Vicentin: Vamos por la intervención y hacia la Soberanía Alimentaria

Comunicado

Cada día aparece un nuevo dato que corrobora lo que el capital concentrado y la prensa hegemónica buscan ocultar: lo de Vicentin es una brutal estafa al pueblo argentino en general, orquestada por los accionistas de la empresa y con el guiño de las máximas autoridades políticas del gobierno anterior.

Las organizaciones de productores, cooperativas, de la agricultura familiar campesina e indígena, sociales, gremiales y políticas firmantes, entendemos que no debemos ceder ante las presiones del poder; y estamos dispuestos y dispuestas a sostener la pelea por la intervención de la empresa y su expropiación, para reconvertirla en una Empresa Pública al servicio de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, que es una necesidad impostergable.

Nuestras organizaciones han sido protagonistas de la derrota política del proyecto neoliberal en nuestro país; y ahora en plena pandemia, seguimos demostrando nuestra vocación solidaria y nuestro rol esencial para atender tanta necesidad. Para encarar la reconstrucción sobre un nuevo piso de derechos debemos ponerle límite a la actitud desestabilizadora y especulativa del poder concentrado. Esa es nuestra vocación porque queremos y peleamos por un país para todos y todas.

Es necesario asignarle al sector cooperativo y otras organizaciones de productores, asociadas con el Estado y con lxs trabajadores un rol protagónico como actores y actrices de una nueva matriz productiva nacional, que produzca alimentos sanos para lxs argentinos y para exportar al resto del mundo, esta es la Soberanía Alimentaria, de manera de hacerle frente a las empresas transnacionales que solo buscan el lucro afectando el precio y la calidad de los alimentos que consumimos.

Frente a las presiones de arriba, es necesario avanzar en la intervención y expropiación de Vicentin: para que no le roben a nuestro pueblo, para desandar la concentración y extranjerización de sectores estratégicos para el país, para que la presencia del Estado termine con la evasión, elusión y la fuga de divisas en el comercio exterior, para plantearnos un cambio en la matriz productiva agraria y avanzar hacia la Soberanía Alimentaria.

Firmas:
Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular
Acción Por La Biodiversidad – ACINA – Agrupación Grito De Alcorta – Agrupación Hugo Acuña – Agrupación John William Cooke de Moreno – Asociación de Cámaras de Ferias, Ferias Francas y Mercados Populares de la AFCI y de la ESS – Agrupación Nacional SENASA NOS CUIDA – ALBA Movimientos – ATE AGROINDUSTRIA – ATE SAF – ATE CAPITAL – Cuerpo de Delegadxs de ATE INTA Chile – Cuerpo de Delegadxs ATE INTA IPAF Reg. Pampeana – ATE INTA Agrupación Verde y Blanca – ATE Senasa Pcia De Buenos Aires – ATRES Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (Salta) – CANPO Corriente Agraria Nacional y Popular – Cátedra De Estudios Agrarios Horacio Giberti – Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (Nutrición UBA) – Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche – Dpto de Economía Política del C. C. de la Cooperación – Colectivo Sanitario Andrés Carrasco – Cooperativas De Artesanías Del Consejo Qarashe Del Chaco – Corriente Nacional Chacareros Federados – CHE PIBE – Cooperativa de Consumo La Yumba – Cooperativa de Trabajo La Foresta (Matadero y Frigorífico Recuperado) – Corriente Nuestra Patria – Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 De Diciembre – Corriente Política 17 De Agosto- CTA Autónoma – CTA Corrientes – CTD Anìbal Verón – Desvío a la Raíz Agricultura Ancestral – Distrito VI de Federación Agraria – ENOTPO Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – Economía Grasa (AM530) – FANA Presidencia del Centro de Estudiantes FAUBA – Frente Agropecuario Regional Campesino (FARC) – FECOFE Federación de Cooperativas Federadas – FEDER – Organizaciones de Base de Federación Agraria Argentina – Federación Nacional Campesina – FERCOA La Rioja – FESPROSA – FETAAP Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria – Federación de Asociaciones de Centros Educativos Para la Producción Total (FACEPT) – FFROP La Rioja – FONAF – Frente Agrario Evita – Frente Nacional Campesino – Frente Rural La Cámpora – FRIGOCARNE (Frigorífico Recuperado) – Frente Patria Grande – Fundación Más Derechos por Más Dignidad – GRAIN – Grupo Agroalimentario Nacional Y Agroindustrial – HUERQUEN Comunicación – MAELA – MAM Laboratorio de Economía Nacional e Internacional (CEFMA) – Movimiento Agrario de Misiones – Movimiento Agroalimentario Nacional (MANA) – Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares – MCL Movimiento Campesino de Liberación (Misiones) – Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina – MOCASE – Movimiento Campesino Liberación – Movimiento De Mujeres En Lucha – Movimiento Estudiantil Liberación – Movimiento Nacional Campesino Indígena / Somos Tierra (MNCI-ST) – Movimiento Nacional De Pueblos Y Naciones Originarios En Lucha – MPA Movimiento Peronista Auténtico – MPR Quebracho – Movimiento Productivo Agroalimentario – MTD Aníbal Verón – MTE RURAL UTEP – Organización Social Política Los Pibes – Parlamento Plurinacional De Pueblos Originarios – PTP (Partido Del Trabajo Y El Pueblo) – Red Federal de Docentes por la Vida – Secretaria de DDHH de a UTEP – Tricontinental. Instituto de Investigación Social Bs. As. – Unidad Ciudadana FAUBA – UTR Unión de Trabajadores Rurales Córdoba – UPAJS Unión de Pequeños Productores de Jujuy y Salta – UTT Unión de Trabajadores de la Tierra – Wirahjkocha Grupo de Acción y Reflexión Rural – Vamos

Agrupación Compromiso y Participación (COMPA) – Agrupación Evita UTEP (La Plata) – AMRAF Asociación de Mujeres Rurales Argentinas – Área de Agricultura Social – Asamblea JB Justo y Corrientes – Asociación Civil AZULUNALA – ATE Asociación de Trabajadores del Estado Nacional – CIEA-FCE (G Martinez Dougnac y E Azcuy Ameghino) – CNCT Confederación de Cooperativas de Trabajo – Cooperativa “Proyecto Nacional y Popular” – Cooperativa de Trabajo Ambiental Ltda – Cooperativa de trabajo Coopense (Ensenada) – Cooperativa de Trabajo Tejiendo Compromiso Social Limitada (La Plata) – Corriente Nacional Martín Fierro – Corriente Popular Remedios del Valle (CPReV) – Corriente Primero la Patria – CTA T Santa Fe – Espacio Social y Cooperativo (La Plata) – Estudios Integrales Asociados Cooperativa de Servicios Limitada – Feria de Agroecológica y Buen Vivir – Foro Agrario Santafecino – Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar Región Pampeana – Frente Barrial CTA Región Capital – GANA Grupo Agroalimentario Nacional y Agroindustrial – Grupo de Estudios Agrarios de la UNR (RAlbanesi y P Propersi) – Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Filial La Plata – Instituto para la Producción Popular (IPP) – JPV/Espacio Cultural La Hormiguera (La Plata) – MeCoPo Frente Popular Darío Santillán – Mesa de productores y articulación política: (Cooperativa Agropecuaria Nueva Esperanza – Nuevo Encuentro La Plata y La Patriada) – Mujeres Platenses Unidas – Programa de Agricultura Familiar: Consejo Social UNLP – Red de agricultura Ancestral – Red de Comercialización y Consumo Popular y Solidario – Resistiendo con Aguante Provincia de Buenos Aires – Unión Peronista Platense (UPP)

El impuesto a los ricos como sentido común

Por Alfredo Serrano Mancilla 

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los súper ricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos, y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las 3 últimas encuestas realizadas por Celag en los últimos dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, el 78% estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es del 72%; 3) en México, del 67%.



En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoya esta política pública. Y seguramente esto responde no solo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a “circular” recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los súper ricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas Celag, en Argentina existe un 90% que cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68%; y en México, 60%.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y Capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.
Fuente: celag.org

 

Publicado en: Motor Económico

Bolivia: Masiva marcha por la vida y la democracia exige respeto a la fecha de elecciones nacionales

 

La “Marcha por la vida y la democracia” convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad en rechazo a la postergación de las elecciones contó con movimientos sociales, estudiantes, organizaciones obreras, sindicales, campesinas e indígenas de todo el país y se extendió al interior del país.

La masiva marcha encabezada por el ente matriz de los trabajadores bolivianos y el Pacto de Unidad, que conglomera a las organizaciones de trabajadores campesinos de todo el país, cumplió el cronograma anunciado por la COB, partiendo de la ex tranca de Senkata, arribando a la Ceja de El Alto, donde se realizó un cabildo que definió nuevas determinaciones.

La convocatoria respodió a la determinación unilateral del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de las elecciones generales del 6 de septiembre al 18 de octubre. Este hecho generó la respuesta de numerosas organizaciones de todo el país, y la rápida decisión de la Central Obrera de movilizarse este martes en la urbe alteña en medida de protesta y presión al TSE para que este se retracte de aquella determinación, la cual fue respondida ágilmente por organizaciones de trabajadores, campesinos y vecinos que se sumaron al llamado.

La masiva movilización contó con medidas de bioseguridad, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, posteriormente disminuído por la inmensa cantidad de marchistas.

La marcha se replicó en el interior del país, con multitudinaria presencia de organizaciones y movimientos sociales, además de la realización de cabildos. Enormes marchas y cabildos en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y el Trópico cochabambino respondieron al llamado nacional de la Central Obrera Boliviana.

 

Fuente: La Resistencia

TUCUMÁN - Exigen justicia para Javier Chocobar

La comunidad de los Chuschagastas exigen la sentencia firme para los asesinos del comunero Chocobar.

Amancay Vargas Rojas
Sábado 25 de julio |


Los hermanos de la comunidad Chuschagasta de la provincia de Tucumán, se encuentran indignados, afirman que el racismo llegó a la Justicia, lo hacen porque consideran que a casi dos años del fallo, no se ha dictado sentencia firme aún por lo cual, los asesinos de Javier Chocobar fueron liberados. La indignación y la angustia de la comunidad se ha hecho sentir, se exigió justicia para don Javier a través de una marcha nacional en Tucumán, de una conferencia de prensa y al mismo tiempo la pregunta es, ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la justicia en la Argentina?.

Los comuneros de Chuschagasta exigen a la Corte Suprema tucumana que dejen de dilatar los plazos y hagan firme la sentencia condenatoria de los asesinos de don Javier Chocobar. Los Chuschagasta exigen el resguardo urgente de toda la vida de la comunidad en su conjunto, y hacen responsables a las juezas María Fernanda Bähler, Wendy Adela Kassar y al juez Emilio Páez De La Torre, a la fiscal Marta Jerez Rivadeneira, a poder judicial ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los comuneros de chuschagasta.

Audolio Chocobar, hijo de don Javier y ex cacique de la comunidad, nos comentó cómo es que los asesinos de su padre están libres y critica el papel de la fiscal Marta Jerez de Rivanadeira,quien no cumplió con los necesarios pedidos de prórroga:“La situación actual de los asesinos es de que ellos están libres en el día de hoy, porque ha habido unas presentaciones que se han hecho y que es un poco molesto digamos, el accionar que ha tenido la fiscal Marta Jerez de Rivadeneira, la verdad ha sido un desastre digamos el trabajo que ha venido haciendo, y todavía lo sigue haciendo porque ella tendría que seguir pidiendo prórroga, pero la verdad que en ningún momento lo ha hecho, si bien de ella misma sale de que se han corrido los dos años, y que ellos tienen el derecho a estar libres, la verdad que nos da bronca, no nos sentimos muy cómodos en la situación que estamos, por el accionar de la fiscal esta”.


El 24 de octubre de 2018 terminó el juicio con la sentencia en el caso Chocobar, donde se condenó al empresario Darío Amín a 22 años de prisión por homicidio agravado por el uso de armas de fuego en perjuicio de la víctima, y por tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en perjuicio de Andrés Joaquín Mamani y Emilio Jaime Mamani.También se condenó a los expolicías Luis Gómez a 18 años como partícipe secundario y responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil condicional o de guerra sin debida autorización legal. Y José Valdivieso a 10 años por ser partícipe secundario y por portación de armas de fuego. Los tres fueron detenidos por el ataque con armas de fuego y posterior asesinato de Chocobar y heridas contra otros comuneros.

Luego de esperar nueve años y reclamar a través de la lucha, se logró la condena a los asesinos, pero el 7 de julio de 2020 la Sala IV del Tribunal, con las firmas de María Fernanda Bähler, Wendy Adela Kassar y Emilio Páez De La Torre, concedió el cese de la prisión preventiva con el pago de $1 millón de caución, tras vencerse el plazo previsto para que la Corte Suprema deje firme la sentencia. Y dejó en libertad condicional a los tres acusados considerados responsables del crimen de Chocobar, ocurrido en 2009.

” Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo”, afirman en un comunicado de voceras/os de la Comunidad Chuschagasta. Audolio Chocobar expresa su indignación con esta injusticia ya que a pesar de la claridad de las pruebas, aun no se resolvió el caso y tienen temor de que estos asesinos se acerquen al territorio: “Lo que se siente más fuerte es la indignación por la injusticia porque este caso ya hubiese estado resuelto hace tiempo atrás, porque si bien el caso ha estado muy claro, ha habido un video donde se los ve a ellos llegar al lugar haciendo disparos, creo que ya tendría que estar resuelto hace un tiempo atrás y la verdad es que nos preocupa también todo lo que está pasando ahora, si hacemos el reclamo a la corte para que acelere los tiempos para que la sentencia quede firme”.

“A casi dos años de la sentencia, la Corte Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia firme, por lo cuál los asesinos fueron liberados y lxs Chuschagastas nos vemos sumidos en un profundo pánico, temor e incertidumbre de vida nuevamente, los responsables de esta aberración de la justicia tienen nombre y apellido, son las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira”aseguran los voceros/as de la Comunidad Chuschagasta en un comunicado.

A todo esto la familia de Javier Chocobar solicitó a la Justicia que prohíba el acercamiento a la comunidad Chuschagasta a Darío Amín, Luis Gómez y Eduardo José Valdivieso, condenados por el crimen. “Con profundo dolor y angustia, lxs Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Una vez más la Justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los Pueblos Originarios” agregan los voceros/as de la Comunidad Chuschagasta a través del comunicado.

“Estamos con un temor pensando en que estos asesinos están libres, eso nos preocupa bastante al no poder salir de nuestros domicilios, por miedo a que estos asesinos estén, anden o lleguen por el territorio, exigimos que la sentencia quede firme de una vez por todas, que este caso se cierre y también nosotros estar tranquilos aquí en la comunidad, junto a toda la familia” sostuvo el hijo de Chocobar.


“Luego de un proceso judicial traumático y viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos, creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios”.

Justicia para pocos

Con esta justicia racista que data de varios años, ¿cuándo los pueblos originarios dejaran de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina? .Es de suma urgencia la aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico, jurídico y territorial de nuestros pueblos.” No vamos a renunciar al pedido de Justicia para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo, exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común”.

Nanci Chocobar, vocera de la comunidad, reconoce que la justicia tucumana muestra un vacío legal cuando se trata de reconocer los derechos constitucionales indigenas: ”Vemos que la justicia tiene un vacío legal terrible en lo que es la Provincia de Tucumán,una desidia la justicia tucumana mira para otro lado, y parece que los derechos humanos y los derechos constitucionales como pueblos originarios son de segunda, no cuentan lo mismo que los derechos de cualquier otro ciudadano”.

“Por otro lado es importante decir que necesitamos una reforma en el sistema judicial, con una justicia que sea plural y democrática para que todos estos hechos no sigan ocurriendo” afirmó Nanci.

Sobre la sentencia agregó “Nosotros el año pasado intentamos varias veces acercar nuestra preocupación a la corte suprema para decirle por favor que se expida porque es de suma importancia y no conseguimos ninguna respuesta, se dilataron los plazos, me llama mucho la atención que en el marco de la pandemia que estamos pasando se firme esta sentencia, que los deja en libertad, el cese de la preventiva, y que los derechos se apliquen y se garanticen a nosotros como comunidad, y como pueblo”.

La Comunidad no se calla

La Comunidad Indígena Los Chuschagasta, perteneciente al Pueblo Nación Diaguita. N° de inscripción en el Re.Na.Ci 03/2002, Personería Jurídica N° 4811. Relevamiento Jurídico Catastral Ley N° 26.160.Res. INAI N° 450/2014, está ubicada en el Valle de Choromoro, Dpto. de Trancas, actual provincia de Tucumán.

Audolio Chocobar, que luego de la muerte de su padre ocupó el cargo de cacique hasta el 2019, explica cómo está compuesta la comunidad,cuántas familias viven allí ,cómo se sustenta con la cría de animales y la agricultura: “La comunidad se compone por cuatro bases, en la parte baja se encuentra la comunidad de chuscha La Higuera y la parte alta se compone por los cerros, el Chorro y el Ñorco donde se compone por 102 familias, la mayoría de la gente vive de sus propias cosas que realizan en su territorio, la agricultura y el criado de su ganado, cabras, ovejas, vacas, gallinas, de esa forma nos abastecemos de muchas cosas, en la agricultura sembramos para el consumo nuestro, como maíz, lo hacemos año tras año y de esa forma vivimos, tampoco tenemos una gran extensión para la siembra, sino parcelas chicas y de esa forma estamos viviendo en la comunidad”.

El lunes 13 de julio a las 10hs se convocó a una conferencia de prensa y a una jornada de visibilización, en la Plaza Independencia para exigir a la Corte Suprema que deje firme la sentencia de los asesinos Amín, Gómez y Valdivieso quienes fueran condenados el 24 de octubre de 2018.

La abogada Julia Albarracin, comenta sobre el pedido de restricción de acercamiento a la comunidad por su seguridad, “una de las cosas que se hicieron fue presentar un escrito para que se complejice un poco esta libertad que se le da con una restricción de acercamiento a la comunidad, a las personas de la comunidad y al territorio indígena de los chuschagasta, esto es muy importante porque la sentencia si debió prever esta precaución puesto que como lo acaba de contar han tenido amenazas durante mucho tiempo antes del juicio, las que cesaron de repente cuando todo esto termino en octubre de 2018,que les dio una tranquilidad enorme a la comunidad y una paz para poder seguir viviendo”.

Al finalizar, la abogada afirmó: ”ahora lo que vamos hacer es acudir directamente a la Corte con un escrito, donde se pueda observar esta situación, cómo se sostiene los fundamentos de por qué se les da a ellos la preventiva lo que pasa que la ley no nos acompaña en este sentido, es cada vez más rigurosa estas cuestiones de evaluación que se hacen sobre las preventivas, que no se adecuan a los hechos y a la gravedad de la situación, esperamos que la corte pueda resolver de manera urgente esta solicitud para que se respete el derecho de las víctimas, esperemos que esto se revierta”.


El 20 de Julio los Chunchagastas iniciaron una asamblea comunitaria por tiempo indeterminado frente al palacio de Justicia de Tucumán, para hacer visible una vez más el repudio por la liberación de los asesinos. Fueron notificados que habrá un cuarto juez que revisará la sentencia, pero este juez tiene como relator a Fernando López de Zavalia, terrateniente que hostiga a la Comunidad Pueblo de Tolombon comunidad vecina en la que comparten territorio ancestral Diaguita, por lo tanto la preocupación es mayor.

“Al Estado argentino le recordamos que tiene una deuda histórica con nosotros los pueblos originarios, como estado de derecho debe restituir nuestros territorios ancestrales a través de la titularización comunitaria de los mismos" aseguran los voceros/as de la Comunidad Chuschagasta en un comunicado.

El miércoles 22 de Julio a las 22:30hs, el acampe de la comunidad chuschagasta sufrió un intento de desalojo, en la plaza Hipólito Yrigoyen frente al palacio de justicia, donde se encontraban desde el lunes en la Asamblea Comunitaria Permanente. “Mientras estábamos de forma pacífica haciendo el cierre de nuestra jornada, disponiéndonos a compartir la cena comunitaria, fuimos sorprendidos por el personal uniformado los cuales en ningún momento nos mostraron credenciales que acreditaran quienes eran, procedieron a comunicarnos que venían a desalojarnos" manifestaron los voceros/as de la Comunidad Chuschagasta.

"En cuestión de minutos nos vimos rodeados por al menos veinte uniformados, quienes llegaron en seis camionetas, en un despliegue innecesario por parte de quienes luego supimos que pertenecían a la Agencia de protección de espacios públicos, espacios verdes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán" agregaron los voceros/as de la comunidad. A todo esto tomaron intervención el equipo de abogados y las organizaciones que se llegaron al lugar, con las que pudieron detener el desalojo.


El jueves 23 de Julio a las 8:00hs se convocó a una jornada de repudio al intento de desalojo, en la Plaza Hipólito Yrigoyen.Y todos estos días también se fueron llevando a cabo distintas actividades en el acampe, como radios abiertas, actividades artisticas,etc.

Esta lucha territorial deja al descubierto todo el entramado histórico y actual en la Provincia de Tucumán donde prevalecen los intereses de la oligarquía por sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Por cualquier información se pueden comunicar con la Comunidad Chuschagasta a :
Voceras/os de la Comunidad Los Chuschagasta:
Audolio Chocobar: (381)15- 599 9189
Delfin Cata: (381)15- 667 5496
Nancy Chocobar: ( 381)15- 518 2405
Ismael Chocobar: (381)15-5765666
Enviar pronunciamientos y adheshiones a: loschuschagastadiaguitas@gmail.com
FB oficial: Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar
Canal de Telegram: Los Chuschagasta (enlace t.me/chusc)

Instagram: @Los Chuschagastas Diaguitas

 

Publicado en: 
https://www.laizquierdadiario.com/Exigen-justicia-por-Javier-Chocobar?fbclid=IwAR31-HpjssSy6l3dbpn2CpyE65WGjNmG6TfYD6hInyWAfhys0XxAHyP7g6g

TUCUMÁN: CHUSCHAGASTAS EN ASAMBLEA COMUNITARIA PERMANENTE

" LXS CHUSCHAGASTAS INICIAMOS LA ASAMBLEA COMUNITARIA POR TIEMPO INDETERMINADO FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA DE TUCUMÁN"
 

 

En el día de hoy 20 de julio de 2020 nos encontramos en la Plaza Hipólito Yrigoyen frente al Palacio de Justicia de la provincia de Tucumán (Pje. Velez Sarsfield N°450).

Las y los Chuschagasta resolvimos iniciar una Asamblea Comunitaria por tiempo indeterminado frente al Palacio de Justicia de Tucumán para hacer visible una vez más nuestro repudio por la liberación de los asesinos: el terrateniente - usurpador Dario Amín y los ex policías Humberto "niño" Gómez y José Valdivieso Sassid quiénes fueran condenados el 24 de octubre de 2018 a: 22 años, 18 años y 10 años de cárcel por el asesinato de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar.

Exigimos a la Corte Suprema de Justicia qué deje firme la sentencia y ratifique las condenas a los asesinos.

Repudiamos enérgicamente a la justicia Tucumana racista qué una vez más vulnera nuestros derechos humanos y colectivos como Pueblo originario preexistente exponiéndonos de nuevo a situaciones de violencia y hostigamientos por parte de éstos asesinos.

Además fuimos notificados que habrá un cuarto juez que revisará la sentencia. Dicho juez tiene como relator a Fernando López de Zavalia, terrateniente qué hostiga a la Comunidad Pueblo de Tolombón (comunidad vecina con la que compartimos nuestro territorio ancestral Diaguita) por lo cuál nuestra preocupación es aún mayor.

Urge una reforma judicial inmediata para que podamos tener una justicia plural y democrática.

No queremos más está justicia colonial y racista.

Al Estado Argentino le recordamos que tiene una deuda histórica con nosotrxs los Pueblos originarios. Como Estado de derecho debe restituir nuestros territorios ancestrales a través de la titularización comunitaria de los mismos.

Nuestra lucha territorial deja al descubierto todo el entramado existente actual e histórico en la provincia de Tucumán dónde prevalecen los intereses oligárquicos por sobre nuestros derechos colectivos plasmados en la Constitución Nacional Art. 75 inc 17, Constitución Provincial Art. 149, Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 y demás tratados internacionales que Argentina ratifica.

Las y los Chuschagasta estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para alcanzar la justicia por Javier Chocobar y para resguardar nuestras vidas y la vida de nuestro territorio ancestral Diaguita.

JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!

¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!

¡MEMORIA,VERDAD,JUSTICIA Y TERRITORIO!

Vocerxs de la Comunidad Los Chuschagasta:
Audolio Chocobar: (381)15- 599 9189
Delfin Cata: (381)15- 667 5496
Azucena Cata: (381) 15- 673 5917
Emilio Mamani: (381) 15- 466 1554
Mauro Mamani.

+ info de la actividad:
Mariel Tejeira: (381) 15- 576 5666
Nancy Chocobar: ( 381)15- 518 2405

FB oficial:
Los Chuschagasta Justicia Para Javier Chocobar

Canal de Telegram:
Los Chuschagasta (enlace t.me/chusc)

Instagram: Los Chuschagasta Diaguitas

EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD JAVIER CHOCOBAR

Comunidad Indígena Los Chuschagasta perteneciente al Pueblo Nación Diaguita. N° de inscripción en el Re.Na.Ci 03/2002, Personería Jurídica N° 4811. Relevamiento Jurídico Catastral Ley N° 26.160.Res. INAI N° 450/2014 (mediante el cuál se nos reconoce la ocupación actual, tradicional y pública). Valle de Choromoro, Dpto. de Trancas, actual provincia de Tucumán.

 

 

8 de julio de 2020
EN ARGENTINA NO HAY JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
LIBERARON A LOS ASESINOS DE NUESTRA AUTORIDAD JAVIER CHOCOBAR

Con profundo dolor y angustia, lxs Chuschagasta expresamos nuestro enérgico repudio ante la liberación de los asesinos de nuestra Autoridad Tradicional Javier Chocobar por parte del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Una vez más la justicia tucumana actúa en contra de los derechos y de la vida de los Pueblos Originarios.

Nueve años tuvimos que esperar para que el Poder Judicial, blanco, occidental y fascista, deje de hacer oídos sordos y escuche nuestro grito de justicia por el asesinato de nuestra autoridad, comunero, padre, tío, hermano, hijo. Luego de un proceso judicial traumático y viciado, y tras un fallo favorable que condenó a los asesinos Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, creímos que podríamos comenzar a dar un cierre a esta década de miedo y dolor, y seguir adelante reconstruyendo nuestra vida en comunidad, a pesar de que nadie nos va a devolver a Javier. Sin embargo, como de costumbre, el Poder Judicial y las personas que lo integran, una vez más actúan en connivencia para hacer prevalecer el poder de los terratenientes por encima de nuestros derechos humanos y ancestrales como pueblos originarios.

A casi dos años de la sentencia, la Corte Suprema tucumana aún no ha dictado sentencia firme, por lo cuál los asesinos fueron liberados y lxs Chuschagastas nos vemos sumidos en un profundo pánico, temor e incertidumbre de vida nuevamente. Los responsables de esta aberración de la justicia tienen nombre y apellido, son las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, el juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira.

La justicia racista no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios. Nos preguntamos ¿cuándo los pueblos originarios dejaremos de ser ciudadanos de segunda para el Estado y la Justicia en Argentina?. Resulta urgente la democratización de la justicia y la aplicación del Derecho Indígena vigente a nivel nacional e internacional y la creación de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para el resguardo físico, jurídico y territorial de nuestros pueblos.

Para nosotrxs, no existen los Derechos Indígenas ni los Derechos Humanos mientras los asesinos y genocidas de Javier Chocobar estén libres y siga en peligro la vida de nuestra Comunidad.

No vamos a renunciar al pedido de Justicia para nuestra Autoridad Tradicional y nuestro Pueblo. Exigimos a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que de una vez por todas deje de dilatar los plazos y haga firme la sentencia condenatoria a los asesinos Dario Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso, de 22, 18 y 10 años de prisión respectivamente, en cárcel común.

Exigimos el resguardo urgente de la vida de toda nuestra Comunidad en su conjunto y hacemos responsables a las juezas María Fernanda Bahler, Wendy Kassar, al juez Emilio Paéz de la Torre y la fiscal Marta Jerez Rivadeneira, a la Corte Suprema de Justicia Tucumana y al Poder Judicial, ante cualquier hecho de violencia que puedan sufrir las y los Chuschagasta.

¡JAVIER CHOCOBAR PRESENTE!
¡BASTA DE DESPOJO TERRITORIAL!
¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!
¡MEMORIA,VERDAD,JUSTICIA Y TERRITORIO!

Voceras/os de la Comunidad Los Chuschagasta:

Audolio Chocobar: (381)15- 599 9189
Delfin Cata: (381)15- 667 5496
Nancy Chocobar: ( 381)15- 518 2405
Ismael Chocobar: (381)15-5765666

Enviar pronunciamientos y adheshiones a:

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Se creó el Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena

Fortalecimiento estratégico y asistencia económica para los sectores productivos más desprotegidos a fin de disminuir los efectos adversos de la pandemia.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó hoy, mediante la Resolución Nº 138/20, la creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que cuenta con un monto inicial para su implementación de 30 millones de pesos, a fin de fortalecer y asistir a productores y productoras del sector inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).

"La presente situación de emergencia sanitaria constituye una oportunidad que estamos asumiendo para iniciar un camino tendiente a modificar el rumbo de la desigualdad a través de políticas públicas que incluyan a aquellos sectores más vulnerables de la cadena productiva, complementando medidas ya existentes, como el caso de la Ley Nº 27.118, y otorgando rapidez de acción a los fines de combatir la pobreza rural", señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Vale destacar que la medida toma como marco la mencionada Ley N° 27.118, establecida en diciembre de 2014, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo y por practicar y promover sistemas de vida y producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.

Se contempla a su vez, que la medición de umbral crítico de daño para este sector es generalmente mucho más bajo que para cualquier sector productivo del ámbito rural, por lo que resulta sustancial medidas como la presente que tengan en cuenta esas especificidades para permitirle enfrentarlas y sobreponerse.

El Programa impulsa el otorgamiento de Aportes No Reintegrables (ANR) en forma directa a productores del sector que al momento de solicitarlos, se encuentren afectados por situaciones de riesgo productivo como consecuencia de eventos climáticos, sociales o particulares extremos.

La Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, perteneciente a la Secretaría Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, será la Autoridad de Aplicación del Programa.

La Resolución subraya que el aporte en la producción de alimentos de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en todo el territorio nacional es muy importante en materia de soberanía alimentaria local y regional asumiendo un rol estratégico en el cuidado y sostenimiento de los bienes naturales y como factor dinamizador de las economías regionales.

 

Publicado en:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-creo-el-programa-de-asistencia-critica-y-directa-para-la-agricultura-familiar-campesina?fbclid=IwAR0nxctRKn-Cmmfy_JGjsn-J5a7o6lS7KWndEui5xQqoZorIsRWzzNptJjw

Ecocidio, genocidio, politicidio

Por Mempo Giardinelli


Imagen: EFE

En los últimos 30 años, en el territorio argentino se talaron más de 8 millones de hectáreas de bosques, fundamentalmente en las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. Todo ello en beneficio de una minoría de latifundistas y corporaciones voraces que no trabajan la tierra, sino que la explotan y contaminan. Y cuyas consecuencias inmediatas y directas son las inundaciones cíclicas en pampas y ciudades y el aumento de los índices de mortalidad.

Y entre las consecuencias indirectas ­y apenas más lentas de esta tragedia ecológica, hay que apuntar las forzadas migraciones de millares de campesinos y chacareros, con el consecuente vaciamiento de comunidades, entre ellas pueblos originarios, cuyos miembros acaban hacinados en villas miserias llamadas eufemísticamente "barrios carenciados" y en las cuales imperan drogas, malditas policías, punteros políticos, hambre y desnutrición.

Las consecuencias políticas y económicas de semejante tragedia son innumerables, e incluyen no sólo el deterioro de la calidad de la tierra, sino también el desplazamiento y riesgo de extinción de las faunas autóctonas y el colapso de industrias como la melera, catástrofe económica y social para un país que hasta hace poco fue tercer productor y exportador mundial de miel de alta calidad.

De todo esto no se habla en la política vernácula, o se habla poco y confuso para así frenar las medidas que neutralizarían el desastre que ya tenemos encima: urge declarar una emergencia forestal implacable que detenga definitiva y firmemente todos los desmontes, sin excepciones provinciales y haciendo un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos.

Aunque nunca faltan interesados y/o irresponsables que procuran morigerar estas afirmaciones, la verdad es que se trata de una decisión política de vida o muerte para las generaciones venideras, pero no las de otros siglos; sino la de nuestros hijos. Porque la biodiversidad exige proteger consistentemente a faunas y floras autóctonas y a pueblos originarios, que son los verdaderos garantes del aire que respiramos y el agua que bebemos.

Si no se cuida el ambiente, la sola inacción aumenta el calentamiento global y la desertificación. Y éste no es un problema de cada país ni mucho menos de cada provincia. Mantener segmentadas las posibles soluciones, que jamás se cumplen, es parte del lento suicidio de la especie humana. Eso se llama “ecocidio” y se relaciona con la pandemia que hoy padece el planeta y que es ya una luz roja -–no amarilla–- para el sistema económico, político, social, cultural y vital de la humanidad.

El drama específico, hoy, es que esa segmentación, y los arreglos extrajudiciales multimillonarios de las compañías transnacionales para seguir usando contaminantes, son en sí mismos formas disfrazadas y perversas del ecocidio, vocablo emparentado con la ominosa palabra "genocidio". Y segmentación, además, que es aceptada, instrumentada y favorecida por todos los gobiernos del mundo, que por supuesto reconocen el problema pero no impiden que todas las legislaciones medioambientales sean meramente declarativas de cada país. Que es el modo de impedir una acción planetaria.

En el momento en que se escribe esta nota, y en el que usted la lee, continúa el incendio gigantesco de gran parte de la Amazonía brasileña. ¿Alguien puede sostener que los poderes mundiales, los Estados Unidos y la milenaria Europa, tan declamativos en favor del cuidado ambiental, no son cómplices aunque sea por omisión e inacción? Y parecido sucede en países periféricos como el nuestro, donde la Ley de Bosques Nativos (la 26.331, de 2009) no se cumplió jamás ni hay grandes esperanzas de que se aplique con el actual gobierno, muchos de cuyos funcionarios y exégetas es presumible que ni estén enterados del desastre ambiental argentino.

Es sabido: en este país los descarados intereses económicos y las deficiencias de la llamada "Justicia", son impedimentos casi absolutos para la defensa ecológica de nuestro territorio y nuestro pueblo. Que todavía no comprende, ni hay quien se lo enseñe a cabalidad, que el medioambiente sano es un derecho humano básico y tan natural como el agua y el aire.

Cualquiera sabe que en las provincias las multas por desmontes no se pagan, o se negocian o cambian por favores. Es usual que los "productores" no reforesten lo que cortaron, ni los gobiernos locales exigen cumplir leyes y disposiciones. Y es un clásico que en este país nadie va preso por talas ilegales.

Además son obvias ciertas complicidades del sistema político, que desde los 90 viene debilitando al Estado en todos los órdenes. El gran daño de Menem y sus amigos Cavallo, Neustadt y Grondona, consistió en instalar un modelo de privatizaciones y negocios que nos dejó el Estado lelo que hoy tenemos, temeroso del poder económico e incapaz de sancionar a los ricos, que llevan 30 años cebándose. Es duro decirlo, pero de zonzos negarlo.

Por eso no alcanza lo que dijo el jefe de gabinete sobre el caso Gutiérrez. Hay que responder más fuerte en todos los medios gubernamentales. ¿Para qué están Radio Nacional, la TVP, las cadenas nacionales y sobre todo la TDA, que sigue sin ser repotenciada?

Hoy tenemos un Estado que no sostiene una expropiación anunciada y que acepta que un juez provinciano haga tiempo en favor de ladrones y corruptos. Así el río Paraná seguirá en manos extranjeras, como la energía, la minería y todas nuestras riquezas naturales, saqueo encima protegido por un sistema mentimediático que no tiene techo y vomita odio frente a un gobierno que no reacciona, que no termina de auditar la supuesta deuda que tenemos y que es probable que acabe pagando y celebrando porque mejoró montos y plazos.

Es poco creíble que la salvaje oposición macrista se divida entre halcones y palomas. Todos son halcones, y lo demostraron en 4 años. Nuestro Gobierno debería reconocerlo y proceder en consecuencia. Porque si no hay respuestas contundentes, el riesgo es enorme. Está muy bien y es un deber ser amigable con los adversarios leales. Pero es suicida con los bandidos. Y leal compañero no es el que calla estas cosas, sino el que las pronuncia y exhorta a cambiar. 

 

Publicado en: Página 12