Urgente: Nuevos hechos de violencia contra el Pueblo Wichi en Formosa

FORMOSA: EL DERECHO INDIGENA VULNERADO

28 de noviembre de 2012

La oligarquía terrateniente y las fuerzas de seguridad formoseñas desalojaron a 15 familias de la comunidad Wichí de Pampa del Veinte, violando los derechos establecidos en la Carta Magna y en la legislación Nacional e Internacional.

Por: equipo de comunicación del ENOTPO

Durante el día de ayer en horas de la tarde, 15 familias del Pueblo Wichí de la comunidad Pampa del Veinte - localidad de Las Lomitas, provincia de Formosa - fueron desalojadas por el terrateniente y abogado local, Ramón Juárez. Este último radicó una denuncia, aduciendo que las familias utilizan agua de una represa que se encuentra en el Territorio que el terrateniente se adjudica como propio, pero que el Pueblo Wichí utiliza desde tiempos inmemoriales.

A raíz de este conflicto, Ramón Juárez se presentó con 15 agentes de la policía de la provincia de Formosa en el Territorio que habitan ancestralmente las familias Wichí,  haciendo un claro abuso del poder, los obligaron a abandonar el Territorio. Ante estos hechos de violencia, sólo 5 familias lograron resistir el desalojo. Sin embargo, hoy por la mañana debieron abandonar el lugar ante una nueva intromisión que en este caso implicó la quema de una de las casas y de todas sus posesiones.

La Ley Nacional de orden publico N° 26.160 y su prórroga N° 26.554 vigente, establecen la suspensión de los desalojos en territorio indígena, hasta que se complete el correspondiente relevamiento y ordenamiento territorial, con cumplimiento pleno del derecho indígena a la consulta y participación. En este sentido, las acciones llevadas a cabo por Juárez en complicidad con las fuerzas de seguridad y los funcionarios de turno, son diametralmente contrarias a la Constitución Nacional, al derecho indígena y a los derechos humanos.

Hasta el momento, los miembros de la comunidad continúan realizando trámites en la comisaría, a donde se acercaron para presentar la denuncia correspondiente. Allí está presente Mariano López, referente de la Organización Interwichi y delegado territorial de la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena – INAI, quien planteó que “estos casos son frecuentes y que van a seguir ocurriendo mientras que el Gobierno Provincial y las fuerzas de seguridad no asuman la obligación de respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional y los derechos fundamentales de los Pueblos Originarios”.