En el momento en el que se están definiendo los mecanismos para implementar el Decenio para la Agricultura Familiar, resulta estratégico visibilizar ante los organismos internacionales, los gobiernos, y también ante las propias organizaciones, los logros -y las dificultades que enfrentan- las organizaciones de la agricultura familiar y los Comités Nacionales de Agricultura Familiar, con el objetivo de mejorar las políticas públicas relacionadas.

El informe de los logros del AIAF+10 será validado por el CCM y presentado en la VI Conferencia Global sobre Agricultura Familiar que se celebrará en Derio, Bilbao, los días 27 y 28 de marzo de 2019, frente a más de 200 representantes de gobiernos, organizaciones agrarias, organismos internacionales, Comités Nacionales de la Agricultura Familiar, asociaciones de desarrollo rural, ONGs, cooperativas y centros de investigación de los cincos continentes.

Elaboración del Plan de Acción del Decenio para la Agricultura Familiar

Por otro lado, los miembros del CCM examinaron los avances en la preparación del Decenio para la Agricultura Familiar y acogieron muy favorablemente el protagonismo que las organizaciones de la agricultura familiar van a tener en la definición e implementación del mismo, como ha demostrado el Comité Directivo Internacional (International Steering Committee) del Decenio con la incorporación de cinco organizaciones regionales de la agricultura familiar.

También ha sido ampliamente reconocido por los organismos internacionales FAO y FIDA y por los gobiernos, que para que el Decenio de la Agricultura Familiar tenga un impacto positivo y transformador de las realidades rurales, es preciso implementar eficazmente el Decenio en los niveles nacional, regional y global.

En este sentido se ha puesto en marcha un proceso de consulta pública encaminado a la elaboración del Plan de Acción del Decenio. Parte fundamental de esta consulta es una encuesta online que se puede realizar a través de la Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar de la FAO. Se puede acceder y rellenar la encuesta a través de este enlace: ENCUESTA

Desde el FRM recomendamos encarecidamente a todas las entidades que trabajáis en favor de la agricultura familiar que rellenéis el cuestionario, compartáis este enlace entre socios/as y miembros, y dialoguéis con los diferentes agentes para alimentar la definición de los compromisos, acciones y planes en los niveles nacional, regional y global que constituirán el Plan de Acción del Decenio.

Debemos aprovechar este momento clave para mostrar cuáles son los objetivos concretos en materia de política pública que estamos dispuestos y dispuestas a alcanzar durante el Decenio para la Agricultura Familiar, especialmente a nivel nacional.

domingo, 16 de diciembre de 2018

NO AL PATENTAMIENTO Y LA APROPIACIÓN DE NUESTRAS VIDAS


El Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios - ENOTPO, con el mandato colectivo de cada uno de nuestros Territorios, organizados y reunidos en Asamblea territorial en Territorio del Pueblo Nación Charrúa, Chajarí diciembre 2018. 

REAFIRMAMOS nuestro compromiso orgánico y colectivo con cada espacio territorial y con nuestras Instituciones comunitarias, asumiendo el mandato de nuestras autoridades asamblearias, refrendando nuestra condición de Sujeto colectivo, preexistente y con institucionalidad propia. 

En estos tiempos críticos de despojo, persecución y muerte que nos propone el imperialismo usurero, saqueador y colonizador, con sistemas que se reciclan, se perfeccionan y avanzan en la región de la mano de gobiernos neofasistas y de ultraderecha, una vez más, seremos los Pueblos Originarios la moneda de cambio, los conflictivos, los “terroristas”, el estorbo del “progreso” de esos pocos oligarcas a quienes sólo los moviliza el robo, la explotación y la muerte en pos de sus intereses individuales, sin considerar la vida de nada y de nadie, tal como ha sucedido en los últimos tiempos con el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en el año 2017, entre muchos otros atropellos que ocurren sistemáticamente en nuestros territorios. 

En este contexto, son nuestros territorios ancestrales los que se extranjerizan bajo la excusa del “progreso y el desarrollo”, cuando este “progreso y desarrollo” sólo termina trayendo explotación, pobreza y contaminación. Es el agua, la cual es vida para todos, la que se privatiza para beneficio de unos pocos y en favor de intereses foráneos, con el consecuente empobrecimiento de nuestras familias y nuestras tierras. Son los medioambientes en los que todos vivimos los que se destruyen por el uso de agrotóxicos, como es el caso del territorio del Pueblo Nación Charrúa en la provincia de Entre Ríos. 

Frente a este avasallamiento, seremos nuevamente los Pueblos Originarios, quienes durante 500 años hemos actuado como incansables guardianes de la vida, los responsables del resguardo de nuestra Madre Naturaleza y los únicos garantes de cada lucha colectiva en defensa del Territorio y del Buen Vivir en este mundo. 

En estos tiempos de crisis, tenemos la oportunidad de retomar los caminos y los legados, volver y retornar a un tiempo de paz y Buen Vivir, en un infinito circular hacia lo más profundo de nuestras sabidurías y filosofías de vida, retomando los lazos inquebrantables de unidad, de respeto, de reciprocidad y complementariedad. En ejercicio continuo de la solidaridad en colectivo con el/la los/las otrxs seres del mundo que habitamos, compartiendo cada momento, cada tiempo y espacio, amainando los dolores y sufrimientos y fortaleciendo cada logro y sosteniendo cada lucha emprendida. 

DECLARAMOS nuestro RECHAZO al proyecto denominado “Ley de Semilla”, pues atenta contra nuestras vidas y nuestro Buen Vivir. Este proyecto pretende patentar y apropiarse de nuestros sistemas ancestrales de vida, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad, nuestros Territorios y nuestra continuidad como Pueblos Naciones Originarias. 

En Argentina habitamos desde siempre los Pueblos Naciones Originarias Moqoit, Pilagá, Qom, Wichí, Chorote, Chulupí, Guaraní, Chané, Kolla, Yojwis, Huarpe, Diaguita, Tonokoté, Lule, Vilela, Mapuche, Tehuelche, Rankulche, Selk’nam, Mbyá Guaraní, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Charrúa, Comechingón, Tastil, Tapiete, Chicha, Sanavirón, Abipón, Yámanas, Yaganes, Huaycurú, Atacama, Pilagá, Tilcara, Weenhayek, Nivaclé, organizados territorialmente en más de 2000 bases comunitarias y representados a través de Instituciones y Autoridades tradicionales propias. 

DENUNCIAMOS que esta medida legislativa atenta directa e indirectamente contra nuestros derechos fundamentales y colectivos, afecta nuestro Buen Vivir, nuestra Identidad Cultural y nuestros Territorios, vulnera nuestro derecho a la Propiedad Intelectual, Conocimientos y Saberes Tradicionales, viola el derecho a la Consulta y Participación, conforme a la normativa de base Constitucional, Tratados Internacionales, Pactos y normas concordantes. 

El derecho a la Consulta y la Participación es un derecho fundamental de los Pueblos Originarios y obligatorio para los estados, se encuentra refrendado en una variedad de instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. La Constitución Nacional, en su Artículo 75 Inciso 17 y 22, reconoce el derecho que los Pueblos Originarios y sus comunidades tienen a participar “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Sumado a esto, el Convenio nro. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley 24.071, establece que es deber de los estados (incluyendo al Poder Legislativo) llevar adelante un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Originarios y sus instituciones representativas, a través de un procedimiento culturalmente apropiado, cada vez que prevean medidas legislativas y/o administrativas que los afecten. Este mismo derecho está revalidado en el Convenio de Diversidad Biológica (Ley 24.375- “Art.8J”), en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, ratificado por la Ley 27.246, en las Declaraciones de la ONU y la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por ejemplo: casos Saramaka y Sarayaku), entre otros. 

El modelo colonial instalado en América, el cual desde 1492 a la fecha ha perfeccionado y profundizado sus métodos extractivos de saqueo, contaminación y muerte, se replica hoy en proyectos como el presentado por la coalición gobernante en Argentina desde 2015. A través de este proyecto, se pretende patentar sistemas de vida preexistentes para el beneficio de compañías semilleras multinacionales como Monsanto – Bayer, en connivencia con sectores locales y nacionales, quebrando nuestros sistemas ancestrales de vida, de equilibrio ambiental, de selección y mejoras de las simientes para un Buen Vivir, siempre respetando cada elemento de la naturaleza como reaseguro de nuestra continuidad como Pueblos. 

EXIGIMOS el pleno cumplimiento de nuestros derechos colectivos. Es obligación del Estado cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Originarios en el país. 

Como sujetos de derechos colectivos nos reservamos el derecho de accionar a través de las medidas administrativas y jurídicas que correspondan, en instancias nacionales e internacionales, a fin de dar cumplimiento a nuestros derechos fundamentales a la vida y a nuestro Buen Vivir. 

Juntos por memoria, identidad y territorio. 


NO al Patentamiento de nuestras Vidas. 

Exigimos la Consulta Libre, Previa e Informada. 

Ley de Propiedad Comunitaria Indígena Ya. 

NO a la privatización del agua, porque el agua es vida. 

Protección de nuestros humedales. 

NO al agrogenocidio producido por el uso de agrotóxicos.

martes, 13 de noviembre de 2018

El Gobierno busca imponer una nueva Ley de Semillas a espalda de todos y todas.

MULTISECTORIAL CONTRA LA LEY "MONSANTO" DE SEMILLAS

La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó para este martes 13 de noviembre a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año.

Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont), Basf y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un/a agricultor/a utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc).

Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Desde el 2012 y hasta ahora en nuestro país, las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.
Ante esta ofensiva, las organizaciones firmantes rechazamos de manera contundente cualquier intento de imponer una modificación a la Ley de Semillas cocinada a espaldas de todxs. 

¿Por qué entendemos que se debe rechazar el proyecto de ley de semillas que el ejecutivo quiere imponer?

- Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.

- Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.

- Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.

- Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina. 

-Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA. Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as. 

Advertimos que la Justicia (a través del fallo de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires) ha señalado que la Argentina reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales (corporaciones biotecnológicas y semilleras). Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado gravemente y sin el debate adecuado, con todos las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas afectadas, mediante parches legislativos bajo el espurio argumento de que son necesarios para “favorecer el avance tecnológico del campo” (que ya ha causado graves y negativos impactos ambientales, productivos y en la salud humana que aún no están siendo estudiados).

Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país. 

Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de los/as agricultores/as y ciudadanos/as. Avanzar con el proyecto de Ley de Semillas a espaldas de todos y todas, significa una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo. Solicitamos a legisladores y legisladoras que impidan este avance a favor de las corporaciones y a espaldas del pueblo argentino.
12 de noviembre de 2018

Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

Primeras firmas: 
Multisectorial contra la Ley Bayer - Monsanto de Semillas 

(Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Tierra para Vivir en Marabunta, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Patria Grande, Huerquen, comunicación en colectivo, Colectivo Tinta Verde, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Red Semillas de Libertad, Amigos de la Tierra Argentina, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe. Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán).
Acción por la Biodiversidad
Ambiente Saludable San Andrés de Giles
Asamblea Barrial de Beccar
Asamblea Punilla Sur
Asamblea Rio Cuarto sin agrotoxicos
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
Asociación Campesina Comunitaria Juana Azurduy
Asociación Civil Madre Tierra
Asociación de Campesinos Guardianes del Monte (SALTA)
Asociación mutual Sentimiento 
Cátedra Libre de Salud y DDHH (Facultad de Medicina, UBA)
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria - FAUBA
Catedra Libre Soberanía Alimentaria Rio Cuarto.
Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico “El Galpón”
Círculo Argentino de Agroecología (CirAA)
Colectivo Orillerxs
Colectivo Sanitario Andrés Carrasco/ALAMES en Argentina
Cooperativa de Producción Agroecológica (Copa) de Guernica
Cooperativa de trabajo Iriarte Verde ltda
Cooperativa La Asamblearia
Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta!
Corriente Nacional Emancipación Sur
Encuentro de Pueblos y Ciudades Fumigadas
ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios)
Espacio Intercuencas
Foro Ecologista de Paraná
FORO HÍDRICO LANÚS
Foro Hídrico. Lomas de Zamora
Foro por la salud y ambiente de Vicente López
Foro regional en defensa del río de la plata
Foro santafesino por la salud y el ambiente
Frente Nacional Campesino (FNC)
Frente Rural La Cámpora
GAJAT CEPPAS. Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra
GER GEMSAL (Grupo de estudios Rurales – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)
GRAIN
Habitar Argentina
Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Junta interna Ate Auditoria general de la Nación
Liberpueblo
MAELA Argentina
Matanza Viva comunicación alternativa
MCL - Movimiento Campesino Liberación
MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)
Movimiento Agroecológico La Plata 
Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR)
MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS. Por un socialismo feminista desde abajo (FPDS, FPDS CN, MULCS, J AZURDUY, ILS).
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir
Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina
Movimiento nacional de empresas recuperadas mineros Eduardo vasco Murua
MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) Rural
Música contra Monsanto
Observatorio del Derecho a la Ciudad
Peña Sombra Blanca
Radio libre 99.3
Red de Medicamentos/ALAMES
Red de Técnicxs por la Agroecología del Litoral
Red Federal de Docentes por la Vida
Resistencia Para la Liberación (RPL).
Revista y Editorial Sudestada
Secretaria de DDHH CTA Capital
SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia)
ULTERA (Unión Latinoamericana de técnicos Rurales y Agrarios)
Unidos por el Río de Vicente López
Unidos por la Vida y el Medio Ambiente de Ramallo
Unión de Campesinos Criollos del Impenetrable
UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra)
Vecinos Autoconvocados por el control de agrotoxicos de Trenque Lauquen
Vecinxs Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina
siguen las firmas...

martes, 30 de octubre de 2018

Condena de 22 años en Tucumán al terrateniente que mató a Javier Chocobar

“Ahora puede descansar en paz”

El fallo sorprendió en la provincia porque fue más duro que el pedido por los fiscales y llevó tranquilidad a la comunidad Chuschagasta, acosada por el usurpador de tierras que mató a su líder en 2009 e hirió a dos muchachos.
Por Carlos Rodríguez


Los Chocobar saliendo del tribunal el día de la condena a Amín. Imagen: Gentileza Jimena Montenegro

“Ahora mi padre puede descansar en paz”, es lo primero que dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, luego de escuchar la sentencia condenatoria de los tres responsables de la muerte del líder de la comunidad Los Chuschagasta, de San Miguel de Tucumán, el 12 de octubre de 2009. Aunque sus abogados habían pedido la condena de prisión perpetua, la comunidad se manifestó conforme con la pena de 22 años contra el terrateniente Darío Luis Amín, autor material del homicidio, más los 18 y 10 años que recibieron los ex policías Luis Humberto Gómez y José Valdivieso como partícipes del crimen. “Las condenas nos dejan más tranquilos en nuestro territorio, porque si ellos seguían en libertad, sabíamos que podían volver a hostigarnos”. De esa forma, Audolio recordó que Amín, luego del episodio en el que murió baleado Javier Chocobar, volvió a ingresar al territorio donde está asentada la comunidad, en la cantera de Laja, en Trancas, en el norte de la provincia. 

En un mensaje ante los miembros de la comunidad, Audolio Chocobar insistió en que “con estos asesinos sueltos, sabíamos que podían volver a atacarnos, porque durante todos estos años, desde la muerte de mi padre, siguieron las provocaciones, las amenazas e incluso hicieron un asado a cincuenta metros de donde lo habían asesinado”. En diálogo con PáginaI12, un contacto que se mantuvo en forma permanente durante los 58 días que duró el juicio, Nancy Chocobar, sobrina de Javier, puntualizó que siguieron el debate “con dolor, muy movilizados, porque estuvimos reviviendo todo lo que ocurrió” ese 12 de octubre de 2009 cuando Amín y los dos policías ingresaron armados al territorio donde la comunidad vive desde siempre. 

“Lo que pensamos es que con la sentencia se cerró una etapa y que con el fallo empieza a concretarse un poco de reparación histórica, territorial, identitaria y humana para todos nosotros”, dijo Nancy Chocobar. Agregó que el hecho de que “el usurpador Amín y sus dos sicarios vayan a la cárcel es un reconocimiento al derecho que tenemos a vivir en paz, en nuestro territorio”. Ese derecho había sido usurpado por Amín y los dos policías, quienes habían sido integrantes del Comando Atila, un grupo terrorista de extrema derecha, cuyo jefe fue el fallecido comisario Mario “Malevo” Ferreyra, quien en su momento fue condendo por homicidios reiterados. 

Durante el ataque a balazos en el que murió Javier Chocobar, resultaron heridos de gravedad Emilio y Andrés Mamaní, integrantes de la comunidad. Emilio pudo prestar declaración testimonial en el juicio, mientras que Andrés fue excusado de hacerlo, en razón de las secuelas físicas y psicológicas que todavía padece por la gravedad de las heridas que recibió durante la agresión. Emilio Mamaní dijo estar “muy emocionado” por la sentencia condenatoria, a nueve años de los hechos. “Lo que queremos ahora es seguir adelante, vivir en paz, como lo hemos hecho siempre”. Todos los consultados por este diario coincidieron en señalar que están conformes con las penas aplicadas, aunque sus abogados, Carlos Garmendia, Julia Albarracín, Pablo Gargiulo y Belén Leguizamón, habían solicitado la pena de prisión perpetua para los tres imputados, por entender que habían actuado de manera premeditada al concurrir al territorio de la comunidad llevando consigo armas de grueso calibre. 

Delfin Cata, otro de los integrantes de la comunidad que estuvo presente cuando ocurrió el asesinato de Javier chocobar, consideró que “la condena fue justa y llegó porque hubo muchas pruebas”, a la vez que se manifestó en desacuerdo con el pedido de la fiscal Marta Gerez de Rivadeneira, quien desechó el cargo de “premeditación” planteado por la querella, motivo por el cual había pedido 18 años para Amín y 10 para los policías. Finalmente, el tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Carlos Romagnoli, aplicó una pena intermedia, pero superior a lo planteado por la titular del ministerio público. 

En el fallo también se hizo lugar, en forma parcial, al pedido de reparación por el daño moral contra Antonia Hortensia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar, quien recibirá la suma de 735.000 pesos, mientras que Andrés Mamaní contará con 847.550 pesos que ayudarán a procurar su recuperación de los daños sufridos, y Emilio Mamaní tendrá a su disposición la suma de 509.160 pesos. En todos los casos, cuando lo cobren, recibirán la actualización correspondiente fijada por el Banco Nación, que correrá a partir del día de la sentencia. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el miércoles 7 de noviembre. 

Nancy Chocobar recordó que durante “los nueve años que pasaron desde el asesinato de mi tío Javier, la comunidad vivió con miedo, recibiendo el mensaje de que el que asesina a su familiar, su tío, su papá, puede seguir viniendo al territorio, se puede parar frente a tu casa, entrar con impunidad o hacer un asado custodiado por un grupo de hombres de la Gendarmería a metros de donde mataron a mi tío Javier, como escuchamos contar a un testigo” del juicio. Por esa razón, en la comunidad “hay chicos que crecieron con miedo”, agregó Ismael Chocobar. 

Esa situación de dolor, de temor, se hizo presente en algunos tramos del juicio oral, cuando los testigos de la comunidad tuvieron que declarar ante los jueces. “Hay que tomar en cuenta que hablamos dos lenguajes diferentes. Uno, el del Poder Judicial, occidentalizado, y el nuestro, que no es el mismo”, subrayó la sobrina de Chocobar. Por esa razón, fue para ellos dificultoso “ponernos de acuerdo, dado que tratamos de entender que el que nos está tomando la declaración es diferente a nosotros, cuando también sabemos que el poder estatal es muy fuerte, o hasta violento, como ocurre con algunas intervenciones de la defensa hacia los comuneros”. A pesar de todo, pudieron exponer sus razones y el juicio terminó con una condena que algunos medios de prensa de Tucumán consideraron “ejemplar” y hasta en cierto modo sorprendente, porque los jueces aplicaron penas superiores a las solicitadas por la Fiscalía, al que no es habitual en la provincia.

lunes, 22 de octubre de 2018

Javier Chocobar a un paso de la sentencia

Este miércoles, el veredicto por el asesinato del comunero Javier Chocobar  
A un paso de la sentencia

El juicio es contra el empresario Darío Amín y dos ex policías. La fiscalía pidió 18 años para Amín y 10 para los uniformados. La querella, tres perpetuas. Javier Chocobar era autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta, de Tucumán.
Por Carlos Rodríguez

Un día de reconstrucciones del crimen de Javier Chocobar, en Chuschagasta de Tucumán. Imagen: La Gaceta Tv

Entró en su etapa decisiva el juicio por el homicidio de Javier Chocobar, autoridad de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, con los pedidos de condena por parte de la fiscalía y los querellantes. Mientras la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira pidió 18 años para el empresario Darío Luis Amín, y 10 para los expolicías Luis Humberto “El Niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso, los querellantes solicitaron la prisión perpetua para los tres. Los abogados defensores, por su parte, plantearon que los acusados deben ser absueltos porque actuaron en “legítima defensa”. Pablo Gargiullo, uno de los querellantes, sostuvo que “hay elementos que acreditan la existencia de una planificación” por parte de los autores del ataque a balazos contra miembros de la comunidad, en el que resultó muerto Chocobar y sufrieron heridas graves Andrés y Emilio Mamaní. En su alegato, Gargiullo recalcó que “los imputados se representaron la posibilidad de recurrir a la violencia letal en caso de ser necesario y fueron preparados para eso”, dado que portaban armas de guerra. 

El querellante argumentó que los tres imputados “fueron armados por una razón, la de llevar una acción que podía claramente desembocar en un resultado mortal y eso no fue casual, no fue espontáneo, y es por eso que nosotros hicimos un planteo distinto al de la Fiscalía, y solicitamos que se aplique la pena de prisión perpetua porque esta gente ha cometido homicidio agravado por haber premeditado su accionar sin ninguna duda”. Carlos Garmendia, otro de los querellantes, se manifestó crítico hacia la actuación de la fiscal Rivadeneira porque “estuvo permanentemente cuestionándonos a nosotros, cuando estábamos esperando que nos cuestionen las defensas, no la fiscal, porque estamos del mismo lado”. 

Otra de las querellantes, Julia Albarracín, dijo que en el juicio “se ha demostrado que se cometió un daño contra la comunidad”, para la que demandó una reparación económica, además de las condenas. En ese sentido, mencionó la declaración de uno de los testigos “el doctor Nieva, que dijo que la comunidad es ‘una cadena cuyos eslabones se rompieron’ y que están representados por Emilio, por Andrés, por la familia de Javier Chocobar. Por eso es necesario reparar la cadena rota, que es la comunidad”. 

Albarracín, a cargo de la demanda civil, pidió una indemnización por daños físicos, psicológicos y morales para Andrés Mamaní, herido de gravedad en los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009, para Emilio Mamaní y para Antonia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar. La abogada recordó que a Andrés “le practicaron una traqueotomía y una colostomía” por las heridas recibidas. Por lo vivido “le quedaron secuelas físicas y psicológicas y para poder seguir adelante necesita que se haga justicia, para que él pueda volver a pensar en su salud”.

Los imputados, ese 12 de octubre de 2009, ingresaron al territorio que le corresponde a la comunidad y que le es reconocido como propio por la Constitución y las leyes vigentes. Amín y los dos policías quisieron entrar por la fuerza, justo en un día de luto para los pueblos originarios. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012. 

En esa oportunidad, según relató en el juicio el querellante Carlos Garmendia, llegaron al paraje El Chorro, en el territorio que pertenece a la comunidad, un camión con 20 gendarmes y la misma camioneta que usaron los imputados en 2009. Amín, su madre y una escribana, llevaban un oficio firmado por el conjuez Mario Leiva Haro, que los autorizaba a entrar a la cantera de los comuneros. Lo que hicieron, en realidad, fue “meterse en las casas de los comuneros y pedirles los datos, en un claro acto de intimidación”, precisó Garmendia. “Cuando nos estábamos yendo, veo que en el mismo lugar donde habían asesinado a Javier Chocobar habían hecho un asado”, señaló el querellante, que había sido convocado de urgencia, ante la presencia de Amín y los suyos. 

El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amín, señalado como autor de los disparos mortales, y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió la prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado del que hicieron responsable principal al empresario, mientras que señalaron que los otros dos imputados fueron “participes necesarios”. También pidieron que se los condene por portación ilegal de armas de fuego. 

Los defensores, a su turno, afirmaron que los tres imputados ejercieron “la legítima defensa” para responder a la “agresión” que sufrieron de parte de los miembros de la comunidad, que sólo arrojaron algunas piedras. 

El juicio finalizará este miércoles, cuando los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados, para luego pasar a un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde.


miércoles, 10 de octubre de 2018

NO A LA PATRIMONIALIZACION DE NUESTROS TERRITORIOS



NACIÓN DIAGUITA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA UNESCO 

La Unión de Pueblos de la Nación Diaguita, reunidos en Asamblea en nuestro Sitio Sagrado “El Tero”, en el marco del Proyecto de Extensión, “Fortalecimiento jurídico de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta, en un marco interdisciplinario e intercultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Salta, Resol. N° 1047/17, en ejercicio pleno del derecho a la Libre Determinación como pueblos preexistentes, nos PRONUNCIAMOS en CONTRA de la PATRIMONIALIZACION de nuestros TERRITORIOS, y en REPUDIO a las pretensiones de organismos e instituciones estatales que pretendan hablar y decidir sobre nuestros bienes culturales y naturales, nuestros espacios territoriales son el resguardo ancestral que nuestros mayores cuidaron y preservaron por miles de años para nuestro Buen Vivir como Pueblos Libres. 

Los Pueblos Originarios ante la patrimonialización de nuestros Territorios decimos que nuestros espacios y sitios sagrados NO son patrimonializables, nuestra Cultura y Territorios ancestrales NO son recursos mercantiles NI comerciables. 

Denunciamos la NO CONSULTA y la falta de PARTICIPACIÓN de las innumerables actividades llevadas a cabo por los entes gubernamentales en la ejecución de programas nacionales e internacionales como el Qapac Ñan, Plan estratégico de turismo sustentable de la Provincia de Salta, Paisaje y/o Áreas Protegidas, entre otros. Las aéreas que impulsan estas actividades han desconocido y violado el derecho de los Pueblos Originarios a la Consulta Libre Previa e Informada. Rechazamos todo lo avanzado en materia de patrimonialización en nuestros territorios. 

Es por eso que, como pueblos originarios entendemos al territorio como la memoria que nos cohesiona y nos une en una relación umbilical, es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve todo, es un ámbito espacial de nuestras vidas donde nacemos y nos desarrollamos. Territorio que debe ser protegido por nuestros pueblos, pues necesitamos de él para sobrevivir con identidad, en una relación de reciprocidad entre nuestra madre naturaleza y nosotros, que se manifiesta en el equilibrio social que nos permite un aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos que nos provee. Equilibrio que debe manifestarse en la protección del territorio para proveer a las futuras generaciones un espacio libre, sano y diverso en bienes naturales y culturales, llenos de memoria e identidad. 

Los Estados deben reconocer nuestros territorios y nuestras culturas preexistentes pues son ellos los que se instalaron en nuestros espacios territoriales. Nuestra preexistencia se traduce en estar desde siempre en nuestros lugares y en el uso cotidiano que hacen nuestras familias de cada uno de los espacios ancestrales que nos legaron nuestros mayores. 

Desde la “ciencia” se justifica y se pretende avalar el DESPOJO una vez más. Se desconoce e invisibiliza el gravísimo daño ambiental, los impactos sociales, económicos y políticos que se producen con la patrimonialización de nuestros territorios. 

Las instituciones internacionales, estatales, ONG y “especialistas”, contextualizan el término patrimonio desde una mirada hegemónica con una visión esencialista como la apropiación material con el énfasis en el objeto, grandioso y espectacular, en la búsqueda de la conservación de la autenticidad, definida desde ópticas externas a la de los sujetos de derechos que nos constituimos como Pueblos Originarios. 

Para nuestro Pueblo Nación Diaguita el término Patrimonio es la puesta en valor de cada uno de nuestros espacios territoriales, resguardando nuestros bienes naturales y culturales en una relación recíproca y continua; desde un conocimiento milenario trasmitido de generación en generación por nuestros ancestros, en clara pertenencia identitaria y cultural. 

La patrimonialización en pos del “desarrollo y el progreso” de unos pocos, pone en riesgo nuestros bienes culturales y naturales, ataca y atropella nuestras formas de vida que por siglos nuestros mayores supieron preservar y resguardar para nuestra continuidad como Pueblos preexistentes. 

¡¡¡ NO A LA PATRIMONIALIZACIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS !!! 

¡¡¡ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN !!! 

¡¡¡ JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO !!! 


UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA SALTA

sábado, 6 de octubre de 2018

COMIENZA LA INSTANCIA FINAL DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE NUESTRA AUTORIDAD COMUNITARIA JAVIER CHOCOBAR





Este vídeo refleja nuestro pensamiento colectivo, la búsqueda de justicia y el proceso que atravesamos Los Chuschagasta durante estos 40 días desde que inició el juicio oral. 

Convocamos a las organizaciones y comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, políticas y organizaciones de DDHH y a la sociedad en general a acompañarnos en el día de los alegatos (martes 9 de de octubre a las 9hs) como así también el día de la sentencia. Fuero Penal del Poder Judicial de Tucumán. Calle España 430 piso 5. San Miguel de Tucumán. 

Contactos Comunidad Los Chuschagasta:


3815999189 Audolio Chocobar (Presidente de la Comunidad Los Chuschagasta)

1158396726 Nancy Chocobar (Vocera de la Comunidad Los Chuschagasta)

1133777684 Ismael Chocobar (Vocero de la Comunidad Los Chuschagasta)

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Nuevas acusaciones por el crimen de Javier Chocobar

El tribunal hizo lugar a la petición de la fiscala y de las querellas, por lo que Amín queda imputado como autor del disparo mortal.


PROCESO. Darío Amín, principal acusado por el crimen de Javier Chocobar. la gaceta / foto de franco vera


El giro que dio el juicio por el crimen de Javier Chocobar -autoridad de la comunidad originaria Los Chuschagasta asesinado el 12 de octubre de 2009- se consolidó ayer, cuando el tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli hizo lugar a la petición de la fiscala Marta Jerez y las querellas particulares y cambió la acusación que pesaba sobre Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso. Al primero, la fiscala lo señala como el autor del disparo que mató a Chocobar y de los que hirieron a Emilio y Andrés Mamaní.

A los tres les atribuye un accionar “perfectamente planificado, previo provisión de armas de gran poder ofensivo... y la necesaria logística para ingresar a las tierras”. Dice que actuaron “con total desprecio por la vida humana”.


Sobre Amín, señala la fiscala Jerez: “usted... soltando la cámara filmadora que colgaba de su cuello sacó de su cintura un arma de fuego (revolver calibre 32 largo)... disparó contra la persona de Javier Chocobar, que se encontraba enfrente, a escasos metros, ocasionándole la muerte; sin cesar en su agresión, realizó un disparo en contra de Emilio Mamaní (...) para luego efectuar otro disparo en la persona de Andrés Mamaní -ambos, con serias intenciones de quitarles la vida...”

El abogado Carlos Garmendia fue el encargado de leer el pedido de las querellas para que se modifique la plataforma fáctica que sirve de sustento a la acusación. “Los hechos imputados ocurrieron de manera diferente”, dice el escrito.


“Previeron recurrir al uso de la fuerza, incluso de fuerza letal, a fin de aleccionar a los miembros de la comunidad para que nunca más se atrevieran a reclamar por sus derechos sobre el territorio en disputa -dijo Garmendia-. Para ello, se pertrecharon con armas de fuego”.

Luego de explicar los alcances de esta nueva acusación, el tribunal tomó un cuarto intermedio para establecer plazos correspondientes a fin de garantizar el derecho a la defensa.

Los abogados Enrique Andrada Barone, en representación de Gómez, y Julieta Jorrat, en representación de Amín realizaron planteos de nulidad, a los que el tribunal resolvió no hacer lugar.

Puntos clave

1. Hoy, desde las 9 am, los representantes de los tres imputados deberán informar al tribunal si propondrán evaluar nuevas pruebas y si sus representados harán uso del derecho a declarar.

2. Las armas: puñal, pistola Taurus PT140 calibre 40; Beretta 9mm, revólver Jaguar 32, Sig Sauer calibre 40, CZ calibre 6.35, Walter 9mm, cachiporra, cartuchos de varios calbres.

3. La querella ve un motivo económico en el crimen: “Amín precisaba remover cualquier obstáculo que le impidiera seguir con su emprendimiento, sobre todo, la resistencia de la comunidad indígena”.

martes, 11 de septiembre de 2018

COMUNIDAD TEHUELCHE MAPUCHE “SACAMATA LIEMPICHÚN”



COMUNICADO DE PRENSA

DESDE NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL RECUPERADO.

Marimari pu lamngen, pu peñi, hermanos/as Mapuches- Tehuelches y de otros Pueblos Originarios; a los Compañeros/as no originarios; a las Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales; a los Pobladores Rurales y Poblaciones vecinas y a todos aquellos que se identifiquen con nuestra lucha.

Hoy 10 de septiembre 2018 los miembros de la COMUNIDAD TEHUELCHE MAPUCHE SACAMATA LIEMPICHÚN (Personaría Jurídica: ACTA N° 55, Folio 56 del Libro 1, Tomo 1 del Registro de Comunidades Aborígenes obrante en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia del Chubut) queremos dar a conocer a Sociedad en general lo referido a nuestra situación Judicial y nuestra situación como Comunidad.

El pasado 12 de junio fecha en la que se conmemoraba 3 años del fallecimiento de nuestro lamuenyem ka werkenyem Elvio Ruben Liempichun, día extremadamente triste para nuestras famiias. Distintos miembros de nuestra comunidad recibieron notificaciones del Fallo Judicial con Sentencia Definitiva en los autos caratulado bajo el expte”131/2011 ALI LEILA RAMONA Y OTROS C/ LIEMPICHUN WALDO CONSTANCIO Y OTROS S/ DESALOJO” que se tramitan por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería de la Circunscripción Judicial de la ciudad de Sarmiento, a cargo del Sr. Juez Roberto Casal y ahora a el JUEZ SUBROGANTE Sr. JORGE NOVARINO. Donde nos intiman a DESALOJAR NUESTRO TERRITORIO.

Este fallo demuestra el desconocimiento del Juez y la imparcialidad del mismo al dictaminar una orden de desalojo a miembros de nuestra comunidad estando vigentes el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional; el Art. 34 de la Constitución Provincial; el Convenio Internacional N° 169 de la OIT en el cual Argentina adhiere; la Ley Nacional Nº 26.160 vigente y sus respectivas prorrogas donde “se prohíbe los desalojos a las Comunidades Originarias”. Cabe recordar que nuestra comunidad está en listado a ser reelevadas de acuerdo a la Ley N°26.160

Como asimismo, en su momento se le solicito la intervención del INSTITUTO DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI) como ente responsable ante el Estado Nacional para que garantice nuestros derechos como LOF (Comunidad) dicha nota que fue enviada el día 15 de Junio del vigente año firmada por la actual PRESIDENTE del INAI la Sra. JIMENA PSATAKIS al Sr. Juez Novarino con asiento en la ciudad de Sarmiento, Chubut., donde solicita la nulidad del juicio y suspensión de desalojo de acuerdo a las leyes vigentes in supra.

Lamentablemente el Juez “no dio a lugar a dicho pedido de nulidad y suspensión del juicio” que se viene pidiendo desde Diciembre de 2016 solicitado por la COMUNIDAD y por la PRESIDENTE del INAI violando una vez mas las Leyes Provinciales, Nacionales y Convenio Internacionales. Dicho Juez Subrogante el Sr. Jorge Novarino ORDENA EL DESALOJO de las personas de la COMUNIDAD SACAMATA LIEMPICHÚN y autoriza a la JUEZ DE PAZ de la localidad de Alto Rio Senguer en este caso a la Sra. MIRTA ELOINA LEVRIER a HACER USO de la FUERZA PÚBLICA, allanar domicilios y violentar cerraduras.

Este fallo deja por sentado que NOS DESCONOCEN como “COMUNIDAD” y NUNCA NOS CONSIDERO COMO TAL y por ende pasan por alto todos nuestros DERECHOS como parte de un PUEBLO-NACIÓN PREEXISTENTE al Estado Argentino y las LEYES VIGENTES del mismo. Y todo lo que esto conlleva para la memoria dolorosa de nuestra familia “vivir una vez más el despojo de nuestro territorio y aun mas con uso de las Fuerzas Publicas”. Esto no solo afectaría a nuestra familia sino a todo el Pueblo Nación Mapuche Tehuelche.

Cabe recordar que desde el 29 DE DICIEMBRE DEL 2010 amparados en el derecho histórico, el de nuestra identidad, cultura y por la posesión de la tierra que tradicionalmente ocuparon nuestros antepasados y actualmente seguimos ocupado nosotros sus descendientes. Hicimos uso de estos derechos y leyes vigentes otros que nos resguardan como parte de un Pueblo Milenario y Preexistente al Estado Argentino; RECUPERANDO y REIVINDICANDO de MANERA PÚBLICA y PACIFICA parte de nuestro Territorio Ancestral.

Luego el 3 DE ENERO DE 2011 REAFIRMAMOS una vez más nuestro DERECHO DE OCUPACIÓN sobre las 300 hectáreas que fueran ocupadas por los integrantes DE LA COMUNIDAD doña CRISTINA LIEMPICHÚN, su hija doña JUANA LIEMPICHUN, don CATRAN CABRERA y don EUSEBIO CABRERA, y que es también el LUGAR DE NACIMIENTO de nuestro actual LONKO (cacique) don ANTONIO LIEMPICHÚN. Estas tierras habían sido ARREBATADAS por una conocida FAMILIA DE TERRATENIENTES de la zona con la COMPLICIDAD de FUNCIONARIOS ESTATALES de la época. A partir de ese momento y hasta el día de la fecha volvimos a EJERCER CONTROL TERRITORIAL y a desarrollar allí nuestras actividades tradicionales; CEREMONIAS ANCESTRALES y distintos lugares sagrados como los son nuestro ELTUN (Cementerios Sagrados) y nuestro REWE (Lugar Ceremonial).

Originalmente el Poder Ejecutivo nos otorgo las mitades de los lotes 20 y 11 actualmente ubicados en el departamento de Rio Senguer, en la Provincia del Chubut. Estos comprenden en total una superficie de 10.000 hectáreas. Estas 10.000 hectáreas fueron otorgadas por un Decreto del Poder Ejecutivo en el año 1925, a los fines de crear una Reserva. Sin embargo, la gente del cacique Juan Sacamata ya se habían establecido en la zona para el año 1906.

El proceso de expropiación de los territorios concedidos fue responsabilidad del accionar de comerciantes, estancieros y la arbitrariedad de la justicia de turno que, apañados por las autoridades de entonces y el negligente funcionamiento de la justicia, permitieron que posteriormente dicho territorio pasara a terceros e inclusive hemos perdido parte del mismo de manos del Estado Nacional, cuando en el año 1941 la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios nos obligo a abandonar la mitad norte del lote 20, que comprendía en total 5.000 hectáreas.

Las otras 5.000 hectáreas, según consta en expedientes de la dirección general de tierras y en archivos del Instituto Autárquico y Colonización (IAC) fueron usurpadas por tres colonos que apelaron a la generosidad de nuestras familias para pasar un invierno en la reserva y acabaron apropiándose de las tierras, y por un cuarto poblador que adquirió la tierra restante en un remate judicial con gente viviendo dentro del campo, quienes pasaron a ser peones de los mismos expropiadores. Pese a los numerosos reclamos que venimos realizando diferentes integrantes de nuestra comunidad desde antes de la década del 40, no hemos obtenido a lo largo de estos años una respuesta favorable. Como tantos otros hermanos de los pueblos originarios que hemos sido despojados de nuestros territorios ancestrales.

Es por eso que tomamos la determinación de hacer pública esta LAMENTABLE NOTICIA y LLAMAMOS AL ACOMPAÑAMIENTO de nuestros pu peñi ka pu lamngen (los hermanos/as), a las comunidades originarias, a los distintos Organismo de Derechos Humanos, Organizaciones Sociales, etc. y a todo aquellos que se sientan identificados con nuestra lucha a movilizarse, acercarse a nuestra Comunidad sobretodo y difundir nuestra situación.

Hacemos responsables al ESTADO ya sea MUNICIPAL, PROVINCIAL y NACIONAL, al Sr. JUEZ SUBROGANTE JORGE NOVARINO, a toda AUTORIDAD DE APLICACIÓN que intervenga en dicho desalojo y a los terratenientes usurpadores hermanos ALI por cualquier incidente que ocurra en el territorio, que ponga en peligro, y que atente contra la vida e integridad física de cada uno de nuestros integrantes, bienes, etc.- por la probabilidad de que suceda algún hecho- y también sin dejar de lado cualquier motivo que perturben nuestros derechos como Pueblo Originario. Como así mismo, le solicitamos a la sociedad en general que no se dejen influenciar por los medios de desinformación nacional y que toda la información que surja será elevada desde la pagina de nuestra Comunidad y/o por los pu Werken de la misma.

Por último y no menos importante le hacemos mención de algunos antecedentes que hacen a la historia de nuestra Comunidad como parte del Pueblo CHEWUACHEKENK (tehuelche del borde la Cordillera) descendientes de la tribu de KASHJTA, y del Lonko Juan SACAMATA ver árboles genealógicos 1 y 2; la HISTORIA DEL GATO Y EL MANCHA, Caballos Criollos que realizaron el famoso recorrido de Bs As a EEUU de la mano de E. Solanet y Aime Tschiffely (https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_y_Mancha,https://www.baraderoteinforma.com.ar/el-viaje-de-los-cabal…/) que a su vez le dan el nombre del Festival Provincial que se lleva a cabo en la localidad de Alto Rio Senguer desde hace años; EL SAQUEO Y PROFANACIÓN DE UNO DE NUESTROS ANCESTROS conocido como el “GIGANTE” que realizo el CONDE DE LA VAULX que el mismo explica en un capítulo entero como la “Cocina Macabra” donde descuartizo y cocino los restos de nuestro ancestro, y que luego este se lo lleva al Museo de Hombre en Francia para ser exhibido como una pieza de Colección. (https://www.eldia.com/…/2015-6-23-el-extrano-recorrido-hast…,http://www.diariojornada.com.ar/…/reclamo_de_restitucion_d…/) entre otros antecedentes y otros mas como cartas de viajeros, exploradores, militares, sacerdotes de la época que hacen al acervo histórico de nuestra Comunidad y al parecer este Sr. Juez desconoce. Visitar pagina de la COMUNIDAD SACAMATA LIEMPICHÚN en Facebook.https://www.facebook.com/comunidad.sacamataliempichun…

Hoy seguimos con la firme convicción y determinación de luchar por lo que nos pertenece y demandamos justicia y reparación histórica, por la restitución de todo lo que nos quitaron.

POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA EL TERRITORIO NO SE NEGOCIA NI SE ENTREGA. MARICHI WEU!!!!!

COMUNIDAD TEHUELCHE MAPUCHE “SACAMATA LIEMPICHÚN”.

RIO SENGUER, CHUBUT.

CONTACTOS: 
LIEMPICHÚN WALDO Cel: 2974353268 (Werken).
LIEMPICHÚN CRISTINA. Cel: 2945683019 (Werken).
LIEMPICHÚN YAMILA Cel 2945582084

viernes, 31 de agosto de 2018

EL IDIOMA DE LA JUSTICIA OCCIDENTAL Y LA INTERCULTURALIDAD COMO HERRAMIENTA PARA EL DIÁLOGO

Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar

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En relación al Tribunal, sentimos que en esta jornada hubo una mayor apertura a entender nuestra realidad y vida comunitaria. Cuando una de las comuneras dijo “luchamos” (en primera persona del plural) la defensa la indagó violentamente preguntando si ella en persona había participado. Ante este ataque, el tribunal intervino frenando a la defensa, al entender que cuando hablamos en plural, hablamos desde nuestra identidad colectiva como parte de la comunidad. El asesinato de Javier destruyó no solo a la familia sino a toda la comunidad, ya que la afectación es colectiva. En todos los relatos se transmitió el vínculo familiar y lo traumático que fue el hecho para todos.