24 de noviembre de 2012
Ante las expresiones vertidas por Ángel Baraybar, vice-intendente de Santa Rosa, en mi carácter de werken de la Confederación Mapuche de Neuquén y como funcionario del Gobierno Nacional, a cargo de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), lugar al que fui designado por mi organización en el marco de la construcción de un Estado Plurinacional, me encuentro en la obligación de denunciar esas declaraciones lesivas y justificatorias de graves violaciones de derechos humanos.
En su intervención durante la sesión ordinaria del Consejo Deliberante del día 16 de noviembre de 2012, en el marco del debate generado por un proyecto que propone cambiar la denominación de la avenida “Julio Argentino Roca”, Baraybar asumió la defensa del genocidio llevado adelante contra el Pueblo Mapuche en la denominada "campaña del desierto", basándose en un discurso xenófobo y racista que degrada y agravia tanto a la sociedad chilena como también al Pueblo-Nación Mapuche, afectando directamente su derecho colectivo y atentando contra el reconocimiento de su identidad y cultura preexistente.
Más allá de las opiniones personales, el Derecho Indígena está reconocido y no queda sujeto a la libre interpretación. Baraybar forma parte de la estructura del Estado y sus palabras son emitidas desde su función pública, por lo tanto como funcionario público debe respetar las normas de derecho, sancionadas constitucionalmente. Sus dichos van en contra de la Constitución Nacional, como así también de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Derecho Indígena y una amplia jurisprudencia nacional e internacional.
En su intervención, Baraybar plantea que “los que estaban allí (en la Patagonia), que se llaman originarios, no eran tan originarios, eran indios chilenos, araucanos en su mayoría”.
Al respecto, cabe aclarar que los Pueblos Originarios somos “preexistentes” y tenemos derecho a la autodeterminación, tal como lo establecen la Constitución Nacional Art.75 Inc.17 y el Convenio Nº 169 de la OIT, respectivamente.
Esto quiere decir que nuestras identidades territoriales y culturales están ligadas a los territorios que, como pueblos-naciones, habitamos desde tiempos inmemoriales y anteriores a los límites políticos establecidos –o impuestos por la fuerza- ya sea en la época de la conquista, en el período colonial o más tarde -hace tan sólo 200 años- en el marco de la conformación de los Estados-Nación modernos.
El Pueblo Mapuche se autodetermina como tal y es anacrónico encasillarlo en identidades como la “chilena” o “argentina”. El término “araucano” que Barybar emplea es una denominación impuesta desde una categorización externa para denominar al Pueblo Mapuche.
Por otro lado, el funcionario expresó “Estamos hablando de una ‘Conquista del Desierto’, podríamos hablar de recuperación territorial (…) gracias a esa recuperación de esos territorios hoy tal vez la Patagonia no sea chilena".
En primer lugar, nos preguntamos ¿cómo es posible recuperar algo que nunca fue propio? La concepción de "desierto" fue una construcción falaz acuñada por los intelectuales de la época para justificar el avance del nuevo Estado sobre territorios que estaban previamente habitados por los pueblos originarios.
La genealogía geopolítica y militar de las fronteras de los Estados “modernos” en América Latina se constituyó en un contexto de conflictividad social y política e implicó a una gran diversidad de actores con intereses contrapuestos.
En Argentina, con el fin de las guerras civiles hacia 1880 y el triunfo en manos de la burguesía y la oligarquía porteña y santafesina, se consagró el proyecto unitario-liberal-eurocentrado, el cual consistía en la incorporación del país al nuevo orden capitalista mundial como productor y exportador de materias primas, de acuerdo a las demandas provenientes del proceso de industrialización europeo.
Este proyecto demandaba la incorporación de nuevas tierras productivas, lo que implicaba el control estricto sobre la población y los límites del nuevo Estado. Para ello, se construyó sobre los Pueblos Originarios la imagen de un enemigo interno en base a postulados evolucionistas y positivistas que construyeron un discurso estigmatizante y racista, situándolos como contraparte de la civilización y el progreso, en el lugar de la barbarie, exacerbando su belicosidad y elaborando así prejuicios útiles. Del mismo modo, se elaboró la noción de “desierto”, en tanto “vacío de civilización”.
Por lo tanto, a la luz de los procesos históricos que condujeron a la conformación de las fronteras políticas y socio-culturales del Estado Argentino, no es posible hablar de “recuperación territorial”, ya que en los hechos fácticos, fue una usurpación por parte de ambos estados –argentino y chileno- del territorio de los diferentes Pueblos Originarios que allí convivían.
Del mismo modo, respecto a su afirmación: "Todavía hay indios, no fueron exterminados”, su argumentación para negar el genocidio, evidencia su ignorancia al respecto. Dado que un genocidio no implica la matanza total de un Pueblo sino que constituye la ejecución de un plan sistemático de exterminio de una determinada población. Pero más allá del “desconocimiento” del funcionario público, no cabe argumentación alguna que pueda justificar el genocidio físico y cultural de un Pueblo, como pretende hacer el vice-intendente ya sea por el origen territorial del mismo, por la jerarquía política del genocida o por los supuestos logros obtenidos.
En nombre del “progreso”, se legitimó la avanzada militar y el uso de la fuerza como herramienta de gobierno sobre nuestros pueblos. Este plan, que posibilitó la incorporación del territorio indígena (Patagonia) y la consolidación de fronteras en zonas pretendidas por Chile, tuvo como consecuencia la apropiación de esas tierras y sus bienes naturales por parte de las élites dominantes, y el desarrollo del sistema capitalista mediante la imposición sistemas de hacienda y arrendamiento en nuestros propios territorios, la reducción a la servidumbre, esclavitud y el aniquilamiento de gran parte de la población indígena que ofreció resistencia al proceso de despojo.
Es importante, entonces, tener presente que cuando se habla de Julio Argentino Roca y de su legado, no podemos olvidar que se está hablando del ejecutor político y militar de este plan de exterminio.
Por último, en relación al comentario en el que esboza que "hoy está de moda el decir, digamos, defender a la gente que tuvo su lugar acá originariamente", es alarmante que un funcionario público hable de "modas" al referirse a la aplicación de derechos fundamentales de un Pueblo. El ejercicio pleno y efectivo del Derecho Indígena es una obligación que el Estado y sus gobernantes deben aplicar, no una moda. Desconoce además la reforma constitucional de 1994, en la cual se reconoce la preexistencia de los Pueblos Originarios, como así también las políticas de derechos humanos y de justicia social, emprendidas por el actual Gobierno Nacional.
Por lo tanto, como planteamos anteriormente, lo que se debate aquí es el modelo de Estado y de Nación, como parte de la construcción de sociedad más justa y equitativa que de cuenta de su riqueza pluricultural. Muchos gobiernos de la región han asumido esta realidad y han tomado un nuevo rumbo político, generado un escenario favorable para avanzar en la restitución de nuestros derechos como Pueblos Originarios.
Es de esperar que con los cambios políticos y culturales que se vienen dando en la región de Sudamérica, con pueblos que caminan a paso firme hacia un nuevo proyecto con mayor igualdad social, entren en ebullición las discusiones con aquellos sectores hegemónicos como las élites criollas terratenientes y sus aliados como la Iglesia, las ONGs y las empresas multinacionales, que desde fines del siglo XIX se han enquistado en el poder lucrando a costa del saqueo a nuestros pueblos, territorios y bienes naturales.
No obstante, nos encontramos ante un momento histórico en el que los Pueblos somos cada vez más protagonistas. Los Pueblos Originarios a través de nuestras propias Organizaciones Territoriales hemos ganado mayor presencia y participación en la política indígena y asumimos el desafío de elevar el debate político, histórico y cultural en relación a la realidad indígena en Argentina, para construir junto a toda la sociedad, un Estado Plurinacional, representativo de sus propias raíces y de su riqueza socio-cultural. Hay una sociedad que empieza a revisar la historia, que vuelve a buscar su origen y su propia identidad. En este contexto, es necesario que el Sr. Baraybar, como así también todos aquellos que acompañan su discurso, puedan aceptar que el modelo colonialista y euro-centrista del siglo XIX se ha derrumbando ante el surgimiento de un nuevo paradigma cultural y político.
Sobre todo, es fundamental que aquellos que ocupan cargos en el Estado y que han asumido responsabilidades políticas, respeten y cumplan con el orden democrático y la normativa vigente tanto nacional como internacional. Convocamos al vice-intendente de Santa Rosa a que asuma su responsabilidad como parte de un gobierno cuya jurisdicción abarca un territorio plurinacional y pluricultural, habitado por diferentes Pueblos como el Mapuche, el Rankel y el Tehuelche. Como funcionarios públicos tenemos la obligación de gobernar para toda la sociedad, respetando y haciendo respetar los derechos establecidos en la Constitución Nacional, entre los cuales están los derechos de los Pueblos Originarios.
Roberto Ñancucheo
Werken - Confederación Mapuche de Neuquén
(1) http://www.diariotextual.com/politicaa/item/1442-el-audio-de-baraybar-sobre-roca.html
