miércoles, 30 de septiembre de 2015

Participación del ENOTPO en la “IV Conferencia General de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia”


Entre el 21 y el 24 de septiembre se realizó la “IV Conferencia General de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia”, en la Casa de la Memoria y la Vida –Mansión Seré-, en Morón, provincia de Buenos Aires.

El martes 22, el ENOTPO participó del panel “La situación de afrodescendientes, migrantes e indígenas en América Latina y el Caribe. Desafíos en términos de derechos, inclusión social y lucha contra la discriminación”. Además, participaron del panel el Coordinador del Programa de Migrantes y Refugiados de la Universidad Nacional de Lanús, Pablo Ceriani; y el representante del Centro de DDHH Emilio Mignone de la Universidad Nacional de Quilmes, Matías Penho.

Desde las organizaciones de Pueblos Originarios se planteó la necesidad de ampliar el marco propuesto como “ciudades” y comenzar a trabajar en el marco de “sociedades” libres de cualquier tipo de racismo y discriminación. Desde el ENOTPO se planteó que solo será posible eliminar estos tipos de situaciones de racismo y xenofobia cuando efectivamente los países reconozcan plenamente su condición de países plurinacionales, trasformando sus estructuras monoculturales y elitistas para dar lugar a la pluralidad cultural en todos sus aspectos.

Resulta necesario avanzar en políticas que apunten a la descolonización del Estado y, en el mismo sentido, actualizar el marco normativo, abriendo camino no sólo al Derecho Indígena, sino también a una pluralidad jurídica que reconozca otros sistemas normativos alternativos.

En este marco, se presentó el Protocolo de Consulta Libre Previa e Informada, como una herramienta jurídica y política, construida por los Pueblos Originarios, que propone un camino de acción para abordar, disminuir y, en lo posible, evitar los conflictos territoriales a través de un diálogo intercultural. Muchos conflictos como desalojos, introducción de empresas extractivas en territorios indígenas, eventos como el Rally Dakar, entre otros, que llevan a situaciones de violencia extrema y que luego se judicializan, podrían evitarse poniendo en práctica este protocolo y respetando el derecho de los Pueblos Originarios a ser consultados previamente.

Los Municipios Interculturales son un ejemplo de este diálogo intercultural. Este es el caso de San Martín de los Andes, en donde el Pueblo Mapuce comparte su territorio con los vecinos sin techo, generando una relación de convivencia en reciprocidad y armonía entre diferentes culturas.

La Coalición nace en Montevideo en el año 2006 durante el Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, a partir de una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su finalidad escrear una red de ciudades interesadas en el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar sus políticas de lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.

Con tal fin, se construyó un “Plan de Acción de 10 puntos” en el que se establecen los compromisos prioritarios para cumplir dicho objetivo:

1. Visibilizar y documentar el racismo, la discriminación y la xenofobia e implementar políticas municipales que lo combatan

2. Crear y/o fortalecer legislación municipal en materia de racismo, la discriminación y la xenofobia.

3. Compromiso, vigilancia contra el racismo, la discriminación y la xenofobia.

4. La ciudad como creadora, promotora y defensora activa de la equidad en el ámbito laboral.

5. Acceso equitativo a la vivienda, los servicios básicos y demás condiciones del hábitat.

6. Garantizar plena información y participación en la gestión pública.

7. Combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia a través de la educación formal en el ámbito de sus competencias y/o mediante acciones educativas no formales e informales.

8. Promoción del diálogo intercultural y religioso, así como la salvaguarda de la diversidad en especial las culturas indígenas, afro americanas y afro caribeñas.

9. Iniciativa de protección y atención a la infancia vulnerada, en particular los niños y niñas afrodescendientes e indígenas.

10. Erradicar las prácticas discriminatorias por motivos salud, género, étnico raciales, orientación sexual y discapacidad.

Como cierre del encuentro, se decidió la integración de las ciudades de Quilmes (Argentina) y La Paz (Bolivia) como miembros titulares del Comité Ejecutivo. Estos dos municipios, que hasta esta sesión integraban el Comité en calidad de miembros suplentes, se suman así a Montevideo (Uruguay), Morón (Argentina), Panamá (Panamá), Puerto Príncipe (Haití), Quito (Ecuador), Santo André (Brasil), Valparaíso (Chile) y La Habana (Cuba). Además, se estableció que la próxima Conferencia General de la Coalición se realizará durante el año 2016, en una ciudad a designar.





lunes, 28 de septiembre de 2015

BARRICK GOLD: COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL HUARPE PINKANTA


Somos comunidades del Pueblo-Nación Huarpe, en territorio ancestral de nuestro Pueblo, que hoy se conforma por las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, nucleadas dentro de la Organización Territorial Huarpe Pinkanta. A través de éste pronunciamiento queremos expresar fervientemente nuestro rechazo hacia la mega minería contaminante, demostrando nuestro apoyo y solidaridad hacia nuestros hermanos de la provincia de San Juan, adhiriendo también al lema de lucha: “Cierre, Remediación y Prohibición”.


La multinacional minera Barrick Gold, el sábado 12 de septiembre aproximadamente a las 20:00 hs. derramó 1.072 millones de litros (1.072 metros cúbicos) de solución cianurada en mina Veladero, ubicada en Iglesia, provincia de San Juan. El gravísimo hecho se produjo a causa de la rotura de una cañería que conducía dicha solución desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación.

El gran derrame tóxico dejo comprometidos los ríos Potrerillos, Las Taguas entre otras cuencas hídricas, afectando a los Departamentos de Jáchal e Iglesia, más específicamente en las localidades de Malimán, El Chinguillo y Angualasto.

Como Pueblo Huarpe consideramos a la Madre Tierra como un sistema viviente dinámico integrado por seres, elementos, recursos naturales y procesos que conforman los sistemas de vida, y a su vez estos se interrelacionan en armonía con los seres humanos para ser aprovechados, garantizando el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. Es por esto que la Madre Tierra es considerada sagrada.

Apelando a nuestra cosmovisión ancestral, sentimos que nuestra Madre Tierra está siendo violentada constantemente y desprotegida por el Estado. Apuntando a la idea de “progreso” permiten su saqueo y contaminación. Nos duele el alma pensar en lo que ocurrió, que era algo esperado y que podía evitarse.

A pesar de todos estos atropellos acá estamos los Pueblos Originarios, con nuestra voz, con dolor, pero listos para luchar a la par con todos los hermanos sanjuaninos, al igual que lo hemos hecho desde siempre, en defensa de nuestro Territorio. Estamos a tiempo de revertir semejante daño, no permitamos más el atropello de Barrick Gold ni de ninguna multinacional minera, abracemos a la Madre Tierra.


¡BASTA DE MEGAMINERÍA Y CONTAMINACIÓN!

¡TITULARIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS ORIGINARIOS, YA!

¡EL TERRITORIO ES VIDA Y LA VIDA ES IRRENUNCIABLE!

¡ALCEMOS NUESTRAS VOCES, NUESTROS ANCESTROS NOS ACOMPAÑAN!

viernes, 25 de septiembre de 2015

TERRITORIO DE MEMORIA, LUCHA Y RESISTENCIA "JAVIER CHOCOBAR"


El Pueblo Chuschagasta, con el acompañamiento del ENOTPO ha iniciado el proyecto de señalización "Territorio de Memoria, Lucha y Resistencia Javier Chocobar” en homenaje a la autoridad Diaguita Javier Chocobar, quien fue asesinado en el año 2009 por defender su territorio ancestral. El próximo 12 de octubre se cumplen seis años de impunidad por parte de la justicia tucumana, la familia Chocobar y el Pueblo Chuschagasta aún esperan justicia.

La cantera de lajas, ubicada en la Base comunitaria “El Chorro”, es el lugar donde Chocobar perdió la vida y otros comuneros fueron gravemente heridos, a manos del terrateniente Darío Amín y los ex policías Humberto Gómez y José Valdivieso. Este espacio territorial se ha vuelto un lugar de memoria, lucha y resistencia, donde los miembros de Chuschagasta recuerdan y reivindican cotidianamente a su Autoridad. 

El proyecto “Territorio de Memoria, Lucha y Resistencia Javier Chocobar” tiene como objetivo señalizar el territorio donde fue asesinado, instituyéndolo como un sitio sagrado que representa la lucha de Javier, del Pueblo Chuschagasta de la Nación Diaguita y la de todos los Pueblos Originarios en defensa de sus territorios ancestrales. 

Para ello, se cuenta con el acompañamiento del Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda Emilio Villafañe (IMCA) y de la Escuela de Cerámica de Mar del Plata, cuyas autoridades y estudiantes se han puesto a disposición para realizar la construcción de piezas cerámicas con formas de mojones (menhires) que se instalarán alrededor de la cantera de lajas.

La elección de este tipo de estructura con forma de menhir fue realizada por el mismo Pueblo Chuschagasta, basándose en elementos propios de la cultura, arte, símbolos, historia y cosmovisión de la Nación Diaguita. Estos mojones reflejan la relación con los ancestros, son las bases de la identidad del Pueblo, son espacios que toman vida, lugares de protección y de guía.

Cada mojón será diseñado en base a temas específicos, como ser: la lucha de la Autoridad Diaguita Javier Chocobar y del Pueblo Chuschagasta; la Nación Diaguita; los Pueblos-Naciones Originarias en Argentina; Iquines, Titaquines, Tokis, Machis, Mgurubvichas (líderes) de los distintos Pueblos Originarios. Tendrán 2 metros de alto y cada uno estará conformado por nueve cubos de 22cm x 22cm, realizados con planchas de arcilla, con un orificio central de 8cm más una media esfera realizada en torno alfarero. 

Para orientar a los estudiantes, se realizaron charlas en las escuelas de cerámica que adhieren al proyecto, en las cuales se puso énfasis en la visibilización de la realidad territorial de los Pueblos Originarios en la actualidad, se abordó específicamente el caso del asesinato de Javier Chocobar y se establecieron los criterios del proyecto definidos por el Pueblo Chuschagasta. Hasta el momento más de trescientos alumnos del IMCA están trabajando en la construcción de las piezas cerámicas con gran entusiasmo. Además se sumaron al proyecto ceramistas de Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Gesell y Córdoba.

Se prevé la realización de un evento en el territorio del Pueblo Chuschagasta para llevar a cabo la instalación de los mojones, en donde estarán presentes la autoridades y miembros de dicho Pueblo, como así también autoridades y referentes de Organizaciones Territoriales de otros Pueblos Originarios del país, y de un grupo de al menos treinta estudiantes participantes del proyecto. El evento consistirá en la instalación de los mojones, un acto de homenaje a Javier Chocobar y otras actividades culturales, entre las cuales estarán: la construcción de un horno a leña, una jornada de taller cerámico, un campeonato de fútbol y un recital.

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Sábado.

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves.

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 2, Jueves

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Asamblea del Pueblo Chuschagasta

Entre los días 11 y 12 de septiembre, autoridades y miembros del Pueblo Chuschagasta se reunieron en la base territorial El Chorro para coordinar los lineamientos a seguir con respecto al emplazamiento de las piezas cerámicas en el marco de la reafirmación territorial en homenaje y memoria de la autoridad Diaguita, Javier Chocobar.

Durante la asamblea se remarcó la importancia de resguardar la cantera de lajas donde fue asesinado Javier, lugar donde se realizará la reconstrucción de los hechos una vez que inicie el juicio. 

Además se comenzó la redacción de un texto en memoria y homenaje a la lucha de Javier, el cuál será emplazado en el lugar de los hechos junto a las piezas cerámicas.

Por otro lado, se consensuaron las distintas acciones de visibilización para llevar a cabo el próximo 12 de octubre, para exigir el inicio del juicio que ya lleva seis años de impunidad por parte de la justicia tucumana.

La familia y el Pueblo Chuschagasta agradecen y reconocen el esfuerzo, acompañamiento y solidaridad por parte de todos los que se sumaron al proyecto para con la lucha de los Pueblos Originarios.


Asamblea Chuschagasta

Asamblea Chuschagasta

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Desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios – ENOTPO – ratificamos nuestro compromiso de mantener viva la memoria de Javier Chocobar y nos ponemos a disposición de los familiares, hermanos de Chuschagasta y de la Nación Diaguita.
  • Exigimos a la Justicia tucumana que no siga dilatando el juicio y que actúe a la altura de las circunstancias. 
  • Solicitamos al Estado Nacional que se concrete el compromiso asumido por el INAI en el año 2010 para presentarse como querellante en la causa.
  • Convocamos al Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, para que vele por el cumplimiento pleno de nuestros Derechos Colectivos como Pueblos Originarios, haciendo valer la política de Derechos Humanos promovida desde el Gobierno Nacional, garantizando una política específica en materia de DDHH para los Pueblos Originarios, para nuestra seguridad jurídica y territorial.
  • Solicitamos respeto a nuestra lucha y exigimos Justicia para el hermano Javier Chocobar y cárcel para los asesinos.

¡Por Memoria, Identidad, Justicia y Territorio!

¡DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA YA!



Cantera de lajas, Territorio del Pueblo Chuschagasta

Territorio del Pueblo Chuschagasta


Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, Presidente de la Comunidad Chuschagasta


Familia de Javier Chocobar en la cantera de lajas

Delfin Cata fue herido el mismo día que asesinaron a Chocobar

Abogados que llevan la causa del caso Chocobar


Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves

Instituto Municipal de Avellaneda. Taller extracurricular cerámico 1, Jueves

Lina Rieznik, ceramista de Buenos Aires

Lucia Sicuso, ceramista de Gesell


martes, 15 de septiembre de 2015

EL PUEBLO OCLOYA EN ESTADO DE ALERTA Y ASAMBLEA PERMANENTE ANTE AMENAZAS DE DESALOJO


La Comunidad Aborigen Las Capillas del Pueblo Ocloya viene sufriedo atropellos y amenazas por parte de Juan Jose Correa, supuesto encargado de la compañía Minera Piuquenes S.A., quien actúa impunemente en complicidad del personal policial de la seccional 23 de Palpalá, a quienes traslada en su vehículo personal, con el objeto de despojar a la Comunidad.

El 1 de septiembre de 2015 el juez de control Nº 4 Dr. Isidoro Cruz libró la orden de desalojo a dos miembros de la Comunidad Ocloya Las Capillas, Sergio Flores y María Alarcon, dando lugar a la solicitud realizada por el fiscal de investigación penal Nº 8 Dr. Alejandro Atilio Bossatti. El día 2 de septiembre el sub-comisario Ariel David Quispe, Jefe de la seccional 23 de Palpalá, ingresó con infantería en el territorio de las familias mencionadas, cortando postes con motosierras y secuestrando el alambre que protegía la vivienda, el rastrojo y el potrero de las familias.

Ante los nuevos atropellos e intentos de despojo a miembros de la comunidad Las Capillas el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CD-CAPO) se declara en alerta y asamblea, repudiando los hechos ocurridos e informa que la comunidad tiene solicitado el registro de la personería jurídica desde julio de 2014 en el registro provincial de comunidades aborígenes que funciona en la Secretaría de DD.HH. de la provincia de Jujuy, sin respuesta hasta la fecha. 

Cabe destacar que dicha comunidad es miembro integrante del CD-CAPO, cuyo Territorio comunitario esta resguardado por Ley Nacional de orden público 26.160 y sus prórrogas 26.554 y 26.894. La mencionada normativa, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad” de los territorios que ocupan las Comunidades Preexistentes de los Pueblos Originarios en el país y suspende toda ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de los territorios de los Pueblos. La Comunidad Ocloya Las Capillas cuenta con cartografía aprobada, luego del relevamiento territorial realizado en mayo del 2015 por el organismo de aplicación, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a través del equipo técnico centralizado del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI).

Una vez más la justicia provincial viola la ley nacional de orden publico 26160 y sus prorrogas 26554 y 26894, vulnerando los derechos de incidencia colectiva de los Pueblos Originarios.

ANTECEDENTES

La mencionada Comunidad, ubicada a 40 Km. de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, el 30 de noviembre de 2014 ya denunció atropellos que padecían por parte de:

Enrique Carlos Ottonello: supuesto administrador de franceses, es uno de los responsables de estos atropellos, quien a bordo de vehículo oficial de la dirección de bosques de la Secretaria de Ambiente, en la provincia se traslada para amedrentar a los miembros amenazándolos diciendo “van a ver lo que les va a pasar si no hacen lo que les digo”, también prohibiendo realizar la siembra comunitaria que en el último ciclo del año empieza para el Pueblo Ocloya, impide la ampliación y mejoramiento de viviendas instalando carteles con frases como “prohibido pasar propiedad privada” en lugares de ocupación actual, tradicional y publica de la Comunidad, aduce que hizo un convenio con el gobierno, exige que le paguen pastaje para que puedan vivir tranquilos.

Los miembros de la comunidad han construido un badén en la playa del río para sacar a enfermos, porque la movilidad no podía ingresar, Ottonello aprovechó esta entrada para talar y sacar los árboles del lugar, luego se extendió a otros lugares, tirando al suelo los cercos de la posesión territorial de otras familias.

Este personaje ya protagonizo hechos similares en la Comunidad Guaraní Tentague Jecobe Iyapumbae de santa clara y en la Comunidad Originaria Tilquiza PUEBLO OCLOYA, donde en ese momento era también coordinador del plan nacional de manejo del fuego por la región NOA, dependiente de la Secretaria de Ambiente de Nación.

Falcón: este individuo contrata personal y amenaza con apropiarse de todo el ganado de los miembros de la comunidad, si no pagan pastaje e intenta despojarlo de su posesión territorial, engañando con venderles un lote en el propio territorio comunitario, los obliga a firmar contrato de pastaje.

Minera Piuquenes S.A.: esta multinacional tiene un supuesto encargado llamado Juan José Correa, que amenaza a los miembros para firmar pastaje y en determinados lugares se están señalizando con carteles y marcando como muestra de posible cerramiento con alambres, con una clara intención de exploración y explotación, también intentan cerrar el potrero de la comunidad, que desde mucho tiempo ya usaban los abuelos.

ASAMBLEA PERMANENTE

Desde el CDCAPO se espera la continuidad del acompañamiento Institucional en función a lo informado y planteado al Presidente del INAI Dr. Daniel Fernández, quien se comprometió, junto al Director de Tierras Dr. Antonio Dellellce en hacer las presentaciones en los ámbitos que correspondan, con el objetivo de prevenir daños irreparables, como así también de la Secretaría de DD.HH. de la Nación y la Secretaría de Agricultura Familiar, como parte del equipo de prevención.



Fuente: CD-CAPO

miércoles, 9 de septiembre de 2015

CHACO: DESALOJO DE 45 FAMILIAS DEL PUEBLO QOM EN MARGARITA BELÉN


09 de septiembre de 2015.

El domingo 6 de septiembre por la noche, cuarenta y cinco familias del Pueblo Qom, pertenecientes a la “Asociación Qom Margarita Belén”, fueron desalojadas por la policía de un predio en el que se habían reubicado en busca de una respuesta a la situación de emergencia habitacional y territorial en la que se encuentran. Dichas familias son residentes del barrio indígena de la localidad de Margarita Belén, donde viven en situación de hacinamiento, sin los derechos básicos garantizados. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX los Pueblos Originarios de la región chaqueña sufrieron las políticas de tierras impulsadas por el Estado Nacional que promovían la colonización e incorporación de bastos territorios por parte de inmigrantes para la explotación agrícola. Estas políticas tuvieron graves consecuencias para los Pueblos Originarios, ya que fueron despojados de sus territorios ancestrales y forzados a modificar su modo de vida en relación con el monte chaqueño, debido al avance del desmonte, la agricultura, y luego su incorporación como mano de obra, en condiciones de esclavitud, al cultivo del algodón.

La localidad Margarita Belén fue una de las primeras colonias en la provincia del Chaco. Fundada en el año 1890 por europeos, a quienes el Gobierno Nacional dio en concesión sesenta y cinco mil hectáreas de tierras. Sin embargo, el Pueblo Qom es preexistente a esta localidad, como así también a la provincia y al Estado Nacional. Griselda Fernández, integrante de la Asociación Qom, expresó: “Mi abuelo me decía que antes todo esto era monte. Después se fue construyendo el barrio y ahora no tenemos territorio para desarrollarnos”.

Las familias Qom se encuentran actualmente fuera del citado predio, en espera de una respuesta de las autoridades locales, y solicitan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) su urgente intervención para una pronta solución del tema.

CONTACTO: “Asociación Qom Margarita Belén”. Tel (0362)154041766

lunes, 7 de septiembre de 2015

EL PUEBLO WEENHAYEK EXIGE SU DERECHO AL AGUA Y A SU TERRITORIO ANCESTRAL

El Pueblo Weenhayek denuncia una vez más al terrateniente-usurpador Jorge Ortega Velarde por tratar de impedir el ingreso de agua potable a la comunidad, un elemento esencial para la vida.


Foto de archivo

La Comunidad Gallardo del Pueblo Weenhayek está ubicada sobre la ruta 34, en la localidad de Embarcación. El río que antes pasaba por allí en la actualidad está seco y fue desviado de su curso natural, motivo por el cual la comunidad depende del camión de agua de la municipalidad. Jorge Ortega Velarde, a instancias de la empresa “Suri Agropecuaria S.A.”, solicitó al intendente de Embarcación, Sr. Alfredo Llaya, que “no pase el camión de agua” para los miembros de la comunidad Gallardo, acusándolos de “intrusos”. Además utiliza como intermediario de su pedido a la comunidad vecina “Cristo Arriba” cuyo cacique es Antonio Salvatierra.

El Pueblo Weenhayek vive en la región del Chaco desde tiempos ancestrales. En este espacio territorial, el pueblo hace uso cotidiano de la leña, las yerbas medicinales, la miel, la arcilla y la madera. Además es un espacio utilizado para el pastoreo de sus animales. Esta región fue afectada a lo largo de los años por las guerras estatales, la instalación de las misiones franciscanas y el avance de la frontera agropecuaria, provocando el despojo territorial y la desarticulación de la organización tradicional de los Weenhayek. Las comunidades que vivían en las costas del Río Bermejo fueron desalojadas y obligadas a reubicarse en sectores territoriales menos productivos, alejados del principal acceso al agua. En los últimos años, la instalación de la ciudad de Embarcación, el avance de la actividad agropecuaria y los desmontes, provocaron consecuencias climáticas muy graves. 

El pedido de Ortega Velarde es ilegal ya que intima a los funcionarios Municipales a que incumplan su obligación de garantizar el acceso al agua potable de los ciudadanos, violando diversas normativas que establecen el agua como un derecho básico de la humanidad. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22 ratifica los convenios y resoluciones internacionales de Derechos Humanos, donde el agua se considera un elemento fundamental e imprescindible para la vida humana, siendo parte del derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado. 


El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002) adoptó la Observación General Nº15 sobre el derecho al agua. En el artículo 1 se establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". También se define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.


Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) establece las normas internacionales mínimas para la protección y promoción de los derechos de los Pueblos Originarios necesarios para su supervivencia, bienestar y dignidad. Los siguientes artículos revisten particular interés para asegurar su derecho al agua:

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 21 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

El reconocimiento de estos derechos por parte de nuestro país torna ilegales medidas que contradigan el contenido del mismo, tales como el corte de suministro por falta de pago, la contaminación de fuentes de agua, la negativa a proveer el servicio a ciertos actores de la población, y la negativa a brindar información que en determinadas circunstancias pueda ser exigida no sólo por personas físicas sino también por organizaciones y organismos que defienden intereses colectivos.



Antecedentes:

Octubre de 2013: 30 familias del Pueblo Weenhayek sufrieron un ataque por parte del terrateniente-usurpador Jorge Ortega Velarde quien destruyó las viviendas de los comuneros, se apropió de objetos de los miembros de la comunidad y se los llevó en una camioneta particular. Estos hechos contaron con la complicidad de la policía local quienes miraron para otro lado e hicieron oídos sordos a los reclamos y demandas del Pueblo Weenhayek por seguridad territorial.  ver video

Febrero de 2015: El Pueblo Weenhayek denuncia que Ortega Velarde realizó una picada y desmontó parte del bosque nativo para alambrar territorio de la Comunidad Gallardo, despojándolos del acceso al bosque que les provee el sustento básico para la vida cotidiana.

En el mes de julio de 2015 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) instó al Equipo Técnico Operativo (ETO) responsable de la ejecución de la ley 26160 (y sus prorrogas) de relevamiento territorial, a “efectuar en carácter de urgente el Relevamiento Territorial en la Comunidad Gallardo con el objeto de colaborar con la comunidad afectada”. Sin embargo hasta el momento el relevamiento no se ha iniciado. Además el Pueblo Weenhayek solicitó ante el INAI el reconocimiento como Pueblo Originario, sin respuesta hasta el momento.

Ante la situación de violencia sostenida, el Pueblo Weenhayek demanda seguridad territorial y el inicio urgente del relevamiento. Asimismo exige el reconocimiento pleno como Pueblo Originario preexistente y el cumplimiento de sus derechos tal como lo establece la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.