En el Día del Agricultor y la Agricultora, el presidente Alberto Fernández participó esta tarde de una reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, donde se presentó un plan de inversiones de más de 12.781 millones de pesos para el fortalecimiento del sector y el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.
Con la participación del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, se informó que el 80 por ciento de esas inversiones se llevará adelante con financiamiento de organismos multilaterales. El plan apunta a fortalecer a un sector que produce el 62 por ciento de los alimentos que se consumen en las mesas de los argentinos y que representa el 54 por ciento del trabajo rural.
“Hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra y pueden ayudar a otros a acceder a lo que producen”, señaló el Presidente.
Y afirmó: “Hay que llevar conocimiento, infraestructura, trabajo a todo el interior del país, porque lo que ha ocurrido en las últimas décadas, muchas décadas, en la Argentina es que ha habido una concentración creciente en las zonas metropolitanas”.
“Cada argentino merece tener la posibilidad de crecer donde nació, de estudiar en el lugar donde nació, de hacer una familia donde nació, de tener trabajo donde nació, de disfrutar, de pasarla lindo en el lugar donde nació. Ese debería ser un objetivo que todos tenemos que meternos en la cabeza”, sostuvo.
Además, manifestó que “el desarrollo de la agricultura familiar tiene mucho que ver con el desarrollo que le queremos dar a todo el interior del país”. “Realmente quisiera que al cabo de mi mandato podamos ser un país más federal del que hoy somos, porque decimos ser un país federal pero no actuamos como un país federal, actuamos como un país muy concentrado en el puerto de Buenos Aires”, indicó el mandatario.
El ministro Basterra consideró que la 27.118 “es una ley de avanzada, de vanguardia, que contempla de manera amplia los derechos y dictamina los lineamientos políticos para que pueda llevarse adelante el concepto de equidad social y de equidad territorial en la producción agropecuaria”.
Y destacó que durante las medidas de aislamiento implementadas ante la pandemia de coronavirus “la agricultura familiar ha garantizado el comercio de cercanía, la producción de alimentos sanos, saludables y con identidad”.
“Estamos trabajando para que el descenso histórico que ha tenido la población rural se pare”, remarcó.
Del encuentro participaron una veintena de organizaciones de todo el país que integran el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina; la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino; el Frente Nacional Campesino; el Frente Agrario Evita; la Federación Nacional Campesina; la Unión de Trabajadores de la Tierra; la Federación Agraria Argentina y la Federación de Cooperativas Federadas, el Encuentro Nacional de organizaciones Teritoriales de Pueblos Originarios ENOTPO, entre otras.
En el marco de la implementación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que fue promulgada el 20 de enero de 2015, el presupuesto para el área de agricultura familiar del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasó de 1305 millones de pesos en 2019 a 1918,9 millones en 2020 y se estima que tenga un incremento de 119 por ciento en 2021, alcanzando los 2863,6 millones. Además, se sumará para 2021 un total de 10.097 millones de pesos provenientes de financiamiento internacional.
Y en el Ministerio de Desarrollo Social, los fondos para el programa Pro Huerta también se incrementaron: de 120 millones de pesos en 2019 pasaron a 270 millones en 2020 y llegarán 400 millones en 2021.
Para fortalecer la agricultura familiar, campesina e indígena, el Estado nacional lleva adelante iniciativas como el Procanor (Programa de inserción económica de los productores familiares del norte argentino), el Prodecca (Programa de desarrollo de las cadenas caprinas) y el Pisear (Programa de inclusión socio-económica en las áreas rurales), que alcanza en todo el país a unas 9700 familias de pequeños productores.
También desarrolla el Prosap (Programa de servicios agrícolas provinciales) que beneficia con el desarrollo de infraestructura y de servicios rurales a más de 24.150 personas y 1200 PyMEs agropecuarias de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan; el Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, que apoya a PyMEs forestales y foresto industriales de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Río Negro, y el Prodespa (Programa de desarrollo acuícola y pesquero sustentable), orientado al sector pesquero y a productores acuícolas.
En el mismo sentido, se lleva adelante una política de Registro y Formalización de la Agricultura Familiar por medio del fortalecimiento del Programa Nacional de Registración para los Núcleos de Agricultura Familiar y Organizaciones de la Agricultura Familiar, del desarrollo de una incubadora de cooperativas productivas de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, del otorgamiento de créditos productivos a tasa subvencionada tanto para los Núcleos de la Agricultura Familiar como para las organizaciones y de la implementación de un programa integral de protección social, acceso a la salud, jubilación y ART.
También se puso en marcha el Programa Nacional de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), que busca la consolidación, el desarrollo y el crecimiento de los Núcleos de la Agricultura Familiar y la creación de nuevas Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Familiar para la creación de nuevos puestos de trabajo; el Programa de Asistencia Crítica y Directa (PACyD), que propone un mecanismo de asistencia extraordinaria frente a contingencias climáticas, sociales, situaciones de aislamiento geográfico, accidentes y otras siniestros excepcionales, y el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (Prontar), que contribuye a la regularización dominial de tierras tradicionalmente ocupadas por agricultores/ras familiares, campesinos/nas, pueblos indígenas y pescadores/ras artesanales.
