TUCUMÁN: AMENAZAS CONTRA EL PUEBLO TOLOMBÓN DE LA NACIÓN DIAGUITA, IMPUNIDAD SIN LíMITES.

4 de octubre de 2016

El lunes 16 de septiembre el comunero Máximo Román Ríos, de la Base Gonzalo del Pueblo Tolombón, recibió una notificación de desalojo por parte del terrateniente-usurpador Francisco Critto, intimándolo a entregar su vivienda y 8 cercos en el plazo de 10 días (uno de los cuales ya se lo apropió).

Tres meses atrás, Javier Critto, hijo de Francisco Critto, se había presentado en la casa del comunero con el fin de presionarlo para que firmara el contrato de arriendo, ante lo cual el comunero, en pleno conocimiento de sus derechos y poniendo en ejercicio la legislación vigente, le respondió que él forma parte del Pueblo Tolombón y que ese territorio es suyo por derecho comunitario. No obstante, Critto lo amenazó diciéndole “pensalo bien” y 3 meses después llegó la orden de desalojo.

Por este motivo, el domingo 25 de septiembre (fecha en que se cumplía el plazo de desalojo) familiares y comuneros se reunieron en la casa de Roman Ríos para acompañarlo a él y a su esposa en el caso de que se diera alguna situación conflictiva. Allí, aprovechando la reunión, realizaron un taller de fortalecimiento sobre derecho y legislación indígena, repasando los pasos a seguir en el caso de una amenaza de desalojo como la que estaban viviendo.

Ríos recuerda que en el año 1934 se usaba un modo de explotación cuasi feudal que se denominaba “obligaciones”, el cual consistía en que cada familia originaria trabajara 45 días al año en las fincas de los terratenientes, cosechando, ordeñando, haciendo queso, cuidando a los animales o sembrando. “Todas las familias hacían obligaciones en esos años. Los terratenientes no pagaban a los peones porque tenían a la gente de la comunidad trabajando gratis”, explica el comunero. En la década del ’40, cuando los Critto fueron gobernadores de la provincia de Tucumán, se apropiaron de muchos territorios comunitarios.

No obstante ello, la comunidad cuenta con el relevamiento territorial (resolución N°576) y personería jurídica N°0053. Además, cuentan con una Cédula Real del año 1679 a través de la cual, ya desde ese tiempo, la Corona española reconocía su territorio, dando cuenta que la Nación Diaguita es preexistente. 

Román es una persona mayor. Él participa frecuentemente de las asambleas y gracias a ello cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios y sabe cómo actuar ante esta situación de vulneración de sus derechos. De aquí surge la importancia de la participación en las asambleas comunitarias, en las que los comuneros auto-capacitan y fortalecen en relación a los derechos que poseen sobre sus territorios por ser parte de un Pueblo Originario, derechos que son amparados por legislación nacional e internacional.

Como medida de resguardo del territorio comunitario, el día 29 de septiembre se colocó un portón en la entrada de la casa de Román Ríos.

Este no es el único conflicto del Pueblo Tolombón. El jueves 15 de septiembre, también en la Base Gonzalo, el Juez de Paz se presentó en los cercos de La Mesada (cercos de uso comunitario) con una orden de desalojo por parte del terrateniente-usurpador Carlos Gerino. El mismo no se ejecutó ya que en ese momento los comuneros se encontraban haciendo uso de los mismos.

Asimismo, continúa el conflicto en la Base Tacanas Chicas con la terrateniente-usurpadora Teresa Jesús Guanuco de Torino, que en diciembre de 2015 agredió y amenazó al comunero Dalmiro Camacho y en enero de 2016 incendió su vivienda, acompañada por sicarios y personal policial entre los que se encontraba Carlos Darío Marcial alias “Chupete”, subcomisario en Colalao del Valle, quien fue a su vez denunciado por el Pueblo Colalao por cometer hechos delictivos y de violencia en la Base Monte Bello en 2015.

En el mismo tenor, las familias de la Base Tacanas Grandes también recibieron notificaciones de desalojo durante la última semana de septiembre y en la Base Rearte Sur están siendo notificados algunos comuneros como en el caso de Domingo Mamani y Donato Nieva, entre otros.

A pocos días de cumplirse los 7 años del asesinato de Javier Chocobar, la impunidad no tiene límites. Estos hechos de violencia y despojo contra la Nación Diaguita no son hechos aislados, sino que forman parte de un modus operandi que, desde la conformación del Estado Argentino y como continuidad de la etapa colonial, tiene como artífices a la oligarquía terrateniente, en complicidad con la Justicia, el gobierno y las fuerzas de seguridad, todo un aparato cómplice del genocidio de nuestros pueblos y su perpetuación.

Con la desidia de la Justicia Tucumana y el contexto político de restauración conservadora que se vive en el país, los terratenientes están envalentonados y se sienten con vía libre para continuar cometiendo estas aberraciones, violando los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en este caso del Pueblo Tolombón de la Nación Diaguita. 

A ello se suma que el Pueblo Tolombón no cuenta con los recursos necesarios para el financiamiento de abogados que puedan contener tales conflictos. Estos recursos deberían ser provistos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de un Proyecto de Fortalecimiento Jurídico, sin embargo el presupuesto del INAI está sub-ejecutado y sus directivos no están priorizando la seguridad jurídica de nuestros Pueblos y comunidades. Esta injusta realidad genera que los Pueblos Originarios nos encontremos en una situación de total desprotección por parte del Estado Nacional. La sub-ejecución implica, a su vez, que en el presupuesto del año 2017 los recursos serán aún más escasos y la situación para nuestros pueblos aún más crítica.

Para el viernes 7 de octubre se está planificando una actividad en la escuela de Gonzalo (primaria y secundaria) con el fin de brindar un Taller sobre derecho indígena y conflictos territoriales para los chicos y jóvenes de la comunidad. El sábado 8 se llevará a cabo un Taller de fortalecimiento en la casa de Román Ríos (Base de Gonzalo) para todos los comuneros que deseen participar.

El día 12 de octubre, a 7 años del asesinato de la Autoridad Diaguita Javier Chocobar, del Pueblo Chuschagasta, la comunidad convoca en la Plaza Urquiza a las 9:00hs para marchar hacia los Tribunales del Poder Judicial de Tucumán, la Secretaría de derechos Humanos y la Casa de Gobierno, en pedido de Justicia y exigiendo el inicio inmediato del juicio oral contra los asesinos Darío Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso.

Sin Justicia y sin Territorios el “Día del respecto a la diversidad cultural” es puros “espejitos de colores”. 

¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!

¡RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA YA!

¡MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIOS!