URGENTE: LA JUSTICIA TUCUMANA CONTRA LOS PUEBLOS DE LA NACIÓN DIAGUITA

 

                                                                                                                  23 de junio de 2017

El Pueblo Tolombón perteneciente a la Nación Diaguita – Personería Jurídica Nº 0053 (RE.NA.CI/INAI), integrantes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) nos declaramos en estado de alerta y movilización ante un nuevo ataque por parte de usurpadores y esclavistas, devenidos en “terratenientes”, que pretenden sacarnos de nuestros territorios ancestrales, haciendo uso de instrumentos “legales” occidentales y colonialistas que ellos mismos inventaron, y que ocultan, tras el velo de la “justicia”, la violencia física colonialista (y genocida) que aún hoy los pueblos originarios sufrimos en nuestros territorios. Repudiamos enérgicamente la embestida hacia nuestros Pueblos hermanos  Chuchagastas y Colalaos quienes también están siendo avasallados violentamente en sus derechos como Pueblos Preexistentes.

1.       En  la Comunidad Los Chuschagasta, la policía se presentó en el día de ayer en la casa del comunero Ismael Chocobar quién fue conducido por la fuerza para tomarle sus huellas dactilares en el marco de una IMPUTACION POR USURPACIÓN realizada por el terrateniente Darío Amín, quien en el año 2009 asesinó a Javier Chocobar, tío de Ismael, e hirió de gravedad a los comuneros Andrés Mamani y Delfín Cata.

2.      La Comunidad India Colalao ha recibido una ORDEN DE DESALOJO para 16 familias dictada por el Juez Eduardo Albo (juzgado N°2 de la Fiscalía VI) el cual es INMINENTE ya que se prevé para el día lunes 26 de junio.

3.     El 9 de junio la Corte provincial de Tucumán falló en contra la familia de Donato Nieva del Pueblo Tolombón, confirmando una vez más la plena convivencia que existe entre la Justicia y los “terratenientes”. Los relatores como Antonio Gandun, René Goane, Claudia Sbdar, Daniel Posse, Antonio Estofan, entre otros actúan violando los Derechos Constitucionales, omitiendo el Derecho Colectivo que nos ampara, como el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, el Art. 149 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, la ley 26160, el Art. 18 del Código Civil, y los Tratados Internacionales a los que adscribe Argentina. Estos relatores han argumentado a favor de Fernando López de Závalia, quién además compra testigos para llevar adelante sus apetencias personales en contra de las 300 familias que habitamos el Territorio desde siempre.

4.      La familia Donato Nieva es una de las 55 causas que tenemos en la actualidad. Los López de Zavalia, Critto, Torino, Salenme son algunos de los terratenientes que operan en la zona, a pesar de que como Pueblo Tolombon contamos con un relevamiento territorial de uso actual tradicional y público, realizado por los Estados Nacional y Provincial.

5.      Entre las situaciones más urgentes, están la causa “Critto Adolfo sobre denuncia de USURPACIÓN por autores desconocidos”, en la que el fiscal acusa a dos familias comuneras de haber “cedido ilegítimamente” el permiso para que otro comunero pudiera construir su hogar y solicitó al juez de instrucción que ORDENARA EL DESALOJO como restitución anticipada del inmueble.

6.      En el caso del comunero Román Ríos, un hombre de edad avanzada, cuyo territorio ha sido ocupado en parte por la finca de Javier y Francisco Critto, las fuertes presiones por parte estos últimos sobre el juez anuncian un posible fallo en contra del comunero y constituye una AMENAZA DE DESALOJO INMINENTE.

7.      También se ha dictado una MEDIDA DE NO INNOVAR promovida por López en contra de Marta Catacata para evitar que la comunera continúe con la construcción de una vivienda en Aguas Blancas. Catacata también fue denunciada por USURPACIÓN.

8.     Asimismo, el comunero Santos Ríos ha sido citado a declarar como imputado en la causa que promovió Gerineau por la posesión de la mesada, en la base Gonzalo. En breve, además, continuarán las citaciones a más de 7 comuneros por USURPACIÓN.

Los valles de Choromoros y Colalao en la provincia de Tucumán, fueron denominados con nombres propios de nuestros pueblos en idioma Kakan, el cual pretendió ser invisibilizado y aniquilado por los colonizadores que antepusieron nombres de santos católicos a los mismos, pero a pesar de todo permanece vivo, dando identidad a nuestros territorios ancestrales.

Nuestros abuelos, bis, tatarabuelos han pertenecido desde siempre a este territorio. Nuestra preexistencia data desde tiempo inmemorial, cuyos datos se encuentran en los archivos históricos y en la memoria colectiva de nuestro Pueblo; nuestras familias dependen del territorio, el territorio es la vida de nuestro Pueblo, no tenemos otro lugar a donde desarrollar nuestra Cultura, no molestamos a nadie y nuestro territorio no está en venta para la avaricia de los “terratenientes” y empresas multinacionales que vienen por el saqueo de los bienes naturales.

Nuestras familias desde siempre han preservado la diversidad biológica existente en el lugar porque somos parte y pertenecemos a estos territorios, a esta Madre Tierra y no vamos a aceptar que nos echen de aquí. Porque es el derecho por el que fueron asesinados nuestros abuelos, es el derecho que con tanto esfuerzo hemos conquistado y es el derecho que queremos dejar a nuestros hijos para que puedan desarrollarse en libertad.

Nos preocupa profundamente que el poder Judicial viole sistemáticamente los derechos que están legislados en la Constitución Nacional en un Estado que se supone Democrático. Los hechos así lo demuestran, tal es el caso del asesinato de nuestro hermano de la Nación Diaguita, Javier Chocobar. Desde el 2009 estamos a la espera de que se eleve la causa a juicio oral y mientras tanto, los asesinos están caminando libremente entre nosotros, y continúan amenazando a los comuneros. En cambio existe una celeridad inusitada para las causas que nos arman los terratenientes a los Pueblos Originarios. Prueba de ello es la imputación que pesa sobre el sobrino de Javier Chocobar, a quién tanto el asesino Darío Amin, como su familia Santiago Amin y Maria Sofia Herrera de Amin denuncian por “usurpación”. Acusan a Ismael Chocobar de usurpar la casa perteneciente a sus abuelos paternos Fortunata Díaz y Amadeo Chocobar, quienes vivieron desde tiempos inmemoriales en territorio de Chuschagasta

En esta situación de desamparo institucional y avasallamiento, nos mantenemos alerta y movilizados y estamos organizando una movilización conjunta de la Nación Diaguita a la ciudad de San Miguel de Tucumán para decir ¡BASTA A LA VIOLENCIA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS! ¡EXIGIMOS LA RESTITUCION DE LOS TERRITORIOS COMUNITARIOS YA!

Agradecemos la difusión y el acompañamiento para las acciones que se están previendo. Se confirmará la fecha a la brevedad.

¡RESPETO DE LA LEYES Y EL DERECHO INDÍGENA!

¡¡¡JUICIO Y CASTIGO PARA LOS ASESINOS DE  JAVIER  CHOCOBAR!!!

¡FUERA TERRATENIENTES DE NUESTROS TERRITORIOS!

¡¡¡PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!!

Contacto: 1169733984 (Nancy Chocobar)

comunidadtolombon@yahoo.com.ar

Declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal

    “Los movimientos sociales, y ciudadanos y ciudadanas del mundo, reunidos en Tiquipaya, tras escuchar los testimonios de migrantes y refugiados, y debatir colectivamente desde nuestra memoria histórica y la pluralidad de nuestras identidades, aprobamos la siguiente Declaración, a fin de poner de manifiesto nuestra visión y propuestas ante los Estados y la Comunidad Internacional con relación a la denominada crisis migratoria.

    Los pueblos del mundo somos conscientes de la necesidad de seguir impulsando con mayor fuerza un nuevo orden mundial, cuyas características sean:

    El establecimiento de las relaciones de complementariedad, equidad y solidaridad entre las personas y pueblos; el reconocimiento y universalización del acceso a los servicios básicos como derechos fundamentales, mismos que no pueden ser objeto de lucro y especulación de grupos privados.

    La más amplia participación ciudadana en la elaboración e implementación de las políticas públicas trascendiendo a las oligarquías, dinastías, monarquías y otras formas de jerarquías políticas.

    Una nueva arquitectura financiera internacional, donde no existan organismos multilaterales al servicio del capital transnacional y garantizar la propiedad social de los recursos naturales.

    La convivencia armónica con la Madre Tierra y el respeto de sus derechos; asumiendo que la naturaleza puede vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos vivir al margen de ella, conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat.

    La construcción de la paz verdadera, que no solo es la inexistencia de conflictos bélicos, sino también la superación de la violencia estructural que se traduce en el acceso equitativa de la riqueza y las oportunidades de desarrollo.

    Hemos verificado como principales causas de esta crisis los conflictos bélicos e intervenciones militares, el cambio climático y las enormes asimetrías económicas entre los Estados y al interior de ellos. Estas situaciones destructivas tienen su origen en el orden mundial dominante, que en su voracidad desmedida por el lucro y la apropiación de los bienes comunes genera violencia, promueve desigualdades, y destruye a la Madre Tierra. La crisis migratoria es una de las manifestaciones de la crisis integral de la globalización neoliberal.

    La movilidad humana es un derecho arraigado en la igualdad esencial del ser humano. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, no responde a una decisión voluntaria de las personas sino a situaciones de necesidad que llegan a extremos de una migración forzada. Al dolor del desarraigo se suman las situaciones de injusticia, exclusión, discriminación y explotación que sufren las personas en tránsito y en los países receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra su propia vida.

    Los discursos hegemónicos, potenciados por las corporaciones mediáticas trasnacionales, promueven una visión negativa de los migrantes, ocultando los aportes que éstos realizan a los países receptores en términos económicos, demográficos y socioculturales. Vemos con preocupación el avance de posiciones neocoloniales, intolerantes y xenofóbicas que atentan contra la cooperación entre los Pueblos y constituyen una verdadera amenaza para la paz mundial. Paradójicamente, estas posiciones se sostienen desde los centros de poder global, principales responsables de la violencia estructural, la inequidad planetaria y el cambio climático, en perjuicio de los acreedores de la deuda social y ambiental: los pobres y los pueblos pobres.

    Es por ello, que desde las bases sociales promovemos el siguiente decálogo de propuestas para derribar los muros que nos dividen y construir una Ciudadanía Universal, que consagre el derecho de todos y todas a tener y gozar en plenitud de los mismos derechos, para el vivir bien de la humanidad.

    1. Superar la perspectiva hegemónica de política migratoria que plantea una gestión de las migraciones de manera “regular, ordenada y segura”, por una visión humanista que permita “acoger, proteger, promover e integrar” a las personas migrantes.

    2. Rechazar la criminalización de la migración que encubre falsos enfoques de seguridad y control. De manera particular exigimos la eliminación de los “centros de detención de migrantes”.

     Exigir la destrucción de muros físicos que separan a los pueblos; muros invisibles legales que persiguen y criminalizan; muros mentales que utilizan el miedo, la discriminación y la xenofobia para separarnos entre hermanos. De igual manera, denunciamos los muros mediáticos que descalifican o estigmatizan a los migrantes, y apostamos por promover la creación de medios alternativos de comunicación.

    3. Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por los Derechos de las personas migrantes, refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, que promueva la libre movilidad y los derechos humanos.

    Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, gestionar la creación de una secretaria de coordinación para efectivizar el cumplimiento de las resoluciones de esta declaración de la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

    4. Exigir a los gobiernos la creación y/o fortalecimiento de Ciudadanías Regionales que permitan la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de sus derechos, como puente hacia una ciudadanía universal.

     5. Demandar que los gastos públicos destinados a la guerra y la criminalización de los migrantes, sean utilizados para la creación de programas de integración, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias.

    6. Impulsar políticas locales que permitan ciudades y sociedades integradoras, donde se hagan efectivos en la vida cotidiana de los migrantes los derechos a vivienda, salud, educación, seguridad social, bajo los principios de complementariedad, solidaridad, hermandad y diversidad.

    7. Convocar a todos los gobiernos del mundo a luchar de manera conjunta contra las redes criminales que trafican con seres humanos, y declarar la trata y el tráfico de personas como delito lesa humanidad.

    8. Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multilateral y sus instrumentos internacionales referidos a migrantes, refugiados y sus familias, en especial:

    a) la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares”, ya que ésta no ha sido ratificada por ningún país del norte receptor de migrantes;

    b) la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de ACNUR e incorporar nuevas concepciones referentes a desplazados y refugiados climáticos.

    c) Participar activamente en la negociación del Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en Naciones Unidas;

    d) Proclamar en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Decenio Internacional para un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal.

     9. Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por una visión que las entienda como puentes de integración para la unidad entre los pueblos y la acogida de los migrantes, donde la lucha contra el crimen trasnacional organizado se encare en un marco de cooperación entre los Estados.

    Impulsar el vivir bien en los lugares de origen de las personas migrantes, para que la movilidad sea siempre voluntaria y no forzosa como efecto de la pobreza, la violencia y el cambio climático, denunciando el impacto del accionar irresponsable de las empresas trasnacionales, y aplicando sanciones a aquellas que atenten contra la permanencia de las familias en su lugar de origen.

    10. Promover la movilización popular a escala mundial, para que se reconozca en las instancias intra e internacionales el carácter inalienable de los derechos de las personas en movilidad para derribar los bloqueos, intervenciones y muros, que unilateralmente levantan los poderosos para perpetuar la desigualdad y la injusticia social en el mundo.