Es inadmisible que en el marco de un Estado “republicano y democrático” hace 11 días una dirigente social se encuentre privada de su libertad por ejercer el derecho ciudadano a reclamar por sus derechos, por reclamar por la continuidad de los trabajadores cooperativistas, por expresarse en contra de las políticas de ajuste y antipopulares del gobierno jujeño. Sala fue acusada de un delito que es excarcelable y su detención es una violación a los derechos humanos y de libertad de expresión.
En el lugar de Milagro podría estar cualquier dirigente social, pero no. No es casualidad. Apenas asumió Gerardo Morales (el mismo que en el 2000 y 2001 se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social de la Nación durante la presidencia de Fernando De la Rúa), contrariamente al discurso en favor de la “independencia judicial”, entre gallos y medianoche logró la aprobación de un paquete de reformas que le permitieron nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en puestos clave del Poder Judicial local. Matías Ustares Carrillo, que está entre los favorecidos por Morales, es uno de los dos jueces que ordenaron el desalojo del acampe de la Tupac Amaru.
Los medios hegemónicos juegan un rol central como vehículos del discurso de la derecha, construyendo a Milagro Sala como un enemigo interno: mujer, negra, indígena, obrera, pobre, delincuente, corrupta, salvaje, peligrosa, violenta, terrorista. Generan confusión y manipulan la opinión pública hablando de presuntos hechos de corrupción y de violencia, nunca comprobados, pero evitan hablar del meollo de la cuestión: MILAGRO SALA ESTÁ PRESA POR LUCHAR. Por ahí va la cosa, esa es la receta, transformar a los que luchan por sus derechos en personas violentas y peligrosas, invisibilizando la violencia fundacional: el desempleo, la exclusión, la discriminación, la colonialidad. Mientras tanto, Milagro sigue presa.
El discurso de la derecha también habla de un Estado paralelo cuando se refiere al Programa Socio Comunitario de la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, de donde provienen los fondos para las cooperativas de vivienda, entre las cuales está la de la Tupac Amaru. Este tipo de programas son parte de una política de Estado que lejos de tercerizar su gestión, busca fortalecer y empoderar a las organizaciones sociales y el trabajo cooperativo, sin regalar nada, sino dando trabajo a la gente y fomentando su autonomía. Posiblemente esta política sea perfectible. Pero el asunto aquí es que lo que le molesta a la derecha y a sus gobiernos es que las organizaciones sociales y populares sean autónomas. No les molestaba cuando se repartían bolsones de comida, pero sí les molesta que los negros, los pueblos originarios, los pobres, administremos nuestros recursos y que encima pretendamos tomar nuestras propias definiciones sobre cómo es mejor utilizarlo. Les molesta que tengamos una pileta y un “cantri”, como indica despectivamente el título de La Nación sin ocultar su desprecio por las clases populares (ver nota del 24/01/2016).
Esta caza de brujas no es una novedad. Desde los tiempos de la conquista los pueblos originarios fuimos y somos estigmatizados, perseguidos y asesinados por ser poseedores de culturas y creencias diferentes a las del occidente europeo, cristiano, imperialista. Por defender nuestros territorios del saqueo y la contaminación. Por mantener viva nuestras culturas y conocimientos milenarios. Por resistirnos al sometimiento y luchar por nuestros derechos como pueblos preexistentes.
Los Pueblos Originarios hoy estamos de pie, continuando el legado de nuestros líderes históricos: Kalchakí, Kajfvkura, Chelemin, Viltipoco, Likar, Kipildor, Meguesoxochi, Lefxaru, Tomás Paniri, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Andresito Guacurarí, quienes supieron escuchar las demandas de sus Pueblos y guiarlos en la lucha por la emancipación continental, para volver a ser libres y soberanos. Como dijo Evo Morales, hemos definido pasar de la resistencia a la toma del poder. Para ello convocamos a todas las organizaciones populares a enfrentar unidos al colonialismo interno y externo, tal como hicieron nuestros antepasados. Los movimientos sociales no podemos permitir que la derecha avance nuevamente en el Abya Yala
Somos conscientes de la existencia de traidores a la lucha, de tibios y de oportunistas, no nos asusta ni sorprende, siempre los hubo a lo largo de la historia de lucha por nuestra liberación. Es por ello que resulta fundamental hacer una sincera autocrítica, que nos permita revisarnos permanentemente. Necesitamos unidad y organización pero también diversidad y humildad, aprender del otro, y avanzar en la transformación social a partir de los principios de reciprocidad y complementariedad.
En relación a la política indígena, como Pueblos Originarios preexistentes el Estado tiene la obligación de convocarnos para discutir, definir y conducir las políticas indígenas a través de nuestras instituciones representativas. Los Pueblos tenemos nuestros propios modos de organización con autoridades políticas, sociales, culturales y espirituales territoriales, por lo tanto no necesitamos pseudos representantes, iluminados o especialistas que tomen decisiones por nosotros.
Debemos estar atentos y observar de cerca las definiciones gubernamentales que se tomen al respecto. En las provincias y municipios, en este último tiempo se crearon nuevos espacios de política indígena, de los que fuimos impulsores, y donde se debe llevar a cabo un proceso de consulta y participación para su funcionamiento. Sin embargo al día de hoy en lo nacional, después de más de un mes del nuevo gobierno, la política indígena está paralizada y en una incertidumbre con respecto a los lineamientos políticos, tanto a nivel nacional como local, que se quieren llevar adelante en relación con los Pueblos Originarios, mientras tanto los conflictos recrudecen y se acentúan territorialmente.
Lo que si está claro es que se tomaron medidas a favor de un solo sector de la sociedad, ligado al campo terrateniente, usurpadores históricos de nuestros territorios, que hoy no les basta con estar libres de retenciones, sino que continúan extorsionando al nuevo gobierno, en un escenario con condiciones claramente más favorables, para generar una suba en el valor de dólar que les resulte aún más conveniente para liquidar los granos que producen en territorios desbastados y saqueados a los Pueblos Originarios. Asimismo las corporaciones mediáticas y judiciales están intentando por todos los medios, sin ningún respeto por la institucionalidad, desaparecer la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley trabajada y legitimada durante treinta años por diversas organizaciones y periodistas, que es ejemplo en toda Latinoamérica, que fue votada con amplia mayoría por el Congreso de la Nación y que viene a reemplazar a la ley de radiodifusión instituida en plena dictadura cívico-militar. Esta ley incluye el derecho a la Comunicación con Identidad propuesta impulsada por las organizaciones de Pueblos Originarios para reparar años de colonización, invisibilización, negación y apropiación de la palabra.
Estas, entre otras, son políticas que perjudican a la mayor parte de la población argentina, en pos de favorecer a una elite privilegiada concentradora de poder. Este giro a la derecha es inadmisible. Ya sabemos las consecuencias nefastas que tiene para nuestros pueblos y para nuestros territorios. Como sociedad plural nos costó muchísimos años conquistar los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales y económicos de los que se gozan a pesar de todo lo que todavía falta y no podemos permitir que nos sean arrebatados. La lucha nunca se detuvo y va a seguir, porque la derecha siempre estuvo a la vuelta de la esquina y está avanzando.
En los últimos años se dieron importantes avances en el proceso de transformación de los Estados sudamericanos, con redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de la soberanía y la integración regional, respetando la diversidad cultural y la identidad de nuestros pueblos, y sobre todo de la organización política y social de las bases. Se delineó un horizonte anticolonial, que transformó los imaginarios de la sociedad y comenzó un lento pero irreversible proceso de descolonización del Estado y de la sociedad. Sigamos construyendo en ese camino, orgullosos de nuestras raíces ancestrales.
Desde el ENOTPO alertamos que la detención de la hermana y dirigente Milagro Sala es un experimento que busca medir la respuesta de la sociedad ante este tipo de medidas coercitivas, las cuales pretenden seguir aplicando a modo de adoctrinamiento social en un contexto de creciente ajuste y represión.
¡EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL QUE RESPETEN Y HAGAN RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE MILAGRO SALA Y SU INMEDIATA LIBERACIÓN!
