MOVILIZADOS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

JUNTOS POR MEMORIA, IDENTIDAD Y TERRITORIO!!!

El STJ anuló el fallo absolutorio y la causa por el asesinato de Atahualpa se reactiva

(ADN).- El Superior Tribunal de Justicia resolvió hoy hacer lugar al recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara y anuló la sentencia definitiva de la Sala A de la Cámara en lo Criminal, que en su momento absolvió a los imputados por el crimen de Atahualpa Martínez Vinaya.

Ahora, se reenviará la causa al origen para que, con distinta integración, continúe con su sustanciación.

El fiscal de Cámara, Fabricio Brogna, había pedido condenas para Melisa Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo imputados por el asesinato del joven viedmense. Y cuando la Cámara resolvió absolverlos, tuvo fuertes críticas. Tanto, que interpuso el recurso de casación, que permitió la revisión del STJ.

Brogna aseguró que no se habían tenido en cuenta pruebas fundamentales, como el ADN de una campera manchada con sangre sucuestrada en la casa de uno de los imputados.

La resolución fue adoptada con el voto de los jueces Enrique Mansilla, Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Liliana Piccinini. Gustavo Guerra Labayén (subrogante) se abstuvo de emitir opinión “atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces”, como es habitual.

El STJ hizo un detallado repaso del recurso de casación interpuesto, sopesando la argumentación de la Fiscalía y de la Defensa, poniendo el acento en aspectos específicos del caso, como el allanamiento donde se obtiene una campera con manchas de sangre en la casa de uno de los imputados.

Luego de fundamentar su postura, para el máximo tribunal quedaron demostrados:

“Los fundamentos desacertados del juzgador al declarar la nulidad del allanamiento y de sus actos consecuentes; La contradicción en los postulados de la sentencia por entender dicha cuestión como esencial para posteriormente subestimar su relevancia; La omisión de todo análisis en lo vinculado con el señor Felipe Carrasco al ponderar el informe de laboratorio; La falta de valoración del vínculo entre el hallazgo de manchas de sangre con el tipo de agresión investigada; La ausencia de análisis de los indicios de mendacidad resultantes de las contradicciones de lo declarado por los imputados con el resto de la prueba mencionada, y La omisión de merituar acabadamente la capacidad de representación del testimonio de M.L.O., siendo este relevante”.

Luego agrega que: “Las conclusiones a las que arribamos se sitúan en los límites del análisis de legalidad del fallo a cargo de este Tribunal en su competencia casatoria, pues queda demostrada la notoria insuficiencia de fundamentos de la sentencia para la decisión desincriminatoria, dado que esta necesitaba agotar la representación de las posibilidades probatorias de la hipótesis de cargo para recién después entenderlas insuficientes, dando así acabado cumplimiento al art. 200 de la Constitución Provincial”.

“A la luz de estas premisas entendemos que, en el caso de autos, la absolución dictada ha derivado de una actividad jurisdiccional insatisfactoria que comienza por una equivocada anulación del allanamiento practicado en el domicilio de uno de los imputados y de los actos que de ese registro se derivaron (levantamiento de muestras hemáticas y secuestro de la campera que las contenía, más el peritaje de ADN), para luego realizar de manera insuficiente el examen de los elementos arrimados al proceso -entre ellos, la pericial forense realizada sobre la mancha de sangre y los testimonios capaces de sumar indicios”, concluyó el Superior Tribuna de Justicia.

Fuente: http://adnrionegro.com.ar/2016/04/el-stj-anulo-el-fallo-absolutorio-y-la-causa-por-el-asesinato-de-atahualpa-se-reactiva/

Pueblos Originarios denunciaron a Vidal por el desmantelamiento del Consejo de Asuntos Indígenas

El sábado proximo realizaran un plenario provincial aborigen en la localidad de Derqui y no descartan presentar un recurso de amparo ante la Justicia en lo contencioso administrativo y acompañar la medida judicial con una una movilización a la ciudad de La Plata.duilio

La Secretaría de los Pueblos Originarios de la Central de los trabajadores de la Argentina (CTA-De los Trabajadores) denunció en conferencia de prensa-que el gobierno de la provincia de Buenos Aires desmanteló el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas dejando a la deriva a más de un millón de compatriotas aborígenes sin contención en materia de salud, educación y el derechos a las tierras.

El secretario de los Pueblos Originarios de la Central de los trabajadores de la Argentina (CTA-De los Trabajadores) Benito Espindola, acusó al gobierno provincial de no tener interés por mantener las políticas públicas y encendió el alarma por la situación que viven los pueblos aborígenes en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, Espindola, representante de todos los pueblos aborígenes, consideró preocupante “la inactividad y desmantelamiento del Consejo Provincial de los Pueblos indígenas” que depende de la Secretaria de Derechos Humanos. Y agregó: “Hemos enviado varias notas a esa cartera y no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Por otra parte, Gabino Zambrano, Pueblo Kolla, señaló: “Las políticas públicas son un derecho aborigen y contempla temas tales como idioma bilingüe en las escuelas, el acceso a la salud, la propiedad de la tierra y la consulta permanente a los pueblos indígenas ante alguna toma de decisión por parte del gobierno cuando somos los involucrados”.

Cabe destacar los derechos específicos de los pueblos indígenas garantizados en el Artículo 75, inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional; Art 36, Inc. 9 de la Constitución Provincial; el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 24.071 y Leyes 23.302 y 26.160 y sus prorrogas del Decreto Provincial 3631/07, entre otros.

El Consejo Provincial aborigen funciona con representantes del gobierno y de los distintos pueblos indígenas. Allí se discute las políticas y las medidas son consensuadas con los pueblos aborígenes.

Por último, Olga Choque, Pueblo Kolla le reclamó a la gobernadora Vidal que “se acerque a la comunidad aborigen y tome conocimiento de nuestros reclamos y actúe en función de ello”.

Fuente: http://www.infoblancosobrenegro.com/noticias/12469-pueblos-originarios-denunciaron-a-vidal-por-el-desmantelamiento-del-consejo-de-asuntos-indigenas

EL DOBLE DISCURSO DEL MACRISMO: POLÍTICA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS SIN PUEBLOS ORIGINARIOS

El día 7 de abril el Presidente Mauricio Macri se hizo presente en la asamblea del COFEMA, en Posadas, Misiones, donde anunció distintas medidas para el cuidado del ambiente y los bosques nativos. Acompañado por el Ministro de Ambiente y recién electo presidente del COFEMA, Sergio Bergman, Macri afirmó su compromiso con el ambiente y planteó su preocupación en relación a las inundaciones y las sequías que afectan a distintas regiones del país.

Entre las medidas, anunció un proyecto de 48 millones de dólares en el marco del programa “Bosques Nativos y Comunidad”. Habló de un programa para ayudar a “nuestros” pueblos originarios “para que no tengan que abandonar su lugar y su cultura”. Además, agrega que “para desarrollar de forma sostenible los bosques nativos vamos a darles capacitación y educación para que accedan al trabajo que los conecte con el mundo”.

El discurso del presidente es perverso y falaz ya que utiliza políticamente la causa de los Pueblos Originarios mientras que, paralelamente, ha definido cerrar la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agroindustria, al mismo tiempo que desguaza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y con ello reduce la política pública indígena.

Los Pueblos Originarios durante miles de años, desde antes de la creación de cualquier estado, hemos vivido en el territorio que desde hace 200 años es Argentina, haciendo uso sustentable y sostenible de nuestros bienes naturales, de acuerdo a nuestras cosmovisiones y tal como nos han enseñado nuestros ancestros, conviviendo en equilibrio con cada elemento de la naturaleza. Con el proceso de conquista y colonización, la cultura occidental ha avanzado sobre nuestros territorios, imponiendo un sistema de explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos. Usurparon y saquearon los territorios y esclavizaron a nuestros hermanos y hermanas.

El resultado de este avance genocida es la concentración y extranjerización de las tierras en manos de grandes terratenientes, empresarios y corporaciones agroindustriales con la consecuente expulsión de los pueblos y sus comunidades de sus territorios; la privatización y mercantilización de la tierra y los recursos naturales; el avance de los monocultivos y el desmonte ilegal de bosque nativo con la consecuente pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, las inundaciones y la dificultad de acceso a los recursos del bosque y acuíferos; entre otras consecuencias perjudiciales para los pueblos originarios y para toda la sociedad.

Este grupo de empresarios y terratenientes son los que hoy están a la cabeza del Ministerio de Agroindustria, los mismos que esclavizaron a nuestros antepasados y usurparon nuestros territorios. Muchos de ellos pertenecientes a familias oligárquicas tradicionales, miembros de las cúpulas políticas provinciales y del COFEMA mismo.

En este sentido, los Pueblos Originarios no necesitamos ninguna capacitación, somos poseedores de conocimientos y tecnologías ancestrales que nuestros mayores nos han transmitido para relacionarnos con el ambiente y otros seres, en base a los principios de reciprocidad y complementariedad. Lo que necesitamos es que el Estado deje de beneficiar a los grandes empresarios y terratenientes, y que garantice y haga respetar nuestros derechos fundamentales sobre nuestros recursos y nuestros territorios. 

Los pueblos originarios no somos de nadie. Somos Pueblos preexistentes, con derechos reconocidos en el ámbito nacional como internacional, y tenemos nuestras propias autoridades e instituciones. Exigimos que el Estado cumpla con el correspondiente proceso de CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA ante cualquier proyecto o programa que se pretenda implementar en nuestros territorios ancestrales. 

 

EL GOBIERNO DE MACRI QUIERE DESAPARECER LA POLÍTICA PÚBLICA INDÍGENA

Abril 2016

Pronunciamiento del ENOTPO

Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO expresamos enérgico repudio a las acciones que se vienen llevando a cabo desde el gobierno nacional en relación a la política pública que atañe a nuestros pueblos y comunidades.

Gracias a la lucha inclaudicable de nuestros mayores y al compromiso irrenunciable de continuar el legado por nuestra libertad, las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios hemos avanzado en la conformación de un espacio propio de discusión y articulación de la política indígena a nivel nacional, el ENOTPO, cuyo principal logro es el fortalecimiento político, identitario y organizativo de nuestros pueblos. En este marco se sostiene firmemente que LA POLÍTICA INDÍGENA DEBE ESTAR EN MANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

Durante largos años, las políticas estatales destinadas a nuestros pueblos fueron meramente asistencialistas y fuimos reducidos a beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, los pueblos originarios no somos pobres por naturaleza sino que somos pueblos milenarios que fuimos despojados por el sistema colonial y el capitalismo extractivista que se instaló en nuestros Territorios ancestrales. Somos preexistentes a los Estados y tenemos derecho a desarrollarnos en los territorios que habitamos desde siempre y el Estado tiene la obligación de consultarnos y participarnos en todas y cada una de las medidas que afecten nuestras vidas y territorios.

Durante los últimos años asumimos el desafío de participar activamente de la gestión pública con el propósito de avanzar en la transformación del Estado monocultural hacia un Estado Plurinacional, y con la certeza de que somos nosotros los Pueblos Originarios quienes debemos estar al frente de la política indígena, porque conocemos nuestros territorios mejor que nadie y sabemos cuales son las prioridades y necesidades que nuestros pueblos viven en el día a día. Históricamente la iglesia, la ciencia, los especialistas, las ONGs, los partidos políticos, han tomado el rol de “intermediarios”, perpetuando una actitud paternalista hacia los pueblos. Es por esto que tomamos la definición de retomar la palabra en primera persona y ocupar el lugar que nos corresponde como sujetos de derecho.

En este marco, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, hemos avanzado en la conformación de áreas de gestión a cargo de nuestras organizaciones territoriales: la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (año 2007), la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena en el INAI (año 2010) y la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agroindustria (año 2014), espacios establecidos mediante el diálogo intercultural con el Estado y como política de reparación histórica a tantos años de opresión y olvido. Durante todos estos años hemos llevado adelante la gestión de la política indígena, con aciertos y con errores, con mayor o menor voluntad política de los gobiernos y funcionarios de turno, aprendiendo en el camino, pero siempre respondiendo al mandato colectivo proveniente desde nuestros territorios y nuestros Pueblos, los únicos soberanos.

Al día de hoy nos encontramos ante una situación de emergencia e incertidumbre acerca de la política indígena, de desguace de los espacios logrados y con la gestión paralizada desde el mes de diciembre.

Estado de situación en el INAI:

Sin realizar la correspondiente consulta a los pueblos originarios, el INAI se trasladó del Ministerio de Desarrollo a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia por medio de un simple DNU 13/2015 en donde se establece que compete a al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS: “26. Elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones del área, tendientes a lograr la protección y la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes y su plena inclusión en la sociedad, con intervención de los Ministerios que tengan asignadas competencias en la materia, a los efectos previstos en el artículo 75, inciso 17, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.

Asimismo se designaron nuevas autoridades y funcionarios, los cuales tienen un profundo desconocimiento del Derecho Indígena y de nuestras realidades territoriales, resultando incompetentes para dichos cargos e incapaces para dar respuestas a nuestras demandas. Ello se evidencia en la desidia y falta de respuestas ante diversas situaciones de conflicto que merecen atención urgente ya que de ello depende la seguridad física y territorial de nuestros hermanos y hermanas, la cual requiere un trabajo de lunes a lunes. Algunos  casos de conflicto reciente son: el ataque y las amenazas de muerte a miembros de la Base Tacanas del Pueblo Tolombón Nación Diaguita en el mes de enero en la provincia de Tucumán; las amenazas de desalojo y hostigamiento jurídico hacia el Pueblo Diaguita y sus comunidades Corral Blanco y Aguas Calientes en Catamarca por parte de terratenientes; la amenaza de desalojo a la comunidad Diaguita Kalchaki de Molinos en la Base Takuil; los conflictos por usurpación y amedrentamiento a los comuneros y comuneras del Pueblo los Tafies, Comunidad El Mollar en la Pcia de Tucumán. los pueblos de la ruta 81, 34 y 86 que ven afectados sus territorios por la traza del gasoducto; la tensión y descontrol en la administración del co-manejo en las áreas protegidas; entre otros múltiples conflictos que impactan en nuestros territorios violando nuestros derechos colectivos.

Los nuevos funcionarios tienen que entender que la política indígena no tiene fin de semana.

Además, argumentando que “el INAI esta sobredimensionado”, han comenzado una serie de despidos, los cuales se realizan de forma totalmente arbitraria ya que desconocen a los trabajadores y las funciones que cada uno realiza, y en sus propias palabras los que supuestamente están como responsables de cada Dirección no tienen explicación diciendo que “son órdenes de arriba”.

Mientras tanto, las nuevas autoridades se entretienen discutiendo con algunos referentes que están lejos de representar la pluralidad de pueblos y las realidades territoriales en Argentina; viajan a las provincias sin dialogar con las instituciones representativas de los pueblos; y todo ello con el agravante de conformar un INAI paralelo que funciona en el predio de la ex – ESMA, sin claridad respecto al funcionamiento del Instituto y a los lineamientos políticos que pretenden llevar adelante.

Estado de situación en la Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Agroindustria:

Tras el desembarco de la Sociedad Rural en el Ministerio de Agroindustria y luego de meses de indefinición e incertidumbre sobre el futuro de la Secretaría de Agricultura Familiar, las nuevas autoridades definieron desaparecer la Dirección de Pueblos Originarios. Todos los proyectos de desarrollo y producción destinados a pueblos y sus comunidades fueron devueltos para “tirar a la basura” y desde el área de recursos humanos se avisó a los compañeros y compañeras del equipo que deberían reubicarse en otras áreas si querían sostener su empleo, sin garantías, sin embargo, de la renovación de sus contratos que terminaron el día 31/03.

Una vez más, sin ningún tipo de consulta y desconociendo a los Pueblos Originarios como sujeto de derecho, se avasalla el derecho indígena establecido en la Ley Nº 27118 de “Reparación histórica de la agricultura familiar campesina e indígena” y se pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de los Pueblos Originarios.

Esta dirección fue el producto de una intensa lucha por ser reconocidos como lo que somos: Pueblos Originarios. Ni campesinos, ni agricultores familiares. Su desaparición es la negación de nuestros derechos y la invisibilización de nuestras identidades. Además, se beneficiando a los pooles de siembra, a las corporaciones agroindustriales y a los grandes terratenientes, a costa de los más desfavorecidos.

Estado de situación de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación:

Una vez más, por “ordenes de arriba”, el Secretario de Coordinación Interjurisdiccional informó que la Dirección desaparecería ya que se pretende centralizar la política indígena en el INAI. Paralelamente comenzó una oleada de despidos en todo el Ministerio y todo el equipo de la DPOYRN está viviendo una situación de hostigamiento por parte de Recursos Humanos por medio de llamadas reiteradas que tienen como fin notificarlos de los despidos.

Esta Dirección se ocupa de brindar asesoramiento y fortalecimiento en derecho indígena y ambiental a los pueblos originarios; intervenir ante situaciones de conflicto en desmontes y desalojos; acompañar la aplicación de la ley Nº 26160 a través de la Red de Articulación que convoca a distintos organismos del Estado nacional; elaborar, difundir e incorporar el “Protocolo de Consulta Previa Libre e Informada a Pueblos Originarios” en todas las acciones que los afectan; garantizar la participación de las organizaciones de pueblos originarios en todas las políticas y programas que los afectan: Grupo de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad, Estrategia Nacional REDD+, Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual (OMPI); elaborar materiales de promoción y difusión del Derecho Indígena; entre otras.

Esta área fue la primera creada con gestión propia y auténtica de los Pueblos Originarios en el Estado, para llevar adelante la política ambiental con eje intercultural y garantizar a los pueblos la gestión y administración de sus bienes naturales de acuerdo a lo que manda la Constitución Nacional y la normativa internacional vigente.

Es FALSO que las áreas de gestión de la política indígena estén sobredimensionadas. Por el contrario, se requiere responder a más de 5 millones de hermanos y hermanas de pueblos originarios, pertenecientes a más de 39 Pueblos, con presencia en todo el país, en situaciones complejas (a nivel social, cultural, económico) y en la mayoría de los casos con conflictos de mucha gravedad y violencia. De hecho, una de las demandas compartidas por el movimiento indígena es la jerarquización del INAI y el aumento del presupuesto del mismo, como así también de las distintas áreas de gestión, y el financiamiento para la creación de nuevos espacios.

La focalización de la política indígena en el INAI es un error político que niega e invisibiliza la base plurinacional de nuestro país y la realidad de los Pueblos Originarios, la cual es transversal a todas las instituciones y áreas del Estado (salud, educación, ambiente, agricultura, economía, etc).

Esta estrategia adoptada por el gobierno nacional de reducción de la política indígena, trae como trasfondo dejar a los Pueblos Originarios a la suerte de discutir con los estados provinciales, es decir, con las familias oligárquicas y terratenientes que desde hace cientos de años han usurpado nuestros territorios y que desde siempre gobiernan las provincias como sus propios feudos.

Ante esta situación, los Pueblos Originarios organizados en el ENOTPO nos declaramos en alerta y movilización, y advertimos que el camino que está tomando el Gobierno Nacional es un retroceso, y que no vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos colectivos como Pueblos preexistentes.

Exigimos al Gobierno de Mauricio Macri y a sus funcionarios que se ajusten a los estándares del Derecho Indígena a nivel nacional como internacional, haciendo respetar y cumpliendo nuestro derecho a la participación y a la Consulta Libre, Previa e Informada a través de nuestras Instituciones Representativas (Convenio 169 de la OIT y Ley Nº 24071). Que cumpla y haga cumplir nuestro derecho a la Comunicación con Identidad establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26522), como así también la Ley Nº 26160 de relevamiento de los Territorios comunitarios indígenas; la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Nº 27118), la Ley de protección de Bosques Nativos (Nº 26331), la Ley de Educación Intercultural Bilingüe (Nº 26206), entre otras. Asimismo que se cumpla de forma plena y efectiva el derecho indígena colectivo establecido en el nuevo Código Civil y Comercial.

Exigimos al INAI la inmediata atención a las diversas situaciones de conflicto que están sufriendo nuestros Pueblos y comunidades, y que garantice su seguridad física y territorial a través de un abordaje integral.

Asimismo demandamos al Gobierno la convocatoria urgente a los Pueblos Originarios a través de nuestras instituciones representativas, haciendo ejercicio del Derecho a la Consulta y Participación, para reestablecer el diálogo intercultural y avanzar en la construcción de políticas públicas interculturales.

Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios –ENOTPO, no dudaremos en tomar las acciones y medidas necesarias para defender nuestros derechos colectivos y territoriales.

¡LA POLÍTICA INDÍGENA EN MANOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡POR MEMORIA, IDENTIDAD, JUSTICIA Y TERRITORIO!

Contacto Prensa: 1158396726/1122462959

encuentropueblosoriginarios@yahoo.com.ar

Catamarca: Pueblo Diaguita del norte de Belén denuncian que los quieren desalojar

Son comunidades del Pueblo Diaguita de Corral Blanco y Aguas Calientes

Ya notificaron a una familia para que un plazo de cinco días abandone la casa en la que habitan con hijos menores de edad.

Representantes de las comunidades Diaguitas de Corral Blanco y Aguas Calientes, ubicadas en la localidad de Laguna Blanca, al norte del departamento Belén, denunciaron que una familia miembro de su comunidad está por ser desalojada de sus tierras.

Epifania Rosa Salgado, cacique de la Comunidad Diaguita de Corral Blanco, y Carlos Gutiérrez llegaron en el día de ayer a la Capital con el objetivo de hacer pública la situación por la que está pasando esta familia.

La familia afectada es la de Pedro Guerra y Carmen Gutiérrez, quienes días atrás recibieron una nota de desalojo en la que les informaban que tenían un plazo de cinco días para abandonar la casa en la que habitan con sus hijos menores de edad.

Los integrantes de este grupo aborigen sostienen que hace muchos años que toda la comunidad está viviendo en esas tierras, inclusive, según ellos, sus abuelos y bisabuelos ya vivían en ese lugar.

La familia de Américo e Indalecio Pachado es la que inició los trámites legales para que se lleve a cabo el desalojo, ya que dicen ser los propietarios de esas tierras.

“Ellos dicen que compraron esas tierras en 1970 pero nosotros ya estábamos muchísimos años atrás viviendo ahí”, expresó Gutiérrez.

Además de temer represalia por parte de la familia, supuestamente propietaria de esas tierras, temen también que las notificaciones de desalojo se extiendan hacia el resto de los grupos integrantes de la comunidad aborigen. 

“Estamos juntos todos los pueblos diaguitas. En nuestra comunidad de Corral Blanco queremos hacernos fuertes y hacer valer nuestra jerarquía. Nosotros no vamos a salir y, digan lo que digan, vamos a resistir. Creo que la ley está a favor de nosotros”, expresó Gutiérrez en diálogo con la prensa.

Asimismo, comentó que cuentan con el apoyo del resto de los pueblos originarios vecinos de otras provincias.

Los integrantes de esta comunidad aborigen solicitaron el apoyo y acompañamiento de las autoridades correspondientes para poder solucionar ese problema de los desalojos.

Este conflicto ya tiene varios años, en los que según Gutiérrez se llevaron a cabo diferentes juicios y apelaciones. 

Son aproximadamente 26 familias las que forman parte de este pueblo Diaguita, de las cuales 18 están inscriptas como comunidad indígena originaria. Son estas últimas las que están amparadas por la ley 26.160, que prevé que no pueden ser desalojados de las tierras que ocupan.

Situación crítica

Carlos Gutiérrez hizo referencia a la situación en la que esas comunidades del interior provincial están viviendo al no contar con agua ni con energía eléctrica.

Por su parte, la cacique Epifania sostuvo que varias veces sufrieron casos de discriminación.

Texto del acta de la Asamblea

“Las autoridades tradicionales, caciques de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca, en representación de nuestras respectivas comunidades, reunidos en asamblea los días 1 y 2 de abril de 2016, comunicamos a la opinión pública y a todos los organismos competentes nacionales, provinciales y municipales, la situación de inseguridad que padecen nuestras comunidades debido al avasallamiento de nuestros derechos ancestrales como comunidades indígenas preexistentes.

“En este sentido, solicitamos la solidaridad de la sociedad en su conjunto debido a la usurpación del territorio comunitario que están sufriendo los comuneros de las Comunidades Indígenas de Corral Blanco y de Aguas Calientes. Repudiamos todos los actos violentos e intimidatorios que sufren los miembros de nuestras comunidades y hacemos responsables a todos los organismos estatales competentes de todos los despojos y abusos, particularmente al Poder Judicial, que puedan sufrir las propiedades de nuestros comuneros (...).

“Nos declaramos en estado de alerta y movilización, y por la Pachamama, por nosotros, nuestros ancestros y por nuestros hijos, defenderemos hasta las últimas consecuencias los territorios donde convivimos desde tiempos inmemoriales”.

Fuente: El Esquiú