Tucumán: Movilización de la Comunidad Indio Colalao por el desalojo de 21 familias

Imágen del desalojo ocurrido el día 6 de febrero de 2015.

MANIFIESTO DE LA COMUNIDAD INDIO COLALAO

Colalao, 17 de febrero de 2015

La Comunidad Indio Colalao - Pers. Juríd. 33/11 Re.Na.CI - Valle Choromoro - Pueblo Nación Diaguita Dpto. Trancas - Localidad de San Pedro de Colalao, provincia de Tucumán.

Reunidos en Asamblea permanente y movilizados para denunciar públicamente el atropello sufrido en nuestro territorio comunitario, donde 21 familias de nuestra Comunidad fueron desalojadas ilegalmente y de manera brutal por las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán el día 06 de febrero del corriente año.

A 11 días del brutal desalojo sufrido por nuestra comunidad y pueblo, nos movilizamos por el pueblo de Colalao con el acompañamiento de la Autoridades, delegados y miembros de la Comunidad del Pueblo Tolombón Nación Diaguita, de comuneros de la comunidad del Pueblo Chuschagasta, de autoridades y delegados de las Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios ENOTPO, de referentes de La ONPIA, Referentes de la Red del Pueblo Atacama de Salta, Delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita UPND Salta, referentes de la Comunidad Aukajkuna del Pueblo tonokoté de Santiago del Estero, Werken de la Confederación Mapuce de Neuquén, con la presencia del referente del movimiento Evita y secretario de la Agricultura Familiar Emilio Pérsico, técnicos de la Agricultura Familiar Tucumán, junto a medios locales y sociedad en general, para denunciar el violento atropello sufrido en nuestro territorio ancestral.

El viernes a las 07 hs de la mañana llegaron al territorio comunitario denominado Monte Bello un grupo de más de 100 policías, pertenecientes al:

• GRUPO CERO;

• GRUPO DE LA REGIONAL NORTE;

• GRUPO INFANTERIA (en motos, caballería y camionetas)

• GRUPO de POLICIAS LOCALES (agentes).

Esta orden de entrega provisoria llegó por una resolución del Juez Francisco Pisa y la Fiscalía de 2da. Nominación, Fiscal Adriana Giannoni, con la intención de favorecer a Ana Alejandra García Mascoff, sujeto que pretende usurpar parte de nuestro Territorio y desalojar a nuestras familias de los lugares que habitaron desde siempre. El desalojo lo llevó a cabo la fuerza policial de Tucumán con presencia de infantería y policía montada los cuales no tuvieron piedad por los niños/as, mujeres y ancianos que se encuentran en nuestro territorio desde siempre.

Como Pueblos Originarios preexistentes repudiamos y denunciamos la violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional Art. 75 Inc. 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Originarios, y en especial la ley 26.160 y sus prórrogas la cuál establece: 

• Se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios que ocupan las comunidades indígenas 
• Se suspende los desalojos de las comunidades indígenas. 
• El INAI deberá realizar un Relevamiento Técnico-Jurídico-Catastral de la situación de los Territorios de las Comunidades Indígenas 

Los Pueblos Originarios no somos ocupantes ilegales de nuestros territorios, sino que somos poseedores ancestrales.

Las familias de la Comunidad Indígena de Colalao al igual que el Pueblo de Tolombón han mantenido una posesión ancestral en este territorio desde siempre, cuyos registros lo comprueba la cédula real del año 1679 entregada por la Corona de Española en reconocimiento territorial. En los expedientes constan los apellidos Cata (derivado del Catay) Condorí, Mamaní, Colque, Vargas, Cruz entre otros; hoy sus descendientes son los que han sido salvajemente desalojados el día 6/2/2014.

Esta más que claro que la justicia tucumana opera en complicidad con los terratenientes de turno, por eso se explica la sistemática violación de los Derechos fundamentales de los Pueblos Originarios. 

En Colalao, luego del desalojo, la terrateniente Ana Alejandra García Mascoff se acomodó en el mejor hotel de San Pedro (Los Arcos) y montó su oficina móvil dentro de la misma comisaría, con la pretensión de que los comuneros desalojados les firmaran un contrato de arriendo para poder dejarlos estar en el territorio un año más. Mientras el subcomisario Juan José Alccorser le facilitaba la logística, haciendo pasar de a uno a los hermanos. Para presionarlos la terrateniente amenazo con quedarse con todos los bienes y los animales de las familias intentando la firma bajo coerción.

Las familias desalojadas a la fecha se encuentran en casas de familiares y de vecinos que viven cerca. Han perdido mucho de sus pertenencias por las lluvias ocasionadas después del desalojo porque los policías les vaciaron sus casas, dejándoles las cosas tiradas a la intemperie. Las familias son de 9 a 11 integrantes con varios niños pequeños, mujeres y ancianos. 

A causa del violento ataque policial, varios abuelos se descompusieron, algunos de ellos están en tratamiento permanente por su frágil estado de salud por la edad y los achaques de los años, en medio del desalojo tuvieron que ser llevados en ambulancias hacia el centro médico del pueblo.

El negocio inmobiliario y la avaricia humana son tan grandes que los terratenientes no respetan nada. A nadie le gustaría ser desalojado del lugar que vivió desde siempre, ni ser sacado del territorio que vivieron los abuelos, los bisabuelos y todas las generaciones anteriores, hombres y mujeres que trabajaron la tierra para mejorarla para que nos provea de los alimentos necesarios sin molestar ni pedir nada a nadie, para que hoy aparezca una aterrizada, bajada de los barcos, y pretenda quedarse con nuestro territorio comunitario.

EXIGIMOS a los organismos nacionales responsables de la política indígena a intervenir de manera inmediata para garantizar nuestra seguridad jurídica y territorial.

Solicitamos la urgente intervención del ReTeCI para culminar el relevamiento territorial que manda la Constitución Nacional, el Convenio 169 y la ley 26160 y sus prórrogas, iniciado en el año 2010, nuestra emergencia territorial los hace responsables de este incumplimiento.

Convocamos a los organismos de DDHH y Defensor del Pueblo de nación a velar por cumplimiento de nuestros derechos colectivos y garantizar nuestro derecho a vivir en paz en nuestro territorio.

Como Pueblo Nación Diaguita preexistente nos declaramos en Asamblea permanente en resguardo de nuestro territorio comunitario y de nuestras familias, en defensa de nuestros bienes naturales y culturales.

¡RELEVAMIENTO TERRITORIAL YA!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA YA!